¡Que tema a los dioses el género humano!
Tienen la omnipotencia entre manos eternas y pueden ejercerla según lo prefieran.
¡Que tema el doble a quien han favorecido!
Torquato Tasso, Johann Wolfgang von Goethe
Entre 2016 y 2019 en la ciudad más rica del país se cuadruplicó el hambre. Durante los cuatro años de Macri en el poder nacional y la gestión de Larreta en Buenos Aires, la tasa de pobreza se incrementó en más de un 30% y la tasa de indigencia en casi un 60%. Al primer trimestre del 2020, más de un tercio de los porteños se encontraba bajo la línea de pobreza (33,6%), es decir, 1.032.000 personas, y la mitad de ellas pasaban hambre. La situación política que propuso el PRO –tanto en su versión nacional como en CABA– no solo arrojó a 482.000 porteños a la indigencia, también hizo lo suyo sobre la problemática de los sin techo, que en 2019 contabilizaba 7.251 personas viviendo y durmiendo en las calles de la opulenta ciudad. Sobre esta realidad de desidia se desataron los efectos que produjo la pandemia de este año: la tasa de pobreza volvió a aumentar en un 50,7%: 347.000 personas pasaron a estar bajo la línea de pobreza en sólo seis meses y se calcula en un crecimiento del 30% la cantidad de personas en situación de calle. En cuanto a la evolución de la indigencia, se incrementó en un 41,5%, es decir, la Ciudad de Buenos Aires tiene 281.000 nuevos indigentes en lo que va del año.
Luego de los actos anteriores con trabajadores de la salud y del subte, con docentes y artesanos, aparecen en escena las organizaciones sociales que, desde el inicio hasta el final de la ASPO, intentaron que el gobierno local garantizara condiciones para que toda la población de la ciudad pudiera cumplir con las medidas de cuidado. ¿Cómo hacer visible estos enormes grados de desigualdad en una ciudad donde gran parte de su población decidió desentenderse de la suerte colectiva y se sustrajo de la obligación de desarrollarse como comunidad, bajo el engorde permanente de lo privado y el agotamiento de lo público? Esta es la cuestión que desvela a los protagonistas de este desasosegado final de obra. Dos militantes nacidos al activismo en el 2001 y que aún persisten en su lucha por la justicia social y los derechos humanos hacen su primera aparición.
Cuarto acto, escena uno: Javier Altrudi, desde el local del Frente Social Peronista (FSP), organización integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en Villa Crespo, y Lucas Mac Guire, desde la Casa de Cultura y Oficios Miguel Bru de Parque Patricios, cuentan sobre el trabajo de sus organizaciones y el cinismo de la gestión de Larreta ante los más desprotegidos
Desde la UTEP salieron a relevar situaciones de vulnerabilidad en los barrios donde tenían presencia. Explica Javier: “Relevamos hoteles, inquilinatos y conventillos de La Boca, Monserrat, Constitución, Balvanera, San Cristóbal, Almagro, Flores, también de Villa Crespo, Chacarita y Palermo. Construimos un padrón de 9000 personas que representaban alrededor de 2800 familias. A medida que fuimos construyendo ese relevamiento logramos el reconocimiento del gobierno de la Ciudad y conseguimos que cada familia relevada contara con un bolsón de alimentos por semana. También propusimos y exigimos que se garantizara el acceso a los alimentos y elementos de higiene más elementales, no solo para los habitantes de las villas y asentamientos, sino para todas las personas que habitan barrios “formales” pero en similares condiciones de vulnerabilidad y precariedad que nuestros compañeros de las villas. Teníamos en mente a quienes vivían en hoteles e inquilinatos, conventillos y casas tomadas. Como siempre, la primera actitud del ejecutivo porteño fue negar la situación. La segunda, proponer trabas administrativas a nuestro planteo”. Finalmente, lograron una asistencia alimentaria en la emergencia.
Sin embargo, a mediados de septiembre el gobierno de la Ciudad, sin previo aviso y de manera unilateral, cortó la entrega de alimentos. Javier explica, al menos, tres razones para esto. Por un lado, “esta decisión coincidió con el conflicto policial y con la discusión con el gobierno nacional respecto a la coparticipación”; es decir, “el gobierno de la Ciudad de manera inmediata tradujo esa discusión institucional en un recorte de la asistencia social”. Por otro lado, el recorte se explicó con excusas presupuestarias y rigor técnico. Por ejemplo, en Villa 20 “ensayaron un scoring, así lo llaman, de la pobreza. Relevan la situación socioeconómica de las familias y la cuantifican del 1 al 5. A los que obtiene una evaluación que supera el 3 le sacan los alimentos. Intentan imponer la versión real, porteña y macrista de Los juegos del hambre”.
Esta es una concepción que no es novedosa por parte del gobierno de la Ciudad. Como explica Javier, “se ve constantemente en los grandes temas de fondo: acceso al agua, a la vivienda, los servicios públicos, temas en los que la Ciudad se desliga de responsabilidad y tiene la habilidad para obligar al gobierno nacional a terminar interviniendo. La gestión de la pandemia en la Villa 31 es otro ejemplo de esta actitud. La gestión de Larreta dejó explotar todo y tuvo que terminar auxiliando el Ministerio de Salud de la Nación”. A todo esto se le suma la visión que la gestión de Cambiemos tiene respecto de la cuestión sanitaria: “Para ellos la pandemia ya pasó. Consecuentemente, retiran al Estado local de todas aquellas tareas que para el peronismo son indelegables, pero que para ellos son solo una respuesta coyuntural frente a la urgencia. Vuelven a sus posiciones históricas que privilegian la iniciativa privada, el ‘sálvese quien pueda’, la meritocracia como paradigma que tanta aceptación tiene en las grandes urbes”.
Por su parte, desde que comenzó la pandemia, la Asociación Miguel Bru junto con Ciudad Sin Techo advirtieron sobre la emergencia de las personas en situación de calle con las que trabajan diariamente. Razonablemente, preveían que a la insuficiencia estructural que propone el gobierno de la Ciudad para la problemática –subsidios, paradores, alimentos, salud, contención– y a la precaria política de acceso a ese tipo de asistencia se les sumaba el cuidado ante el Covid-19, con lo particularmente complejo de la implementación y cumplimiento de los protocolos para estos ciudadanos en extrema vulnerabilidad. “Nosotros tomamos el bajo autopista como un recorte, simbólicamente como una muestra”, explica Lucas de la Asociación Miguel Bru. “Cualquiera que pase de un lado al otro de la ciudad por allí debajo sabe que siempre hay gente viviendo con más o menos cosas para protegerse. Junto a la Asociación Ciudad sin Techo pensamos en por qué no relevar esa línea de Constitución a Virreyes, que es muy simbólica, para saber efectivamente cuál es la cantidad de población que vive ahí y en qué condiciones era tratada mientras estaba en vigencia el ASPO. Ya hicimos tres censos, y este fin de semana será el cuarto y último relevamiento que vamos a hacer, estimando que la población en esa franja subió casi un 20% en lo que va de este año. Tenemos en claro, y lo advertimos desde el inicio, que en la calle y debajo de un techo de autopista no existe dispositivo posible de aislamiento y cuidado. Estuvieron y están absolutamente olvidados”.
“Respecto a la población en situación de calle, el gobierno de la Ciudad no aumentó ni implementó ninguna política o medida diferente a lo que es el Operativo Frío de todos los años”, informa Lucas. “Obviamente, bajo este programa que ofrece la ciudad a la gente que vive en la calle en invierno, cada año se refuerzan los paradores, y algunas medidas más. Pero con nuestra advertencia apuntábamos a una cobertura sanitaria acorde a la situación que vivimos con el Covid-19. Por ejemplo, se agregó el Parador de Costa Salguero y se aumentó la cantidad de plazas en los paradores del Roca, pero no se implementó ningún dispositivo específico, con la gravedad que implica el virus y sus formas de contagio, no se llevaron adelante los protocolos que se indicaban para abordar y prevenir el contagio. Nosotros y otras organizaciones que trabajamos con gente en situación de calle sabemos efectivamente que la mayoría de las personas que fueron confinadas en centros de la ciudad de Buenos Aires se contagiaron del Covid-19. Hubo casos de cuarentena, pero también tuvimos casos en que los dejaron contagiarse. Como se dice vulgarmente, el gobierno optó por el ‘contagio de rebaño’. Tomaron la medida de abandonar a esos ciudadanos a su suerte. Según ellos, no hacían abasto a poder sacar a las personas que habían sido infectadas con Covid, entonces, en lugar de retirarlos y prestarles atención médica, se los abandonó en los nosocomios que estaban destinados al resguardo del frío. Eso provocó que se contagien todos. Nunca hubo ni materiales de higiene, ni limpieza ni prevención en los paradores, imagínate en la población que está en la calle y ni llega al parador”.
Continúa Lucas, sobre el operativo de marketing al que está acostumbrado el gobierno de la Ciudad para “vender” sus supuestas políticas públicas: “Cuando el primer grupo de contagiados que era cerca de un centenar de personas ubicados en el hogar de Caritas Año Santo fue removido a Costa Salguero sin ningún sentido, nos dimos cuenta que lo único que querían era vender una fachada de cuidado: hicieron la pantomima, llevaron las cámaras, para demostrar que atendían a los primeros contagiados, les pusieron un camisolín, los mantenían descalzos o con esas botitas de tela que no abrigan nada, no prendían la calefacción, los baños no estaban en condiciones, lo que trajo más problemas sanitarios. Lo que quiero decir es que lo poco que hizo el gobierno de Buenos Aires durante el invierno, con una pandemia en curso, fue aislarlos del resto de la sociedad, pero para que se contagien todos entre ellos. Nosotros podemos asegurar que el 90% de los hogares, paradores, están contagiados. Incluso tuvieron que cerrar el Bepo Ghezzi –un hogar grande de entre Barracas y Patricios–, ya que cuando se hicieron las inspecciones eran tan pésimas las condiciones en que tenían a la gente que lo cerraron. Ese es un parador indispensable en esta zona, no solo por la cantidad de gente que recibe diariamente, sino también porque no es tan exigente con algunas condiciones que se le pide a la gente para poder dormir o comer algo”.
Cuarto acto, escena segunda: Javier y Lucas relatan sus acciones a futuro con ánimo de lucha aún rector
Acerca de la discusión de fondo con el gobierno porteño durante el Covid-19, continúa Javier Altrudi: “Puede haber disminuido el riesgo sanitario –entre comillas, porque la experiencia mundial indica que hay rebrotes que obligan a nuevos cierres–. Lo que no se revirtió es la situación social que viene de arrastre y que no es solo producto del Covid-19. Por lo tanto, hace falta un Estado presente para garantizar lo más elemental, pero también, e igualmente importante, para apalancar el desarrollo de la actividad económica”. En tal sentido, desde la UTEP plantean dos ejes: la emergencia sintetizada en la asistencia alimentaria y lo que denominan “un programa económico-social para la llamada nueva normalidad”, con eje en el trabajo, la obra pública de infraestructura en los barrios populares y la vivienda digna. “No queremos mezclar, porque se discute con distintos sectores del gobierno, y también para evitar la trampa que nos proponen: discutir asistencia alimentaria cuando la experiencia de la organización popular en la ciudad está muy por encima de esa demanda. Reducirnos a esa discusión es de alguna manera bajarnos el precio. Las organizaciones populares en la ciudad construimos barrios enteros, jardines de infantes, bachilleratos, centros de formación profesional, radios, canales de TV, la Central de Emergencia Villera que cumple en los barrios las tareas del SAME, Defensa Civil y Bomberos”.
“Con la Asociación Ciudad sin Techo venimos transitando este trabajo. Muchas veces nos derivan personas a las que asisten en situación de calle; nosotros en Parque Patricios tenemos una sede con fuerte impronta en capacitación de oficios, pero también con duchas públicas, lavadores de ropa, entrega de comida”, cuenta Lucas Mac Guire. “Nosotros luchamos por cuatro puntos básicos –que tengan un documento de identidad, alimento, salud y conexión o acceso a conectarse–, para que estas personas puedan sentirse dignamente cuidadas mientras viven en situación de calle y no avasalladas por el Estado. La presentación en la Defensoría del Pueblo tuvo como objetivo acercarnos a otros entes que nos pudieran oír en la ciudad, institucionalizar el reclamo principalmente con los organismos autárquicos. Una vez que la Defensoría emita su resolución –sea favorable o no–, podríamos recurrir al Ministerio de la Defensa para que nos acompañe en un recurso de amparo. Queremos contar con la mayor legitimidad posible, para que no se convierta en un reclamo que quede solo en la queja. Necesitamos pasar a la acción con el tema de la desatención de las poblaciones más vulnerables en la ciudad. En este caso estamos hablando de cien personas solo en bajo autopista, pero calculamos –de acuerdo al último censo de 2019, donde tanto la Asociación Miguel Bru, como Ciudad sin Techo y otras organizaciones nos ocupamos de recabar los datos– que en CABA suman 7250 personas en situación de calle. Increíblemente, el gobierno insiste en que son solo 1050: en el último censo de ellos durante 2019, que se hizo en la misma semana en que las organizaciones junto a la Defensoría relevamos, dicen que cuentan la séptima parte de lo que contamos nosotros. Esto no solo habla de los criterios de medición, de los recursos que ponen para hacer factible el acceso de los sin techo a alguna política pública; habla de un negacionismo hacia una problemática mundial que lo único que hace es reforzar la invisibilización y menosprecio hacia las personas que viven en la calle”, concluye Lucas.
¿Qué incluirá este programa económico-social que proponen desde la UTEP? “Nuestra lucha es para que la ciudad destine el presupuesto necesario para las obras de infraestructura, mejora de servicios, apertura de calles, refacción y construcción de viviendas empleando mano de obra de la economía popular”, detalla Javier. “Nuestra experiencia indica que somos más económicos, eficientes y eficaces, características que cobran más valor en el marco de las restricciones presupuestarias que se vislumbran. Somos nosotros, las organizaciones, el peronismo, los que vamos a construir una ciudad más inclusiva, equitativa e igualitaria. No declamándolo, sino como lo hicimos siempre: consiguiendo en la calle que el Estado porteño invierta los fondos, y con nuestros compañeros y compañeras tirando cables, conectando caños, abriendo calles y revocando paredes en los barrios populares”.
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Salen de escena los militantes por la justicia social mientras aparecen camarógrafos y utileros del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con chalecos amarillos. Los últimos traen pupitres donde acomodan a maniquíes que ofician de alumnos sanos y sonrientes para la nueva escena a montar. Una tormenta se avecina: ¿será que el poder que ostenta la derecha argentina en Buenos Aires puede ser amenazado? ¿Será qué existe un futuro próspero que liberará a los porteños de esa ensoñación brutal por el consumo que los convirtió en criaturas abyectas y sin gracia? ¿Volverán del destierro las fuerzas críticas y progresistas que fueron despojadas del poder con una artimaña basada en el dolor de Cromagnon? Las artes mágicas y el destino también juegan su rol al servicio de los olvidados, engañados o caídos en desgracia; sobre eso tratan las tragedias por este lado del mundo. Cuando la oscuridad llega a su apogeo, su fuerza nos parece tan grande que puede terminar con todas las luchas e intenciones de los hombres buenos y luminosos. La cuestión es que tanto engaño y abandono, tanto manejo negacionista y psicópata también está destinado a perecer. A punto de inaugurar un año de elecciones en Buenos Aires, quizás la fuerza del PRO empiece su declive inexorable y motive nuevos actos de impugnación, resistencia y organización popular.
