El 20 de septiembre de 2017 Moira Millán se manifestó con los vecinos de Vuelta del Río al Juzgado Federal de Esquel para exigir el cese del hostigamiento a las comunidades mapuches por parte del juez Guido Otranto, el primer magistrado de la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Días después recibió amenazas de muerte, hostigamiento de la policía y el 26 de junio de 2018 Otranto la imputó por “coacción agravada” por participar de esa marcha. Hoy deberá presentarse a declaración indagatoria por un delito que tiene penas de entre dos y cuatro años de prisión. Millán es integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y denuncia que en los meses que siguieron a la desaparición de Maldonado se cometieron atropellos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad en distintas comunidades aledañas a la zona de Esquel. El contexto hostil en el que viven los pueblos originarios se multiplicó durante la era Macri: Jonas Huala fue extraditado a Chile y Milagro Sala continúa en el limbo judicial-feudal de Jujuy. ¿Millán será la próxima presa política?

¿Qué significa ser weichafe de la comunidad mapuche?

El pueblo mapuche estructura su sociedad a partir de un sistema de fuerzas de que habitan. Nosotros no solo habitamos los territorios sino que ellos nos habitan, nos van marcando el destino, el camino que tenemos que transitar. Y con ese nehuén nací, esa fuerza que me habita me lleva a proteger esos territorios de mi pueblo, es algo que me corresponde hacer y no puedo huir. Por eso soy weichafe, guardiana, defensora.

Hace poco se cumplió un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado que puso sobre el tapete la represión estatal contra la comunidad mapuche, la desinformación de los medios de prensa y la persecución político-judicial a la comunidad ubicándola como una organización terrorista financiada por el extranjero.

La situación de represión se refuerza cada día contra nuestro pueblo. Siempre digo que la Nación Mapuche es la Palestina de Sudamérica. Estamos habitando un territorio que, para mal de nosotros, es geopolíticamente estratégico: nosotros hablamos de neuhenes, fuerzas y energías, mientras el sistema habla de recursos, elementales para el sostenimiento de capitalismo depredador. Hay muchos intereses de las grandes corporaciones transnacionales, intereses billonarios en el lugar; y justamente se encuentran con la barrera de los derechos de un pueblo. Nosotros como pueblo mapuche siempre vamos a defender la vida de los territorios, por eso quieren deshacerse de nosotros.

Y, en tu caso, el exjuez de la causa de Santiago Maldonado te persigue por un derecho constitucional como es el de manifestarse.

Mi situación legal es compleja, porque me han inventado una causa, que responde a una situación que se vivió el 17 de septiembre de 2017, cuando el juez Guido Otranto ordena allanamientos violentos a las comunidades para supuestamente buscar al compañero desaparecido Santiago Maldonado. Como una pesadilla digna de las películas de acción, aterrizan a las 5 de la mañana los helicópteros en el patio de las casas, bajan fuertemente armados los gendarmes, patean las puertas de las viviendas humildes y sacan a la rastra a nuestra gente que dormía: a esa hora las temperaturas en la Patagonia son bajo cero, y la gente queda semidesnuda, tirada en el patio, precintada durante horas, sufriendo todo tipo de vejámenes y torturas.

Entonces, la comunidad indignada, muy cansada de estos maltratos, decide ir hasta la ciudad de Esquel y ocupar pacíficamente el Juzgado Federal para demandar tres puntos: primero, que se investiguen estos hechos, se juzgue y se desafecte de la fuerza de seguridad a los que actuaron violentamente; segundo, que renuncie el juez Otranto, porque entendimos que la cosmovisión mapuche se había quebrantado por su accionar; tercero, que él también sea investigado, ya que tenía que estar en el banquillo de los acusados y ser judicializado por todos sus actos.

Pedimos al Estado el cese de este hostigamiento, pero ha pasado un año y la impunidad sigue, el gobierno nacional nos sigue hostigando. El juez sigue su cacería y su víctima soy yo. Me acusa de “coacción agravada”: sería el primer caso en la Argentina en que una persona sea encarcelada por participar en solidaridad en una manifestación pacífica y reclamar justicia. Este es un precedente jurídico tremendo que, si llega a ser consumado, permitirá que todo aquel que manifieste por sus derechos pueda ser encarcelado.

¿Esperás solidaridad ciudadana por esta causa?

Soy consciente de que este es un país racista, que no es lo mismo la sangre derramada de un hermano originario. Hay una indolencia y una devaluación de nuestra vida, como lo muestra el caso de Rafael Nahuel, que fue asesinado por la espalda por fuerzas de seguridad y sus marchas no fueron tan masivas como las del compañero Santiago Maldonado. Acaban de asesinar a un niño qom en Tucumán y fue inmutable en el sentir del pueblo argentino. No tengo esperanzas que salgan a pedir por mí, pero estar aquí hablando con vos ya es una batalla ganada contra la invisibilización de nuestra voz.

La doctrina del gobierno de Cambiemos, desde el Presidente hasta ministros y funcionarios, fue otorgarle un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad para la represión indiscriminada e ilegal…

Se está configurando un escenario belicista en la Patagonia por los intereses billonarios de las corporaciones, vemos como todos los días se refuerza el presupuesto para la represión. Estamos preocupados porque hay una Argentina que está inconsciente de lo que está pasando allá. Y esto no empezó ahora, en gobiernos anteriores también hemos sufrido la persecución.

¿Podemos decir que empresarios como Benetton, Lewis, además de la ocupación de territorios ancestrales mapuches manejan las fuerzas de seguridad?

Sí, claramente, ellos manejan las comisarías. La Policía parece su seguridad privada. Necesitan reprimir y estigmatizar no solo al pueblo mapuche.

¿La instalación en voceros del gobierno y la prensa hegemónica de un brazo armado mapuche conocido como la RAM es parte de esta estigmatización?

La ficción es el imaginario de una mujer alcohólica y delirante que la tenemos como Ministra de Seguridad, que me ha difamado porque dentro del Informe RAM [título del documento producido entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Chubut, basado en fuentes periodísticas y presentado públicamente en diciembre de 2017 por la Ministra Patricia Bullrich] me pone a mí como ideóloga y vocera de esa supuesta célula terrorista, que no existe salvo en su cabeza. Tal vez esté viciada de películas de Hollywood, tendría que ir a terapia…

¿La RAM fue armada por los servicios de inteligencia?

Totalmente, es una creación de los servicios de inteligencia. La RAM no existe. Los supuestos atentados no son reivindicados por la Nación Mapuche, que se ha organizado en la recuperación de territorios. Yo vivo en territorio recuperado, las recuperaciones son selectivas, nunca esa estupidez que publicitan los medios de comunicación hegemónicos y mercenarios de la noticia de la peligrosidad de que el pueblo mapuche avance sobre la propiedad privada de los argentinos. Es un absurdo. Yo no quiero vivir en Buenos Aires, quédense tranquilos los de Buenos Aires que los mapuches no vamos a venir a recuperarle su departamentito de 2×4 porque lo que queremos es vivir como mapuches en nuestro territorio. Nosotros avanzamos sobre el latifundio. Camino a mi casa vas haciendo un tour de la apropiación del territorio mapuche por parte de millonarios extranjeros y argentinos latifundistas.

Uno de los cambios importantes en la agenda política reciente fue la irrupción del reclamo feminista, desde el Ni Una Menos hasta el debate por la despenalización del aborto. ¿Las mujeres mapuches y los pueblos originarios se sienten parte?

Me siento en la periferia de ese movimiento. Ha sido muy doloroso que durante las audiencias y consultas a los sectores del movimiento de mujeres se olvidaran de las mujeres indígenas. Y es muy preocupante ese olvido, porque las víctimas por aborto clandestino en los pueblos indígenas se cuentan por miles. Además, yo quiero ser parte en la discusión de la despenalización porque estoy a favor y muchos de los médicos que van a parar a las comunidades indígenas van castigados por mala praxis, por racismo, por maltrato. He visto a mis hermanas morir por partos mal hechos, por una extracción de muela: las mujeres indígenas parecen ser cuerpos sacrificables para el sistema. Se trata de la legalización del aborto, de cómo lo vamos a hacer y de la libre determinación de nuestros cuerpos y de nuestros pueblos. Por ejemplo, toda la medicina ancestral está penalizada en la Argentina; por eso habría que generar la plurinacionalidad en nuestro país, en donde nosotros podamos vivir y ser en plenitud.