“Una de las batallas fundamentales del siglo XXI es desmercantilizar los alimentos”

Desde hace algunas semanas, y a raíz del caso Vicentin, ronda de costado por el debate público la pregunta sobre la soberanía alimentaria. Las lógicas de producción, distribución y comercialización de alimentos, la concentración de tierras, el monopolio en la formación de precios que se vuelven distorsivos son algunas de las evidencias que aparecen cuando se hace foco sobre el mercado de alimentos en nuestro país. En discusión con esta realidad, Ciudad Futura y el Frente Patria Grande desarrollaron un proyecto sobre una empresa pública de alimentos que contempla, como primer paso, plantas locales de fraccionamiento que estén en relación directa con los productores, y empaqueten unidades nutricionales básicas para atender la necesidad alimentaria en el marco de la emergencia de la pandemia. Y pueda a mediano y largo plazo, instituir otras lógicas y modos de gestión en todos los eslabones de la cadena productiva.

Conversamos con Caren Tepp –concejala de Ciudad Futura de Rosario, Santa Fe– sobre los detalles del proyecto y acerca de cómo aprovechar la experiencia acumulada de cooperativas, economía popular, pequeños productores y movimientos sociales, para pensar nuevas formas de gestionar lo común.

¿Qué es lo que plantea el proyecto de la empresa pública de alimentos que impulsan? Es decir ¿cuáles son sus objetivos? Sobre todo en relación con los actores de la producción y distribución alimentaria y el grado de concentración del mercado de alimentos.

El proyecto de la empresa pública de alimentos es una iniciativa que articulamos entre Ciudad Futura y los compañeros y compañeras del Frente Patria Grande. Fue un proyecto que venimos gestando desde nuestras organizaciones; particularmente nosotros con Ciudad Futura desde distintas iniciativas y proyectos prefigurativos vinculados al acceso a los alimentos. Por ejemplo, la recuperación del último tambo de la ciudad de Rosario, a partir de lo cual logramos que siga produciendo materia prima y agregado de valor en origen, y que se transforme en una cooperativa con más de diez jóvenes que industrializan el 100% de la leche y lo venden directamente a los consumidores. Ese proceso nos permitió en el sector lácteo trabajar, desde hace ya más de un año, con una cooperativa histórica de Rosario, Cotar, conformada por trabajadores tamberos de la zona de la cuenca lechera del sur de la provincia de Santa Fe. Desde hace un año venimos llevando adelante la política del “socio lácteo” que permitió que, en plena crisis láctea del año pasado cuando el litro de leche estaba incluso más caro que el litro de nafta o el litro de leche en Alemania, lográbamos poner en góndola tres litros de leche a 100 pesos. Un proceso que hoy se sostiene con tres litros por 120 pesos, muy por debajo de lo que es el precio en los grandes hipermercados. Esa es una política que pusimos en marcha el año pasado durante la campaña local, que logramos sostener y es una alianza estratégica entre distintos sectores productivos y proyectos políticos.

También tenemos la “misión Anti Inflación”, que es una red de consumidores donde los usuarios, las familias, podemos reemplazar las compras en los supermercados y hacerlas directamente al sector de los productores, las pymes, las empresas recuperadas. Esto lleva más de seis años de funcionamiento, con seis centros de distribución en la ciudad de Rosario. Tenemos experiencias vinculadas al desarrollo de las huertas domiciliarias. En Venado Tuerto, por ejemplo, tenemos un proceso que se llama “Huertear la ciudad” que ya tiene 200 familias que empezaron a producir sus alimentos, sobre todo frutihortícolas, en los patios de sus casas, además de huertas en espacios comunitarios. En síntesis, lo que llevamos adelante es toda una serie de políticas vinculadas al acceso a los alimentos. Porque entendemos que una de las batallas fundamentales del siglo XXI es desmercantilizar los alimentos, que se han vuelto un fin de lucro, producto de la gran monopolización en las cadenas productivas y también de muchos abusos en el sector de la distribución y la comercialización final de los productos.

En este sentido, nosotros en el tambo producimos, industrializamos quesos. Nuestros productos son de muy buena calidad pero tiene un precio de góndola entre un 20 y un 30 por ciento por debajo del mismo producto de las marcas tradicionales. Hicimos un estudio de la estructura de costos, es decir, qué estábamos pagando por cada 100 gramos de queso, cuánto iba al productor, cuánto al resto de los componentes que establecían el precio. Nos encontrábamos, en el caso de las grandes marcas, que casi un 40 por ciento del precio está destinado a merchandising y publicidad. Esta distorsión que hay en la estructura de costos ha suplantado lo que es el precio justo al productor por toda otra cantidad de costos que tiene que ver con el posicionamiento comercial del producto, con seguir instalando los alimentos como mercancías. En realidad es un problema a nivel mundial, pero nosotros tenemos la paradoja que somos un país con todas las condiciones para poder alimentar de manera digna a todos los argentinos. Por lo que la contracara de la monopolización de la producción y la comercialización de los alimentos es tener más de un 30 por ciento de la población con problemas para poder acceder dignamente a la comida.

Esta situación, por supuesto, se fue agravando en los últimos años de gobierno neoliberal con Macri; a lo que se agregó una pandemia de estas características que ha provocado que, para muchas personas, un día sin trabajar, sea un día sin comer. Entonces, una problemática que históricamente, de manera estructural, fue un problema de las familias que viven principalmente en los barrios populares de nuestras ciudades, empezó a ser también un problema de muchos sectores medios, medios-bajos, de jóvenes con trabajos precarizados que, en el marco de la pandemia, quizá por primera vez, necesitaron ayuda para poder acceder a algún tipo de asistencia alimentaria del Estado o de la red de organizaciones o comedores que se articulan en el territorio.

Con todo este marco, pensamos que era necesario avanzar con una iniciativa que ponga en la agenda pública la discusión para que Argentina se plantee una empresa pública de alimentos. Esto, para nosotros, tiene dos dimensiones. Por un lado, avanzar en la elaboración, formulación, presentación de un proyecto de ley en el Congreso Nacional, que estamos trabajando los legisladores locales y provinciales de Ciudad Futura junto con los legisladores del Frente Patria Grande, para que podemos incluir a los alimentos como un bien público, como un bien común; un bien, por lo tanto, del que el Estado no solo tiene que garantizar el derecho a su acceso, sino, para ello, intervenir en toda la cadena de producción, distribución, comercialización. Esperamos la próxima semana hacer la presentación del proyecto. Cuando lo empezamos a trabajar no se había desatado el caso Vicentin, que va en consonancia con y ayuda a esta discusión.

Por otro lado, en paralelo, nuestra intención es avanzar en las ciudades con la puesta en funcionamiento de plantas de fraccionamiento y distribución de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Correr algunos eslabones de la cadena y que se puedan poner en marcha plantas locales que compren a los pequeños y medianos productores lo que son los alimentos de la canasta básica familiar, sobre todo la porción de alimentos no perecederos, secos. Se trata de diez, once productos, sobre los que estamos haciendo un relevamiento, para que esa planta se los compre a los productores “en la puerta de la tranquera” y a precio justo. Y que sea la planta la que haga el trabajo de fraccionamiento en envases de kilo, de medio kilo, y en mayor volumen para la asistencia a comedores comunitarios, por ejemplo. La planta lo que puede hacer también es la conformación de cajas alimenticias que tengan valor nutricional adecuado para poder atender fundamentalmente –y en Rosario venimos avanzando en ese sentido– a las 25.000 familias que están por debajo de la línea de indigencia. La idea es que las plantas tengan en una primera instancia, al menos, como principal fuente para vender la producción a los Estados nacional, provincial, municipal, que hoy, en medio de esta pandemia, tienen que brindar asistencia alimentaria a cada vez más familias y se encuentran muchas presos de las extorsiones y las presiones del mercado de alimento concentrado. La pandemia ha demostrado que, más allá de las buenas voluntades de los distintos gobiernos, los Estados tienen problemas tanto para la compra como para la gestión y la distribución de los alimentos a las familias que más lo necesitan. Esta planta de fraccionamiento apunta a constituir estas cajas que sirvan para alimentar a estas familias, constituir trabajo genuino y también el desarrollo de una marca propia que intervenga en los mercados locales de las ciudades de nuestro país. E incluso de ser proveedora de experiencias asociativas como las proveedurías de los sindicatos y las mutuales.

Vuelvo a la experiencia de la empresa de leche y derivados, para ver, en todo ese recorrido, cuál es la situación que se encontraron de los pequeños y medianos productores. Y preguntarte si, en este contexto de pandemia, pudo ponerse en discusión toda esta situación del mercado de alimentos.

Nosotros decíamos, al iniciar la pandemia, que en las respuestas que se den a la crisis iban a estar las claves de la “nueva normalidad” y del futuro que se viene. En ese sentido, lo que intentamos hacer fue recoger todas las experiencias que tenemos de nuestras organizaciones, pero también, en particular en la provincia de Santa Fe, de muchas cooperativas, empresas recuperadas y pymes vinculadas a la producción de alimentos. Claramente la deficiencia que existe, las mayores complicaciones tienen que ver con el eslabón de la logística, la distribución y la comercialización y puesta en góndola de sus productos, con lo que muchas veces deben aceptar los términos y las condiciones que van marcando las grandes distribuidoras y cadenas de supermercados a la hora de fijar los precios y de fijar los pagos. En el caso concreto de la experiencia que contaba del tambo La resistencia, la cooperativa Cotar y Ciudad Futura, para poder poner en marcha el socio lácteo en plena crisis, básicamente lo que Cotar se dio cuenta es que, vendiéndole a los grandes supermercados, recibía los pagos a 30, 60, 90 días; con procesos inflacionarios donde, cuando los supermercados vendían ese producto en cuotas, le cobraban la tasa financiera al consumidor, pero no se veía después trasladado al productor, al que le terminaban pagando a 90 días un precio absolutamente atrasado. Esa “espalda financiera” la tenía que soportar el sector productivo, mientras las cadenas de supermercado y el sector financiero se llevaban las grandes porciones de riqueza de esas transacciones. Y hablamos de bienes que no son de lujo, sino bienes de consumo cotidianos y necesarios como los alimentos.

Frente a esos problemas que fuimos encontrando, no solo pusimos en marcha la denuncia, sino la alternativa, la forma de mostrar que hay otros caminos posibles para poder sortear esas extorsiones y concentraciones que marcan las grandes empresas alimentarias en nuestro país. Esto lo digo porque nos parece fundamental: cuando decidimos dar la batalla por una empresa pública de alimentos, dijimos “vamos por una ley”, pero en paralelo vamos por la materialización de plantas que permitan plantear otra alternativa. Porque parte del éxito que tiene el neoliberalismo es que nos ha hecho creer a todos, incluso a los más militantes y entusiastas para querer cambiar las cosas, que no hay alternativa posible, que nadie lo puede hacer mejor que el mercado. Para romper con esa idea tan instalada, incluso en el sentido común de las personas, necesitamos construir ideas innovadoras pero también experiencias concretas, materializables, que le permitan a la gente creernos no porque nuestras ideas son “nobles” sino porque en la práctica misma tienen beneficios concretos. En este caso, los beneficios son tanto para los consumidores como para el sector productivo. El desafío hacia adelante es, con estas experiencias, cómo poder replicarlas y escalarlas a nivel de política pública para que, en un país como el nuestro, con la riqueza productiva que tiene, la distribución pueda ser no solo del ingreso sino de las formas de producción y de generación de riquezas a nivel nacional y federal.

Creo que tanto la crisis social y económica que trajo aparejada la pandemia como los hechos que fueron dándose las últimas semanas con el escándalo del caso Vicentin dan cuenta de que uno de los temas principales que es necesario abordar hacia adelante es la política alimentaria. En Argentina nadie duda de que la educación y la salud sean un bien y un derecho público que el Estado debe garantizar a todos sus habitantes. Después, la gestión puede ser privada, estatal o social. De la misma manera, creemos que tenemos que avanzar en el terreno de los alimentos para quitarlos del ámbito meramente privado y del lucro, que sean una cuestión pública y que el Estado pueda mostrar distintas formas de gestión en su producción y distribución.

Otra cuestión que se planteó en estos días tiene que ver con el acceso a las tierras, con su distribución. ¿Cómo es en ese sentido la situación de los productores en Rosario y en la provincia?

Tomemos, por ejemplo, el caso de todo lo que es el condón frutihortícola que tenía la ciudad de Rosario, primero en su ejido urbano y después en lo que son las localidades del área metropolitana. En el 90 por ciento de los casos, los productores tienen que arrendar o alquilar las tierras porque no son propietarios. Los términos y las condiciones de esos contratos son totalmente abusivos. Así como vemos el abuso de los alquileres en el caso de la vivienda familiar, es exactamente lo mismo, la misma lógica se traslada a las tierras de producción. Las condiciones en las que se producen los alimentos son realmente muy injustas. En un país y una provincia como la nuestra, poder avanzar con políticas de soberanía alimentaria necesariamente nos lleva a la discusión sobre la distribución y el acceso a la tierra como el bien principal para poder llevar adelante procesos de producción que sean más justos, que sean más saludables, que no estén orientados meramente a la exportación de cereales sino a la producción para consumo interno. Cualquier política alimentaria en Argentina y, sobre todo, si el objetivo es generar soberanía alimentaria, tiene que dar la discusión sobre el acceso a las tierras.

En el caso de la ciudad de Rosario, como decía, logramos defender el último tambo que queda por el proceso de crecimiento y urbanización y la especulación inmobiliaria que trae aparejado. Esto ocurría en un sector de la ciudad que es mayoritariamente inundable, donde viven familias ligadas a la producción rural, al uso del suelo, donde se pensaba construir barrios privados, desalojando a todas esas familias y relocalizándolas de manera absolutamente ilegal en las áreas periurbanas, en el cordón metropolitano de Rosario. Es un proceso de concentración de las tierras con uso meramente especulativo, porque no está vinculada a una política de acceso a la vivienda. Lo que se intenta son procesos de concentración para el desarrollo de barrios privados, countries y demás. Esa fue nuestra primer lucha en el año 2010, donde logramos impedir el uso de la figura de “barrio privado” en Rosario porque, más allá de la cuestión ideológica sobre los modos de vida, lo que discutíamos es que la tierra es un bien escaso y, por lo tanto, se necesita de una regulación y una intervención estratégica y aguda de los Estados para poder generar, sobre ese bien escaso, políticas que sean lo más distributivas posibles.

Nosotros estamos desarrollando también a nivel provincial un proyecto que tiene que ver con el reordenamiento territorial, no solo de las ciudades de Santa Fe, sino también de la producción rural. Hay mucho para trabajar sobre los cordones de las áreas periurbanas, entre los sectores que producen cereales, granos y las formas en que el tipo de producción afecta la calidad de vida de las comunas y los pueblos de la provincia que están expuestos a los agroquímicos. Qué se hace sobre todas esas márgenes, sobre esas tierras, es parte de lo que tenemos por delante para desarrollar modelos alternativos. Claramente, como son políticas que afectan intereses, se necesita no solo voluntad política, sino la construcción de una mayoría que acompañe ese avance. Para esto, hay que lograr una mayor información y comprensión de los temas y las propuestas, para que las personas no las vean como un ataque: quizá incluso personas que no tienen ni tierra en una maceta, cuando se empieza a discutir sobre estos temas, siente que tiene que salir a defender la propiedad privada de gente que no conoce y que en muchos casos se hicieron de esas riquezas de manera totalmente espurias. Por eso es fundamental lograr que la gente se entere y comprenda que las políticas y las decisiones que se llevan adelante no hacen más que beneficiarlos con el acceso a los alimentos a bajo costo y con trabajo genuino.