“Juzgar el poder cuando es poder muestra la fuerza del Estado de Derecho. Gol argentino”, tuiteó sin ruborizarse el exjuez Sergio Moro tras conocerse este martes el fallo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Pero retrocedamos un poco en el tiempo, siempre con la revelación en la cabeza del pornográfico chat de Telegram entre jueces, funcionarios porteños, ex servicios de inteligencia y el presidente del Grupo Clarín, que se reunieron en la casa del magnate británico Joe Lewis (“el secuestrador del Lago Escondido”, como lo calificó CFK), íntimo de Mauricio Macri. Bastante lejos de la Patagonia argentina, el 9 de junio de 2019, el portal The Intercept divulgó las escandalosas conversaciones entre los fiscales de la Operación Lava Jato, especialmente del fiscal general Deltan Dallagnol, con el entonces juez Sergio Moro. Esta verdadera asociación ilícita, que violó todas las garantías procesales, llevó a la cárcel por 580 días al presidente electo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, logrando el objetivo inicial de proscribirlo para las elecciones de 2018 y garantizar así la victoria al ultraderechista Jair Bolsonaro.
En 2019, la Corte Suprema de Brasil ratificó que Moro fue “parcial” al juzgar y condenar a Lula. En tanto que el Comité de Derechos Humanos de la ONU afirmó: “La conducta y otros actos públicos del entonces juez Moro violaron el derecho de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial, y las acciones y declaraciones del exjuez Moro y de los procuradores violaron el derecho de Lula a la presunción de inocencia”.
Mismo camino hacia la inocencia en instancias superiores transitará CFK. Pero es que aquí no importa la verdad, importan las percepciones y la magnitud del daño. El general de la Fuerza Aérea estadounidense Charles Dunlap acuñó en 2001 el término lawfare, al que definió como “la estrategia de usar el Derecho como un sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo de combate bélico. Representa una forma de operación basada en efectos que contribuyen directamente a los resultados militares o políticos deseados”. Una guerra no convencional que se basa en la violación de las leyes y la manipulación artera para desprestigiar al enemigo político, reemplazando así al método golpista tradicional.
Este martes, tras la insólita condena del Tribunal Oral Federal 2 por la figura de “administración fraudulenta”, Cristina Fernández de Kirchner habló: “Lo dijimos el 2 de diciembre de 2019. Es decir, hace exactamente tres años, la condena estaba escrita (…) Esto no es ni lawfare, ni Partido Judicial, esto es un estado paralelo y mafia, mafia judicial. Y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal, de un sistema donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos, y que está por afuera de los resultados electorales, la tuvimos precisamente este fin de semana (…) ¿A mí administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín? Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Magnetto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser Vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted nunca, jamás”.
Tras este discurso se sucedieron los mensajes de solidaridad de líderes mundiales y de organizaciones políticas, sociales y sindicales.
Lula Da Silva: “Mi solidaridad con la Vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Vi su declaración de que usted es víctima del lawfare y sabemos bien aquí en Brasil cuánto daño puede causar esta práctica a la democracia”.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México: “Expreso mi más amplia solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo”.
Xiomara Castro, presidenta de Honduras: “Nuestra solidaridad y apoyo con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien enfrenta ahora el ataque del ‘Lawfare’ después de sobrevivir un atentado fallido en su contra. La verdad prevalecerá y la voluntad del pueblo argentino que te respalda. Fuerza Cristina”.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba: “Reiteramos nuestro rechazo a los procesos judiciales políticamente motivados y reafirmamos todo nuestro apoyo y solidaridad a Cristina Fernández de Kirchner frente al acoso judicial y mediático en su contra. Cuba te abraza”.
Luis Arce, presidente de Bolivia: “Desde #Bolivia, nuestra solidaridad con la hermana Cristina Fernández de Kirchner, a quien se busca proscribir de la vida política con una sentencia injusta. Estamos seguros que la verdad se impondrá ante todo atentado contra la dignidad de los pueblos y la democracia en nuestra PatriaGrande”.
La Internacional Progresista expresó: “URGENTE: Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada a 6 años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos en UN flagrante acto de persecución. Únete a la campaña de la Internacional Progresista y añade tu nombre para decir: ¡Yo también estoy con Cristina!”
El Grupo de Puebla sostuvo: “Cuando se meten las manos en la justicia se destruye la democracia. Lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner es un juicio político orquestado por la derecha con operadores de la justicia y medios de comunicación para sacarla del debate democrático. Todos Con Cristina”.
El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, fue breve pero contundente: “Partido Judicial contra la democracia. Fuerza Cristina”.
El exmandatario de Bolivia, Evo Morales, fue más allá de la solidaridad o la condena: “Está en ejecución en América Latina la llamada ‘guerra híbrida’ con uso de medios de comunicación y operadores políticos de la justicia para perseguir, acusar y defenestrar a líderes que defienden al pueblo y enfrentan políticas neoliberales de hambre de la derecha capitalista. Usan el golpe judicial para sentenciar a inocentes como hicieron con el hermano Lula y la hermana Cristina o recurren al golpe parlamentario como pasó con el hermano Fernando Lugo. Esta guerra sucia es acompañada por medios que mienten y magnifican acusaciones falsas. Su objetivo es dividir y destruir los movimientos populares. Defenestrar sus liderazgos y escarmentar a los pueblos por ejercer su soberanía sobre sus recursos naturales”.
¡Oh casualidad! quienes se reunieron en Lago Escondido son todos muchachos que odian a CFK. Los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola; el jefe de fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo D’Alessandro; el empresario Tomás Reinke; el exSIDE Leo Bergroth. En los chats y audios participaban Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín, y Pablo Casey, director de Asuntos Legales del oligopolio. Tal la composición del pelotón de fusilamiento.
