Después de la caída económica de 2020, el desafío central para 2021 parece centrarse en la disputa sobre cómo se distribuirán los frutos de la recuperación de este año. Los precios de los alimentos y la recomposición salarial, la posibilidad de impuestos progresivos, el control cambiario y la regulación del comercio exterior parecieran ser algunos de los puntos sobre los que se sostiene la posibilidad de una fase de recuperación impulsada por la demanda interna luego de dos años de recesión macrista y uno de pandemia. Sobre esto conversamos con el economista Horacio Rovelli.
En un documento publicado hace algunas semanas, economistas bonaerenses –Roberto Feletti, Juan Manuel Pignocco, Martín Di Bella, Diego Perrella y Érica Pinto– planteaban una serie de oportunidades para la economía en este 2021. Para esto, marcaban cuatro puntos sobre los que prestar atención: completar el plan de vacunación, poder asegurar el aumento de las reservas que otorgue seguridades a la economía, mantener controlado el nivel de precios de los alimentos y tarifas, y llevar a la práctica de manera rápida el plan de obras. ¿En qué sentido estos puntos pueden ser centrales para la economía?
El documento está planteado desde la perspectiva de tener un punto de apoyo, una base mínima de operaciones, que permita frenar el nivel de caída de la actividad (el PIB cayó en el año 2020 en un 9,9%, el consumo en un 13,1% y la Inversión Bruta Fija en 13% –según el INDEC– con respecto al año 2019 en que ya había descendido en un 2,1%). El trabajo dice claramente, entonces, que se debe asegurar el nivel de reservas internacionales del BCRA. Y no es un tema menor, cuando vemos, por ejemplo, que el superávit comercial de todo el año 2020 fue de 12.528 millones de dólares y, sin embargo, las reservas internacionales del BCRA disminuyeron 5.780 millones en ese lapso. Estamos diciendo que el BCRA por pagos y transferencias autorizó que se vendieran 18.308 millones de dólares de sus reservas, de los cuales se emplearon unos 5.200 millones de la moneda norteamericana para pagar los servicios de la deuda externa hasta el 22 de abril de 2020 que nos declaramos en default y los intereses de todo el año. Además, hubo unos 1.900 millones de dólares en la venta del llamado “dólar ahorro”, al “chiquitaje” que compra hasta 200 dólares por mes. Pero los 11.200 millones de dólares restantes se vendieron irresponsablemente: más de 5.000 millones en pago de adelantos de importaciones, o sea productos que no habían ingresado a la aduana del país, y otros 6.200 millones de dólares a supuesta deuda externa privada del Banco Galicia, del Banco HSBC, del grupo IRSA (Eduardo Elsztain, dueños del Banco Hipotecario, de campos y de shopping en todo el país), etc. No decimos que no tengan esa deuda, lo que decimos que ellos están dentro de los que fugaron los 86.200 millones de dólares en la gestión de Cambiemos, que el mismo BCRA presentó en su Informe denominado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”. Esto se pudo haber evitado si se anulaba el Decreto 893/2017 y de esa manera se restablecía el Decreto 2581/1964 de Emergencia Cambiaria.
Con respecto al precio de los alimentos, la crítica de los autores del documento es: partimos de una economía tan concentrada en la producción, distribución y comercialización de la leche y derivados, carnes, harina, aceites, fideos, arroz, yerba, azúcar etc., cuyos precios aumentaron de un año a esta parte (marzo 2021 contra marzo 2020) en dólares en los mercados internacionales en no menos del 40%, que los empresarios de esos sectores tienen forma de igualar el precio interno con el internacional. En esas condiciones, el gobierno deprecia fuertemente nuestra moneda en un 51,17% (de $ 64,50 a $ 97,50). Por ejemplo la botella de aceite mezcla de 900 ml que acá comercializan en un 90% cuatro marcas (Cocinero de Molinos Río de la Plata, Cañuelas, Arcor y Natura de Aceitera General Deheza), se vende en Ámsterdam (que es el puerto de entrada de Europa) a 1,70 euros (unos 2 dólares); acá, con retenciones (derechos de exportación), no baja de $180. Por eso los autores plantean que solo si se frena el valor del dólar se logra estabilizar la economía nacional, y esa es la principal batalla que se tiene que librar.
No es, entonces, un problema de estructura de costos donde jueguen los aumentos salariales o del combustible (que es muy secundario en la formación del precio, porque toman el precio internacional como referencia). En la Argentina de los últimos 45 años la principal causa de la suba de precios es el valor del dólar, y ello es así por la fuerte extranjerización de la economía y el predominio que tienen en sus respectivos mercados. Es obvio que los grandes formadores de precios de alimentos en el mercado argentino se benefician y propician la suba del valor de la divisa. Entonces debemos frenar sin miramiento la existencia de todo dólar que no sea oficial y no convalidar aumentos de precios sin una estructura de costos que lo respalde y demuestre. Se deben tomar medidas que prioricen el mercado interno y desacoplen el precio interno del externo aumentando las retenciones; se debe reducir la tasa de depreciación cambiaria y controlar todo el proceso de la cadena de valor, producción, distribución, comercio y consumo, donde el grado de concentración de las empresas que intervienen generan márgenes de ganancia que forman parte del precio final, márgenes que deben ser mucho más razonables y no confiscatorios de los ingresos de la población. Con las tarifas pasa exactamente lo mismo: las empresas prestadoras de los servicios de luz, electricidad y comunicaciones pretenden aumentar sus precios y no se sabe el costo de extracción, transporte y distribución. Por otra parte, en la gestión de Cambiemos ganaron fortunas y son las principales fugadoras de capital del período.
Por último está la necesidad de la obra pública como dinamizador de la actividad y creadora de empleo. Para ello no basta con postergar el pago de capital de la deuda hasta el segundo semestre de 2024 –incluida la del FMI–, sino que, sobre todo, se debe cobrar impuestos a los sectores de mayores recursos y aumentar los derechos de exportación (retenciones), que implican mayores recursos para el fisco y a la vez menores precios para el mercado local.
Con la pandemia del 2020 aún en desarrollo, vos marcabas hace algunos días que para que este ciclo expansivo de la economía –algunos creen que el crecimiento será incluso mayor del 5,5% previsto en el Presupuesto– impacte en las mayorías es necesario desarmar el modelo agroexportador que se fortaleció claramente durante el macrismo. ¿Cuáles son las razones que explican esta nueva versión del modelo agropecuario exportador de nuestro país? ¿Y en qué sentido deberían orientarse las políticas económicas que le pongan límite, al menos, a la apropiación de la minoría rentista?
El único camino que se debe transitar es defender el mercado interno, el trabajo nacional y nuestra soberanía política. El consumo interno refleja el destino de más del 70% de lo que producimos. La deuda externa en general, y con el FMI en particular, nos subordina a los mercados internacionales y nos obliga a vender productos primarios. A nuestro país no lo beneficia exportar 39 millones de toneladas de maíz –como se hizo el año pasado– y que el precio promedio de la carne en el mercado argentino crezca un 75%, como sostuvo el IPCVA (Instituto Promotor de Carne Vacuna Argentina), porque se vendieron casi un millón de toneladas al exterior. Lo que debe hacerse es garantizar el abastecimiento de maíz para el mercado interno y a un precio accesible a los productores de carne y al consumo. Esos sectores tratan de imponer un modelo extractivista y agropecuario exportador a costa de nuestra población; entonces, tenemos el record histórico de venta de carne vacuna en el año 2020, mientras que el consumo per cápita de ese año fue de solo 50,1 kg por año, el más bajo de los últimos cien años. Nuestro país es menos del 0,3% del PIB mundial y sin embargo está entre los primeros diez países exportadores de alimentos (granos y carnes). Al mismo tiempo, hay que ver quiénes son los extractivistas: Techint con Tecpetrol, Total Austral, Pan American Energy (PAE), Petrobas, Pluspetrol, LF Company, Apache, Chevron, Glencore, Barrick Gold, Silver Estándar, Vale, Yamana Gold, etc. O impulsamos el mercado interno y el trabajo y la producción nacional o somos una factoría del gran capital internacional y local.
Este reciclado modelo agroexportador que vos describís parece contener dos problemas centrales: el desempleo y la depreciación del salario. En términos de empleo y salario –sobre todo pensando en el empleo joven, tan difícil en estos tiempos– escribías que entre 2003-2011 se redujo la desocupación a razón de 104.320 personas por año, por lo que en ese período se crearon casi un millón de empleos nuevos, que absorbieron gran parte de la desocupación proveniente de la convertibilidad y de la crisis del año 2002 gracias a apuntalar el consumo interno en desmedro del sector externo. ¿Creés que es posible volver a un ciclo como ese? Y, si es así, ¿cuál es el desacople necesario a hacer entre las distintas variables de la economía para que eso suceda?
Claro que es posible: existe una correlación entre el crecimiento del consumo interno y del empleo. Hoy tenemos un salario promedio industrial en pesos que no llega a ser el equivalente a 800 dólares por mes; un salario promedio registrado que está en torno a los 600 dólares; y un salario mínimo vital y móvil que es operativo en el interior del país y en el tercer cordón bonaerense de $21.600 (unos 220 dólares). Con estos montos, la Argentina lo único que hace es ajustarse para generar más saldo exportable: porque a los extractivistas y a los agropecuarios exportadores no les interesa el trabajo nacional, quieren la riqueza bruta; y para ellos, cuanto menos se consuma internamente, mejor, porque realizan una mayor ganancia y, como no son buenos los controles, existen la doble contabilidad y la fuga.
Con todos sus errores –y también sus grandes aciertos– el kirchnerismo en la Argentina (del mismo modo que otros movimientos nacionales y populares en América Latina) logró demostrar que se pueden producir más bienes y servicios, crear empleo, que se distribuya el ingreso con mejoras en la participación de los asalariados en el PIB, con impulso a las economías regionales, con imprescindibles obras de infraestructura en todo el país y con integración comercial entre los países latinoamericanos, partiendo de un shock distributivo. Esto es, poner plata en el bolsillo de la gente y evitar que las grandes corporaciones aumenten los precios y se queden con ese mayor ingreso, y, finalmente, apuntalando al mercado interno y regional. Lo que se debe generar es este mismo shock productivo, que recupere el poder de compra de los argentinos para que aumente el tejido económico y productivo de abajo hacia arriba. Para esto es fundamental el control de los precios y el acceso al crédito. Es indispensable aumentar la liquidez sobre el PIB para que se dirija directamente a los sectores de la población que, principalmente, están conformados por los beneficiarios del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y los trabajadores que perciben remuneraciones por menos del promedio, y a las pequeñas y medianas empresas y al Estado. Para ello se debe transformar el stock de LELIQS (por casi 2 billones de pesos, equivalente a 20.600 millones de dólares, aproximadamente el 6% del PIB) en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio, e ir liberando en cuotas tal tenencia. De ese modo, y a una tasa regulada y administrada por el BCRA, el enorme stock de LELIQs se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento del crédito a la producción y al trabajo.
Todo esto es posible si, paralelamente, se llama a los responsables de las primeras cien empresas que fugaron 24.679 millones de dólares durante el macrismo –y que el gobierno sabe quiénes son (esto puede verse en el Informe del BCRA “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”)– y se les pide explicaciones sobre cómo crearon esa fortuna, cuánto está declarada y sobre cuánto pagaron el impuesto a las ganancias.
Entonces, una de las claves sobre las que se sostiene este modelo pareciera ser la baja de aranceles y el poco control del mercado externo. En este sentido, el paso a manos públicas de la hidrovía del Paraná parecería central para desandarlo.
Con todas sus limitaciones, la Argentina antes de Menem, a nivel de flotas, de puertos, de industria naval, de barcos, de dragado, etc., era un país soberano. Con el menemismo los ríos quedaron a expensas de las multinacionales que los pusieron al servicio de su renta. De una organización nacional de los puertos, gobernada en forma centralizada por la Administración General de Puertos –de la que dependían todos los puertos marítimos y fluviales–, luego del dictado de la Ley Nacional de Puertos N° 24.093 en el año 1992, la disolución de esta Empresa del Estado y la reforma portuaria, se produce la desactivación paulatina de la Dirección Nacional de Vías Navegables, repartición encargada del mantenimiento de las profundidades de los puertos y canales. Ante esta situación, en el caso de la mal llamada Hidrovía, se decide contratar su mantenimiento mediante el sistema de Concesión de Obra Pública por Peaje, lo que se concreta en el año 1995 a favor de una UTE formada por Jan de Nul, empresa belga de dragado de primer nivel y EMEPA, empresa argentina que realiza las tareas de balizamiento, cuya última renovación vence el 30 de abril de 2021. Esta concepción hace que el diseño de ríos sea a favor de las multinacionales y tiene como objetivo alimentar los puertos uruguayos de Nueva Palmira y de Montevideo. La Argentina ponía todo, inclusive las inversiones, porque hay que tener en cuenta que el dragado de los ríos lo paga el presupuesto nacional y sin embargo lo usan gratis los extranjeros para sacar mercaderías que inclusive compiten con las nuestras. Lo que realmente es insólito: que un país financie y subsidie a sus propios competidores. Porque a un exportador de cereales internacional no le importa que la soja sea argentina, brasileña, uruguaya o paraguaya, le interesa comprarla lo más barato posible. En la gestión de Macri se acuerda con Uruguay autorizar al Canal Profundo Montevideo, que entroniza al puerto de esa ciudad como el puerto central de la Cuenca del Plata, obligando a todos los buques que ingresan o egresan de la Argentina a pasar por Montevideo. Hasta la década de 1990, Montevideo era un pequeño puerto, acorde al producto bruto uruguayo. Después de los años 90 se convirtió en un megapuerto, con zona franca incluida, y esto es así porque en ese puerto operan con mayor libertad las grandes comercializadoras de granos.
El 28 de agosto de 2020 el Presidente Alberto Fernández comunicó la creación de la “Administradora Federal de la Hidrovía – Sociedad del Estado”, conformada por el 51% del Estado y el 49% de las provincias, con el objetivo de administrar la vía navegable y resolver los procesos licitatorios que atiendan a su mantenimiento. Pero el 26 de noviembre, mediante el Decreto 949/20, le permite al Ministerio de Transporte de la Nación, en forma exclusiva, llamar a una licitación para adjudicar su dragado, balizamiento y mantenimiento; de allí el pedido de informe del senador Taiana, que el Poder Ejecutivo, a la fecha, no respondió.
Las corporaciones agroindustriales y del acero pretenden que el Estado –nacional, provincial– no participe en la gestión del río y que su rol sea de contralor, pero todos sabemos que si el Estado no administra tampoco puede controlar. “Esta es una de las pocas obras de infraestructura multimillonarias que va a ser financiada íntegramente por el sector privado”, asegura Gustavo Idígoras, quien dirige la Cámara de Exportadores de Cereales, la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina y el Consejo Agroindustrial Argentino. Lo que Idígoras omite cuando habla de la “financiación privada” son los millonarios subsidios estatales recibidos por Jan De Nul desde 1995, que llegaron a 40 millones de dólares por año, además de cobrar el peaje. Como escribió Mempo Giardinelli en una nota pública al Presidente, titulada “Entregar el Paraná es como entregar Malvinas”: “nuestro río exige administración propia, o sea nacional, para que al cuidado esté nuestra gente, la AFIP cobre fuertes impuestos a los agroexportadores, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sea el organismo de control de lavado de dinero, el SENASA asegure la salubridad de todo lo que entra o sale por sus aguas, y la Prefectura Naval ejerza severos controles. Ninguno de esos objetivos debiera ser tercerizable y menos en manos extranjeras”. Es imprescindible ir por ese camino.
