El viernes 9 de abril, a partir de un decreto presidencial, la Procuración del Tesoro se sumó como querellante, en representación del Estado, a la causa que investiga si existió administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública por parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios de su gobierno durante el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional. Se suma así a la presentación que la Oficina Anticorrupción realizó luego de que el Presidente había anunciado, al abrir las sesiones ordinarias en el Congreso, que impulsaría una querella criminal para abrir la investigación que busca determinar la existencia de esos delitos. La denuncia se presentó en el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, donde ya está radicada la causa 3561/2019 “Macri, Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, a partir de una denuncia presentada hace dos años por el ahora director del Banco Nación, Claudio Lozano, junto con Jonatan Baldiviezo. Además de esa denuncia, Lozano presentó en 2019 el libro La deuda ilegítima (hoy reeditado digitalmente), en el que desarrolla la relación funcional entre modelo neoliberal y endeudamiento –a partir de la necesidad de financiamiento para sostener una economía que implicaba especulación, reprimarización y distribución injusta de los ingresos–, que se plasma sobre tres números que coinciden y donde se ve este proceso de salida a la acumulación financiera, vía intervención del FMI: Lebacs, desembolsos del Fondo y fuga. Sobre la especificidad de este proceso de endeudamiento y las consecuencias del avance en la querella criminal, Claudio Lozano conversó con Sangrre.
En La deuda ilegítima planteás que el proceso de endeudamiento durante la gestión macrista fue parte necesaria de la implementación del modelo neoliberal. ¿En qué sentido el endeudamiento es funcional?
Es parte necesaria y también es resultado. El fenómeno del endeudamiento argentino, desde Martínez de Hoz en adelante, supone la puesta en marcha del proceso de apertura comercial y financiera de la economía argentina. En ese marco es donde se produce el endeudamiento. Lo que hace Macri en el comienzo de su gestión es desregular completamente las relaciones financieras con el exterior y, consecuentemente, abrir la Cuenta Capital de la economía argentina y permitir que los capitales puedan ingresar o salir como se les antoje. Eso termina generando una suerte de relación directa entre la posibilidad de que capitales locales o extranjeros puedan invertir a tasas de interés en pesos fuertemente diferentes respecto a las vigentes a nivel internacional; para, luego, obtenida la renta en pesos y sobre la base de un dólar cuya evolución fue inferior a la que, en todo caso, tuvo la tasa de interés, sacar esa renta transformada en dólares. Entonces, el régimen de acumulación financiera y fuga de capitales se sostiene en el proceso de apertura financiera de la economía, una desregulación que es parte de la lógica constitutiva de la experiencia neoliberal.
Hay un discurso, un fetiche, que dice que las inversiones financieras que llegan serían el preludio de las inversiones, en términos reales, que luego recibiría la economía argentina. Pero lo que muestra la experiencia histórica de la economía de nuestro país en los últimos 45 años es que, siempre que pasó esto, lo único que hubo fueron inversiones de carácter financiero, nunca llegó la “lluvia de inversiones” en términos reales. Por detrás de ese fetiche lo que hay es un negocio muy concreto: la capacidad de realizar rentas especulativas en dólares de una magnitud realmente muy significativa. Que permitió, por otro lado, sostener el acuerdo de la comunidad de negocios por detrás de la experiencia macrista en un contexto de caída muy importante de la actividad económica interna. Porque las empresas de más peso, los grandes grupos empresarios que tienen inserción productiva o comercial podían, de esta forma, compensar el deterioro que tenían en actividades propias específicas. Por ejemplo, Arcor, un grupo empresario que tuvo pérdidas en la etapa de Macri, compensaba las pérdidas con las rentas financiera que tenía. Cumplía, entonces, la función también de sostenerles el respaldo, incluso el de aquellas facciones del capital local que, en el contexto del ordenamiento que seguía la economía, perdían posiciones.
Se trataba de algunos grupos, como vos decís, grandes de la economía; no todo el sector industrial más pequeño, mediano, dinámico. En este sentido, uno de los procesos de la política económica del macrismo fue cierta reprimarización de la economía. ¿Tienen alguna relación ambos procesos?
El esquema resultante de la apertura comercial y financiera que hace Macri implica que, si vos dejás que la economía funcione en esos términos, Argentina ingresa en un conjunto de déficit muy importante que solo se puede sostener con deuda. Vos abriste comercialmente: por lo tanto, tenés un incremento de las importaciones; como tenés, además, un patrón distributivo sumamente regresivo, tenés un incremento del consumo superior de los sectores de altos ingresos que, en general, tiene una dominancia importada mucho mayor. A su vez, como en general en este tipo de política retrasás la evolución del tipo de cambio, eso hace que se reprimarice tu patrón exportador y, por lo tanto, hay reglones de la exportación que no salen. Tendés a tener déficit en la cuenta comercial. También tenés déficit en la cuenta de servicio. Y lo que se incrementa, de manera sustantiva, es el turismo en el exterior: esa era una cuenta que consumía muchas divisas. Y a eso se le agrega la fuga de capitales.
Entonces, tenías déficit comercial, déficit en la cuenta de servicios y déficit por fuga. Consecuentemente, al final del año 2017, Macri choca la calesita, porque llega un punto en que la necesidad de financiamiento que la Argentina tenía para poder sostener ese esquema de funcionamiento –que implicaba especialización primaria, alto contenido de exportaciones, fuga de capitales y fuerte turismo en el exterior– era aproximadamente un ingreso de 40.000 millones de dólares anuales, que tenían que entrar por endeudamiento o por capitales que, al intentar captar la tasa de interés local, luego se tenían que ir. O sea que 40.000 millones anuales tenían que ingresar a la Argentina para que el funcionamiento de la economía sostenida en la especulación, la reprimarización y la distribución injusta de los ingresos pudiera cerrar.
La ilusión macrista era que, por ser él expresión de la comunidad empresarial dominante en Argentina, nunca le iban a cortar el chorro. Pero a fines de 2017 quedó claro que el chorro se lo cortaron igual. Ese es el momento en el que Macri va al Fondo, con la Argentina que él construyó en default. Ahí el Fondo hace todo lo contrario de lo que sería su intervención tradicional: tendría que haberle dicho “usted está en default, tiene que reestructurar su deuda”. Era decirle también, dos años antes del final de su mandato, que ya había puesto en default a la Argentina porque tiene un régimen de apertura comercial y financiero que hace que la plata entre por un lado y salga por otro, por lo cual debía modificar su régimen de política económica. Esas eran las dos cosas que el Fondo le debería haber recomendado, no de acuerdo a lo que a mí me parece, sino de acuerdo a lo que el FMI por su misión tendría que haber cumplido y por lo que establece su propio estatuto. Y el Fondo no solo no hizo nada de esto, sino, al contrario, le financió la posibilidad de que siguiera sosteniendo el régimen de política económica.
Hay tres números que son centrales para ver esto: a junio de 2018, la cantidad de capitales que estaban en las famosas Lebacs –invertidas a tasas en pesos descomunales como no pagaba nadie en el mundo– eran unos 46.000 millones de dólares y las Argentina no tenía los dólares para que salieran. Esos capitales habían quedado “encerrados” en la Argentina: habían entrado, habían hecho ganancias en pesos, pero no podían salir con los dólares. El segundo dato –que es el que permite la salida de estos capitales– es que entran 44.900 millones de dólares del Fondo entre julio del 2018 y septiembre de 2019 para darle salida. Y cuántos se fugan: 45.000 millones de dólares. Estos tres números que coinciden: Lebacs, desembolsos del FMI y fuga, son los que reproducen la lógica de darle salida a la acumulación financiera, vía intervención del Fondo. El Fondo tiene prohibido prestarles a países en situación de fuga de capitales, y la Argentina ya estaba en situación de fuga entre 2016 y 2018. Pero si entre 2016 y 2018 se fugaban alrededor de 1.400 millones de dólares por mes, a partir del ingreso del Fondo se fugan 2.500 millones de dólares por mes. Es decir, el Fondo no solo no tomó en cuenta que la Argentina ya venía fugando divisas, sino que le permitió que fugara más todavía. Violentó todas sus reglas, lo hizo claramente, y esto fue incluso reconocido públicamente por el hoy presidente del BID y que era el delegado de Trump ante el Fondo, Claver-Carone, quien dijo que Estados Unidos forzó que se sacara este acuerdo, incompatible con sus funciones, por una razón de carácter geopolítico. Por eso es que el debate con ese organismo no puede ser financiero, tiene que ser político. Y el Fondo, en un contexto de esa naturaleza, primero, no puede eludir su responsabilidad en la crisis de la Argentina y, segundo, no puede argumentar que no puede modificar determinadas condiciones porque viola su estatuto, porque eso lo hizo perfectamente para prestarnos.
En ese sentido, el planteo de Alberto Fernández de presentar una querella criminal contra los exfuncionarios del gobierno que tomaron esos préstamos parece tener importancia, por un lado, como precedente a un límite de acciones, para que no vuelva a ocurrir lo mismo; pero también debería funcionar para la negociación que está llevando adelante el Ministro de Economía.
Mi impresión es que una definición de esta naturaleza, lejos del argumento de los medios dominantes de que debilita a Guzmán, fortalece la capacidad de negociación de la Argentina. Porque lo debilita si tengo como hipótesis que tengo cerrar un acuerdo rápido en los términos tradicionales del Fondo. Ahora, los términos tradicionales del Fondo son: condicionamientos inmediatos en materia fiscal y monetaria, condicionamientos estructurales, más endeudamiento y, consecuentemente, la imposibilidad de que la Argentina enhebre una estrategia de desarrollo. Desde esa perspectiva, una querella contradice ese objetivo. Ahora, desde la perspectiva de lograr un acuerdo diferente, es absolutamente imprescindible que se avance. Por eso, es muy importante lo que hizo la Oficina Anticorrupción en presentar la denuncia penal; y es más importante todavía que se cumpla lo que dijo el Presidente, en el sentido de que, efectivamente, a través de la procuración del Tesoro el Estado argentino se transforme en querellante, de manera que esta no sea una causa más, una denuncia penal más que duerma el sueño de los justos en el seno del poder judicial.
Creo que, si nosotros vamos a fondo acá adentro y trazamos una línea de límite para cortar con la impunidad que han tenido funcionarios que siempre han estado de un lado y del otro del mostrador –que incluso se reiteran, como Sturzenegger–, sería un precedente muy importante. Pero creo además que, como parte de la política exterior de la Argentina, y habida cuenta del carácter singular que tiene este crédito –que no es un crédito stand by más del Fondo–, Argentina debería llevar, como lo hizo Cristina al final de su mandato con el caso Griesa, el caso a la ONU. En aquel momento, incluso, no era tan específico como ahora, en la medida en que aquella era una discusión con acreedores privados. En este caso se trata de una discusión con un organismo multilateral creado por los estados que están en la ONU. Argentina puede mostrar allí todas las irregularidades para forzar la importancia de establecer el principio de corresponsabilidad que existe. Es una barbaridad que Argentina tenga que afrontar 44.900 millones de dólares a devolver cuando acá no quedó un dólar. Porque todas las argumentaciones que han surgido del macrismo para defenderse –que en realidad pagaban deuda anterior, que la deuda era para pagar el déficit, o que tomaron deuda para pagar– son absolutas mentiras. Porque todo gobierno, en el marco de una Argentina endeudada, tomó la responsabilidad de negociar la deuda anterior. Ahora, en algunos casos se hizo pagando y en otros expandiendo el endeudamiento. Claramente, el caso Macri es un caso donde pasamos de una deuda pública que al final del período de Cristina era el 56 por ciento del PBI, al final del período Macri donde era el 90 por ciento. Y, al mismo tiempo, tampoco tiene que ver con el déficit fiscal, porque mientras crece el endeudamiento cae el gasto público y se reduce el déficit; es más, en 2019, que es parte del año donde entra la plata del Fondo, hay superávit en el Estado argentino como fruto de la política de ajuste. Argentina tenía dólares, como fruto del ajuste, para afrontar per se los pagos de deuda. Nosotros teníamos 19.000 millones de dólares de saldo positivo en la cuenta comercial de bienes y servicios y teníamos 10.000 millones de dólares del Banco Mundial. Teníamos casi 30.000 millones para vencimientos que eran, en todo caso, unos 37, 38.000 millones. Tomaron 44.900 millones porque el único objetivo era sostener la acumulación financiera y la fuga. Y eso lo decidieron pasando por encima de todas las normas jurídicas, administrativas, constitucionales del país y sabiendo perfectamente lo que estaban haciendo, porque tenían que darle salida a los capitales que entraron.
Por lo tanto, Argentina tiene todos los elementos para querellar a los funcionarios que actuaron para que tengan que responder, incluso, patrimonialmente. Y además, llevar el debate al Fondo y mejorar sus relaciones de fuerza en la negociación. Porque además es algo que va a ser acompañado por muchos países que tienen también pleitos pendientes con el Fondo y que necesitan, además, de un Fondo que funcione de otra manera.
Hablabas de los exfuncionarios, de la responsabilidad del Fondo y hay una tercera pata: los sujetos y las empresas que fugaron –algo que, de hecho, está documentado. ¿Qué tipo de intervención se puede hacer sobre ellos, si es que les cabe alguna responsabilidad?
La investigación de la deuda no solo debería ser un tema judicial, sino que debería ser un tema parlamentario. De hecho, el libro que nombrabas tiene como subtítulo “Renuncia del Parlamento, desafío de la democracia”, porque el Parlamento nunca hizo lo que debería hacer y para lo cual, ahora, tendría la situación servida. Porque ya la Oficina Anticorrupción dice que hay delito. Entonces, lo que hay que identificar ahora es quiénes son los autores del delito y qué tipo de delito es, en función del nivel de connivencia entre funcionarios y actores económicos. Que hay delito, ya está claro. Que hay inconstitucionalidad del endeudamiento, está claro. De hecho, la Oficina Anticorrupción pide el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero. Porque vos tenés que saber quiénes son los bancos que intervinieron en la colocación de la deuda de la Argentina, que no se hizo a través del Banco Nación, que es el agente financiero del Estado, sino que se le cedió a la banca privada, en muchos casos sin licitación, para que ellos coloquen los bonos. En esa colocación de bonos, muchas veces son cedidos por debajo del valor que tienen para que el banco privado haga una diferencia para colocarlo en el mercado. Primer problema. Segundo problema: obviamente, se paga una comisión; entonces hay que ver qué relación tienen esos bancos con los funcionarios que intervinieron desde la Secretaría de Financiamiento, el Banco Central y el Ministerio de Economía, en qué medida han sido funcionarios históricos de los bancos intervinientes. Y, finalmente, hay que ver quiénes son los que salen, los que compran divisas. Esa documentación está: el Banco central hizo el estudio, dio que se fugaron 86.194 millones de dólares en los cuatro años y que, además, ese monto está fuertemente concentrado en un número muy reducido de empresas y de personas. Es el 1 por ciento de las empresas la que se lleva 40 y pico de miles de millones de dólares y el 1 por ciento de las personas humanas que se lleva otros 20.000 millones; donde aparecen Telefónica, Mindlin, todos los conocidos. Eso va a mostrar, en algunos casos, delitos penales, en otros delitos administrativos. Y, en otros casos, aunque no haya delito porque sacar la plata era legal –a menos que puedas demostrar que usaron información privilegiada–, lo que se puede hacer es investigar en qué medida esa plata pagó las ganancias que debía y establecer un mecanismo de resarcimiento al Estado, por ejemplo, con un impuesto específico.
