Con más de 1000 casos por cada 100 mil habitantes, Ciudad de Buenos Aires no solo es el epicentro de la pandemia en nuestro país, sino una de las metrópolis que mayor cantidad de contagios presenta hoy en el mundo. Sin embargo, frente al salto en la positividad de los testeos, un sistema de salud privado (donde se atienden 8 de cada 10 porteños) al borde del colapso y el sistema público en una situación cada vez más crítica, el Jefe de Gobierno porteño prefirió brindar una conferencia de prensa donde omitió esta realidad epistemológica y resistió las medidas dispuestas por el gobierno nacional, incluso con una presentación ante la Corte Suprema para volver a las clases presenciales.
Conversamos con Rodolfo Arrechea, coordinador de la Mesa Nacional de Salud de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y secretario general del Hospital Rivadavia en la Ciudad, sobre la grave situación del sistema sanitario, las posturas del gobierno porteño y las posibilidades de pensar una ciudad desde otro modelo de Estado.
¿En qué situación está el sistema de salud público en la Ciudad de Buenos Aires frente a la segunda ola de COVID-19 que azota la ciudad?
Nosotros empezamos la pandemia en marzo del 2020 con una cuarentena temprana, criticada por muchos sectores, pero que fue crucial. Porque hay que tener en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires el 20 de marzo nos agarró con 600 camas menos de los hospitales de la ciudad, que sería como si hubiesen cerrado el Durand y el Santojanni. Entonces, hubo que poner de pie a todos los hospitales y al sistema de salud. En CABA, aparte de la acción direccionada por el gobierno porteño para eliminar esas camas en los hospitales generales de agudos, resistimos una iniciativa de cerrar hospitales con el famoso 5×1, que luego fue 3×1 y que también la pandemia ayudó a que esas decisiones no se pudieran sostener. A eso se sumó la ausencia de políticas de recursos humanos, con faltantes de más de 5 mil enfermeros en los hospitales porteños. No teníamos elementos de protección, barbijos, no había camisolines hidrorrepelentes… Todo eso lo tuvimos que empezar a generar a partir de la centralización de las políticas sanitarias desde el Ministerio de Salud de Nación, donde, como ATE, participábamos del Comité Operativo de Emergencia (COE). Desde ahí se fueron monitoreando todos los recursos que se necesitaron para ir equipando los hospitales y para generar y hace llegar respiradores a todo el país. Se armó una sala de situación que estaba conectada a todas las terapias intensivas de los hospitales públicos y clínicas privadas.
Hoy, esta segunda ola nos encuentra con un Gobierno de la Ciudad que todo el tiempo hizo hincapié en mayores aperturas, mientras en los hospitales tuvimos 500 trabajadores en todo el país que perdieron la vida por estar en la primera línea, trabajando las 24 horas con un altísimo nivel de estrés porque se eliminaron las vacaciones, las licencias, los francos. Mientras gran parte de la población circulaba, adentro de los hospitales había otra Argentina. Pero no es culpa de la población. Los que tienen que determinar y llevar acciones adelante para modificar las conductas sociales tienen que ser los gobiernos. En el caso de la Ciudad, se apostó a priorizar el movimiento en detrimento de la salud de la población. Y ahora nos encontramos con una situación muy diferente a la del año pasado. Porque esta segunda ola tiene un nivel de contagio muy importante. En la unidad febril del Hospital Rivadavia el año pasado atendíamos 60 personas por día; hoy hay un promedio de 340 personas que se hisopan diariamente. De cada 10 personas testeadas, entre 5 y 6 dan positivo y tenemos la Terapia del hospital colapsada, con 100 por ciento de sus camas ocupadas. Se agregaron 15 camas en la Guardia para que funcionen como Terapia. Y las 4 camas de Unidad Coronaria están siendo utilizadas también por pacientes con COVID.
Algo importante a tener en cuenta es que los pacientes de Unidad de Terapia Intensiva, de los cuales 8 están con respiradores y 2 con oxígeno, tienen un promedio de edad de 50 años. En las 15 camas de la Guardia hay un promedio de edad de 40 años. Y el promedio de edad de los que vienen a hisoparse –el Rivadavia está segundo después del Muñiz entre los hospitales que mayor cantidad de hisopados han hecho– no supera los 27 años de edad, personas muy jóvenes que son vectores con un alto índice de contagio. Entonces, a los pocos días, los que promedian entre 40 y 50 años van a parar a Terapia Intensiva. Una cama de Terapia ocupada por un paciente COVID tiene un promedio de ocupación de 20 días, y ahí está la mayor complejidad que estamos teniendo. Al igual que el Rivadavia, el Hospital Fernández está con un 100 por ciento de ocupación; lo mismo ocurre en el Durand, que tiene la Terapia Intensiva colapsada; en el Ramos Mejía tienen más de un 92 por ciento de ocupación. Y a esta situación de los hospitales públicos se agrega, además, el hecho de que el sistema privado tiene entre un 92 y un 100 por ciento de las Terapias ocupadas. La mayoría con respiradores.
En este marco, de todas formas, se sostiene desde el gobierno conducido por Rodríguez Larreta la necesidad de sostener las clases presenciales. ¿Cómo evalúas esta postura?
En la Ciudad de Buenos Aires, con 200 kilómetros cuadrados, la apertura de la escolaridad presencial implicó una sobrecarga del sistema de transporte público de un millón de personas más, entre docentes, auxiliares, padres y alumnos. Esta es una de las explicaciones por las cuales ya no podemos hablar de “curva”, sino de crecimiento exponencial, en forma vertical, del nivel de contagios de la población. En la Ciudad hubo 5.000 contagios entre los padres, docentes, auxiliares y alumnos, un porcentaje altísimo. Porque, además, es imposible tener algún tipo de protocolo cuando tenés la situación edilicia de las escuelas de la ciudad completamente deteriorada. Lo único que vence a un virus –y esto fue así en la historia de la humanidad– es la vacuna. Es allí donde hay que poner la fortaleza de un Estado, contra las patentes y para que podamos construir la soberanía sanitaria. Nosotros hemos empezado la campaña “Volver a Carrillo” como manera de asumir el desafío para que, cuando esta pandemia pase a otra instancia, no se vuelva a desatender el sistema público de hospitales y de salud. Porque ha quedado demostrado que ahora tiene que haber una nueva mirada, una nueva intervención de los Estados, donde la salud pública pase a ser una prioridad para enfrentar esta pandemia y las que vengan. El gobierno nacional empezó la pandemia con un sistema de salud debilitado, sin ministerio, con un sistema de vacunación que dejó vencer millones de vacunas contra el sarampión, que suprimió las vacunas del meningococo para mayores de 11 años y dejó sin mediación gratuita a nuestros adultos mayores. Fue sobre estos parámetros que hubo que hacer frente a la pandemia. Entonces, estamos librando la lucha, por un lado, ante un enemigo invisible que es el virus y que derrotaremos en la medida en que podamos vacunar a la población; y, por otro, ante un enemigo muy claro que es la derecha neoliberal que prioriza los negocios y la economía sin tener ninguna mirada de protección de la población.
En la Ciudad de Buenos Aires se hace doblemente difícil, porque todo el tiempo el gobierno porteño nos da la espalda, nos desprotege con decisiones que lo único que provocan es mayor circulación del virus. Creemos que esta situación va a empeorar. Por eso son centrales los anuncios que se hicieron desde el gobierno nacional y que hoy empiezan a regir, porque nos permiten un respiro para oxigenar a los trabajadores de salud, para recuperar las camas de Terapia Intensiva que necesitamos, para cortar con el tamaño tan inmenso de contagios que estamos teniendo.
En un momento dado se hablaba de una diferencia entre una oposición con roles ejecutivos, como el caso de Larreta, más “razonable”, y otra oposición más “negadora” o “confrontativa”, como Macri o Bullrich. Con la conferencia de prensa de ayer y la presentación hoy de un recurso ante la Corte Suprema para que vuelvan las clases presenciales a CABA, esa caracterización parece haberse agotado. Con este panorama que vos describís de la situación sanitaria, ¿cómo se entiende la posición tan negligente y obtusa del Gobierno de la Ciudad de no aceptar las medidas sanitarias aún cuando estén en peligro sus propios votantes?
Esa posición se entiende si se repasan las políticas del macrismo de los últimos 14 años en la ciudad. Si la pandemia no llegaba, gran parte de la población no iba a tomar conciencia de lo que implicaron esas políticas. Cuando el PRO recibió la ciudad, el Ministerio de Salud tenía un 21,6 por ciento de presupuesto destinado al funcionamiento de los hospitales. Hoy tiene un presupuesto del 15,6 por ciento. Es el mismo presupuesto que tenía Cacciatore, el intendente de la última dictadura militar, en ese proceso que cerró hospitales. El macrismo eliminó camas, avanzó con retiros voluntarios, dejó caer la aparatología de la salud pública. Obviamente, esto es parte de un proceso más general que, en distintos períodos, impactó sobre sistema público nacional. Desde 1954 a la fecha, se perdieron el 15 por ciento de las camas del sistema sanitario nacional, y en gran parte, fueron los trabajadores de la salud los que hemos sostenido los hospitales de la mejor manera posible. Con excepciones, como la gestión de Arturo Oñativia y la Ley de Medicamentos entre 1963 y 1966, o cuando Floreal Ferrara fue ministro de Salud de Cafiero en Provincia de Buenos Aires, en una experiencia que duró cuatro meses por la presión de las corporaciones. Por eso nosotros decimos que, una vez que superemos la pandemia, tenemos que conectar con las necesidades del pueblo para poder tener hospitales equipados, funcionando de la mejor manera posible. No podemos darnos el lujo de perderlos. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos el problema de que, de cada 10 habitantes, 8 se atienden en los sistemas privados y de gestión social. Pero ha quedado demostrado que también vamos a necesitar funcionar en red con el sistema público, con una mirada mucho más social.
Vos decías recién que la pandemia desnudó las políticas macristas sobre el sistema sanitario. Lo mismo ocurrió con las políticas educativas, sin inversión en infraestructura ni en programas de conectividad. ¿Creés, en este sentido, que se puede, finalmente, dar una discusión más integral sobre el modelo de ciudad neoliberal del macrismo, para que pueda ser gobernada por una fuerza de otro tipo?
Creo que la responsabilidad la tenemos todos los actores que tenemos otra mirada sobre la intervención del Estado y sobre la gestión del Estado, que debemos tener conductas de grandeza para poder articular un espacio donde existan acuerdos mínimos. En el caso que a mí me compete, que es la salud, entiendo que el acuerdo mínimo es sostener esta mirada: tenemos que ampliar la capacidad de los hospitales, tener más de 150 millones de pesos para la infraestructura hospitalaria sin subejecutar el presupuesto como ahora, tener una política de recursos humanos para asumir el desafío de que los hospitales públicos no funcionen solo hasta el mediodía. Porque parte de la población que se acerca a los hospitales tiene que venir a sacar un turno a las 2 de la mañana para que le digan que hay un retraso de 6 a 8 meses en una operación de vesícula. Algo que se puede solucionar, como presentamos en su momento desde ATE, con un simple acto administrativo que casi no implica presupuesto. Por supuesto, no se hace porque son decisiones políticas. Necesitamos que el Estado proteja y acaricie cuando alguien viene con un problema de salud al hospital y no que agreda y desde una ventanilla –por supuesto, no son culpables los compañeros que están allí– se le diga que vuelva dentro de 8 meses. El desafío es recuperar las riendas del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que podemos hacerlo, si adquirimos el compromiso de no mirarnos el ombligo y conseguimos articular distintos pensamientos, si somos tolerantes pero construimos acuerdos mínimos sobre cómo gestionar el Estado en las áreas de salud, educación, políticas sociales.
