En el paroxismo del odio al migrante, el gobierno planea la construcción de un “centro de detención para extranjeros”, una cárcel para presuntos ilegales que nada tiene que envidiarle al mitológico muro de Donald Trump.
El escenario argentino de 2016, enmarcado en el modelo político, económico y social propuesto por el gobierno de Cambiemos, ha dado pie a la discusión y el debate de numerosos temas considerados por los medios masivos como “polémicos”. En este contexto, también se vio un fuerte avance de carácter restrictivo sobre distintos logros y organizaciones de grupos minoritarios a quienes se culpa, además, por las eventuales penurias de los argentinos “nativos”. La presencia de inmigrantes en el país es un elemento que históricamente ha nutrido la estructura económica, social y cultural de la Argentina; pero durante este año, mediante declaraciones públicas de funcionarios y de informes periodísticos, se presentó a los extranjeros residentes como una de las principales “amenazas” para la seguridad, la salud y la educación. El resultado es una suerte de “ola de racismo y xenofobia”, en medio de un panorama internacional que parece orientarse hacia políticas de derecha mucho más duras.
El punto más álgido de la cuestión xenofóbica es el denominado “Centro de Detención de Extranjeros”, cuya instalación se planifica en el barrio porteño de Pompeya, concebido como parada previa a la expulsión para aquellos inmigrantes en “situación irregular”. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM), a través de un comunicado publicado en su página oficial, desmintió que se tratara de una cárcel, argumentando además que se encuentra incluida dentro de la propia ley.
“La norma impone que [los inmigrantes en infracción] deben ser retenidos en instalaciones de las fuerzas auxiliares migratorias o donde lo disponga la DNM, separados de aquellos detenidos por causas penales y en calidad de comunicados”, indica el texto, que luego añade que debido a esos motivos se suscribió un convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se cediera el predio. También señala que, para concretar una expulsión, necesariamente y como paso previo debe retenerse al extranjero. “El instituto de la retención, por más o menos antipático que pueda parecernos, está impuesto por la Ley y su cumplimiento no es oficioso o caprichoso. Se trata, estrictamente, de cumplir la ley”, concluye el documento.
“Hay toda una corriente, que tiene que ver con la política y con las decisiones que se toman a nivel gubernamental, de que el tema de la cuestión migratoria ha cambiado su paradigma, ha cambiado el foco y pasa de ser una cuestión vinculada al inmigrante como sujeto de derecho para pasar a ser un tema de seguridad nacional”, comenta al respecto Álvaro Fontana, titular de la Defensoría del Inmigrante, quien también remarca los terribles efectos del bombardeo comunicacional.
La ley N° 25.871, Ley de Migraciones, fue sancionada en el año 2004 y prevé una amplia serie de derechos y garantías para todos los ciudadanos extranjeros que de manera temporal o permanente busquen establecerse en el país. A raíz de ello, ha sido catalogada por numerosos especialistas como una ley ejemplar a nivel mundial. Puede sintetizarse a través de uno de los objetivos que establece como principales, el de “contribuir al enriquecimiento y fortalecimiento del tejido cultural y social del país”.
Sin embargo, esta legislación ejemplificadora no pudo impedir el reciente estallido de ideologías discriminatorias y xenofóbicas, que llamativamente cuenta con el apoyo de ciertos sectores de la sociedad. Para Víctor Ramos, director de SOS Discriminación Internacional, esto tiene que ver con una condición innata en el ser humano, que busca ser aprovechada por relatos políticos concebidos como oportunistas. “La xenofobia es como una enfermedad social, tiene que ver con el mundo animal. Es reconocer un espacio territorial como propio. Es como cuando los perros marcan su territorio porque el otro viene a quitarle su espacio y está en peligro su existencia. Entonces el enemigo es el otro, viene a robarte tu espacio, a quitarte un privilegio”, señala.
Ramos también destaca la influencia de los medios en estas actitudes: “Se busca culpabilizar al extranjero y se busca criminalizarlo. Cada vez que hay un delito y que lo comete un inmigrante se lo destaca, estigmatizándolo, con la droga, con lo peor”. De esa manera se ha tratado de vincular la cuestión migratoria con la denominada “lucha contra el narcotráfico”, con la inseguridad y con la crisis laboral, lo que constituye una idea falsa, a entender del fundador del INADI. “Hay un dato muy sencillo para responder: si se fueran todos los inmigrantes hoy de la Argentina y volvieran todos los argentinos radicados en el exterior se daría un desastre. Tenemos más argentinos en el exterior que extranjeros en el país y si volvieran se desataría una crisis social increíble porque los argentinos que están en el exterior pertenecen a capas medias”.
Según el censo realizado por el INDEC en el 2010, alrededor de 1 millón 800 mil habitantes del país son extranjeros. De esa cifra, se calcula que el 81,5 por ciento de los inmigrantes son originarios del continente americano, principalmente provenientes de Paraguay, Bolivia y Perú. En parte por eso, Fontana apuesta a una unión entre las naciones latinoamericanas: “Argentina desde hace treinta años es signataria de uno de los acuerdos regionales más importantes del mundo, el Mercosur, desde el año 1991 con el Tratado de Asunción. Acuerdo que, si bien es un bloque económico, también constituye un bloque de integración de personas y de bienes”.
Con esas aspiraciones y en ese marco, resulta una gran ventaja el hecho de que jóvenes acudan a las universidades públicas argentinas desde distintas regiones del continente americano para obtener una educación de calidad. Tanto Ramos como Fontana coinciden en que esa formación académica de primer nivel constituye una inversión cultural, que desde Argentina apunta a la integración de toda América Latina. “Se están formando profesionales que el día de mañana van a trabajar, en Argentina y en el resto de los países, para la construcción de una patria grande con una visión latinoamericanista de la defensa y la identidad latinoamericana”, señala Fontana.
En concreto, pese a este rebrote discriminatorio y xenofóbico, los especialistas son optimistas al respecto y buscan llevar tranquilidad, apoyándose en las leyes y en los tratados Internacionales que se incluyen en la normativa nacional. “Se mezcla, por un lado, la estupidez de algunos funcionarios y, por otro, la especulación. Creen que van a tener apoyo popular como en Estados Unidos, pero en la Argentina, por nuestra tradición latinoamericanista, no creo que prospere”, concluye Ramos. Por su parte, Fontana se apoya en la garantía constitucional existente: “Tenemos normas muy específicas y muy importantes que están por sobre cualquier cuestión administrativa o legal que se pudiera hacer en este momento en contra de los derechos migratorios. No hay un retroceso, la cuestión migratoria y los derechos humanos de los inmigrantes están por sobre las cuestiones de seguridad nacional”.