El miércoles 22 de abril se publicó en el Boletín Oficial el detalle de la propuesta que el Estado Argentino realizó a los tenedores de bonos en moneda extranjera, con un período de tres años y medio sin abonar intereses y tres años más para comenzar a devolver el capital como ejes centrales. Con esta reestructuración, el gobierno nacional aspira a contar con más fondos sin tener que afrontar deuda pública en el corto y mediano plazo, para poder liberar recursos públicos destinados, en lo inmediato, a la emergencia sanitaria, pero también a apuntalar, en el mediano plazo, políticas de reconstrucción de la economía argentina.
Desde SANGRRE, Lucía De Gennaro conversó con Horacio Rovelli –licenciado en Economía y profesor de la Universidad de Buenos Aires– sobre el concepto de la propuesta realizada por el Estado Argentino, en virtud de la situación económica local y la crisis mundial actual que parece contener una deslegitimación sobre el funcionamiento del capitalismo global de las finanzas, y quizá la posibilidad de pensar políticas que aspiren a reconstruir en nuestro país las bases de una estructura productiva, laboral, social menos desigual.
El Gobierno formalizó en el Boletín Oficial la reestructuración de la deuda que había hecho ante la Comisión de Valores de los EE.UU. y presentado en la conferencia de prensa por el Ministro de Economía con el Presidente y los gobernadores. ¿Qué consideraciones pueden hacerse de esta propuesta?
En el Boletín Oficial del 10 de marzo de 2020 se publicó el Decreto 250 que le confiere al Ministro Martín Guzmán, y en el marco de la Ley de Emergencia Económica, la facultad para negociar con los tenedores de títulos de deuda pública argentina en moneda y con jurisdicción extranjera, que sumaban el equivalente a 68.842 millones de dólares. A partir de eso, el jueves 16 de abril el gobierno, en conferencia de prensa, dio a conocer al pueblo argentino, y al otro día envió a la SEC (Comisión Nacional de Valores de EEUU), la propuesta de pago de esa deuda, con una quita del capital del 5,4% reconvirtiéndose en 66.238 millones de dólares, una quita de interés para todo el plazo del 62% (unos 37.900 millones de dólares) y tres años de gracia en un nuevo bono, cuyo primer pago está planteado para el 15 de noviembre de 2022, con una tasa de interés del 0,5% anual y el primer pago de amortización de capital operando en el año 2026.
Todo esto se hace por dos razones. Primero, porque no se tienen los recursos para pagar. Por más que se logre un superávit comercial porque por la pandemia se frenan las importaciones –y, aunque disminuyan nuestras exportaciones, no ocurre en la misma magnitud que las compras al exterior, porque igual el mundo debe comprar alimentos y forrajes, la base de nuestras ventas externas–, el Estado Nacional tiene déficit primario. Que, además, va a ser mayor a medida que la asistencia a los desocupados, a las PyMes, etc., sea más grande ante el freno de la actividad.
Segundo, se trata de 21 títulos públicos de deuda argentina con jurisdicción extranjera, y no se puede desconocer que, si no en todos, en la más amplia mayoría, tras el derrape en el valor de los mismos antes de la pandemia y sobre todo después, los llamados fondos de cobertura o de inversión financiera (como BlackRock, Franklin Templeton, PIMCO, Vanguard, Fidelity) tienen más del 25% o del 33% de las acreencias, según el título. Para evitar que se cumpla la cláusula de acción colectiva que hace que si el 75% o el 66% de los acreedores aceptan la propuesta Argentina, los demás deben también aceptar. En esas condiciones, se torna imposible que esos fondos voluntariamente consientan que se les postergue su pago por tres años y se le reduzca la tasa de interés al 0,5% anual para después ser en promedio del 2,33% anual. Van a juicio usando la Justicia norteamericana como se hizo en su momento con el Juez Thomas Griesa y la Corte Suprema de los EE.UU. que falló el 14 de junio de 2014 a su favor al no tratar el caso argentino. A lo sumo, esperarán que pase la pandemia para volver a presionar, como hizo el representante de BlackRock al Ministro Martín Guzmán: “Nosotros tenemos espalda y podemos sentarnos a esperar a negociar con otro gobierno que entienda a los mercados. Como los entendía el gobierno anterior, por ejemplo”.
Desde la presentación de la propuesta, la respuesta de los bonistas (o al menos de una parte de ellos, que muchos medios disfrutan de amplificar) fue su contundente rechazo. Sin embargo, el ministro Guzmán ratificó que será la única propuesta que se haga. ¿Cuáles son las consecuencias para nuestro país en caso de que los tenedores de bonos no acepten y caigamos en default?
No hay más opción que el default de esta parte de la deuda en moneda y en jurisdicción extranjera. Con el resto se puede utilizar el principio jurídico de declarar estar en un “estado de necesidad”, con lo que el Estado no solo podría poner realmente prioridad en la atención de la emergencia marginando toda otra obligación y/o pago financiero, sino también hasta podría mejorar su posición negociadora al contar con una posición de fuerza y pasar la iniciativa de negociación a la Argentina, con que los acreedores deben esperar obligadamente. Incluso el crédito con el FMI que se le adeuda en torno a los 44.000 millones de dólares y se debe amortizar en tres años a partir del 2021.
No hay consecuencia inmediata porque no hay ninguna posibilidad de volver a los mercados “voluntarios” de deuda. Una vez superada la pandemia, los fondos de cobertura son muy poderosos con influencia directa en el gobierno de los EE.UU. y en las operaciones de comercio exterior: no hay que olvidar que BlackRock es uno de los socios dueños de Bayer-Monsanto, que es nuestro principal proveedor de glifosato. Entonces, el 22 de mayo de 2020 no se van a pagar los Bonos Global que vencieron el 22 de abril e incurriremos en default. La pandemia del coronavirus da un marco adecuado, el problema viene después. Amerita que, en ese ínterin, el BCRA cumpla real y fielmente con el mandato del Presidente al inaugurar las sesiones ordinarias el 1 de marzo 2020: “…el Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”.
Otra de las resonancias de los últimos días parece ser la presión sobre el dólar para erosionar nuestra moneda. ¿Qué significa esto y qué resultados puede tener para nuestra economía en la delicada situación en la que se encuentra?
Significa lo de siempre: el 30 de diciembre de 2019 el dólar Bolsa valía con el impuesto $76,00, en la tercera semana de abril el dólar Blue (paralelo), el CCL o el MEP ronda los $110, lo que representa una suba del 45% en pocos meses y esto es así porque los ricos de este país ahorran y fugan en dólares y los bancos son los grandes agentes de esa fuga y del salto del tipo de cambio. La demanda de divisas la pueden realizar muchos, pero los que deciden son los ricos y es imprescindible la participación de los grandes bancos del sistema financiero local en la fuga de capitales de la Argentina. Tal como se demuestra en las declaraciones ante la Justicia argentina del exfuncionario del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, como en la presentación de la AFIP de las cuentas de residentes argentinos no declaradas en el Banco HSBC de Ginebra, más la información provista por el BCRA sobre las compras de divisas en los años 2008 y 2009, más el listado de compradores de divisas en 2011 y los Papeles de Panamá, de Bahamas y de otros llamados “paraísos financieros”, y los 2.600 millones de dólares no declarados por 950 argentinos en bancos de la OCDE (organización de 37 países desarrollados) que recibió la AFIP de Mercedes Marcó del Pont. En todos estos casos, apenas un puñado de firmas es responsable de buena parte de la compra de divisas y de los capitales fugados. Algunos grupos económicos que operan en el país –como Clarín, Ledesma y Techint, entre otros– se repiten constantemente a través de dichas firmas, pero además por la presencia de sus principales directivos y accionistas. Según el Balance Cambiario del BCRA, la FAE (Formación de Activos Externos de residentes argentinos en el exterior) fue de 88.371 millones de dólares en la gestión del gobierno de Cambiemos, y las compras la realizaron los bancos para sí o en nombre de sus clientes.
Sabiendo todo esto, el BCRA actual para reducir las Leliq (Letras de liquidez del BCRA) le da a los bancos “más de 460 mil millones de pesos con la intención que ese dinero se preste”, según dijo su Presidente, Miguel Pesce. Seguramente que, explicando razones burocráticas, lo prestan pero en cuentagotas. Esto explica la suba del dólar paralelo (un eufemismo para nominar operaciones en negro) sin ningún tipo de registro del dólar CCL (“contado con liqui”: es decir, cuando de una cuenta de depósitos en pesos en un banco se da la orden de comprar un título público o privado (acción) que cotiza en mercados en el exterior y, se lo vende en dólares en ese mercado y los dólares quedan en una cuenta en el exterior) y del dólar MEP –Mercado Electrónico de Pagos– o dólar Bolsa (la misma operación: son títulos nominados en dólares que se compran en el mercado local en pesos y se venden en dólares y se depositan en una cuenta bancaria en el país).
El ministro Matías Kulfas, en una conferencia de prensa del 16 de abril, se mostró muy duro por esto con los bancos y reconoció que solo entregaron $60.000 millones a las Pymes. Dijo que en el Fondo de Garantías Argentino (Fogar) “hay algunas empresas que probablemente no califiquen y para todo ese sector armamos un fondo de garantías de $30.000 millones donde el Estado sale de garante”. Para el día viernes 17 de abril, el total de crédito a las PyMes había ascendido a $102.000 millones. Ante el grave problema de que no se produce y no se vende, esta cifra sigue siendo muy poco, ya que ni siquiera ayuda a paliar la cantidad de cheques rechazados y la rotura de las cadenas de pago. El BCRA debe intervenir directamente y exigirle a las entidades financieras mayor eficiencia y eficacia para dar debida respuesta a la falta de liquidez y que presten la capacidad crediticia que tienen, que es más de cuatro veces lo hasta ahora realizado.
Otra de las medidas sobre la que se planta avanzar para afrontar la crisis económica –preexistente pero, obviamente, potenciada por la situación de pandemia y cuarentena– es un impuesto a las grandes fortunas. ¿Te parece una medida acertada en un momento donde el Estado necesita recursos sanitarios para palear la pandemia pero también hacia muchos otros actores sociales, económicos para contener la crisis? En este sentido, ¿cuál es la evaluación que hacés de las medidas de asistencia directas e indirectas para distintos sectores afectados por la crisis económica?
En la Argentina los ricos pagan muy poco impuestos. Al analizar la estructura tributaria de nuestro país se observa que su composición es de carácter regresivo, ya que la mayor parte de los recursos fiscales provienen de impuestos regresivos (IVA, internos, combustible, etc.) gravan con una única alícuota a contribuyentes de alta y baja capacidad económica, sin hacer distinción alguna entre ellos. Peor aún, en los últimos cuatro años se produjo un aumento de la participación de los tributos regresivos sobre el total de la recaudación y, por ende, una reducción del peso de los impuestos progresivos (a la propiedad y a la renta).
Según los datos de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, la participación de los impuestos con carácter progresivo –tales como el Impuesto a las Ganancias (que pagan asalariados que ganan más de $70.000 en mano) y el Impuesto sobre los Bienes Personales, que cuentan con escalas que discriminan de acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes– cayeron fuertemente en los últimos cuatro años. El Impuesto a las Ganancias pasó de representar el 24,8% sobre la recaudación total en 2015 al 21,8% en 2019 y el Impuesto sobre los Bienes Personales pasó de 1,2% en 2015 a 0,6% en 2019. Es decir que los impuestos regresivos en el año 2019 fueron el 77,6% de lo que se recaudó. El IVA, por ejemplo pasó de representar un 28,2% de la recaudación en 2015 al 30% en el año 2019, un impuesto sumamente regresivo porque grava al consumidor final, impactando muy negativamente sobre los sectores más vulnerables.
Paralelamente, la ley de sinceramiento fiscal (conocida como “blanqueo”) hizo que los ricos de este país declararan solo activos en el exterior por 93.300 millones de dólares, cuando, en el Informe Técnico de Cuentas Internacionales de la Balanza de Pagos que compila el Indec, posición de inversión internacional IV trimestre 2019, infiere que el total de activos financieros externos de residentes argentino es de 399.550 millones de dólares: 61% corresponde a otra inversión (constituida fundamentalmente por moneda y depósitos); 17%, a inversión de cartera; 11% corresponde a inversión directa; y 11%, a activos de reserva.
Si a esos activos financieros, estimados por fuentes oficiales en 399.500 millones de dólares, los declararan con nombre y apellido de su titular y, se les restaran los bienes declarados en el exterior por 93.300 millones de dólares del año 2016 (Ley de Sinceramiento Fiscal) y pagaran la tasa del 2,25% anual (que es la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales por ser alcanzado por el mayor patrimonio), implicaría una contribución al fisco argentino por 6.900 millones de dólares por año.
Incluso, por la misma ley vigente, pueden ingresar una parte de esa suma al país, la depositan en el sistema financiero local y se eximen de pagar el gravamen. Esto es, dejan gran parte de esos activos en el extranjero, pero contribuyen con los indispensables recursos para hacer frente a la pandemia del coronavirus Covid-19 con alrededor de unos 5.000 millones de dólares por año, lo que, sobre un PIB estimado de 343.656 millones de dólares, significa el 1,45% del PIB que se sumaría a lo que abonan por los activos nacionales.
El problema es que no lo declaran, ni lo van a declarar. Si lo hicieran, dejarían de ser evasores, contribuirían con el sistema sanitario de la Argentina, de donde extrajeron esa riqueza, y a cambio, solo pagarían por esos activos que dejan en el exterior a la tasa del 2,25% que es la alícuota correspondiente. Pero no lo hacen no solo porque no quieren hacer ningún aporte, sino también porque deben decir que parte de esos fondos lo administran los fondos de cobertura que son los principales acreedores del país (BlackRock, Franklin Templeton, PIMCO, Vanguard, Fidelity, entre otros).
Tenemos que partir de las medidas tomadas hasta hoy por el gobierno: Salario Complementario, $70.000 millones; Subsidio de tasa para monotributistas, $11.000 millones; Garantía para los créditos, $26.000 millones; IFE, $80.000 millones; Refuerzo de AUH, $14.000 millones; Bono a jubilados y pensionados, $13.500 millones; Diferimiento de deudas de jubilados y pensionados, $10.000 millones; refuerzo de planes sociales, $1.200 millones; PROCREAR, $7.800 millones; alimentos a comedores, $7.000 millones; aumento de inversión en obra pública, $100.000 millones; FOGAR para garantizar créditos al 24% a Pymes, $30.000 millones; crédito para Pymes y teletrabajo, $8.000 millones; créditos para parques industriales, $2.400 millones. Es decir, un total de $380.900 millones, el equivalente a 1,2% del PIB. Sin esos nuevos aportes, las medidas tomadas por el gobierno seguirán siendo insuficientes, ya que en los países desarrollados no es menor al 10% del PIB.
¿Cuáles son las variables para pensar la economía pospandemia? Muchos plantean que será una oportunidad para pensar modelos más ligados a la equidad. Para vos, ¿cuál sería la orientación económica que se debería tomar, pensando en un desarrollo nacional?
Dentro de todo lo malo que significa la pandemia del Covid-19, lo bueno es que demuestra la ineficiencia del sistema de mercado y que se requiere de una fuerte intervención social y del Estado. Y que, a su vez, el Estado debe regular la actividad económica priorizando el conjunto de la población. Esto significa, por lo tanto, que se debe priorizar la salud y la educación pública y que se debe cambiar de raíz el sistema tributario para que se cumpla con el artículo 16 de la Constitución Nacional, que dicta que “La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas” y el principio constitucional: “…promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
