En una semana de mayo por demás excepcional, la negociación del Ejecutivo por el pago de vencimientos de deuda del orden de los 503 millones que estaban previstos para hoy, viernes 22, se postergará extendiendo la negociación con los bonistas.
Paralelamente, hace unos días, el ejecutivo solicitó un informe al Banco Central sobre la formación de activos y las políticas cambiarias durante el gobierno de Macri, a fin de establecer el ámbito y los mecanismos financieros que permitieron que los principales grupos económicos hayan colocado fuera del país el excedente durante ese período económico.
Sobre estos gestos e intentos de recuperación que despliega el gobierno nacional en la pulseada por recuperar soberanía económica, Karina Arellano conversó con Pedro Biscay, responsable del área de Fraudes Económicos y Bancarios en PROCELAC –el ámbito del Ministerio Público de la Nación para la investigación de la delincuencia económica–, exdirector del Banco Central de la República en temas relacionados con la prevención de lavado de dinero, y asesor del Directorio de la CNV en asuntos vinculados a la regulación legal de la actividad financiera y bursátil.
Estamos en la semana clave para la negociación de la deuda. En una coyuntura donde, como bien escribiste en tu último artículo publicado en El cohete a la luna, los operadores locales presionan para revertir el orden de prioridades del gobierno, mientras el ejecutivo pidió un informe al BCRA –titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019”-, donde se establece que la fuga de capitales fue de 86.1 mil millones de dólares, ¿qué significa este informe en la mesa de negociación?
El informe que publicó hace días atrás el Banco Central demuestra una vez más que la fuga de capitales y el endeudamiento externo son el principal problema estructural para el desarrollo económico de la República Argentina. Estas dos caras de la misma moneda se retroalimentan a través del comportamiento de los principales grupos económicos que ponen fuera del país el excedente apropiado durante el proceso económico.
El dato que marcás, acerca del acumulado total de fuga para todo el período del gobierno de Cambiemos, demuestra que aún no hemos encontrado una solución genuina a ninguno de estos dos problemas. Por un lado, la fuga, respecto de la que contamos con infinidad de mediciones, aunque no con un buen estudio sobre las mejores políticas públicas –es decir, las más eficaces para cada momento– tendientes a contrarrestar el ciclo de salidas de capitales del país. Resolver este problema es crucial si queremos recuperar un sendero de soberanía durante los próximos años. Para ello, es central reconstruir la capacidad de control sobre la actividad de los grupos económicos y sentar las bases para evitar la vuelta a nuevos ciclos de especulación financiera. Necesitamos instituciones muy fuertes, muy inteligentes y además una discusión abierta acerca del rol del estado en la economía, especialmente porque la tarea más urgente es definir las bases estratégicas del desarrollo.
Volviendo sobre el problema de la fuga, el otro costado de este mismo problema es la deuda externa. Y allí aparecen también los grupos económicos. Ya vimos que la apertura comercial y financiera irrestricta solo trae como consecuencia el desguace del aparato productivo y la liquidación de derechos y conquistas sociales.
Solo durante el macrismo, la deuda en manos de extranjeros se triplicó y el gobierno de los CEOs acumuló más stock de deuda que los dos ciclos previos de endeudamiento. Hace poco EPPA –Economía Política para Argentina– difundió un video donde relata que, si durante la dictadura militar debíamos a razón de 10.300 millones de dólares anuales, y durante el menemismo un número cercano a los 3.500 millones de dólares anuales, el macrismo llevó esa cifra a los 32.500 millones de dólares por año. Si las principales familias del país continúan doblegando la capacidad de intervención estatal, cooptando los organismos de regulación económica y aquellos ligados al ordenamiento comercial o al ejercicio del poder tributario, difícilmente podamos avanzar en el plano de la fuga de capitales.
La pelea de fondo siempre vuelve sobre el mismo punto: ¿quién define las reglas de actuación del poder económico? Ahora, sobre este marco de actuación vamos a tu pregunta, porque efectivamente el informe sobre deuda y fuga es valioso para entender también quiénes son los responsables del negocio financiero que llevó al país por el camino del endeudamiento; y allí tenés funcionarios públicos y empresarios de gurdos locales y extranjeros ligados al agro, las finanzas y el sector energético: tres sectores representivos del extractivismo que domina socialmente.
Si la deuda en manos de extranjeros se triplicó, si los actores de peso dentro del ranking de las principales fortunas tienen títulos de renta emitidos por el país durante los años del vaciamiento macrista, entonces tienen capacidad de incidir en las negociaciones a través de la presión sobre el tipo de cambio a nivel local. Inciden porque quieren forzar la negociación de modo tal que el gobierno ceda al punto de volver insustentable el proceso, para así volver a retomar el camino de la deuda en un futuro. El gobierno está firme, no va ceder en la premisa de sustentabilidad, que es financiera y de derechos humanos.
Por eso, mientras ellos especulan contra los intereses del país, es imperioso hacer todos los esfuerzos sociales necesarios para no dejar librado al azar el estudio de las responsabilidades ligadas a determinar quiénes se beneficiaron con la deuda. El informe menciona un pequeño número de empresas y de empresarios que gozan del anonimato abusando del secreto fiscal y bancario. En chiquito, reflejan la economía para el 1% de la que habla Oxfam. Tal vez tengamos que dar una discusión sobre los límites del secreto y sobre el derecho de la sociedad a conocer quiénes están detrás de operaciones especulativas contra las riquezas del país. El derecho a la verdad es uno de los nutrientes del nomos en nuestra democracia.
Tu lectura sobre el informe muestra dos etapas definidas y diferenciadas. ¿Qué características y consecuencias tuvo cada una en el proceso de endeudamiento? ¿Cómo impacta localmente ese activo de capital que salió del país?
En realidad, no es mi lectura, es la lectura que realizan los autores del informe, es decir los actuales directores del BCRA. Insisto, no es mi lectura, aunque sí es una lectura plenamente compartida, que además refleja con rigurosidad y precisión el funcionamiento del ciclo que Eduardo Basualdo caracterizó como “endeudar para fugar”. Como bien afirma el BCRA, el proceso tuvo dos etapas, en el sentido de que primero se desmontó el sistema complejo de regulación cambiaria que el país había diseñado durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Al mismo tiempo, se liberó la tasa de interés, se abrieron las importaciones y se eliminó la obligación de liquidar divisas de exportación. El reloj perfecto para el vaciamiento argentino.
En mi caso, me tocó vivir de cerca ese proceso, porque gran parte de las decisiones se tomaron bajo la presidencia de Sturzenegger en el BCRA. Siempre los mismos actores, antes en el megacanje, ahora en el endeudamiento macrista. Cada uno de mis votos expresaron el rechazo a esas políticas, advirtiendo que iban a generar un enorme proceso de fuga que terminó luego confirmándose.
Durante la primera etapa del ciclo, el macrismo tomó deuda en niveles alarmantes sin ninguna preocupación por la evolución de las cuentas de la balanza de pagos; y el BCRA fue cómplice, porque avaló cada una de las colocaciones sin advertir al Tesoro que el impacto en la balanza de pagos era negativo. Si mirás los datos de evolución de la Cuenta Corriente, que están reflejados en el informe, verás que en los años 2016, 2017 y 2018 esta arrojaba magnitudes negativas.
Quiero ser justo en algo, no todo el banco fue cómplice, aunque si lo fueron algunos funcionarios que ocuparon lugares claves en materia de programación económica, y, sobre todo, los miembros del Directorio que respondían al modelo de especulación financiera. Un sector importante del banco se opuso y fue castigado con desplazamientos de sus áreas y funciones naturales, e incluso mediante el despido masivo que La Bancaria peleó hasta la lograr la reincorporación de compañeros.
La segunda etapa, que arranca allá por el año 2018, luego de la primera corrida agresiva contra los títulos que emitía el BCRA –es decir las Lebac–, aceleró las condiciones de fragilidad financiera del país, mostró que el modelo era insustentable y que se habían generado todas las condiciones de insolvencia que se intentó remediar mediante el crédito ruinoso con el FMI.
Toda esa fiesta ahora hay que pagarla, pero también hay que auditarla, poner nombre y apellido a los beneficiarios finales y a partir de allí tomar decisiones de política pública. Por ejemplo, ¿es legítimo que las principales empresas fugadoras hoy tomen ATP (Asistencia al Trabajo de la Producción) y dejen fuera de ese beneficio a miles de Pymes que están peleando por subsistir?
También del informe se desprende que solo el 1% de personas humanas demandaron 16.200 millones y que otro 1% de las empresas tomaron cerca de 41.124 millones de dólares en concepto de activos externos. ¿Se pueden establecer implicancias reales a la hora de determinar si hay delito en esas operaciones?
Para responder eso, es válido formular algunas apreciaciones sobre la naturaleza de los delitos económicos. En primer lugar, su delimitación conceptual está íntimamente vinculada con el actuar de los grupos económicos y su capacidad lesivas hacia intereses supraindividuales. Es decir, el vínculo entre corporaciones y daño social que, entre otras cosas, permite una mejor comprensión de la actividad delictiva según su reprobación social, es decir, no solo a partir de lo que es, sino de lo que debe ser definido como delito económico.
A nadie escapa que, durante aquellos años, al igual que en los años noventa, la desregulación cambiaria implicó la derogación de facto de la ley penal cambiaria. Dicho esto, el estudio de los comportamientos económicos ligados al proceso de formación de activos externos –es decir, el estudio de los principales CUITS desde el punto de vista penal– pareciera caer en una laguna de impunidad como resultado del desplazamiento de la legislación cambiaria por la vigencia de reglas habilitantes de todo tipo de especulación en los mercados financieros.
Pero como te decía, más allá de la definición legal y el universo de conductas punibles ligados al actuar económico de las corporaciones, la dimensión del daño social y su reprobación ciudadana –al menos desde el punto de vista político criminal– hablan acerca de la necesidad de tomar medidas destinadas a encausar investigaciones sobre estos actores de alta capacidad lesiva sobre los intereses económicos generales. Así, por ejemplo, esos listados, aún desconocidos para el conjunto de les argentinos, debieran conformar un insumo básico para la actuación de la Unidad de Información Financiera, de la Procelac, de la AFIP, y también de otros organismos ligados con la regulación como la CNV. Por otras parte, a nadie escapa tampoco que el producido de la fuga de capitales y la compra de títulos de deuda pública que realizan estos grupos económicos se financia con el ahorro fiscal resultante de la evasión fiscal. Las relaciones deuda/fuga maridan con los delitos tributarios desde siempre y también con el lavado de activos, que al ser un delito autónomo, admite su investigación en relación con los casos de evasión fiscal. De modo tal que esos comportamientos tienen relevancia jurídico penal.
Pero no podemos quedarnos allí, necesitamos rediseñar el sistema de delitos económicos y las reglas de persecución penal para estos casos. Es una deuda pendiente trabajar en una figura penal para reprimir la evasión de capitales, es decir, la fuga como un delito lesivo contra la buena administración de la balanza de pagos. También hay que redefinir las reglas ligadas al delito tributario; reglas que expresamente establezcan la aplicación del principio de realidad económica frente a maniobras de elusión o el uso de reglas ligadas con el análisis de la planificación tributaria ilícita a partir de la combinación de infracciones a diferentes impuestos que forman parte de un plan común del autor. Como siempre digo, no hay posibilidad de construir una política económica eficaz sin una buena articulación con reglas eficaces de política criminal aplicada al delito económico.
En tu último artículo, también introducís sobre los riesgos que implicaron “el crecimiento desproporcionado del modelo de inversión basado en administración de carteras y la desregulación de la intermediación financiera”. ¿Cuáles serían las medidas o regulaciones de la actividad financiera que podrían atenuar más riesgos en nuestro país?
No tanto medidas puntuales; yo diría, más bien, que estamos en un momento clave para redefinir en serio las reglas de actuación de la actividad financiera. Parafraseando a Lévi-Strauss, necesitamos avanzar pronto en una reforma sobre las estructuras elementales de las finanzas. Tanto en el campo de los procesos de restructuración de deuda, que están gobernados por reglas contractuales privadas, nacidas en el seno de la práctica tribunales arbitrales, como en el plano de las formas de intermediación financiera y otras actividades ligadas a servicios de este tipo. Hay que retomar la agenda de creación de un mecanismo universal de reglas uniformes para resolver los problemas de deuda soberana, permitiendo así que los países cuenten con pautas de solución que respeten su soberanía financiera y recursos estratégicos. En el plano de la práctica financiera, hay que mejorar los controles contra la especulación y promover un perfil de actividad bancaria ligada al desarrollo productivo de sectores estratégicos. Para ello, es necesario reformar la Ley de Entidades con una orientación hacia el servicio público. También es clave trabajar en el plano de las reglas de supervisión, avanzando hacia modelos ligados a criterios de fiscalización operativa que sean realmente independientes de la comunidad bancaria internacional. En fin, hay mucho por hacer, pero hay que ir al hueso.
