Cada 7 de junio se celebra en Argentina el Día del Periodista, en conmemoración a la edición inaugural de La Gazeta de Buenos Ayres, el primer diario patrio. Pocos días después de su lanzamiento, el 21 de junio de 1810, su fundador Mariano Moreno, publicó un artículo titulado “Sobre la libertad de escribir”, donde reflexionó: “Si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia; y el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento, harán la divisa de los pueblos, y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria”.
Más de dos siglos después, sus palabras resuenan con una vigencia alarmante en un contexto en el que hacer periodismo implica enfrentar condiciones cada vez más adversas, que amenazan derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de prensa, protegidas por la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Desde la asunción de Javier Milei a la presidencia, el periodismo ha sido el blanco de todo tipo de ataques que no solo limitan la labor periodística, sino que restringen el derecho de toda la ciudadanía a estar informada. La gestión libertaria no perdió el tiempo: a 85 días de haber asumido, paralizó el corazón informativo que irradiaba noticias desde y hacia todo el país al detener el funcionamiento de la Agencia Nacional de Noticias Télam. Desde entonces, el Ejecutivo se ocupó de pulverizar los salarios del sector, producir el vaciamiento de los medios públicos, desfinanciar a los medios comunitarios, fomentar la violencia simbólica contra trabajadores de prensa de manera inusitada desde la propia investidura presidencial en redes sociales y reprimir en las calles las coberturas periodísticas de manifestaciones.
Este año, Argentina descendió al puesto 98 de un total de 180 países incluidos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, habiendo caído 58 posiciones desde el inicio de la gestión libertaria a fines de 2023.
Recientes informes de organizaciones nacionales e internacionales alertan sobre la crítica situación de los periodistas en el país. Este escenario coincide con un cambio de paradigma global: el avance de la Inteligencia Artificial (IA), una tecnología que está transformando las condiciones laborales en diversos sectores, de los cuales la prensa no es la excepción.
Informar bajo la línea de pobreza: siete de cada diez periodistas se endeudan para vivir
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) publicó el pasado 5 de junio su Encuesta Integral Anual con resultados alarmantes sobre la situación socioeconómica de quienes trabajan en empresas y medios periodísticos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): siete de cada diez periodistas se endeudan para vivir y más del 65% cobra bajo la línea de pobreza. Por primera vez el endeudamiento apareció como una problemática del sector, con un 67,8% de los encuestados que afirman recurrir a créditos, tarjetas o préstamos para cubrir necesidades básicas. A ello se suma una situación de sobreendeudamiento: el 77,7% de quienes tienen deudas destina al menos el 30% de sus ingresos a pagarlas.
Por otra parte, teniendo como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC, que se calculó en $1.469.768 en abril, un 65,6% de los trabajadores de prensa refirió cobrar por debajo de la línea de pobreza en su principal empleo. Aun sumando todos los empleos e ingresos, el 40,7% continúa por debajo de esos valores. Al respecto, más de la mitad de la base encuestada sostuvo que se vio obligada a recurrir al pluriempleo para subsistir: el 54,4% tiene dos o más empleos remunerados.
Este fenómeno se registra por primera vez como una problemática masiva entre los jubilados activos del sector: casi cuatro de cada diez tienen más de un empleo. En este sentido, el 68,8% de los jubilados encuestados afirmó que debe seguir trabajando en el gremio porque lo que percibe de jubilación no le alcanza, un crecimiento de veinte puntos porcentuales respecto del año pasado.
El documento también reflejó situaciones de precariedad en segmentos específicos. Entre los jóvenes, un 35,2% trabaja bajo condiciones precarias de contratación, cuando la media del gremio es del 17,6%. En lo que respecta a brecha de género, se sostiene la tendencia según la cual la presencia de mujeres y disidencias escasea en los sectores con mejores condiciones laborales y aumenta donde hay mayor precariedad. El cuadro salarial empeora entre los denominados “colaboradores” o trabajadores freelance: el 80,7% cobra por debajo de la línea de pobreza en su empleo principal en prensa, superando en más de quince puntos la media general del gremio.
Según el informe, las condiciones para informar también se deterioraron: el 86,8% consideró que la libertad de expresión empeoró con la gestión libertaria, y uno de cada cuatro trabajadores contestó que sufrió agresiones o amenazas por su trabajo.
Libertad de expresión en alerta: hostigamiento, violencia y censura previa
Un reciente informe de Amnistía Internacional advirtió sobre el deterioro acelerado del ejercicio de la libertad de expresión y de prensa desde la asunción del gobierno encabezado por Javier Milei. El análisis del organismo se basó en tres ejes principales: el ensañamiento y agresión contra periodistas mediante el uso de redes sociales y otras estrategias para generar el efecto de silenciamiento; la utilización de la herramienta judicial, tanto civil como penal, para criminalizar voces, y la restricción al acceso a ruedas de prensa presidenciales y censura previa hacia periodistas.
Desde abril de 2025, el presidente argentino impulsa una campaña de desprestigio del periodismo, tanto desde sus cuentas oficiales en redes sociales como en conferencias, bajo el lema “no odiamos lo suficiente a los periodistas” (o su sigla NOLSALP). En lo que va de 2026, Milei ha profundizado la violencia verbal directa y la deshumanización de periodistas utilizando de manera reiterada expresiones como “basura inmunda”, “imbécil”, “mentiroso serial” o “delincuente malparido”. Según Amnistía Internacional, el uso indiscriminado de este tipo de agravios refleja “una modalidad de violencia simbólica que excede la crítica política y busca erosionar la legitimidad profesional y pública de quienes ejercen el periodismo”. En ese sentido, señalaron que cuando quien agrede es el presidente de la Nación, se dan “efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información”.
Otro patrón en el discurso presidencial que funciona como mecanismo de estigmatización es la imputación de conductas delictivas o moralmente aberrantes a periodistas sin sustento visible, con acusaciones tales como haber integrado “una red de espionaje ilegal”, ser miembros de una “asociación ilícita” o “delincuentes a sueldo”.
En el último año y medio, el Ejecutivo consolidó “una estrategia de judicialización orientada a disciplinar a voces críticas, especialmente de periodistas” a través de la presentación de denuncias civiles y querellas penales. El informe advirtió que, aunque luego las instancias judiciales desestimen las denuncias, al no corresponder sanciones legales, el “impacto amedrentador ya está consumado”.
A la violencia discursiva y el hostigamiento se suma la violencia física que sufren los trabajadores de prensa en coberturas en vía pública por parte de las fuerzas de seguridad. Heridos, detenciones arbitrarias, maltrato: un caso exponencial fue el brutal impacto de un cartucho de gas lacrimógeno que sufrió el fotoperiodista Pablo Grillo el 12 de marzo de 2025 durante una manifestación de jubilados frente al Congreso, que puso en peligro su vida y requirió de un largo proceso de rehabilitación hasta recibir el alta un año después.
Por otra parte, se reiteran situaciones de castigo y censura a periodistas, siendo una de las más recientes e inéditas el cierre por once días de la sala de periodistas en Casa Rosada. Si bien el 4 de mayo se permitió el reingreso de los periodistas acreditados, estos siguen denunciando restricciones desmedidas en su labor en el interior de la Casa de Gobierno, una fuente central de información pública. El 8 de junio, los acreditados realizaron una intervención en las puertas de Balcarce 50 con un cartel con la leyenda “Sala abierta – Periodismo encerrado”, para denunciar que el gobierno mantiene fuertes restricciones en la circulación, pese a que la causa judicial por supuesto espionaje ilegal contra dos periodistas que las había motivado fue cerrada por el juez federal Ariel Lijo.
Sobre esta situación, la directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Larisa Kejval, expresó a Sangrre que, junto con otras carreras de comunicación y periodismo de universidades públicas y privadas de todo el país, “vienen alertando sobre este notorio debilitamiento de las condiciones para ejercer el periodismo en Argentina”.
“Parte de nuestro rol como universidad tiene que ver con observar atentamente estas circunstancias y poder sistematizarlas para ponerlas en conocimiento de la ciudadanía. El deterioro de las condiciones para el ejercicio del derecho a la comunicación es muy grave para nuestra democracia, ya que el trabajo periodístico es fundamental para que los ciudadanos puedan estar bien informados y ejercer plenamente su vida en sociedad”, subrayó.
Estimado lector, este texto no fue escrito con IA
Como si la crisis del sector no fuera suficiente, la irrupción de la IA añade una nueva capa de complejidad. La discusión mundial sobre sus implicancias en múltiples industrias se traduce, en Argentina, en un reto existencial para el oficio.
Un marco insoslayable para abordar esta temática fue planteado en la primera encíclica del papa León XIV, titulada Magnífica Humanitas (Magnífica humanidad), publicada el pasado 25 de mayo. Allí el sumo pontífice advirtió acerca de los efectos de la IA sobre la democracia, la justicia, las guerras, las redes sociales y el trabajo; al tiempo que enfatizó la necesidad de “regulaciones internacionales para proteger la dignidad humana”.
“Las diversas formas de precariedad, la fragmentación de las trayectorias profesionales y la automatización no pueden evaluarse únicamente en términos de eficiencia, sino partiendo de la dignidad del trabajador, del derecho a una remuneración suficiente y de la posibilidad efectiva de participar en la vida social”, expresó León XIV en uno de los fragmentos del documento.
También durante el 77.º Congreso Mundial de Medios de Noticias, desarrollado a principios de este mes en Marsella, Francia, líderes de medios de sesenta países debatieron sobre el impacto de la IA, la sostenibilidad del periodismo y la libertad de prensa. Entre ellos, el director editorial de The New York Times, Arthur Gregg Sulzberger, denunció lo que calificó como un “robo descarado de propiedad intelectual a una escala sin precedentes” de contenidos periodísticos por parte de las principales empresas de IA y alertó del “tsunami” que se viene.
Esto tiene que ver con la irrupción de un internet “sin clics”, en el que las respuestas generadas directamente por sistemas de IA sustituyen los tradicionales enlaces de búsqueda y reducen drásticamente el tráfico hacia los medios de comunicación, con las consecuencias económicas que ello conlleva. Según Sulzberger, los principales periódicos han perdido en promedio más del 45% de su audiencia en los últimos años.
¿Qué está pasando en Argentina? Un reciente informe de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), elaborado junto al Sipreba y la Fundación Heinrich Böll, a partir de entrevistas a periodistas de más de treinta medios a nivel nacional, analizó cómo las distintas herramientas de IA están modificando las rutinas de producción, las condiciones laborales y la calidad del producto periodístico. Los resultados son contundentes: 71,4% utiliza alguna herramienta o software de IA para hacer tareas periodísticas y el 85% manifiesta usarla al menos una vez por semana, confirmando una tendencia creciente del uso de esta tecnología en la actividad.
También se evidenció una paradoja de productividad, en cuanto que un 40% de los encuestados aseguró producir más contenido que antes del uso de IA, pero sin reducir su jornada laboral. Además, el 90% evaluó que existe un déficit de capacitación por parte de las empresas y al menos siete de cada diez consideró que no hay políticas claras sobre su uso.
“Creo que las herramientas de IA son un gran aliado en lo que a automatización se refiere, en edición de textos –siempre con la última palabra humana–, en transcripción de entrevistas y en análisis de grandes cantidades de datos. Pero hasta ahí llega su ayuda. En caso contrario, asistimos a lo que está empezando a suceder: contenidos más homogéneos, menos diversos y más complacientes”, refirió en diálogo con Sangrre la periodista especializada en IA y cultura digital Irina Sternik.
En esa línea, la autora del libro Inteligencia Artificial, el futuro llegó hace rato, publicado el mes pasado por AZ Editora, anticipó que “el resultado no solo es que se llena la IA de alucinaciones cada vez mayores, sino que el discurso online es cada vez más parecido, chato y superficial”.
Hacia un nuevo Estatuto del Periodista
Ante este panorama y como respuesta al intento del actual gobierno nacional de derogar el Estatuto del Periodista –que desde 1946 protege la actividad periodística por Ley 12.908 y cuya vigencia se logró prorrogar hasta el 1 de enero de 2027 tras el debate de la reforma laboral–, el pasado 9 de junio se presentó en el Senado de la Nación un proyecto de Ley de actualización del Estatuto del Periodista Profesional y del Personal Administrativo de Empresas Periodísticas. Fatpren y sindicatos de prensa de todo el país trabajaron esta iniciativa que no solo preserva los principios fundamentales del Estatuto, como la tutela del derecho a la información y la libertad de expresión, sino que va un paso más allá y propone actualizaciones para los tiempos que corren. El proyecto presentado incluye aportes vinculados a las nuevas tecnologías, la regulación del uso de la IA, de las plataformas, del teletrabajo, así como otros temas relacionados con la perspectiva de género, el resguardo de la salud psicofísica y la protección de los periodistas en contextos de coberturas con represión y violencia institucional.
Durante la presentación realizada en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, la secretaria general de la Fatpren, Carla Gaudensi, expresó: “Asistimos al peor momento de libertad de expresión. Derogar el Estatuto en estas condiciones es un error que la época no nos puede permitir”.
La coyuntura nos exige estar a la altura de las circunstancias y dar pelea. Sin Estatuto del Periodista, la libertad de expresión y la libertad de prensa quedan más indefensas. Si, como dijo Walsh, el terror se basa en la incomunicación, rompamos el aislamiento y hagamos circular esta información. En eso estamos.
