El inefable senador trumpista Ted Cruz –el mismo que amenazó a Gustavo Petro antes de su asunción como presidente de Colombia– se debe haber conmovido hasta las lágrimas con la sobreactuación del fiscal macrista Diego Luciani. Con fuegos de artificio al mejor estilo Hollywood, calificó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como “una cleptócrata” a la “que Estados Unidos debe sancionar por corrupta”.
Cruz, como miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, envió una carta al secretario del Departamento de Estado Anthony Blinken pidiendo sanciones para Fernández de Kirchner y sus familiares directos. Pidió explícitamente que se les aplique la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2021 del Departamento de Estado.
“Escribo para llamar su atención sobre los actos corruptos cada vez más descarados y ahora públicos de la expresidenta argentina y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que durante décadas socavaron el estado de derecho en Argentina, convulsionaron sus instituciones políticas y socavaron los intereses estadounidenses en el país y, de hecho, en la región. Quizás de manera más notoria, pero ciertamente no exclusiva, está profundamente implicada en la muerte en 2015 del fiscal especial argentino Alberto Nisman, quien fue encontrado baleado en su apartamento el día antes de que presentara pruebas ante el Congreso argentino que habrían probado que Fernández de Kirchner se coludió con Irán para encubrir el papel de Irán en el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, el peor ataque terrorista en la historia de Argentina”, deliró el senador estadounidense en su misiva.
Cruz y Luciani comparten la admiración por el degradado exjuez de la causa Lava Jato, Sergio Moro, declarado “juez parcial” por el Tribunal Supremo de Brasil y la ONU por el encarcelamiento ilegal del expresidente Lula da Silva y haber violado sus derechos humanos. Cabe recordar que Moro fue condecorado por el ejército con la Orden Militar al Mérito y por la Universidad católica de Notre Dame, en South Bell, Indiana, por sectores ultraconservadores estadounidenses que le celebraron la persecución al lulismo.
También habrán leído al general de la Fuerza Aérea estadounidense Charles Dunlap, quien en 2001 acuñó el término lawfare al que definió como “la estrategia de usar el Derecho como un sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo de combate bélico. Representa una forma de operación basada en efectos que contribuyen directamente a los resultados militares o políticos deseados”.
El lawfare, en este sentido, es una guerra no convencional que se basa en la violación de las leyes y la manipulación artera para desprestigiar al enemigo político, reemplazando así al método golpista tradicional.
Organismos de Derechos Humanos expresaron el “enorme repudio al proceso judicial conocido como causa Vialidad, que tramita ante los tribunales de Comodoro Py contra CFK” en la cual “los fiscales la acusan de ser jefa de una asociación ilícita sin prueba alguna, le niegan el derecho a ser oída antes de los alegatos de su propia defensa. Son notorias las relaciones entre los jueces y fiscales, evidenciando la falta de imparcialidad en la toma de decisiones, lo que nos alerta acerca del posible resultado de la causa”.
“La figura de la asociación ilícita ha sido arbitrariamente utilizada por este poder judicial para perseguir, criminalizar y encarcelar a referentes sociales y sindicales. Esta vez la usan con el fin de inhabilitar a perpetuidad a la máxima dirigente política de nuestro país. Somos conscientes de que la guerra judicial en curso es parte del proyecto de las derechas, que tienen como primer objetivo la condena y proscripción de Cristina, para poder imponer un proyecto neoliberal cuyas funestas consecuencias las volverá a pagar nuestro pueblo”.
El rapto de la aeronave
El avión de la empresa estatal venezolana Emtrasur arribó a la Argentina el 6 de junio con 19 tripulantes –14 de Venezuela y 5 de Irán– portando materiales para el sector automotriz. A otra escala que el caso de CFK y los de otros líderes latinoamericanos que sufrieron una campaña de acoso judicial-mediático, el Boeing 747-300 retenido ilegalmente en suelo argentino también es parte del lawfare: a tal extremo llegó que, a pesar de la falta total de pruebas y delitos, el juez federal Federico Villena aceptó la incautación de la aeronave a pedido de Estados Unidos, convalidando así una cesión inaceptable de la soberanía nacional.
Resulta insólito que el avión y la tripulación venezolana lleven ya casi tres meses retenidos en Ezeiza: No hay pedidos de captura ni alertas rojas contra ninguno de los tripulantes, y las inspecciones de la aeronave –que además siempre estuvo bajo control satelital– no arrojaron ninguna irregularidad. Se trata, entonces, de un interés geopolítico basado en la demonización de países como Venezuela e Irán que no acatan los intereses geopolíticos de Estados Unidos.
En diálogo con SANGRRE, la comunicadora política venezolana Orlenys Ortíz, que se encuentra en la Argentina siguiendo el día a día del caso, relató: “El fallo de principios de agosto del juez Villena dice que no se han concretado los insumos probatorios que se han investigado. Agrega que no ha podido comprobar las acusaciones, pero que ese tribunal todavía tiene dudas sobre la actividad comercial de la empresa Emtrasur. Es otra muestra del lawfare que, lamentablemente, tiene rienda suelta en Argentina, y que tiene todo que ver con la operación política-mediática-judicial que sigue arremetiendo contra Cristina Fernández de Kirchner para proscribirla”.
“Lamentablemente se ve la sumisión de la Justicia argentina a la espera de lo que diga la Justicia de Estados Unidos”, sostiene Ortíz. “La judicialización de la política está siendo el instrumento que más está poniendo en peligro la verdadera democracia en la región, sumado al poderoso y eficaz brazo mediático al servicio del Poder Judicial, que a su vez está subordinado a intereses estadounidenses”.
Añade que el objetivo de este despropósito judicial es “torpedear en varias direcciones: por un lado, la relación bilateral entre Argentina y Venezuela; por otro, perjudicar el crecimiento de Venezuela en medio del bloqueo criminal que está padeciendo; y, finalmente, ensuciar las elecciones presidenciales de Argentina de 2023”.
Enumera Orlenys Ortíz que esta “dictadura judicial-mediática” aprovecha todas las herramientas del lawfare como “el psicoterror mediáticamente instalado en el imaginario colectivo argentino contra Irán; el morbo que implica combinar Venezuela e Irán, como consecuencia de esa misma construcción mediática; un Poder Judicial que responde a intereses económicos y políticos, dentro y fuera de Argentina; y las condiciones de bloqueo criminal que padecen las naciones del mantra de psicoterror (Venezuela e Irán), que cada vez ganan más terreno en la aceptación internacional de la extraterritorialidad de las leyes estadounidenses”.
Como en el caso de CFK, el secuestro del avión venezolano es un capítulo más de un expediente sin sustento judicial, pero que suma toneladas de odio que abrevan en el proyecto político de la derecha. Lawfare puro y duro.
