Hace una semana, el ministro de Economía Martín Guzmán presentó la Ley de Presupuesto 2021 en la Cámara de Diputados, a la que describió como “el pilar fundamental para estabilizar la economía y volverla al sendero del crecimiento”. El ministro partió de una contextualización de la situación actual del país, atravesada por el fuerte golpe que la pandemia generó a la economía mundial y, sobre todo, a la Argentina, que ya estaba viviendo una crisis macroeconómica: “todo esto muestra una situación de partida realmente difícil que arrastra problemas estructurales”, caracterizó. El Presupuesto 2021 apunta a buscar una estructura productiva enfocada en cinco puntos: inclusión, dinamismo productivo, estabilidad macroeconómica, desarrollo con equidad federal y soberanía para adoptar políticas en el camino del desarrollo.
Conversamos con Horacio Rovelli sobre las características del Presupuesto y las variables económicas sobre las que se sostiene en pos de alcanzar los objetivos de desarrollo al que aspira el gobierno nacional. Además, puntualizamos sobre las medidas adoptadas por el BCRA en la última semana que endurecieron las condiciones para acceder a divisas y que apuntan a cuidar las reservas.
De acuerdo al presupuesto presentado por el ministro Guzmán en Diputados, ¿qué lectura se puede hacer en cuanto a las prioridades del gobierno para sostener un desarrollo económico? En este sentido, ¿cómo entiende el gobierno que van a evolucionar las principales variables de la economía del país en función de este desarrollo al que aspira?
En primer lugar, el Presupuesto Nacional 2021 se presenta en plena puja de los sectores exportadores –esencialmente mediante granos que retienen en silobolsas o de los que, si fueron exportados, todavía no ingresaron las divisas de su liquidación– y, sin embargo, el equipo que conduce Martín Guzmán defiende y sostiene un incremento en la recaudación por retenciones (Derechos de Exportación) y que el precio del dólar en diciembre de 2021 va a ser de $102,4.
Una devaluación y/o una disminución de las retenciones –como pretenden los grandes productores y comercializadores del “campo”– implican un aumento aún mayor de la pobreza y la miseria. Por ende, la primera prioridad es la de ganar esa pulseada y que en lugar de fugar capitales, se invierta en el país, para lo cual se le garantiza un sostenido mercado interno. Y ese mercado interno se genera con aumento de los salarios en términos reales (por encima de la inflación) y con la recomposición del nivel de ocupación. Por eso, merced al crecimiento de los salarios y de la ocupación (empleados), se proyecta una tasa de crecimiento del PIB para el año 2021 del 5,5%.
Para lograr ese crecimiento del PIB, el gobierno proyecta, en 2021, un aumento del consumo en el mismo porcentaje y aumenta la inversión en un 18,1% tras estimar que derrapa este año en un 25,6% y con ello el PIB, que estiman que cae en un 12,1% en el 2020.
El Ministerio de Economía apuesta a la recuperación del nivel de actividad y con ello de la recaudación, de manera que, de los seis grandes precios que tiene una economía, plantean que los impuestos se incrementan en un 48,9%, los precios de los bienes y servicios (medidos por el Índice de Precio al Consumidor del INDEC) en un 29%, las tarifas igual que los precios (29%), el tipo de cambio por debajo del 29% (de hecho, hoy martes 29 de septiembre de 2020 está a $80: quiere decir que de hoy a diciembre de 2021 se acrecienta en un 28%), las tasas de interés levemente por encima de los precios y tarifas, y los salarios públicos (pero que sirven como referencia para el sector privado) en un 35,6%.
Obviamente, para que la recaudación impositiva crezca en un 48,9% se piensa en una reforma tributaria que debe gravar más a las ganancias y al patrimonio que al consumo y a la actividad.
El Presupuesto 2021 plantea cerrar con un déficit primario (ingresos menos gastos operativos, no se contempla el pago de los intereses de la deuda) del 4,5% del PIB (es en pesos, pero equivalente a unos 16.000 millones de dólares), algo que es financiable y compatible con las restricciones monetarias y de financiamiento con que se desenvuelve la economía argentina.
En pos de esos objetivos planteados por el gobierno en el Presupuesto, ¿cuáles son los principales destinos del gasto público y cuáles las políticas para su financiamiento?
Básicamente, el Presupuesto propone aumentar el gasto en los servicios sociales (salud, educación, trabajo, vivienda y urbanismo) y los servicios económicos (promoción de la actividad económica) y disminuir fuertemente el pago de los servicios de la deuda. Gracias a la negociación con los acreedores, solo se va a pagar intereses a una tasa del 3,07% anual y recién se va a comenzar a amortizar capital en julio de 2024. También disminuye el gasto en funcionamiento y en los servicios de defensa y seguridad, dentro de un marco de un aumento del gasto en general, por debajo de la inflación.
En términos del aumento en los servicios sociales, se destacan: la asistencia a los hospitales provinciales y municipales de todo el país, más los hospitales nacionales (Posadas, Baldomero Sommer, Garrahan y hospitales de las Universidades Nacionales); volver a cumplir en forma conjunta con las provincias que el gasto en educación sea nuevamente el 6% del PIB; construir 500 jardines de infantes; apuntalar obras y mantenimiento en 25.000 escuelas en todo el país; entregar en el plan Conectar Igualdad 546.600 computadoras a todos los alumnos del último año de la educación pública Argentina. Se suma a todo esto el programa Potenciar Trabajo para incorporar en forma plena y progresiva a la actividad laboral a través del desarrollo de proyectos socioproductivos, sociocomunitarios, sociolaborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
En cuanto a los servicios económicos, se destacan: el aumento la inversión pública para mejorar la infraestructura tanto en inversión real directa ejecutada por el gobierno nacional, esencialmente en obras viales de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); los proyectos para el mejoramiento del transporte y la renovación, puesta en valor y mejoras de ramales ferroviarios (Belgrano Cargas, Roca, San Martin y Sarmiento); las inversiones de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), fundamentalmente para la construcción de reactores (RA10 y CAREM); las obras de saneamiento de ENOHSA (agua potable); las adquisiciones de bienes de uso del Ministerio de Salud, especialmente para el fortalecimiento de la capacidad del Sistema Público de Salud; y las misiones satelitales e investigación y desarrollo de medios de acceso al espacio que lleva adelante la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Así como en las transferencias de capital a entidades del Sector Público Nacional, la más significativas tienen como destinatarios los gobiernos provinciales, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.), el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), la empresa Integración Energética Argentina S.A., el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. En términos del PIB, se duplica la inversión pública con respecto al año 2019, que pasa a ser del 2,2% del Producto Interno Bruto.
El financiamiento del gasto se da fundamentalmente por los tributos (impuestos y aportes previsionales) y el déficit fiscal primario esperado es del 4,5% del PIB más los intereses de la deuda por 1,5%, totalizando el 6% del PIB (es en pesos pero equivalente a unos 22.000 millones de dólares) que se financia en un 60% por el BCRA y el 40% restante por la colocación de títulos de deuda en pesos.
Durante la última semana, hubo una modificación en la política de regulación a la compra del dólar por parte del Banco Central en función de preservar sus reservas. ¿Cuáles son las causas por las que el Central tuvo que intervenir en el mercado de cambio de esta forma? ¿Se puede sostener una intervención de este tipo a largo plazo, o qué otras políticas podrían aplicarse, sobre todo pensando en el horizonte planteado por el equipo económico a través del Presupuesto presentado?
Las medidas deberían haberse tomado no bien comenzó el año 2020, o a lo sumo el 19 de marzo de 2020, cuando se declaró la cuarentena por la pandemia del Covid-19. Son básicamente dos. La primera consiste en limitar a solo el 40% de la supuesta deuda que tiene un residente argentino con el exterior, que puede comprar dólares al BCRA y al tipo de cambio oficial (hoy 29 de septiembre de 2020 a $80 por dólar) y el 60% de la misma reestructurarla o cancelarla con los activos que ese residente posee en el exterior. Por este mecanismo se perdieron en lo que va del año reservas internacionales del BCRA por más de 6.000 millones de dólares.
La segunda es que todos los que pueden comprar el llamado “dólar ahorro” o turista, además de pagar el Impuesto PAIS del 30% que se estableció por ley 27.541 de Emergencia Económica sobre la compra de divisas para atesoramiento y la adquisición de bienes y servicios en moneda extranjera, deben pagar a cuenta del Impuesto a las Ganancias el 35% más, por ende el dólar es de $132 –al 29 de septiembre de 2020–. En este caso, en el mes de agosto 2020 compraron 200 dólares cuatro millones de personas.
Es obvio que, si la puja es por el dólar, el BCRA debería haber defendido las reservas internacionales, en un marco donde se liquidan las exportaciones en forma muy retrasada, máxime que el mismo BCRA hizo el informe de que 6.000.000 de personas físicas o jurídicas compraron durante los cuatro años de gestión de Cambiemos 86.200 millones de dólares y los 100 (cien) mayores compradores los hicieron por U$S 24.679 millones. Es obvio que muchas empresas que pagan supuestas deudas externas y sus dueños están entre los que fugaron capitales del país.
Finalmente, debemos recordar que en la gestión de Macri, por la Resolución de la Secretaría de Comercio Nº 242, alargaron los plazos para el ingreso de dólares por exportaciones a 5 (cinco) años, escalada irracional que recala el día 20 de enero de 2017 donde emiten otra, la Resolución S.C. Nº 47 y llevan el plazo a 10 (diez) años. Se estiman en más de 15.000 millones de dólares las exportaciones realizadas en ese período y las divisas no ingresaron al país. En ese marco se debe hablar con los exportadores –recordemos que 200 empresas significan el 65% de nuestras ventas externas para que cumplan con la obligación de liquidar las exportaciones, y, paralelamente, con aquellos que retienen y no venden, nucleados en las cámaras CIARA (Industria del Aceite) y CEC (Exportadores de cereales), para que vendan. Ellos alardean que pueden exportar por cien mil millones de dólares anuales y en los primeros ocho meses del año 2020, con cosecha record de 147 millones de toneladas de granos, liquidaron sólo por 13.346.319.131 dólares, un 15% menos que el año anterior, 2019, que hubo sequía.
