Esta semana el gobierno nacional anunció la suspensión de las exportaciones de carne por 30 días hasta normalizar el mercado interno. Producto clave de la canasta de consumo, la carne acumula subas de casi el 65 por ciento en doce meses, por encima del promedio general del IPC. Más allá de esta medida, que sería parte de un conjunto mayor para que el precio interno no se siga desmadrando, la cuestión de fondo es la estructuración del sector agroexportador como motor de la economía y el proceso inflacionario. Sobre todo esto, conversamos con el economista Horacio Rovelli.
El Gobierno acaba de suspender la exportación de carnes por 30 días como medida para desacelerar el incremento. En este sentido, entonces, entiende que el proceso inflacionario argentino actual es propiciado y es funcional al modelo extractivo-agropecuario exportador. ¿En qué medida esto es así? Y si es así, ¿sirve esta medida para frenar este proceso?
En la Argentina hace muchos años que los ganaderos manifiestan a la AFIP tener alrededor de 55 millones de cabezas de ganado vacuno –seguramente que al SENASA declaran más, pero el Estado no fiscaliza ni concilia esas declaraciones juradas–. Por otra parte la faena anual de carne vacuna 2020 declarada fue de 14 millones de cabezas, generando carne por 3,17 millones de toneladas, de las cuales se exportó casi un millón de toneladas, que se agrava porque a China (que es nuestro principal comprador) y a los demás países del este asiático se le vende toda la res, y esa es la razón por la que el precio interno se incrementó sobremanera, reduciendo el consumo per cápita de carne en la Argentina a solo 50,1 kg. por habitante (cuando antes del año 2015 se consumía de 72 a 75 kg. per cápita), el más bajo de los últimos cien años (2,25 millones de toneladas se destinaron al mercado interno en el año 2020 según el IPVCA – Instituto de promoción de venta de la Carne Vacuna).
El Consorcio ABC de exportadores de carne vacuna, que realiza el 80% de esas ventas externas, está constituido por Frigorífico Rioplatense de los Costantini, La Anónima de los Braun (madre de Marcos Peña Braun), FRIAR S.A. (de los Vicentin), SWIFT Argentina S.A; QUICKFOOD S.A., etc. Al poder exportar, igualan el precio de la carne vacuna con el del exterior, por lo que la carne aumentó un 75% su precio en el mercado interno argentino en 2020 –como asevera ROSGAN (mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario y compañías consignatarias)– y continúa incrementándose con el ajuste cambiario, al ser las retenciones (derechos de exportación) de los frigoríficos solamente del 9%.
La Resolución Conjunta 3/2021 de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se basa en la Ley 21.740, que asigna competencias para establecer las normas de calidad y especificaciones técnicas a las que deberá ajustarse la exportación de carnes y los subproductos ganaderos, y le otorga potestad para adoptar las medidas necesarias para priorizar el abastecimiento del mercado interno, orientando la producción, comercialización de ganados y carnes y su industrialización. Por ello, resuelve que las exportaciones de los productos cárnicos y sus subproductos estarán sujetas a la registración previa de una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC) y, a su vez, la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario y la Secretaría de Comercio Interior instrumentarán procedimientos para el intercambio diario de la información amparada bajo las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne, con el objeto de monitorear el adecuado abastecimiento del mercado interno, así como el cumplimiento de los marcos legales de ambos organismos.
Es obvio que, por lo que significa en el consumo de las familias argentinas, no se podía seguir con un aumento constante de las exportaciones de carne vacuna en desmedro del mercado interno. Recordemos que Néstor Kirchner en el año 2006 suspendió las exportaciones de carne vacuna por seis meses y que, cuando la República Popular China le ofreció comprar, le dijo que no, porque primero se debe abastecer al mercado interno. Entonces, la respuesta al problema generado es obvia. En tanto los grandes frigoríficos tienen un negocio asegurado, porque China trata de reemplazar la carne aviar y porcina (sobre todo por la gripe en esos dos animales) por carne vacuna, los grandes frigoríficos que conforma el Consorcio ABC deberán invertir para faenar más animales, así como los ganaderos deberán incrementar la cantidad de animales. Paralelamente, se debe hacer un estricto control de las ventas en negro de animales y su carne: por razones de sanidad, para registrar todas las operaciones y para que paguen los tributos y aportes correspondientes.
El ajuste interno permite aumentar los saldos exportables, y solo se vende al mercado local si se iguala el precio al externo, generando una ganancia extraordinaria a los grandes productores y comercializadores. Si el modelo pergeñado por la dictadura militar es el extractivista, agropecuario exportador, para eso necesitan reducir el consumo interno, para tener el mayor saldo exportable. Habiéndose producido –o mejor dicho, declarado– en el país el año pasado 45 millones de toneladas de granos de maíz, se autorizó a exportar 37 millones, con lo que se encareció para el mercado interno la carne de ave y la porcina, ya que usan al maíz como forraje. Igual pasa con la desindustrialización para que se emplee la menor energía generada y de esa manera no tener que importar. Todo esto en pos de pagar la deuda, deuda que no solo benefició y beneficia a una minoría, sino que el gobierno ni siquiera investiga cómo hicieron, por ejemplo, las primeras cien empresas que compraron y fugaron 24.679 millones de dólares y no pagaron el impuesto a las ganancias por esa magnitud. Se las debería multar y recuperar parte de esa deuda y que no la pague el pueblo argentino.
Evidentemente es una medida transitoria a la que deberían sumarse otras para desacelerar todo el proceso. ¿Qué otras medidas se podrían adoptar para recuperar el mercado interno como principal motor de la economía?
La única forma es desacoplar los precios de los alimentos que pueden pagar China y Europa. Recordemos que el salario promedio en Europa es de 3.500 euros, equivalente a 4.000 dólares por mes, y en la Argentina el RIPTE (la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino) de marzo de 2021 fue de $75.809.- que es equivalente a 770 dólares). Entonces, para desacoplar lo que pueden pagar en el exterior de lo que pagamos nosotros es necesario, primero, frenar la constante devaluación de nuestra moneda. Ya la devaluación la hizo el gobierno de Cambiemos cuando ajustó el tipo de cambio entre fines de abril y fines de julio de 2018 en un 100%, no se requiere de mayor devaluación; al contrario, se requiere de recuperar el valor del peso. Cuando Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo de 2003, el dólar oficial estaba a $3,50; cuando dejó de ser Presidente de la República, el 9 de diciembre de 2007, el dólar oficial valía $3,22. Revalorizó nuestra moneda y con ello los activos y el trabajo argentino. Este gobierno comenzó el 10 de diciembre de 2019 con un dólar fijado por el Banco de la Nación Argentina en $62, y al 19 de mayo 2021 ese dólar vale $99,5, con lo que devaluó un 60,5%.
En segundo término, se deben aumentar fuertemente los Derechos de Exportación (retenciones), que son del 30% para la soja, para los demás granos son del 12% y para la carne del 9%. De esa manera, se desacoplan los precios y el Estado nacional obtiene mayores recursos de las exportaciones. Finalmente, se debe imponer un cupo máximo de exportaciones para resguardar el mercado local de todos los productos. Primero abastecer la demanda interna y luego exportar.
¿Es posible organizar nuevamente este mercado interno cuando se enfrenta a un sector con la fortaleza que ha recuperado el agroexportador? ¿Se puede reconstruir o reconvertir esa matriz productiva en un contexto al que, a este grado de concentración de ese sector, se le suma la deuda enorme que heredamos más la pandemia?
Es posible, con decisión política. El Estado tiene las herramientas para hacerlo, desde la Ley de Abastecimiento hasta los derechos de exportación. José Ber Gelbard lo hizo en su momento y lo volvió a realizar Néstor Kirchner, porque tenían como objetivo una economía industrial que se oriente y se base en el mercado interno. Esa es la diferencia fundamental. Gelbard y Kirchner tenían un plan; este gobierno no solamente no lo tiene, sino que es débil ante la presión de los cada vez más concentrados grupos económicos que operan en el país en los sectores claves como son la energía, la minería, los alimentos y nuestro Río Paraná.
En las últimas semanas otro de los temas en debate que impactan sobre el proceso inflacionario fue la cuestión de las tarifas. ¿Es viable un aumento?
No, no solamente no es viable, sino que no se sabe el costo de extracción del petróleo y del gas, que es lo primero que se debe saber para conceder el aumento del precio. Recordemos cuando al por entonces ministro de Energía Juan José Aranguren –que trabajó durante más de 30 años en Royal Dutch Shell– en la interpelación en el Congreso de la Nación se le preguntó por el costo promedio de extracción del petróleo en la Argentina, y dijo desconocerlo. Es obvio que no lo quiso decir, porque no es lo mismo sacar petróleo del Mar del Norte –que es el que fija el precio mundial del barril– que de la cuenca de Vaca Muerta en la Argentina. La renta (diferencia entre el costo de extracción y producción del bien final y el internacional) es seguramente abismal.
Lo mismo pasa con el gas. En la etapa de extracción, las empresas que participan son: YPF, Total Austral, Pan American Energy (PAE) –estas tres representan el 75% de la producción de gas–, Petrobas, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol, Apache y Chevron. El transporte es controlado por Transportadora General del Norte (TGN) de Techint y Eurnequián, y Transportadora General del Sur (TGS) de Pampa Energía (Marcelo Mindlin; Joseph Lewis; BlackRock y las familias Sielecki y Werthein), que conectan las cinco cuencas que existen en el país. La distribución es manejada por nueve empresas, que son Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Ecogas Centro, Ecogas Cuyana, Litoral Gas, GasNor y Gas Nea, quienes se encargan de distribuir el gas a lo largo del país, y todas ellas parten de sostener que el costo promedio de extracción del millón de BTU es de U$S 3,91. Pero no dicen cómo llegaron a ese precio, cuando es obvio que no es lo mismo extraer gas de la cuenca neuquina que de las otras cuencas o de la cuenca marina.
Finalmente, en las tarifas eléctricas, el que la genera –porque todavía las usinas térmicas, las represas, la energía nuclear, la energía renovable, son del Estado– es CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.) que, si bien es una sociedad anónima, el principal accionista es el Estado Nacional y recibe por ello un subsidio (como todos los años) que en el presupuesto nacional 2021 es de 4.781 millones de dólares. Pero el que realiza el Transporte es TRANSENER S.A., que es concesionaria de servicio público que opera y mantiene en forma directa el 85% de la red de alta tensión y supervisa el 15% restante de todo el territorio nacional argentino, cuyo principal accionista es Pampa Energía. Las Distribuidoras principales son EDENOR S.A., en la que Black Rock y el grupo Mindlin eran sus principales accionistas y en la que en diciembre 2020 aparece comprando el 51% del paquete accionario el grupo Vila-Manzano y Filiberti. La segunda distribuidora es EDESUR, cuyo principal accionista es el Ente Nacional de Energía Eléctrica (ENEL), la empresa estatal italiana que administra la energía de Italia y tienen en EDESUR participación minoritaria las firmas ENDESA de España y EDESUR de Chile. Las distribuidoras Edesa, Eden, Edes, Edea y Edelap que preside Rogelio Pagano, quien años atrás fue socio menor de Marcelo Mindlin. Debemos recordar que durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos el precio que más se incrementó fue el de la energía eléctrica, que lo hizo en un 764,9%, por encima de la inflación, que fue de 664%, y de la devaluación oficial de nuestra moneda, que fue de 679% (el dólar del banco de la Nación Argentina pasó de valer $ 9,20 a $ 62,5 en el período).
