El 25 de junio se realizaron elecciones generales en Guatemala. En la décima contienda desde la recuperación de la democracia en 1985 el estupor heló la sangre de la coalición mafiosa que se apropió autoritariamente –con honrosas excepciones– del aparato del Estado hace 38 años. “Vamos”, el partido derechista del presidente Alejandro Giammattei, quedó afuera de la segunda vuelta: obtuvo apenas el 10% de los votos, 28 puntos menos que en las elecciones anteriores. Y las sorpresas no terminaron ahí:
1) La abstención llegó al 41%.
2) El primer lugar fue para el voto nulo y blanco. 1.353.138 (24,3%) guatemaltecos eligieron esta opción por encima de los siete postulantes.
3) Luego, se ubicó Sandra Torres, esposa del expresidente Álvaro Colom, por la coalición de centro-derecha UNE. Obtuvo 888.924 (21%), 20 puntos menos de los que obtuvo cuatro años atrás.
4) El segundo puesto fue para el novel y centroizquierdista Movimiento Semilla de Bernardo Arévalo, que se fundó en 2017 centrado en la lucha contra la corrupción. Alcanzó 653.486 votos (15,5%) y se ganó el derecho a participar de la segunda vuelta el próximo 20 de agosto.
5) Los cinco candidatos restantes juntos sumaron 1.807.301 votos.
Pero el “Pacto de corruptos”, como llama la ciudadanía a la clase política, judicial empresarial, militar y mediática, puso en marcha la maquinaria sucia para desconocer los resultados y sacar a Semilla de la segunda vuelta para que el oficialista Vamos ocupe su lugar.
El primer paso de un intento de golpe electoral se dio el 1º de julio, cuando la Corte Constitucional ordenó suspender provisionalmente los resultados. La intentona recibió la respuesta ciudadana en las calles y la advertencia de misiones diplomáticas y organismos internacionales. Naciones Unidas y la OEA pidieron respeto a la voluntad popular, cese del acoso al órgano electoral y separación de poderes.
Dos días después, 196 organizaciones nacionales e internacionales llamaron a “respetar la integridad del proceso electoral y la voluntad ciudadana en Guatemala”. Denunciaron que “el Estado ha emprendido procesos para criminalizar a operadores de justicia independientes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos; y en el cual se impidió la participación de candidaturas presidenciales con potencial de disputar el poder, resulta preocupante observar mensajes que amenazan con el uso indebido del sistema penal contra las personas integrantes de las Juntas Electorales”.
El 13 de julio, fecha en la que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) debía oficializar los resultados del 25 de junio, la Policía irrumpió en la sede junto a funcionarios del Ministerio Público para anunciar que había conseguido por orden judicial la suspensión del Movimiento Semilla bajo acusaciones de falsificar firmas en su creación en 2017 y de supuesto lavado de dinero. La campaña negra contra Arévalo arreció en la prensa adicta al régimen de la corruptela.
El 19 de Julio, la OEA acusó a los perdedores de poner “en riesgo la estabilidad democrática del país” mediante una “extrema judicialización” de las elecciones “para desconocer la voluntad popular”. “La Misión considera que el abuso de los instrumentos legales por parte de actores insatisfechos con los resultados introdujo un alto grado de incertidumbre en el proceso electoral y puso en riesgo la estabilidad democrática del país”.
Paralelamente, Arévalo solicitó a la OEA una fuerte presencia de la Misión de Observación Electoral para la segunda vuelta ante la posibilidad de un fraude y denunció la “persecución y criminalización de los afiliados y miembros del partido político Movimiento Semilla, la cual se realiza con fines de intimidación”.
La historia de Guatemala registra sucesos insoslayables: la presencia obscena de Estados Unidos y su brazo imperial, las corporaciones bananeras –especialmente la United Fruit Company– que expoliaron al país, la vaciaron de sus recursos e impusieron gobiernos autoritarios. Y su contraparte: los gobiernos revolucionarios de Juan José Arévalo (1945-1951) y Jacobo Arbenz (1951-1954), que comenzaron una serie de reformas políticas y sociales inéditas en el país: reforma agraria, nacionalización de los recursos naturales, ampliación de derechos laborales, seguridad social, educación, política exterior soberana, búsqueda de la unidad de los estados centroamericanos.
El 18 de junio de 1954, tras años de conspiración, aviones mercenarios norteamericanos ametrallan y bombardean ciudades. El golpe tramado por la CIA, el Departamento de Estado y la United Fruit Company se hace realidad. Desde aquella fecha y hasta 1985, dictaduras sanguinarias instalaron el terror y produjeron sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluido el genocidio planificado de comunidades originarias. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico creada en 1994 estableció que unas 200.000 personas fueron asesinadas en esas tres décadas.
Bernardo Arévalo es nada más y nada menos que el hijo de Juan José Arévalo, para muchos analistas el primer presidente guatemalteco elegido de manera transparente. Tras el golpe de 1954 la familia debió exiliarse: por eso es que Bernardo nació en el Uruguay en 1958.
En 1963, Arévalo regresó a Guatemala clandestinamente para ser candidato presidencial. Un golpe militar preventivo organizado por la rosca impidió que este líder popular alcanzara otra vez la primera magistratura. Hoy, los herederos de esa mafia pretenden repetir esa maniobra con su hijo. Las semanas que restan hasta la segunda vuelta serán cruciales para saber si Guatemala sigue de rehén del Pacto de corruptos o se gana el derecho a ser un país libre.
