Sin que nadie se lo pidiera, Javier Milei dio una prueba de fe de la mancomunión que lo une a su vice Victoria Villarroel en la reivindicación del terrorismo de Estado, las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura y el apoyo a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Por cierto, algunos medios deberían dejar de bajarle el precio a esta dupla con el mote “negacionistas”. No niegan. Son fans de Videla y los represores.
El 19 de octubre de 1983, el dictador Reynaldo Bignone suscribe el decreto confidencial 2726 que ordena la destrucción de la documentación existente sobre el terrorismo de Estado y los detenidos-desaparecidos. Simultáneamente, por cadena nacional se difunde el “Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”, un informe apologético de 44 minutos sobre cómo las Fuerzas Armadas “salvaron a la Patria”, pero que en ese marco “casi apocalíptico, se cometieron errores, que como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar, a veces, los límites al respeto a los derechos humanos fundamentales y quedan sujetos al juicio de Dios”. También muchos usuarios de la red X advirtieron con tino sobre las similitudes del discurso que dio el genocida Emilio Eduardo Massera en 1985 durante el Juicio a las Juntas Militares y las palabras de Milei el pasado domingo durante el primer debate presidencial.
Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se produjeron los históricos juicios a las Juntas Militares. La audiencia fue pública y tuvo lugar en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de la Nación. Declararon 839 personas que documentaron de manera fehaciente el plan sistemático de desaparición, tortura, muerte y apropiación de bebés. El 7 de octubre, Massera ejerció su defensa: “Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos fueron excepcionales, y el terrorismo subversivo, donde el exceso era la norma”, dijo. El 1 de octubre de 2023, el candidato fascista sostuvo en el debate presidencial: “No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos, pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ERP mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad”.
Recordemos, Massera fue a la cárcel por 83 homicidios calificados, 523 privaciones ilegales de la libertad calificada, 267 aplicaciones de tormentos, 102 robos agravados, 201 falsedades, cuatro usurpaciones, 23 reducciones a servidumbre, una extorsión, dos secuestros extorsivos, una supresión de documento, 11 sustracciones de menores y 7 tormentos seguidos de muerte.
¿Excesos? No, hubo más de 800 Centros Clandestinos de Detención que coordinadamente ejecutaron el plan dictatorial de exterminio en todo el país. ¿Guerra? No, fue Terrorismo de Estado. ¿8.753? No, la cifra de Milei es arbitraria. Recordemos que la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) presentó 8.961 casos en su informe de 1984 y que esa cifra fue aumentando con la continuidad de los juicios hasta llegar a los aproximadamente 15.000 registros. ¿30.000? Sí, la cifra está abierta por que aún hay miles de desaparecidos que siguen en esa condición, hay 400 mujeres y hombres a quienes se les sustrajo su identidad porque fueron apropiados por los represores. Los delitos de lesa humanidad no cesan. Como explicó de manera excepcional el escritor Martín Kohan: “La discusión no es entre 8.000 casos probados y 30.000 casos no probados. A mi criterio, lo que la cifra 30.000 expresa es que no hay pruebas porque el Estado no da la información respecto de lo que pasó. La represión fue clandestina y fue ilegal, no pasó por ningún sistema judicial, fue tan clandestina como los centros clandestinos de represión y de tortura. Y la cifra de 30.000 expresa que no sabemos exactamente cuántos fueron porque el Estado ilegal, que reprimió clandestinamente, no abre los archivos, no da la información de dónde están los desaparecidos ni la información de dónde están los nietos secuestrados”.
Y como dato mata relato. Veamos tres cables desclasificados por los Estados Unidos en 1978 para seguir desmintiendo a los apologistas de la muerte.
1) A mediados de julio de 1978, el agente de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel, con el nombre en clave de Luis Felipe Alemparte Díaz, envió a la DINA un informe recabado en el Batallón de Inteligencia Militar 601 que indica que “se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha” y promete: “En próximos envíos seguiré ampliando las listas”. Arancibia Clavel era además el representante en Argentina de la Operación Cóndor, red creada por Estados Unidos y las dictaduras del cono sur para coordinar la represión entre Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay.
2) El 13 de julio, la Embajada de los EE.UU. envió al Departamento de Estado un informe en el que señala que “los archivos de la Cruz Roja Internacional contienen 20.000 tarjetas de personas detenidas y desaparecidas en Argentina”. A pesar de las trabas que le imponía la dictadura a esta organización humanitaria, esta logró comprobar entre 1976 y 1983 la cifra de 16.900 personas privadas de su libertad. “Es importante destacar que el registro de cada persona visitada es una herramienta que puede ayudar a evitar desapariciones”, recordó Alexandra Manescu, jefa de la Misión en ese período.
3) En diciembre, Tex Harris, a cargo del área de derechos humanos de la Embajada de EE.UU., informó al Departamento de Estado que “un oficial de alto rango ha informado al Nuncio de las Fuerzas Armadas que se han visto forzados a encargarse de 15.000 personas en su campaña antisubversión”. Durante sus dos años en la legación (1977-79) reunió en ficheros información precisa sobre 9.500 casos de personas desaparecidas. En 1979 fue llamado a Washington, sancionado y cesado de su cargo en Buenos Aires. Su labor recién fue reconocida por el Departamento de Estado veinte años después.
El 23 de septiembre de 1983 Bignone promulgó la ley de autoamnistía para dejar en la impunidad los crímenes cometidos por la dictadura. Apenas cinco días después de asumir, el presidente Raúl Alfonsín convocó al Congreso para que derogue dicho bando y se permita el juicio a los represores. Diputados y senadores actuaron con celeridad, y en menos de dos semanas se abolió “por inconstitucional” e “insanablemente nula la ley de facto n.° 22.924”. Para entender la dimensión del consenso democrático sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el período 1976-1983, hasta la Ucede acompañó esta iniciativa.
30.000 es una denuncia abierta, asumida además por el Estado nacional como política de Estado. Cualquier funcionario de cualquier nivel que niegue o reivindique el accionar de una dictadura militar debería ser cesado y también impedido de ser candidato. Si te gusta la dictadura, da un golpe, pero del juego democrático estás fuera.
