Con el resultado de las PASO, la mirada se centró en el rumbo económico. Estado de situación, gravedad de la crisis, ensayo de respuestas y estrategias en torno a la puja distributiva y la política económica que no alcanza eficacia suficiente entre la reactivación y la vida diaria de los argentinos. El producto crece, pero la desocupación supera el 10%, el salario no se recupera por encima de la inflación que con el aumento sostenido de precios rondará el 45% este año. Sobre las políticas posibles, las más urgentes y las estructurales, conversamos con Horacio Rovelli.
Después de las elecciones PASO, se abrió un debate con foco en la economía como uno de los mojones de la derrota. Considerando que parte del electorado que no fue a votar o votó por otras opciones se encuentra en los sectores más vulnerables frente a esta crisis económica, ¿cuáles deberían ser algunos de los aspectos a modificar de la dinámica económica actual para que se acelere un crecimiento que pueda volver a contener a todos los que están hoy por fuera?
Obviamente que el problema es de raíz económica y a qué sectores beneficia: algunos de ellos son los grandes acopiadores y comercializadores de granos y sus derivados, los grandes frigoríficos, los banqueros, y los que trabajan para esos sectores; por ejemplo Techint, que produce aceros y tiene un mercado cautivo demandado por las fábricas de maquinarias agrícolas y automóviles.
La distribución de ingreso es cada vez más regresiva. La Asignación Universal por Hijo en este mes de septiembre de 2021 es de $ 5.063 y el salario, mínimo, vital y móvil de $29.160 mensuales, mientras la Canasta Básica Total (que no contempla el pago de un alquiler) para una persona ronda los $25.000 y para una familia compuesta por cuatro miembros los $70.000. Lo peor es que el SMVyM es operativo: sobre un total de 11.762.600 personas ocupadas, no menos de 500.000 trabajadores perciben un ingreso neto igual o menor al SMVyM y otros 2.000.000 de trabajadores perciben una remuneración neta por debajo de la línea de pobreza, es decir, trabajan y son pobres. Por ende, se impone en forma urgente que ningún trabajador perciba una remuneración por debajo de la línea de pobreza, para ello el SMVyM debe ser fijado en forma igual a la Canasta Básica Total.
Esto sucede porque se ha continuado un modelo de integración hacia afuera en desmedro del mercado interno. En Argentina se declara producir por año 3,2 millones de toneladas de carne bovina, de las cuales se exportan 900 mil y los argentinos debimos consumir solo 2,3 millones y somos 46 millones de habitantes. Pero para poder exportar las 900 mil toneladas declaradas, el consumo de carne vacuna per cápita fue de 50 kilogramos en el año, el registro de consumo más bajo de los últimos cien años. El gobierno dejó internacionalizar los precios y solo se frenaron cuando el Estado intervino, por ejemplo a partir de mayo 2021 con tres medidas combinadas a la vez: a) se ajustó a una tasa menor el tipo de cambio; b) se impuso un cupo de exportación; c) la Dirección General de Aduanas decidió investigar y observó que 19 grandes frigoríficos exportadores vendían a Uruguay a un precio muy bajo carne y, es más, dentro de esas ventas era muy alto el porcentaje de “carne no apta para consumo humano”. Se demostró que era toda carne de exportación para personas y no para animales –esta última tiene una retención del 4% en lugar del 9%– y que a su vez desde Uruguay esos envíos se reexportaban a un precio mayor (eludiendo el pago correspondiente de la retención) a China y a los demás países importadores.
En paralelo a ese tipo de situaciones, existe ese universo de 2.500.000 trabajadores que perciben una remuneración por debajo de la línea de pobreza, trabajan y son pobres. Como muchos de ellos están empleados en sectores ligados al mercado interno y severamente castigado por la situación económica, el Estado nacional debe hacerse cargo de la diferencia para que todos cobren un salario digno, por unos seis o siete meses, tiempo suficiente para que el mercado interno se reanime y las mayores ventas recompongan la demanda agregada y, por el efecto multiplicador del mayor consumo, se reactive sostenidamente la economía, con lo que no será necesario repetir ese mecanismo de ayuda. También se debe apuntalar a las PyMes y a los trabajadores desempleados. Por ejemplo, el Estado puede realizar indispensables obras públicas como la construcción de viviendas que no demanda ningún insumo del exterior. Como la plata está inmovilizada en el BCRA se podría proponer: a) incrementar los encajes o efectivos mínimos no remunerados; b) utilizar el stock de LeLiq (Letras de Liquidez del BCRA) y gran parte de los pases pasivos (suman 4,1 billones de pesos a septiembre 2021) no para que estén inmovilizados y paguen interés a sus administradores, porque son depósitos de la población que los grandes bancos usan sin riesgo alguno, sino que puedan ser empleados en esa obra pública que genera empleo y reactiva la economía nacional. Este tipo de acciones debe ser acompañada de las imprescindibles inversiones de infraestructura: poner en funcionamiento los astilleros y las cooperativas de empresas metalúrgicas recuperadas, por ejemplo. Y finalmente, asistir a los beneficiarios del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y los trabajadores y jubilados y pensionados que perciben remuneraciones por menos de la Canasta Básica Total, a los inscriptos en el Plan Potenciar Trabajo y, a las pequeñas y medianas empresas y al Estado.
Se requiere de un Estado presente y que asuma los riesgos que el capital financiero no va a hacer. Porque si la economía no crece, la rentabilidad financiera se fuga; y los pasivos financieros del BCRA (LeLiq y pases pasivos) que no pueden pagarse, capitalizan sus intereses, incrementándose la deuda del BCRA en forma exponencial.
Más allá del debate que se dio esta semana en torno al gasto establecido y efectuado en el Presupuesto 2020, vos marcaste hace poco dos cuestiones del plan económico diseñado que no se cumplieron (o al menos no en su totalidad): el esquema proponía que los salarios crecieran más que los precios y que la obra pública se duplicara para ser del 2,2% del PIB con respecto a 2019 (fue del 1,1% del PIB). ¿Qué implicó esto ante el necesario crecimiento que requeríamos para salir de la crisis?
Implicó que la economía no logra recuperar la fuerte caída del PIB del año 2020 (9,9% del PIB, unos 40.000 millones de dólares) y que el sector que crece y se expande es básicamente el exportador. Las exportaciones son record, CIARA y CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales) informan que en los primeros ocho meses del año ingresaron divisas por 23.229,2 millones de dólares –un 74,05% más que en igual lapso del año pasado– por exportar 74,32 millones de toneladas de productos agroindustriales. La estimación final es que se exportarán más de 110 millones de toneladas en el año y las proyecciones, tanto nacionales como la que hace el Departamento de Agricultura de los EEUU, es que seguirá fuerte la demanda mundial de alimentos y presagia que la Argentina incrementará sus exportaciones a una tasa del 5 o 6 por ciento anual en los próximos años, demostrando que es mentira que la Argentina tiene un problema de restricción externa. En lo que va de este siglo –desde el 1 de enero del año 2000 al 31 de agosto de 2021– las exportaciones superaron a las importaciones en 192.000 millones de dólares. Sin embargo, esa plata básicamente se fugó y el país además se endeudó en más de 100.000 millones de dólares: esto explica que un puñado de argentinos tengan en el exterior cuentas por no menos de un PIB.
Se pone como excusa el no impulsar el consumo de la población porque crecen las importaciones, de manera tal que por cada punto que crece el PIB las importaciones crecen tres puntos. Pero nada dicen que el PIB estimado por el Ministerio de Hacienda es de 416.111 millones de dólares y las importaciones solo de 42.000 millones y este año se estiman en 46.000 millones. Por ende, el PIB crece en 4.161 millones y las importaciones en 1.380 millones y el superávit comercial esperado para este año es de 13.000 millones de dólares: por lo tanto, el PIB podría crecer 10 puntos (40.000 millones de dólares) y recién allí las importaciones serían igual a las exportaciones.
Allí hubo y hay una diferencia entre el plan económico diseñado y subyacente en el presupuesto de la Administración Nacional, que proponía que los salarios crecieran más que los precios y que la obra pública se iba a duplicar para ser del 2,2% del PIB con respecto a 2019, que fue del 1,1% del PIB. Y ambos hechos no sucedieron. Por lo tanto, no se estimuló ni se desarrolló suficientemente el mercado interno y sí fue preponderante la demanda externa. El país se integra hacia afuera pero no hacia adentro. Ello fue así porque el “mercado”, eufemismo que en la Argentina esconde la decisión de grandes empresas y grupos económicos que operan en el país, prevaleció sobre las disposiciones estatales. Las grandes empresas del sector agro industrial, del acero, las automotrices, los grandes bancos, entre otras, pudieron llevar a cabo su labor porque lo planificaron en base a las ventajas comparativas (naturales y contractuales) que poseen.
A partir de la carta de Cristina, se abrió un debate sobre la posibilidad de ampliar el gasto cumpliendo igual la meta de déficit planteada por el Presupuesto 2020. Algunos plantean, por ejemplo, la posibilidad de ampliar el poder adquisitivo con recursos directos como un nuevo IFE, el aumento de las jubilaciones y de las asignaciones universales. Sin embargo, algunos creen que esto puede aumentar el proceso inflacionario, por lo cual el aumento nominal quedaría licuado rápidamente (algo que viene sucediendo con los aumentos salariales de paritarias, así como con el Salario Mínimo Vital y Móvil y las jubilaciones). ¿Cómo se deberían inyectar recursos imprescindibles ante la grave situación económica de gran parte de la población sin que repercuta de esta forma?
Cuando quiere, el Estado interviene en forma eficaz y eficiente. Este gobierno ha planificado, llevó y lleva adelante un importante programa de salud, donde el personal a riesgo de su vida y de su familia lucha denodadamente contra el Covid-19. También fue importante en un comienzo la asistencia a la población y a la producción de los sectores más castigados. El Estado intervino y lo hizo bien. Pero el gobierno no pudo de igual forma con la planificación de las grandes empresas de la alimentación, de los bienes de uso difundidos (materias primas para la fabricación de gran parte de los bienes consumidos por la población, esencialmente acero, aluminio y cemento) y del sector financiero.
Claro ejemplo de lo que decimos es que los grandes bancos del sistema tienen inmovilizado en el BCRA 4,1 billones de pesos (es en pesos, pero sería equivalente a unos 40.000 millones de dólares) y la autoridad monetaria le reconoce un interés por ello. Por lo tanto, esos pesos no se emplean en financiar ni el trabajo, ni la producción; esto es, el BCRA reconoce un interés del 38% anual para las LeLiq (letras de Liquidez del BCRA) y no logra una utilización de esa plata que debería crear bienes y servicios. La mayor producción y la economía en crecimiento hacen que aumente la oferta y por ende no se genere inflación. El proceso inflacionario argentino actual es propiciado y funcional al modelo extractivo-agropecuario exportador, que busca reducir el consumo interno para tener mayor saldo exportable y, a la vez, también disminuir el costo medido en moneda dura de nuestras exportaciones.
La fijación de los precios la pueden hacer por la fuerte concentración económica. Por ejemplo, en cuanto al precio de la carne vacuna, el 80% de esas ventas externas las realiza el consorcio “ABC” de exportadores de carne, constituido por Frigorífico Rioplatense de los Costantini, La Anónima de los Braun (madre de Marcos Peña Braun), FRIAR SA (de los Vicentin), las brasileña SWIFT ARGENTINA S.A, el Grupo Marfrig y QUICKFOOD S.A. Al poder exportar, igualan el precio de la carne vacuna con el del exterior, de allí que se les impuso cupos para exportar. De igual forma, que se le permita a las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de Maíz exportar 37 millones de toneladas de los 45 millones de toneladas que declaran producir por año (y este año va a ser cerca de 40 millones de toneladas) explica la suba del precio en el mercado interno de ese grano y de la carne aviar y porcina que la consumen como forraje.
Una veintena de industrias elaboran el 80% de los alimentos y bebidas que se venden en el mercado interno argentino (Arcor, Molinos Rio de la Plata, Danone-La Serenisima, Adecoagro, Ledesma, Coca Cola, Nestlé, Mondelez-exKraft, Molinos Cañuelas, Morixe), y las grandes cadenas de ventas (Coto, Carrefour, Cencosud, la Anónima, Walmart) reunidas en ASU (Asociación de Supermercados Unidos) manejan el 65% de la comercialización de esos bienes que se consumen en el país. En ese marco, y con esa sociedad de hecho entre grandes productores y comercializadores, es muy difícil destrabar el proceso de formación de precios de esos productos. Por ejemplo, en la producción y venta de aceite comestible, AGD (Aceitera General Deheza de los Urquía), Molinos Río de la Plata (del Grupo Pérez Companc), Molinos Cañuelas, y Arcor (Pagani) tienen el 90% del mercado interno y, sumados a VITERRA (Ex oleaginosa Moreno – Glencore (EEUU), y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), el 90% de las ventas externas. Los precios están internacionalizados, esto es, por ejemplo, una botella de 1 litro de aceite mezcla que en al mercado interno local venden AGD (Natura), Molinos Río de la Plata (Cocinero), Molino Cañuelas (Pureza) y Arcor, sale $200 porque en Ámsterdam se vende a dos dólares (1,8 euros).
Finalmente, la devaluación oficial de nuestra moneda del 67% (el dólar comercial fijado por el Banco Nación Argentina era de $62 el 10 de diciembre de 2019 y pasa a valer $104,5 al 22 de septiembre de 2021), al no modificarse las retenciones (derechos de exportación) hace que el impacto vaya directo al precio de los productos. Hay que evitar que igualen los precios internos con los externos, máxime que en Europa central el salario mensual promedio es de 3.500 euros (unos 4.000 dólares) y en la Argentina es de $85.5000 (unos 820 dólares), por lo cual no podemos pagar el mismo precio de los alimentos.
