Clandestino, No! es el Observatorio de Socorristas en Red creado para hacer visible los acompañamientos feministas a abortar en el marco del sistema de salud. Entre enero y junio del 2020 sumó 8967 nuevos acompañamientos a mujeres y personas gestantes. Con estos, llevan cerca de 40 mil desde su fundación en 2012. Según un informe realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el CEDES y la Red de Acceso Al Aborto Seguro, en Argentina se estima que se realizan entre 370 mil y 520 mil abortos por año. El aborto representa la tercera causa de muerte materna para la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. También según esa Dirección, se producen más de 45 mil ingresos hospitalarios por abortos incompletos por año en nuestro país.
Sobre esta realidad, el Senado de la Nación tratará hoy la media sanción final para la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Será una jornada histórica que determinará si, finalmente, habrá una respuesta del Estado argentino a la altura de la salud y la vida de las mujeres. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito estará movilizada federalmente, siguiendo la sesión, junto a la consigna que impulsa hace quince años: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
Conversamos con Johana Lacour, referenta de Mala Junta, Frente Patria Grande de Santiago del Estero, sobre el estado del debate en torno al aborto, la situación en los distintos territorios del país y las expectativas para que sea ley.
En 2018, a partir del proceso que se dieron los movimientos feministas y de mujeres pudo ponerse en debate, visibilizarse la clandestinidad en la que se encontraba el aborto. ¿Creés que hay, en este sentido, un piso ya ganado, un crecimiento en el orden de la discusión, algunas cuestiones saldadas en este debate 2020?
Lo que se ha producido en 2018 ha sido una descriminalización de la práctica. Una despenalización social. En virtud de que se lo ha podido sacar del closet, gracias a estas genealogías feministas que veníamos construyendo, hemos logrado la puesta en escena de una práctica ancestral, una práctica que nuestras abuelas han realizado. Se han dado procesos a nivel político y cultural y procesos a nivel social vinculado a lo familiar. Hemos podido empezar a hablar en nuestras familias sobre los abortos, compartir las experiencias, sanar. Ha habido distintos niveles de impacto del debate público. Hay un antes y un después del 2018. Que, por supuesto, no ha arrancado ahí, sino que tiene muchos antecedentes, con esas genealogías feministas que mencionaba, con esta ciudadanía política que hemos construyendo a lo largo de los años. Veníamos del 2015 con el Ni una menos, otra explosión pública de este proceso, y quienes nos consideramos feministas populares entendemos que la historia no empezó con eso y con nosotras, que antes de nosotras estuvieron las piqueteras y antes las encuentras, y antes las madres y las abuelas. Creo que se ha dado un proceso muy interesante a diferentes niveles: sociales, políticos, culturales.
Eso implica que hoy la discusión se dé en otros términos, en el recinto y en la sociedad. Primero, en la sociedad hay sobradas muestras de que la ley de IVE se imprime como una solución para ampliar derechos; mientras que en quienes se oponen hay un objetivo político de cercenar derechos sobre esa prohibición. Quedó claro que la Campaña, el movimiento de mujeres que lo impulsa y, hoy, también el gobierno nacional, lo que buscan es poder darle respuestas desde la política pública a una realidad que no va a cambiar porque sea prohibitiva su práctica. Me parece que eso en la sociedad ha quedado claro: que la prohibición no va a solucionar el problema. Los abortos siguen existiendo, han formado parte de la historia de muchas mujeres y atenderlo es una cuestión de salud y de política pública.
Con esa base, se discute en 2020 con otras tónicas. También con otros marcos institucionales: si bien es una conquista del colectivo, que el Ejecutivo Nacional lo impulse le da otra impronta política. Creo que el debate es mucho menos violento en términos discursivos, lo que no quita que haya un agravamiento en los niveles de violencia de un sector, no quienes están en contra del aborto, sino sectores que políticamente se organizan desde el conservadurismo para obstaculizar derechos. Que no es la doña de mi barrio que cree que está mal abortar por sus valores religiosos; se trata de sectores políticos organizados, conservadores, que tiene hoy presidentes, como el caso de Bolsonaro en Brasil. Desde esos sectores sí hay un agravamiento de la violencia. En Santiago, por ejemplo, en la casa del único diputado que votaba a favor, han hecho un escrache a la madrugada, cuando estaba por votar. Pero sí creo que en la opinión pública y en el recinto las tónicas son diferentes y se debate desde ciertas cuestiones saldadas: nadie está obligado a abortar, vamos a garantizar un efector público con médicos que lo quieran hacer, es una práctica ambulatoria, de resguardo de la salud de la mujer. No hay mucho más para decir para la aprobación de la ley.
La clandestinidad del aborto hasta hoy hace que el acceso a mejores condiciones de la práctica se vincule a la desigualdad social y también con matices diferentes en los territorios. ¿Cómo es la situación en tu provincia en particular –una de las provincias que no adhirió al protocolo de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo)– y en las diferentes regiones del país?
Las provincias que no tienen protocolo ILE son cinco: Corrientes, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. En el caso de Tucumán, Santiago del Estero y Formosa, somos provincias donde el acceso a la información es más acotado, donde hay un activismo religioso importante, movimientos antiderechos muy fuertes –sobre todo en Tucumán y en Santiago– que se instalan en sectores estratégicos de la salud y la educación. Y obstaculizan no solo el acceso a la ILE, sino el acceso a la anticoncepción, a la anticoncepción quirúrgica y, por supuesto, a la educación sexual integral. Es un proyecto político, no solo es el aborto. Un proyecto político que no solo se cristaliza en Santiago del Estero, en Tucumán, en Argentina, sino en América Latina. Hay un conservadurismo religioso que impacta directamente en las zonas donde las estructuras políticas son más conservadoras, entonces tienen mucho más asidero. Porque además somos provincias históricamente subyugadas por procesos que implicaron atrasos económicos, por lo tanto culturales y sociales en la pelea por los derechos.
En Santiago, la aplicación de la ILE está atada a la voluntad de un sector del sistema de salud público que nos lo garantiza en tanto nosotras como militantes nos contactemos y hagamos la solicitud. No es un derecho que se promueve. No es que, cuando una menor llega a un centro de atención primaria de la salud o a un hospital con un embarazo en curso con claras evidencias de abuso, se da a conocer el derecho, se la notifica, sino que se consigue por el trabajo militante feminista. En provincias como las nuestras no tenemos políticas públicas adecuadas, sino nuestras redes. Hay que trabajar para cambiar eso con la ILE y con la nueva IVE.
¿Qué pasó durante 2020 con la práctica de los abortos en el marco de la pandemia, con la cuarentena y la imposibilidad de acceder al sistema de salud con la misma fluidez?
En Santiago no hemos registrado, durante este año, muertas por abortos clandestinos. Sí durante los años anteriores; de hecho, en el 2018, un poquito antes de la votación en Senadores, ha tenido mucha difusión el caso de María. Lo que sí ha habido, frente al confinamiento, fue un recrudecimiento de las violencias en los hogares. No han aumentado los femicidios, pero sí han aumentado los pedidos de asistencia al 144. Y, sobre todo en el primer tramo del aislamiento, ha sido imposible garantizar interrupciones legales de embarazos. Se han podido garantizar mediante esta red: un poco de socorristas, un poco del sistema de salud. Pero ha habido dificultad por las restricciones a la circulación: compañeras de La Banda que tenían que trasladarse a Santiago, o al revés. Ese tejido social que ha quedado mucho más rezagado por la pandemia, por la imposibilidad de trabajar –porque se trata de trabajadores informales–, ha sido muy contenido por las organizaciones sociales. Y, en este sentido, ha habido también que redoblar esfuerzos en la red de feministas para interrupciones seguras.
Hoy, con las expectativas frente a la sesión, ¿van a realizar actividades, movilizaciones?
Lo que tuvo la discusión del aborto 2020 fue la imposibilidad de trasladarnos masivamente a Buenos Aires. Creemos, además, que estamos en un momento crucial en donde puede haber un rebrote y tenemos que cuidarnos. Entonces, este año tuvo la particularidad de haber construido con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto un despliegue federal, que tiene a las provincias como protagonistas y en todas se están realizando acciones. En el norte las haremos más a la tarde-noche, por una cuestión climática. En Santiago del Estero en particular vamos a hacer una vigilia. Y eso se repite en Tucumán, en Misiones, en todas las provincias. Este año la lucha fue federal, hemos trabajado mucho en la descentralización de la política de la Campaña, en la descentralización de los recursos para poder hacer movidas grandes en todos los lugares donde estamos. Creo que eso va a fortalecer las construcciones y las militancias de la Campaña en cada lugar. Vamos a estar en todos los lugares del país haciendo el aguante para que sea ley; y al otro día vamos a salir a luchar para su aplicación.