Mientras Juntos por el Cambio se negaba a dar quorum en la Cámara de Diputados al tratamiento del Proyecto de Ley Nacional para atender a personas en situación de calle, la realidad de las familias que están al borde de la precariedad total en la Ciudad de Buenos Aires proyecta un escenario desolador. En ese sentido, el desalojo de la semana pasada en Villa 31 fue solo una prueba que cobró notoriedad por la violencia, pero que se traduce en miles de experiencias de vida al borde del desgarro de quedar en la calle. Los alquileres en las villas porteñas y los precios de mercado cada vez más altos en la ciudad más rica del país dejan a cada vez más gente afuera, y las respuestas institucionales o las articulaciones de atención del Gobierno de la Ciudad son nulas o negadas de plano en términos políticos.
Una forma de hacer pie en la cuestión, en observar la toma desalojada: allí se registraban más de ochenta familias, en su mayoría mujeres en situación de suma precariedad, escapando de la violencia de sus exparejas. Mujeres que juntas tomaron esta decisión drástica de ocupar un espacio colectivamente ante la emergencia de la situación de calle en soledad. Familias que ahora se reubicarán en las habitaciones que les presten –a quienes les es imposible pagar una habitación o una casilla– o en los galpones a los que los destinó el gobierno porteño, pero ¿hasta cuándo durará esa situación? ¿Quién garantiza que no volverán a sufrir violencia de género? ¿Alguien en el Gobierno de la Ciudad piensa en promocionar su inserción social? De estas cuestiones charlamos con Fernando Martín Torres, coordinador regional de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) de Ciudad de Buenos Aires, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
¿Cuál es la situación de las familias que ocuparon el basural en Villa 31 y que el pasado jueves fueron desalojadas violentamente? ¿Cómo analizan desde el CAJ esa ocupación y la ausencia de soluciones anteriores al desalojo?
En la Villa 31 tenemos dos CAJ: uno lo inauguramos este año, en el sector Güemes (coordinado por Javier Martínez) y el otro está en el Galpón (coordinado por Diego Orlando). Ambos coordinadores se hicieron presentes en el desalojo violento: uno pudo ingresar, el otro quedó fuera. Alrededor de veinte familias fueron trasladadas al parador de Parque Roca, dando esa instancia transitoria, que no soluciona nada. Esto implicó sacar a la gente del barrio, descomprimir parcialmente el conflicto y otorgar esta instancia que lo único que hace es poner en stand-by durante unos días o semanas a esas familias. Y luego, seguramente, se avanzará con los subsidios habitacionales para esas personas, que hoy sabemos que son de mínimo $11.000 y máximo $15.000.
Hay que destacar que estas personas viven con suma precariedad y hacinamiento. En las villas no hay ningún tipo de regulación, los acuerdos son de palabra y no hay ningún sustento que institucionalice las relaciones de locación, lo que tiene este tipo de efectos: que las familias se vean expulsadas permanentemente. Esto es muy dinámico, y las tomas son una expresión de esto. Aunque técnicamente según el Código Penal sabemos cómo están tipificadas, nosotros desde los CAJ comprendemos que las tomas son la expresión de una emergencia habitacional y no la comisión de un delito; es decir, es un proceso que abarca más complejidad y que involucra sujetos de derecho que están sufriendo sistemáticamente una situación de vulneración de derechos.
Para nosotros hay dos ejes importantes de esta toma, que llevó el nombre de “Fuerza de mujeres”: por un lado, la característica de que la encabezaban mujeres con sus hijos, como jefas de familias ante una situación de huida del varón violento; y, por otro lado, el aumento desproporcionado de los alquileres a nivel Ciudad de Buenos Aires y en este barrio particularmente, ya que la Villa 31 tiene una ubicación estratégica en la ciudad –por cercanía a los distintos modos de transporte y a ciertas ofertas laborales–; al tener residencias cercanas con mucho dinero el valor de la tierra es sustantivo para el negocio privado y estatal.
El déficit habitacional para los sectores populares de la ciudad es urgente y prioritario. Actualmente al menos 1 de cada 10 personas vive en una villa en la Ciudad de Buenos Aires; además, las villas crecen en términos demográficos, mientras que el resto de la ciudad no. Son años de acumulación y de hartazgo a lo que ahora se les sumó la crisis sanitaria, social, y económica que implicaron los cuatro años de macrismo en el gobierno nacional y el año y medio de la pandemia.
¿Cuáles son las políticas de Larreta hacia la situación de vida en las villas, en este caso de la 31 pero también en términos más generales?
El gobierno de Larreta es la continuidad del gobierno de Macri en la ciudad, o sea, hace 14 años que el PRO gobierna Buenos Aires. Entendemos que la SISU (Secretaría de Integración Social y Urbana) que creó el Gobierno de la Ciudad especialmente para urbanizar la 31 tiene muchos déficits, ya que maneja de manera muy discrecional sus políticas, y no hay ningún tipo de participación ciudadana real más allá de participaciones formales que intentan dibujar. Por otra parte, realizan políticas de maquillaje: hay algunas mudanzas o relocalizaciones que existen, como las del Barrio YPF y antes las de la Containera, pero es todo con muchos defectos, con muchas quejas de los vecinos que no se resuelven. Para nosotros con la SISU es muy difícil articular: es muy difícil que te escuchen, hacen oídos sordos o te presentás a una reunión y no pasa nada. Hay dirigida a la población una política muy desgastante, muy de definir desde el escritorio y sin ningún tipo de escucha real y de participación de los vecinos.
En ese sentido, una cosa es el IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad), que tiene un ejercicio de la política habitacional mucho más trabajado, con programas de urbanización e intervención en el barrio con asambleas y reuniones con actores sociales, con una experticia incluso en las personas que trabajan en el IVC mucho más afín al trabajo, menos cooptada por la lógica del mercado. En cambio, otra muy diferente es la SISU, que tiene otra mentalidad, no vienen de sectores que hayan trabajado en urbanizaciones populares –el actual director, Diego Fernández, viene de la industria gastronómica–. Entonces la conducción del proceso de urbanización es de manera totalmente inconsulta, la participación es simplemente una formalidad, una pantomima para avanzar a su gusto y los reclamos de los vecinos no son escuchados. Lo que logran con ese tipo de maniobra es que las políticas sean parciales, segmentadas e inconsultas.
Si bien hay CESAC que se fueron abriendo en los barrios populares, la situación es dramática y no hay inversiones que impliquen transformaciones estructurales. Sí hay avances que se van a realizando a partir de los préstamos que va adquiriendo el Gobierno de la Ciudad con organismos multilaterales de crédito, pero no hay ningún control del gasto de eso, no hay ningún tipo de acceso a cuánto de esa plata que adquirieron vía préstamos de bancos internacionales como el Banco Mundial fue destinada y en qué forma a qué cosa. La política, entonces, a pesar de que hay experiencias como La Carbonilla, El Playón o Villa 20, que son más exitosas, porque el IVC tiene buenos trabajos –como decía, aunque tenemos mil diferencias con ellos, son mucho más accesibles que la SISU–, termina siendo parcial, para contener el estallido y sin grandes soluciones.
Después de seis años de crisis económicas –macrismo más pandemia–, ¿cómo impactó el crecimiento del empobrecimiento y la desigualdad en la situación habitacional en la Villa 31? ¿Cuánta gente vive hoy allí y cuáles son los problemas en cuanto a infraestructura, servicios, urbanización?
La situación de las villas es siempre dramática, porque las personas viven hacinadas, porque se inunda, porque las cloacas se tapan, porque hay riesgo eléctrico, porque hay gente que se muere incendiada. En medio del extenso gobierno del macrismo, y quizás porque entendieron de algún modo que erradicación de las villas es inviable en términos políticos, a partir de 2010, 2011 empiezan políticas de urbanización, procesos entre los cuales el de la 31 tiene una particularidad respecto del resto, ya que es el único que no se lleva adelante desde el IVC. Esto, básicamente, no tiene otra explicación que su ubicación estratégica y el valor del suelo. En cuanto a infraestructura pública, entonces, no es que no pasó nada desde 2011: hubo mejoras, que se notan en el perímetro sobre todo, en algunas plazas, en apertura de calles, en presencia policial, que es algo también pedido muchas veces por los vecinos, y todo esto obviamente está bien. Pero después hay mucho arreglo de fachada, que es lindo a la vista pero que en el fondo no arregla: no hay obras de infraestructura grande en cuanto al acceso a cloacas, a agua corriente, a la presión del agua. Todo eso todavía está bastante precario.
El último censo oficial en la Villa 31, de 2017, marcó que vivían 40.000 personas. Pero desde la Mesa de Urbanización que se creó a partir de los actores sociales, por fuera del Estado y del Gobierno de la Ciudad, se objetó el censo, con el argumento de que había dejado a aproximadamente el 40% de gente afuera, sobre todo los inquilinos. Entonces la cifra debería estar por arriba, 60.000, 70.000 personas tranquilamente. Hubo varios procesos de toma desde el 2011 hasta ahora, que dieron forma a distintos barrios, como en 2012 una toma que dio origen al Barrio San Martín, otro en la Villa Nylon. Hay distinto tipo de situaciones, donde las personas, en medio de condiciones dramáticas y muchas veces con un hartazgo de años, toman, y la situación después mejora porque construyen o porque logran negociar. Esto es algo que obviamente se debe prevenir y planificar hacia adelante, y no esperar a una toma para resolver.
¿Cuáles son las acciones concretas que desde los CAJ ustedes pueden implementar para frenar el proceso de violencia y gentrificación que se ve en casos como el de Villa 31?
A ver, cuando desde el Gobierno de la Ciudad se acercan a una toma, básicamente va la Policía a notificar que la toma es ilegal, hacen un intento de censo, y muchas personas no quieren ser censadas porque temen que, al notificar su nombre y apellido, les sean retirados algunos programas sociales de bajo subsidio como Ciudadanía Porteña y demás –porque actúa así el PRO: castiga a quienes hacen estas acciones, en vez de generar una mesa de diálogo real y ver por qué esas personas toman esas decisiones, conscientes de que están cometiendo un delito pero con el sentido de supervivencia que termina imponiéndose por encima de la comisión del delito.
En lo particular, nuestra acción apunta a trabajar con nuestros equipos de abogados para lograr intervenir en el plano judicial y construir espacios de diálogo y solución alternativa de los conflictos, algo que en este caso no hubo tiempo de hacer, ya que intervino rápidamente la Justicia de la Ciudad, que además es bastante reacia a articular con nosotros. Por ejemplo, en el proceso de toma que hubo en la 21-24, donde no hubo un desalojo, sino un acuerdo, nosotros estamos participando de la mesa de negociación que se armó en el marco de la causa que tiene el Juez Rafecas, y ahí estamos teniendo una incidencia y poder ayudar en que ciertos acuerdos, por ejemplo con el IVC, vayan avanzando. Nuestra perspectiva es que la disputa se da a nivel institucional, a nivel político y en otros casos a nivel judicial. Hay limitaciones, sobre todo en el caso de la tierra, pero nuestra manera de intervenir es dando la discusión pública y logrando impulsar mesas de solución alternativa de los conflictos que permitan planificar y que distintos actores puedan ponerse de acuerdo en algunas cuestiones mínimas.
