Más de 40 personas fueron asesinadas durante un ataque ocurrido entre el 23 y el 24 de agosto en Kenscoff. Organizaciones sociales haitianas denunciaron la responsabilidad de las bandas armadas y cuestionaron la actuación de las autoridades. Para Henry Boisrolin, coordinador del Comité Democrático Haitiano-Argentino, la violencia no puede comprenderse por fuera de una crisis histórica marcada por el neocolonialismo y la intervención extranjera: “Haití vive un genocidio silenciado y planificado”.
Sobre el país caribeño pesa una larga historia de intervenciones extranjeras, aislamiento, tergiversaciones y una violencia que, lejos de constituir un fenómeno reciente, se entrelaza con las estructuras políticas y económicas que condicionaron su historia desde la independencia, aquel primer grito libertario de América Latina y el Caribe en 1804.
La última masacre nos vuelve alertar sobre la situación en Haití.
Entre la noche del 23 y el 24 de agosto, más de 40 personas fueron asesinadas en Kenscoff, municipio ubicado en las inmediaciones de Puerto Príncipe. Entre las víctimas hay niños, trabajadores agrícolas y empleados municipales. Decenas de viviendas fueron incendiadas y el ataque provocó el desplazamiento de habitantes de la zona.
La Unión Nacional de Normalistas Haitianos (UNNOH), la Central Nacional de Educadores Haitianos (CENEH), la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de los Sectores Público y Privado de Haití (CUTRASEPH) y el Colegio de Abogados Jóvenes de Puerto Príncipe atribuyeron la ofensiva a la coalición criminal Viv Ansanm y calificaron los hechos como un crimen de lesa humanidad.
Las organizaciones cuestionaron también la actuación de las autoridades y del Consejo Superior de la Policía Nacional (CSPN). Según su comunicado, los organismos de seguridad habían recibido advertencias sobre la posibilidad de un ataque y, sin embargo, no habrían actuado para impedirlo.
“¿Qué explica la inacción sistemática de las autoridades públicas ante las reiteradas alertas?”, preguntaron.
Las organizaciones sostienen que esa pasividad podría responder a una eventual connivencia o a un abandono deliberado de las funciones estatales. Reclaman, por eso, una investigación judicial que determine las responsabilidades dentro de la cadena de mando, además de identificar a los responsables materiales e intelectuales de la masacre.
De acuerdo con un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), durante el segundo trimestre de 2026 al menos 1.408 personas fueron asesinadas y otras 656 resultaron heridas como consecuencia de la violencia armada y de operaciones de seguridad.
Para Henry Boisrolin, coordinador del Comité Democrático Haitiano-Argentino, sin embargo, quedarse únicamente con la dimensión criminal de la crisis supone perder de vista su origen.
“Hablar de Haití nunca es fácil”, señala. Y enumera las razones: “El aislamiento que nosotros sufrimos como pueblo, las tergiversaciones que hay sobre nuestra historia, nuestra cultura, hasta la complejidad de nuestra crisis”.
Según Boisrolin, se trata de una crisis cuyas raíces son históricas y en la que confluyen “aspectos geopolíticos” y “elementos racistas”. “Actualmente Haití vive un genocidio silenciado y planificado”, afirma.
Boisrolin sostiene que las bandas armadas que controlan buena parte del territorio no pueden ser comprendidas simplemente como grupos delictivos. “Son paramilitares”, asegura, que asesinan, incendian hospitales, facultades y escuelas, además de cometer violaciones contra niñas, mujeres y jóvenes.
Su diagnóstico apunta directamente a la dimensión territorial del poder de las organizaciones armadas. “Cerca del 80% de Puerto Príncipe se encuentra bajo su control y también existen otros departamentos afectados por su presencia, donde esa gente siembra el terror”.
Pero la pregunta central para Boisrolin es otra: ¿de dónde salen las armas que permiten a esos grupos ejercer semejante poder?
“Haití no fabrica armas, no fabrica municiones”, plantea. “Y esos bandidos o esos paramilitares poseen armas sofisticadas, municiones, y provienen todas de los Estados Unidos de América”.
“Hay un gobierno sometido totalmente”, sostiene. Y define la crisis actual como “una crisis del neocolonialismo, del colapso de un sistema neocolonial impuesto desde la primera ocupación militar norteamericana, desde 1915 hasta 1934”.
El peso de 1804
Haití no es para Boisrolin simplemente un Estado atravesado por la pobreza, la violencia y la debilidad institucional. Es el país que en 1804 protagonizó una ruptura inédita con el orden colonial y esclavista. El 1 de enero de aquel año, después de una revolución encabezada por esclavizados y antiguos esclavos, Haití proclamó su independencia de Francia.
Boisrolin lo define como “la única revolución victoriosa antiesclavista, anticolonial, antirracista de la historia de la humanidad”.
“Hasta hoy el campo popular no supo y no pudo todavía retomar el gran camino que terminó en 1804”, afirma.
La independencia, en su lectura, no consiguió traducirse en una soberanía plena y sostenida. La ocupación estadounidense de comienzos del siglo XX aparece como uno de los momentos decisivos de una historia que, según sostiene, llega hasta el presente bajo distintas formas de dependencia.
Por eso, para Boisrolin, la discusión sobre el futuro inmediato de Haití no puede reducirse a la convocatoria de elecciones.
¿Elecciones o selección?
Las autoridades haitianas proyectan avanzar hacia un proceso electoral en diciembre. Pero Boisrolin rechaza que pueda hablarse de elecciones democráticas mientras persista el actual escenario de violencia y pérdida de soberanía.
“Para organizar elecciones democráticas necesitamos recuperar nuestra soberanía antes, nuestro derecho a la autodeterminación y nuestra libertad”, plantea. Y agrega: “En caso de hacer esto, no sería una elección para nosotros, sería simplemente una selección”.
Mientras Kenscoff suma nuevas víctimas, las organizaciones sociales reclaman investigaciones, depuración de los organismos de seguridad, asistencia para los desplazados y una transformación de las estructuras políticas del país.
También cuestionan el papel de las potencias extranjeras. En su comunicado, las organizaciones haitianas sostuvieron que la inseguridad se ha convertido en “una industria floreciente” que beneficia a actores nacionales e internacionales, y denunciaron que el caos puede terminar funcionando como argumento para profundizar la injerencia extranjera y la dependencia política.
La propia discusión internacional empieza a reconocer los límites de las soluciones diseñadas fuera de Haití. Durante una audiencia de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense, el representante demócrata Gregory Meeks cuestionó las políticas aplicadas por sucesivas administraciones de su país y advirtió sobre los límites de una nueva solución impuesta desde el exterior.
Una fuerza internacional, sostuvo Meeks, no puede reemplazar una gobernanza legítima, instituciones sólidas ni la confianza de la población. Mientras las potencias discuten cómo intervenir sobre Haití, una parte de la sociedad haitiana reclama justamente lo contrario: recuperar la capacidad de decidir su propio destino.
La pregunta que Boisrolin intenta poner nuevamente sobre la mesa: qué significa realmente la independencia de un país cuya revolución de 1804 desafió al colonialismo, al racismo y a la esclavitud, pero que, más de dos siglos después, continúa luchando por ejercer plenamente el derecho a decidir sobre sí mismo.
