Cuando el “despacho móvil” del diputado Mariano Mansilla del Frente de Todos de Neuquén recorrió la localidad de Caviahue, recogió la problemática del acceso al sistema de lagunas de Trolope, un conjunto de espejos de agua ubicados a unos kilómetros de esa ciudad y dentro del Área Natural Protegida Copahue. A partir de esta situación, se presentó un proyecto de ley para que el Estado regule los accesos a los cuerpos de agua de toda provincia y tenga capacidad de administrar recursos de importancia estratégica.
Conversamos con la referencia de Sangrre en Neuquén, Emmanuel Guagliardo, abogado que trabaja con el diputado Mansilla en su “despacho móvil”, acerca del caso específico de las lagunas de Trolope y la propuesta de ley provincial que busca cuestionar el uso privado de los recursos comunes.
Específicamente en el caso del sistema de lagunas de Trolope, ¿cuál es la situación en el acceso al agua que la iniciativa que están llevando adelante pretende modificar?
Las lagunas del Trolope son una pequeña cuenca hídrica de la alta montaña en los Andes neuquinos. Se compone de cinco lagunas y una serie de arroyos, humedales y mallines que las van conectando. Este conjunto de cuerpos de agua se asienta en un campo de 8 mil quinientas hectáreas, a la vera de una de las caídas del volcán Copahue, justo en el límite con Chile. Es decir, es la naciente de altas cuencas de las aguas que alimentan el río Neuquén. El arroyo Trolope cae al río Agrio, justo en la intersección. Incluso está puesto en el escudo del mapa de Neuquén: junto con el volcán Lanin, las araucarias, al fondo está el salto del Agrio, con sus aguas coloradas porque los minerales del volcán pintan las rocas. Una pintura hermosísima. Estas lagunas forman parte del Área Natural Protegida Copahue, que es un parque provincial de 28 mil hectáreas que comprende al Lago Caviahue, las termas del Copahue, un centro de esquí muy importante. Estas lagunas son el treinta por ciento de la superficie del parque provincial, creado para proteger toda el área.
¿Y cómo se llegó al alambrado de la zona y la prohibición del acceso?
Hace por lo menos treinta años, las autoridades provinciales ya reconocen que las lagunas de Trolope se encuentran dentro de un terreno de propiedad privada. Existen dictámenes del plan de comanejo del año 1988, en tiempos del gobernador Salvatori, que es un gran dirigente desarrollista del justicialismo neuquino en formato emepenista, un caudillo con intereses neuquinos. Pedro Salvatori manda a los técnicos de áreas protegidas y establece que hay que hacer una servidumbre de paso para garantizar que, a pesar de ser privado el inmueble, pueda ingresar todo aquel que quiera ir. Además, el área tiene que contar con protección estatal especial, porque es un Área Natural Protegida. Sin embargo, el poder político primó más, y el MPN, que representa en una parte a los sectores que se han apropiado de las tierras productivas, benefició a esta suerte de Sociedad Rural neuquina.
Sociedad Rural Neuquina, es decir, ¿los propietarios de estas tierras la utilizan para producir?
Ellos son grandes ganaderos, beneficiados, porque les han regalado esas tierras. Es una oligarquía provinciana que creció a instancias del proceso de distribución de la tierra en la etapa de provincialización, de 1957 en adelante. Obedece a un proceso de gestación de una clase hacendada que tiene las mejores tierras de la zona de Loncopué, que son los dueños de grandes cantidades de tierra de zona productiva apta para la ganadería, con muy buena capacidad receptiva de los campos. Son la clase propietaria rural neuquina que tiene 8 mil 500 hectáreas, que incluyen áreas que están bajo protección del Estado pero que administran ellos mismos. Es decir, estos dueños de la tierra lo que han hecho es privatizar el uso de recursos bajo una administración privada, por omisión, es decir, de una forma que tiene también complicidad del Estado.
Incluso los guardaparques que deberían cuidar las áreas de reserva no pueden ingresar, justamente para cumplir con estas tareas de cuidado, ¿es cierto eso?
El discurso que predomina es que, como dueño, puedo cercar y cerrar para que no ingrese nadie, y la conservación la hago yo como privado. Hay un imaginario colectivo que opina que está bien que las cuide un privado porque, si las abriera al público, las lagunas serían depredadas porque el Estado no las cuidaría. Entonces, nosotros discutimos no solo contra el régimen de distribución de la tierra injusto, que hace que una familia puede poseer 8 mil quinientas hectáreas de zonas con recursos estratégicos ya no a favor de la provincia, sino de la humanidad: esas lagunas son cuencas hídricas, no son un arroyito que puede tener una importancia paisajística. Son recursos de agua dulce con zonas aptas para desarrollar riego intensivo, para uso de ganadería intensiva y extensiva. Son tierras con posibilidades de producir alimento, energía. Es muy importante que el Estado ponga la lupa sobre cómo se administran estos recursos. El privado tiene en esas lagunas una importante reserva pesquera de alta montaña, que se transformó en un coto de pesca, en un lodge de pesca muy exclusivo para los turistas americanos: los fanáticos de la pesca con mosca, esos viejos vinagres que vienen con sus gorritas y sus trajes y pagan en dólares el paseo en un río para pescar tomando whisky.
Es decir, no sólo privatizan los recursos de todos los neuquinos, sino que los explotan económicamente a su único favor…
Y les sacan cien dólares de entrada por día. Ellos venden las temporadas enteras: hoy ya están vendidos noviembre, diciembre, enero de 2020/2021 a toda una serie de extranjeros millonarios que vienen a disfrutar de estar solos en la Patagonia, con tipos armados que los custodian. Mientras que los pescadores locales que quieren ir a disfrutar de ese recurso tienen el mismo problema que en Lago Escondido, nada más que aquí el actor que se apropia, lamentablemente, es este criollaje neuquino que, criado a la idea del Far West, piensa que las tierras le pertenecen porque alguien le reconoció un título de propiedad. Y, encima, piensan que ese título de propiedad lo han obtenido por esfuerzo propio, no por meritocracia acomodaticia. A este criollaje neuquino dueño de la tierra hay que decirle y cuestionarle justamente que mientras ellos cuentan con 80 mil hectáreas en la alta cuenca neuquina, el resto del pueblo no tenemos nada. Encima, creen que es suya el agua, los peces, el paisaje, la tierra que hay en esas 8 mil quinientas hectáreas.
Nuestro planteo tiene que ver con poner en discusión la idea de propiedad privada y contraponerla con la idea de las restricciones del dominio, un concepto jurídico que viene desde la época de los romanos, porque las restricciones al dominio privado existieron desde siempre. Los dueños tienen que entender que en el mundo del Estado de Derecho, también del ordenamiento jurídico civilista, la propiedad privada admite restricciones fundadas en razones del interés público. En este caso, está claro que el interés público está dado porque forma parte de un Área Protegida, porque, además, son cauces de agua dulce declarados de interés público en el Código Civil. Nuestra batalla es también sobre la legalidad del acceso a los bienes comunes, al goce de esos bienes comunes.
¿Hay otros cauces de agua que están en esta misma situación que Trolope?
Cientos de espacios en la provincia, muchos cuerpos de agua, ríos de cordillera que miden 300 kilómetros de extensión y discurren por propiedades privadas enteras, algunas de extranjeros. No es un caso aislado. Está, por ejemplo, el río Catan Lil, donde una corporación francesa se ha quedado con las tierras que rodean más de 22 kilómetros de una costa de río de cordillera hermosísimo que trascurre por el centro de la provincia. No es un tema aislado, pero sí creemos que es un tema que tiene oportunidad política en el marco del programa que estamos haciendo con el diputado Mariano Mansilla, del ”despacho móvil”.
¿Cómo es este programa que realizan en la provincia?
Se desarrolla bajo la idea de una oficina trashumante, parlamentaria, que recorra todas las localidades, discutiendo y abriendo frentes de debates sobre temas de interés, que forman parte de nuestros ejes políticos sobre cómo encaramos la construcción política en Neuquén. En este recorrido, la primera acción de este año fue visitar Coviahue-Copahue: fuimos a visitar al intendente, a los guardaparques, a familias crianceras, vecinas de la localidad. Consideramos que estábamos en una situación que no podíamos dejar de denunciar, de poner en debate público, porque no es una campaña de política “pop” por los ríos y no por la pobreza; creemos que debatir el acceso justo a los recursos también tiene que ver con discutir la distribución de la riqueza, con denunciar la riqueza obscena de algunos que representa la pobreza de tantos otros. Por ejemplo: yo no tengo bajo mi registro ni medio metro cuadrado, y soy un profesional que pudo acceder a la educación pública pero no tengo hoy en Neuquén opciones de acceder a un metro cuadrado. Es, entonces, también parte del planteo discutir la indignidad distributiva en el acceso a la tierra.
Por otro lado, los pescadores locales tienen que acceder a las lagunas por el arroyo Blanco, un acceso que está en el norte de las lagunas, cerca de Copahue, muy en el límite con Chile. Pero es un acceso de trekking con dificultad alta. Es lo mismo que plantea Lewis cuando hace entrar a Magdalena Odarda y a los compañeros que piden la liberación del acceso al Lago Escondido: tuvieron que hacer una experiencia de una travesía para gente entrenada. Nosotros queremos que vayan nuestros jubilados a lavarse los pies, a las termas, a pasear, a disfrutar el paisaje, a mirar la fauna, a pescar, a nadar en bici. Todo eso debería estar permitido y abrir el acceso es plantear la distribución a los bienes comunes.
Además, tiene que ver con dinamizar el turismo local. No es lo mismo que la riqueza que genera Trolope la administre solo una familia a que la administre el Municipio, que pueda hacer una recaudación a partir de explotar con criterio social una riqueza que genera el ambiente y los bienes comunes.
Por todo esto, el caso de Trolope lo estamos poniendo como punta de lanza de un debate, ya que muestra varias situaciones. Es una situación histórica de indignidad en la desigual distribución del acceso a la tierra, que tiene su origen en el proceso de distribución de importantes tierras públicas en la etapa de la provincialización, donde se reconocieron estas propiedades privadas heredadas de la época del territorio nacional pero consolidadas en el derecho en la primera etapa de la historia constitucional de la provincia. Más todos los componentes que describía recién.
¿Qué posibilidades existen de que el proyecto de ley avance y se pueda aprobar en la Legislatura provincial, sobre todo considerando el predominio político del MPN?
Estamos tratando de poner el debate en todos los bloques, queremos apelar en términos políticos a la recuperación de los accesos a los cuerpos de agua como un tema relacionado con un sentido de la neuquinidad. Creemos que en todas las fuerzas políticas aparece, con diferentes grados y matices, esta defensa de la neuquinidad y los intereses de los neuquinos. En este sentido, creemos que parte del bloque del MPN va a acompañar esta iniciativa, porque son dirigentes que vienen de un sector del MNP de origen plebeyo y que reivindica su costado popular, son gente del interior de la provincia que conoce esta problemática.
Entonces, apuntamos a que este proyecto de ley pueda tener éxito legislativo bajo una estrategia parlamentaria que apunta a construir mayorías sobre temas que afectan a todos los actores. El MPN es un partido muy importante de la provincia, tiene la mayoría en todas las comisiones, así que es un actor central. Por eso, en la Legislatura queremos abonar esta idea para trabajar los proyectos. Recurrimos, por ejemplo, a la figura del gobernador Salvatori del MPN, que planteó en 1988 el Plan de Comanejo, para pensar cómo cuidamos los recursos estratégicos y los ponemos a disposición de todos por sobre la idea de las restricciones de dominio que el Estado puede imponer cuando se trata de salvaguardar los bienes comunes. Este es el constitucionalismo que nosotros creemos que debemos construir, asentado sobre la mirada de justicia social y justicia ambiental. Es decir, incorporar al debate político que el ambiente y los bienes comunes forman parte también de las banderas históricas de la justicia social en Argentina.
