El pasado 8 de octubre, en la última sesión de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, los representantes del PRO, junto con los de la Coalición Cívica de Lilita Carrió, Evolución de Martín Lousteau, Confianza Pública de Graciela Ocaña y el Socialismo de Roy Cortina, aprobaron en primera lectura un proyecto de ley que tenía por objeto cerrar el proceso de autorización de la venta de un sector muy importante de la Costanera Norte conocido como Costa Salguero: un predio de 17 hectáreas concesionado por treinta años desde 1991.
La avanzada en el legislativo porteño no solo le quitaba a la ciudadanía el acceso al rio, y desfavorecía las recomendaciones ambientalistas, sino que había violado toda la instancia constitucional que opera de amparo a este tipo de enajenaciones de bienes públicos. Esto provocó una veloz instalación en redes del rechazo de la opinión pública porteña, y la planificación para el domingo 25 de un abrazo al predio de la Costanera como forma de expresar el descontento por el proyecto de privatización en la ribera Norte.
Ante este escenario, durante el día de ayer, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Técnico dictó una medida cautelar ordenando que no se avance con la venta de las tierras de Costanera Norte. El tribunal, que consideró que la Ley Nº 6.289 que autorizaba la venta de las tierras no respetó el procedimiento constitucional de sanción de leyes, abre un suspenso que podría ser valioso en la medida que se comiencen a imputar responsabilidades al Jefe de Gobierno porteño por los desempeños anticonstitucionales y el modelo de negocio que desde hace años desarrolla en la ciudad. Acerca de la dimensión de este modelo privatizador, y sobre sus consecuentes impactos en materia de vivienda y ambiente, hablamos con el legislador porteño Matías Barroetaveña, representante del Frente de Todos con mandato hasta 2023.
¿Podría detallar cómo fue el proyecto que obtuvo mayoría en la Legislatura porteña el pasado 8 de octubre y por qué razón era inconstitucional?
El oficialismo porteño logró aprobar en la Legislatura un diseño urbanístico para lo que ya habían aprobado en diciembre pasado, que es la venta del terreno de Costa Salguero. Lo que autorizaban en esta ocasión era la construcción de edificios de hasta treinta metros de altura o diez pisos; que, como se sabe, además, están dentro de una zona de posible riesgo como es el cono de seguridad del espacio aéreo por la cercanía con Aeroparque. Pero más grave aún es que con este proyecto se constituía una privatización del acceso al rio, que de acuerdo a la Constitución de la Ciudad debería ser público y no privado. Si pensamos lo que significan para la población esos terrenos en términos de una posible vinculación con la costa y el acceso al rio, se transformó en un hecho trascendente la recuperación de esas tierras públicas.
¿Cuáles son los resortes democráticos con los que se cuentan para desactivar este tipo de maniobras?
Nuestro objetivo político fue impedir que avance esta venta de terrenos y para eso apelamos a las instancias de participación ciudadana, que se traducen en la audiencia pública que se había programado para noviembre y en motorizar, abrir la mayor cantidad de cauces para la participación ciudadana. Una movilización ciudadana que efectivamente sucedió.
Usted ha presentado un informe donde explicita que 230 hectáreas de dominio público –en su mayoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– fueron vendidas entre los años 2009 y 2019.
El PRO viene con un proceso de ventas incesante en cuanto a privatización del espacio público. Desde que son gobierno en Buenos Aires vendieron más de 150 hectáreas de la Ciudad y, en el lapso que fueron gobierno nacional, vendieron más de 78 hectáreas que pertenecían a Nación. La privatización es para ellos el modelo de ciudad, junto con desarrollos urbanísticos que tienen que ver con la construcción de edificios para los sectores más ricos del país y la consecuente especulación inmobiliaria. Sabemos que efectivamente el 40% de lo que se construye en este marco de desarrollos urbanísticos de viviendas suntuosas ofician como reserva de valor en dólares en el mercado financiero.
O sea, mientras por un lado se duplica el déficit habitacional en la ciudad, creció la población en villas o barrios populares y aumentó en un diez por ciento la cantidad de gente que alquila, el PRO propone continuar con este proceso de financierización de las propiedades como parte de un negocio que empezó hace más de 40 años. Nosotros, por el contrario, pensamos que el uso de la tierra es un bien fundamental para poder resolver el acceso a una vivienda y para mejorar la política ambiental de Ciudad de Buenos Aires: dos problemas que realmente impactan sobre los vecinos. Fue por eso que nos opusimos a la utilización de los terrenos para la especulación inmobiliaria. Consideramos que había que frenar este negocio ahora, porque pretenden empezar con Costanera Norte y extenderse hasta Dock Sud limitando el acceso de toda la costanera.
¿Bajo qué andamiaje institucional se llevó a cabo esta enajenación de tierras públicas en la Ciudad?
El PRO ha ganado las elecciones porteñas con porcentajes importantes en los últimos años y eso le ha permitido construir un poder absoluto en la ciudad, donde tienen dominio del Poder Judicial, del Ejecutivo y el Legislativo. En su momento, lograron los cuarenta votos que la Legislatura pide –una mayoría especial de dos tercios– para vender terrenos, justamente porque el Poder Legislativo pretende hacer difícil esa venta o amparar de alguna forma las propiedades comunales para que solo sean ofertadas por imperiosa necesidad.
En ese marco, lo positivo es que cuando el PRO perdió el gobierno nacional a partir de diciembre, la Nación dejó de vender tierras, suspendió ese proceso de drenaje orquestado con la Ciudad y, además, la Agencia de Bienes del Estado ya presentó amparos para impedir la venta de las tierras que había transferido Macri irregularmente a Ciudad de Buenos Aires en los últimos días de su gestión.
Por otro lado, ahora, en la ciudad cuentan con 39 votos, o sea no llegan a los 40 que exige la legislatura porteña. Esa fue la realidad que los llevó a avanzar en este tipo de proyectos, que no exigen transparencia ni los 40 votos legislativos: arman un proyecto donde primero designan al predio de Costa Salguero como de “dominio privado” en vez de público y, a partir de ahí, avanzan bajo convenios urbanísticos que en “casos particulares” pueden otorgar concesiones para construcción u otros destinos. Esos “casos” que para el PRO son “particulares” no son ni más ni menos que las tristemente célebres “excepciones inmobiliarias” del viejo Consejo Deliberante.
¿Cuáles son las alternativas de los usos del suelo en la ciudad?
Si tomamos en cuenta esas hectáreas que el gobierno de la ciudad pretende vender e imaginamos que podrían utilizarse para plazas o recreación al aire libre, se podría crecer en un 40% en lo que respecta a espacios verdes, acercándonos a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, que considera que debe haber a razón de 10 m2 de espacios verdes por habitante. En la Ciudad de Buenos Aires, cada habitante está a razón de 5 m2 de espacio verde, o sea, en la mitad de lo que se calcula para mitigar el calentamiento global.
Por otro lado, específicamente en las tierras de la costa, sabemos que también son suelos fundamentales para poder mitigar el avance del calentamiento, ya que están a orillas de aguas que van a crecer; y, en la medida que sacamos superficie absorbente, porque generamos mayores edificaciones y ocupación por cemento, contribuimos a los efectos de lo que se llama “isla de calor”: un aumento desmedido de calor que se da por la acumulación de hormigón.
Evidentemente, esta ausencia de voluntad ambientalista del gobierno de la ciudad, compartida con los legisladores aliados –de la Coalición Cívica, Evolución, Confianza Pública y el Partido Socialista–, así como la desidia respecto a los problemas de vivienda que aqueja a los ciudadanos porteños, tuvo escucha en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Técnico, que acaba de dictar una medida cautelar que ordena que no se avance con la venta de las tierras de Costanera Norte.
La cautelar decidida por la Justicia es una muy buena noticia, ya que suspende hasta sentencia definitiva todo el proceso. Por lo tanto, entendemos que todo el avance en la enajenación de esas tierras y los cambios de normativas que desconocieron el procedimiento quedan desarticulados y suspendidos. Desde el Frente de Todos creemos que es una oportunidad para poder presentar un proyecto legislativo que tenga que ver con darle diseño y utilidad a ese espacio en cuanto que público y verde.
Trabajaremos en eso y es muy importante que este fallo no implique una desmovilización de los vecinos, porque estamos convencidos de que justamente la participación ciudadana en este debate y la reacción que provocó este avance sobre los derechos de la población y su acceso al rio es lo que nos permite hoy ganar plazos y tener la alternativa de recuperarlo para todos.
