Entre 1966 y 1973 –y a partir de 1969 con una tendencia masiva–, la presencia de militantes en todas las cárceles de todo el país fue una constante del régimen militar. Se trataba tanto procesados y condenados por el Poder Judicial, como también detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) por las atribuciones del artículo 23 de la Constitución para arrestar o trasladar personas dentro del país durante el Estado de sitio. Pero, en todos los casos, la persecución, la falta de independencia del poder judicial y la ausencia del Estado de derecho marcaban el estatuto de preso político. Por eso, el Devotazo –la liberación de los presos en la cárcel de Devoto el día de la victoria de Héctor Cámpora en las elecciones de 1973– acompañó el triunfo democrático y representó en hechos la victoria del pueblo ante la dictadura opresora. Cada diciembre durante esos años, las paredes y las banderas se llenaban con la consigna “Navidad sin presos políticos”, que buscaba dar visibilidad a la denuncia y lograr la protección, atención y defensa diferencial que requerían estos perseguidos.
Con otro matiz, por supuesto, desde el 16 de enero de 2016, con la detención a Milagro Sala, asistimos a una coyuntura política en la que la persecución y criminalización del adversario a través de causas penales y su encarcelamiento aumentaron cualitativa y cuantitativamente. Desde ese momento, se multiplicaron los casos de exfuncionarios –como Amado Boudou, Julio De Vido, Roberto Baratta– y militantes políticos con procesos judiciales que parecen querer revestir las razones del arresto de una apariencia criminal y garantizar la penalidad de prisión bajo cualquier forma, incluso, incumpliendo el Estado de derecho. Procesos encuadrados en el llamado lawfare –uso abusivo de los procedimientos legales con el fin de provocar repudio popular contra un oponente político– que marca la forma de persecución a los líderes de toda la región y cuya expresión máxima fue la encarcelación a Lula da Silva sin pruebas, lo que le imposibilitó competir en elecciones y, seguramente, ser hoy presidente de Brasil.
El jueves 28 de noviembre, organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos marcharon a los Tribunales de Comodoro Py y volvieron a pedir por una Navidad sin presos políticos. La movilización fue convocada por el Comité por la Libertad de Milagro Sala, la CTA, las Madres de Plaza de Mayo LF, H.I.J.O.S, la APDH y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Allí, hablamos con Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido, quien se encuentra en prisión preventiva –es decir, detenido sin codena– desde octubre de 2017.
¿Cuál es la situación hoy de Julio?
Julio lleva ya dos años y un mes privado ilegítimamente de su libertad. La justicia ha decidido otorgarle prisión domiciliaria en uno de los tribunales y estamos esperando la resolución del segundo tribunal que lo tiene afectado en proceso. Julio De Vido es un preso político porque la única imputación que hay contra él es que fue ministro de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios durante los dos mandatos de Cristina y el primer mandato de Néstor, y que lo acompañó en sus tres períodos como gobernador de Santa Cruz. Si ser ministro es un delito, me parece que vamos por mal camino.
¿Cómo está él hoy, después de todo este proceso que lo tiene en la cárcel hace tanto tiempo?
Está fuerte, pero tiene una enfermedad de base que tiene que controlar. Hace ejercicio, está con ganas, dando pelea. Esto es lo que me parece que tiene que importar: no está rendido, no está abatido, no está triste. Julio está con ganas y con fuerzas.
¿Qué significa para ustedes volver hoy a marchar por una Navidad sin presos políticos?
“Navidad sin presos políticos” es una consigna histórica que tenían los organismos de derechos humanos para las épocas más oscuras de nuestro país, cuando había muerte, desaparición y tortura. Hoy, si bien no estamos en esa situación, no hay muerte, ni desaparición, ni torturas, hay prisiones e invisibilización para todos los que han estado al frente o gestionando en un gobierno nacional y popular, como es el caso de mi marido. Por eso, lo que queremos reivindicar con esta marcha y bajo esta consigna es que la Justicia se despierte y empiece, precisamente, a administrar justicia como corresponde.
