Evasión fiscal y fuga de capitales

¿Por qué investigar la fuga de capitales?

La deuda externa Argentina en diciembre de 2015 era equivalente a 240.665 millones de dólares. El 60% de la misma era intra sector público (en poder de la ANSeS, de los bancos oficiales, de los fondos fiduciarios argentinos, etc.), 9% con organismos internacionales (sin contar el FMI al que se le había pagado todas las acreencias en enero de 2006) y 31% restante se le debía al sector privado.

En diciembre de 2019 la deuda externa pública nacional pasó a ser de 323.065 millones de dólares. El 40% de la misma intra sector público, 22,7% organismos internacionales (mayormente el FMI por equivalente a 44.500 millones de dólares) y 37,3% se le debe al sector privado. La deuda se incrementó en 82.400 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos y desmejoró sensiblemente su distribución, sobre todo por la perentoriedad de los plazos para su cancelación.

El 1 de marzo de 2020, en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el Presidente Alberto Fernández dijo que iba a investigar la deuda externa. Sin embargo, en el acuerdo con el FMI, con un severo plan de ajuste comercial y fiscal, se compromete a pagar toda la deuda externa en un acuerdo que fue corroborado por el Congreso de la Nación. Con ese acuerdo, Argentina entra en una renegociación eterna de un pasivo impagable, acepta inspecciones que condicionan la política económica y obstruyen la redistribución del ingreso. Promete sin fundamentos recortar el déficit sin ajuste y propicia una dureza monetaria que afecta la continuidad del crecimiento. Las minidevaluaciones propiciadas por el FMI y los aumentos de tarifas van a impulsar la inflación, y el proyectado incremento de las reservas internacionales del BCRA –de 5.800 millones de dólares este 2022, de 4.000 millones de dólares en 2023 y de 5.200 millones de dólares en 2024– es imposible de lograr cuando el BCRA las dilapida, como se ve en el cuadro siguiente.

Habiendo obtenido el mayor superávit comercial de toda nuestra historia –como es la suma de los años 2020 y 2021–, las reservas internacionales del BCRA decrecen en 4.081 millones de dólares. La causa principal es la venta de divisas a precio oficial al sector privado por 22.291 millones de dólares, por supuestas deudas… a las mismas empresas que fugaron capitales en la gestión de Cambiemos (y antes también).

Por lo tanto, la deuda beneficia a una minoría que la fugó casi en su totalidad. Seguramente, la mayor parte de esa fuga la administran los grandes fondos de inversión –Blackrock, Grammercy, Goldman Sach, PIMCO, Franklin Templeton, etc.– que son, a su vez, los que influyen sobre los EEUU y sobre el FMI condicionándonos para cobrar en divisas o en recursos naturales y otros negocios.

¿Dónde están las divisas?

Con fecha 20 de mayo de 2020, el BCRA publicó el Informe “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, en el que demuestra que, de la deuda tomada en la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares: es decir, prácticamente el incremento del endeudamiento fiscal nacional[1] el BCRA se los vendió a los bancos y estos los compraron para sí o para sus clientes.

Es más, ese Informe sostiene que, en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas (empresas) compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores compradores de dólares (que son empresas) adquirieron 24.679 millones de dólares. Nunca el BCRA reveló quienes son esas 100 firmas. Sabemos que no pueden “desaparecer” en cuatro años 86.200 millones de dólares. Por lo tanto, se debe comenzar con el estudio de las operaciones de los 100 primeros compradores que se hicieron de 24.769 millones de dólares. Les compete a los distintos estamentos del Estado controlar y fiscalizar que pasó.  De otra forma, los que pagan esa deuda son los que no se beneficiaron.

Teniendo esa lista de los principales compradores (que son empresas), se debería cotejar la información con las memorias y balances que publican anualmente. Estamos hablando de posesión de divisas netas, no de pagos ni de cobros; esto es, la tenencia de dólares que compraron y que debería estar en poder de la firma, dado que en esos años fue legal su compra. Recordemos que en diciembre de 2015 el gobierno de Cambiemos eliminó el programa de consultas de operaciones cambiarias de la AFIP y levantó la restricción de comprar de dólares, que pasó a ser de 2.000.000 de dólares; luego, en mayo de 2016 la amplió a 5.000.000 mensuales y en agosto de 2016 no se puso ningún límite a las operaciones en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio) constituido por los bancos y los compradores de divisas.

Contablemente, el problema no es difícil. Las empresas deben presentar su Memoria y Balance general anual ante la Comisión Nacional de Valores, dado que cotizan en Bolsas de Comercio del país, y ante la AFIP, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF) y de las normas impositivas del país. En esos documentos deben exhibir un cuadro denominado “Estado de Flujos de Efectivo Consolidados” en el que debe constar el aumento neto de efectivo y el equivalente de efectivos que es donde se contabiliza la compra de las divisas. Ese cuadro se combina con el de Activos y Pasivos en moneda extranjera, y de ambos resulta la información de cuántos dólares fueron adquiridos por la empresa en el ejercicio fiscal. Haciendo ese estudio, observamos que la empresa que más compró dólares en el período 2016-2019 que fue Telefónica Argentina SAIC (Movistar), subsidiaria de Telefónica de España, con compras por 1.248 millones de dólares y, en sus estados contables solo puede demostrar que tenía dinero disponible para comprar el 33,42% de esa suma (417,1 millones de dólares).

Luego le sigue Pampa Energía (Marcelo Midlin, Joseph Lewis, Blackrock), que compró 903,8 millones y puede demostrar 623 millones de dólares, el 68,9%.

TELECOM SA del grupo “Clarín”, compró 647,5 millones de dólares y contaba con recursos efectivos según sus Estados Contables, por 434,5 millones de dólares, el 67,1% del total.

El grupo ARCOR, presidido por Luis Pagani, que adquirió a través de sus empresas controladas ARCOR SAIC y BAGLEY ARGENTINA 360,7 millones de dólares y puede demostrar efectivo o equivalente a efectivo por 65,4 millones de dólares, que es el 18,13% de esa suma.

El holding Techint, liderado por Paolo Rocca, a través de tres de sus empresas controladas realizó la adquisición de 547 millones de dólares:

1. TECPETROL SA: compró en los cuatro años de gestión de Cambiemos 92,6 millones de dólares, y de la lectura de sus estados contables se desprende que solo podría haber comprado 11,5 millones de dólares; o sea, solo justifica el 12,47% de lo realizado en el MULC.
2. TERNIUM ARGENTINA SA (Ex SIDERAR SAIC): Obtuvo en el MULC 223 millones de dólares y contablemente solo puede demostrar liquidez en divisas por 54,3 millones de dólares (el 24,36% de ese monto).
3. TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE SA: compró 231,4 millones de dólares, y puede demostrar en sus estados contables solo el 53,9% (son depósitos en dólares por 124,9 millones de dólares).

Y así, en mayor o menor medida, las 100 empresas que compraron 24.769 millones de dólares no pueden demostrar contablemente los recursos en efectivo para hacerlo, lo que amerita que la AFIP investigue los movimientos bancarios. Tanto los que tienen que ver con la compra de dólares, probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en dólares y su destino. Asimismo, la AFIP debería fiscalizar los saldos contables en dólares al final de cada ejercicio y verificar en qué cuentas bancarias –nacionales u offshore– estaban esas tenencias.

¿Cómo recobramos las divisas?

El proyecto de los senadores nacionales del Frente de Todos, que cuenta con la aprobación de ese cuerpo, crea un fondo que se debe constituir en dólares para la cancelación de la deuda con el FMI, en base a las cuentas en el exterior no declaradas al fisco hasta el presente. La multa para las empresas que reconozcan la evasión es del 20% de esos capitales no declarados; del 35% para las que lo declaren en los primeros 6 meses de vigencia de la ley; y del 50 % para las cuentas que se encuentren pasado este tiempo. No se trata de un impuesto, sino de un castigo a la evasión fiscal. El senador Oscar Parrilli, que es el primer autor del proyecto, dijo que “según datos del INDEC, hay entre 350 y 400 mil millones de dólares afuera del circuito económico legal” y que con esta ley se puede “recaudar un piso de 20 mil millones de dólares”. Originariamente eran dos proyectos, y no se trató el que levantaba los secretos fiscales, financieros y bursátiles, elemento indispensable para asegurar la investigación de la fuga de capitales. Eso será, entonces, un problema.

Para alcanzar el objetivo, entonces, se debería investigar a las principales empresas fugadoras de capitales y a las personas que más fugaron –entre ellos los Eskenazi, los Ick, los Belocopitt, los Filiberti, los Werthein, los Elsztain, etc.– y que respondan cómo hicieron para comprar la cantidad de dólares que compraron mientras declararon ganancias y pagaron impuestos por mucho menos de la mitad de lo que compraron. Es decir, se trata de un claro caso de evasión y fuga.  Y multarlos, entonces, para que esa suma recuperada permita darnos nuestro propio plan de pago para amortizar la deuda con el FMI.

Notas

[1] La deuda la toma el Tesoro de la Nación, pero, salvo los pagos de intereses y capital de deuda, la mayor parte la emplea para pagar gastos que son en pesos: jubilaciones y pensiones, salarios a las Fuerzas Armadas y de seguridad y al resto del personal público, transferencias y subsidios, licitaciones y contratos, etc. Por ende, le vende los dólares que tomó en deuda externa al BCRA. Y el BCRA, en lugar de conservar esos dólares, los vende al tipo de cambio oficial a los bancos.