Hoy a las 13 horas en Neuquén se realizará la audiencia donde el Juez Ravizzoli define la sentencia en el juicio desatado contra el Lof Campo Maripe. Se trata de una causa penal por usurpación, en un proceso que criminaliza a las comunidades mapuches afectadas por Vaca Muerta y el fracking e incluye la violación de toda normativa vigente –como el derecho a la Consulta y Consentimiento y a la Ley de Relevamiento Territorial–. Organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales y estudiantiles llevan adelante distintos repudios contra este proceso y se pronuncian por la regularización de la propiedad de la tierra de las comunidades que garantice todos sus derechos.
Conversamos con Emmanuel Guagliardo, abogado defensor de la Comunidad Lof Campo Maripe, sobre los matices de este conflicto centrado en la tensión con el reconocimiento de derechos a las comunidades mapuches y crianceras que ejercen posesión tradicional indígena en estos territorios.
En principio, queremos preguntarte por qué el gobierno de Neuquén lleva a Juicio a las comunidades mapuches, y cómo aparece la familia de los hermanos Vela como querellante.
El conflicto arranca, en su última manifestación, que es la que nos lleva al juicio, con el desarrollo de Vaca Muerta. El Estado pretende poner en marcha Vaca Muerta con un proyecto piloto en Loma Campana, en un acuerdo entre Chevron e YPF, y parte de estas tierras son el territorio tradiciónal de esta Comunidad Lof Campo Maripe. Con lo cual este conflicto expresa una de las tensiones territoriales que genera el desarrollo de Vaca Muerta: qué pasa con las comunidades mapuches y de familias de crianceros que habitan ese territorio y lo utilizan de manera tradicional, esto es, para pastaje extensivo, y también una vinculación en términos simbólicos y de reproducción de su vida social y cultural. Este juicio expresa, entonces, esa tensión en un comienzo.
En cuanto a la familia Vela, ellos son los propietarios registrales, es decir, los titulares registrales de los inmuebles en los que se sitúa parte del yacimiento de Loma Campana. ¿Cómo aparecen estos personajes en esta historia? En la década de 1970, el gobierno de la provincia de Neuquén fomenta la entrega de tierras fiscales para proyectos de agroganadería, forestación y forraje. Andrés Vela, padre de los actuales hermanos Vela, inicia la campaña de su proyecto agro ganadero expulsando a los que vivían en ese lugar en ese momento. ¿Quiénes eran? La familia Campo Maripe, a quienes Vela, con la venia del Estado, los corre de la tierra diciendo que él era el dueño y los somete casi a la servidumbre. Las actuales autoridades de la Comunidad Campo Maripe tenían en ese momento nueve, diez años, y fueron sometidas a esa servidumbre. Igual que su padre, obligado a trabajar por la comida y por el techo para sus hijas. La casa de los Campo Maripe fue incendiada y tirada, con lo cual después de este proceso, ellos tuvieron que emigrar al pueblo que quedaba a unos kilómetros.
Este juicio puede permitirnos ver el conflicto social desde distintas perspectivas. Por un lado, el enfrentamiento entre el desarrollo de Vaca Muerta y las tensiones sociales y territoriales que ello genera, concretamente en el caso de una comunidad que se reivindica perteneciente al pueblo originario mapuche y lo que significa ello en términos de la aplicación de un marco normativo de los derechos humanos de los pueblos indígenas –el convenio 169 de OIT, entre otros– que obliga a la consulta libre, previa e informada. Por otra parte, el drama de la regularización dominial de los territorios bajo ocupación tradicional por parte de los pueblos originarios que se traduce en este conflicto con los Vela. El Estado les entrega las tierras a familias como los Vela porque los considera el sujeto predilecto para generar el desarrollo agroganadero de la provincia, en desmedro de los habitantes que están ahí, registrados por los organismos estatales al menos desde el año 1920. Es decir que, producto del desplazamiento que genera la Conquista del Desierto, estas familias, que se instalan en la zona de Añelo, a la vera del río, a pastorear a sus animales, a vivir en esos territorios del modo tradicional en que lo venían haciendo hace muchos años (con el territorio más circunscripto obviamente), no son tenidos en cuenta por ninguna agencia de desarrollo estatal para fomentar la actividad económica. En cambio, sí es tenido en cuenta el colono agrícola que llega al territorio y expulsa a las poblaciones locales nativas porque son consideradas “antidesarrollo”. El pastoralismo nómade que hacen las comunidades trashumantes de la Patagonia Norte es contrario al desarrollo productivo, porque las chivas se comen los pastos que se necesitan para hacer forestación y forrajes. Entonces, es necesario expulsarlos porque representan el antidesarrollo. Y luego, desde la otra perspectiva, a partir de la necesidad del concepto de autoabastecimiento interno, también aparecen como antidesarrollo estas comunidades que, según el discurso, por su forma de vida no permiten que se lleve a cabo el desarrollo energético que necesita el país. Es decir, el conflicto de la comunidad Campo Maripe tiene montones de aristas que obedecen al drama del desarrollo, al drama del despoblamiento rural, al drama del reconocimiento de las comunidades originarias y sus derechos. En esta tensión entre “desarrollo” y “atraso” falsamente construida. Y, finalmente, se arma el escenario predilecto para el gobierno actual, donde los mapuches son considerados el “enemigo interno”, el “otro”, el que se opone al desarrollo y a quien es necesario exterminar nuevamente.
Entonces, como decía, los Vela son los titulares registrales de una parte del desarrollo de Loma Campana que se superpone con la ocupación tradicional de la Comunidad Campo Maripe. Cuando la Comunidad se entera en el año 2013 del conflicto que resultaría del desarrollo de Vaca Muerta, toma lugares, toma posiciones dentro de este territorio para defenderlo y se instala en algunos accesos, en algunas picadas, para manifestarse y hacer ver su posesión del lugar. A partir de estos actos, los Vela denuncian, y luego se constituyen como querellantes en el proceso que finalmente hoy lleva a juicio a seis miembros de la comunidad –que son las autoridades de la comunidad–, porque ellos tienen la legitimación, porque tienen los papeles de la tierra, aunque en esas zonas no hay alambrados, no hay sistematización, no hay riego, no hay producción de forraje, ni de frutas ni de nada. Hay campo abierto, que las comunidades utilizan para pastaje de animales. Es decir que la tensión entre los Vela y los Maripe es la tensión entre la noción de propiedad privada tradicional del Código Civil y el concepto de propiedad y posesión comunitaria indígena que tiene que ver con un uso del territorio más que un título en sí mismo.
Se había constituido una mesa de diálogo para la paz social desde el gobierno de Neuquén. ¿Por qué creés que ese espacio no pudo contener el conflicto, que terminó en este juicio?
La mesa social se gesta en el año 2014 cuando ya se avecina el conflicto, cuando el Estado advierte la tensión entre propietarios particulares de las tierras, comunidades mapuches y empresas en el intento por desarrollar Vaca Muerta. Para evitar que este conflicto se expanda y crezca, el Gobierno crea una mesa de diálogo donde se reconocen compromisos. Uno de ellos, el más importante, es que la provincia le otorga la personería jurídica a la Comunidad, que se venía reclamando desde principios de 2013, y se compromete a realizar un programa de relevamiento territorial que más o menos siga los lineamientos de la Ley 26.160. Se constituyen los equipos técnicos y se lanzan al terreno a verificar la pretensión territorial de la Comunidad Lof Campo Maripe. Aquí es donde el conflicto se trunca nuevamente porque, luego de más de dos años de trabajo, el Estado, de manera unilateral, a través del Ministro de Desarrollo Territorial Jorge Lara suscribe un dictamen, con apoyo de sus técnicos, donde dice que no se comprueba en el terreno, ni en la materia administrativa, ni en los expedientes administrativos de la provincia una posesión indígena en el territorio. Sólo le reconoce sesenta hectáreas a la Comunidad Campo Maripe, mientras que la Comunidad manifestaba tener posesión tradicional de un conjunto de once mil hectáreas distribuidas en distintos lugares de la zona, que están relacionadas con las zonas de invernada, de veranada, los usos tradicionales que la comunidad les ha dado a estos territorios. Pero la provincia decide unilateralmente desconocer esto.
Jorgelina Villarreal, que es actual Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNCO (Universidad Nacional del Comahue), y antropóloga que integró el equipo antropológico, emitió un dictamen donde reconoce, en base al recorrido de campo, al relato histórico y cierta documentación existente, que sí estamos en presencia de una comunidad originaria, que sí estamos en presencia de una posesión comunitaria indígena, que sí estamos en presencia de un vínculo territorial, simbólico, cultural y filosófico con el territorio por parte de las familias que integran este Lof. Pero el Estado decide, a través de un dictamen suscripto por un licenciado en informática, desconocer y oponerse a ese resultado del informe antropológico. Y aquí yace el conflicto central. La provincia decide desconocer la existencia de un territorio comunitario porque para Vaca Muerta eso sería un golpe, para los inversores y para el desarrollo sin límite de Vaca Muerta. Es así que se frustra ese proceso. El Gobierno se queda con su tesis, la familia se queda con su tesis, y en el medio avanza este expediente penal que hoy llegó a juicio. Donde tuvo la posibilidad de declarar el ministro Lara como testigo y dejó en evidencia el atraso tremendo de la política indígena de la provincia, la desactualización de sus instrumentos normativos y de ejecución de la política indígena y también un desinterés porque el desarrollo económico de la provincia esté armonizado.
De acuerdo a lo que planteaste recién, una de las cuestiones centrales del conflicto parece ser la falta de cumplimiento de la Ley 26.160…
El conflicto está estrictamente reaccionado con la falta de reconocimiento de los territorios comunitarios, que es uno de los objetivos de la ley 26.160. Es decir, esto es lo que sucede cuando no se hacen los relevamientos y el Estado no determina cuáles son las posesiones comunitarias. Entonces, este conflicto está estrictamente vinculado con la 26.160. Nosotros exigimos que haya una aplicación de esta Ley a los fines de poder resolver estos conflictos, ya que el ámbito penal no es forma alguna para resolverlos porque se trata de conflictos de estricta cuestión social y tienen una sensibilidad social altísima.
Finalmente, ¿qué expectativas existen sobre la sentencia de hoy?
Nosotros consideramos que el juez tiene dos caminos. Un camino es considerar que hay un hecho aislado, un conflicto entre particulares donde se afectó la propiedad privada de los titulares registrales, que son la familia Vela, y hacer una aplicación conservadora y liberal del derecho vigente. La otra posibilidad es que el juez considere que estamos ante un conflicto social, que considere que esta es una de las tensiones sociales que significa el desarrollo de Vaca Muerta y que en sede penal no se resuelve ningún problema, que el problema es eminentemente político y que tiene que ver con la falta de aplicación de los instrumentos que hacen a la política indígena en el país. Uno de ellos es la aplicación de la Ley 26.160. Es decir, hasta que no exista un relevamiento conforme la Ley 26.160, no puede haber una sentencia penal que condene a las familias que reivindican un territorio comunitario. Con lo cual, la expectativa tiene que ver con que el Dr. Ravizzoli aplique o no el derecho indígena, considere o no que existe un conflicto de altísima sensibilidad social. Nosotros entendemos que la justicia tiene un juego en esto, un rol que cumplir, que no es el de limitarse a la aplicación del mero derecho escrito, sino que tiene que ver con interpretar la realidad, si el fin de la sentencia contribuye a la resolución de los dramas de una sociedad. Si no es así, el juez va a dictar una sentencia cómoda donde dirá que hay un titular registral afectado, que la Comunidad Mapuche es responsable de tales actos y que la condena por usurpación. Creemos que esa sería una condena absolutamente irresponsable y poco comprometida con la resolución de los conflictos de fondo, porque, en definitiva, la Justicia está para resolver los conflictos de fondo, no para tomar decisiones fáciles.
La expectativa es que el juez esté a la altura de las circunstancias de emitir un fallo que, de cualquier manera, va a ser histórico y que nos parece que puede generar un precedente muy importante en lo que significa el desarrollo de Vaca Muerta. No puede escindirse el dictado de esta sentencia de considerar que estamos frente a las tensiones que significa la puesta en marcha de Vaca Muerta y que la Justicia tiene un papel que cumplir en esto: velar por los derechos que están en juego. Hay derechos que se contraponen, es cierto: el derecho de propiedad privada, la titularidad registral, y por otro lado, el derecho comunitario indígena que habla de propiedades comunitarias, de posesiones, de uso tradicional. En el medio, el Estado, que para desarrollar un proyecto de la envergadura de Vaca Muerta tiene que considerar todas las variables y resolver una ecuación que no es solo económico-financiera sino que es una ecuación social, que tiene que tener cabida y legitimidad en la sociedad para poder llevarse adelante. Hoy en día las comunidades mapuches de Neuquén de la zona de vaca Muerta son las únicas que resisten, que denuncian el saqueo y la contaminación brutal que están llevando a cabo nada más ni nada menos que las empresas que son las representantes de los intereses de los bloques internacionales: Total de Francia, Shell de Holanda, British Petrolium, Chevron. Son los bloques económicos mundiales que están en Vaca Muerta operando frente a un Estado no que controla la contaminación ambiental, que incumple la legislación en materia de derechos indígenas. Así que esperamos que la sentencia esté a la altura de las circunstancias.
