En 1958, el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, había hecho una visita oficial al Paraguay con el objetivo central de fortalecer las relaciones diplomáticas e influencia estadounidense. En ese momento ya estaba en el poder, desde la cruenta revolución civil de 1947, la alianza cívico-militar Partido Colorado- Fuerzas Armadas, consolidada a partir de 1954 con una triada encabezada por el dictador Alfredo Stroessner, quien fue felicitado públicamente por Nixon con la siguiente frase: “No conozco otra nación que se haya levantado tan firmemente como la de usted en contra de la amenaza del comunismo”. Y así, durante treinta y cinco años un régimen del terror, de la represión, de las torturas, del exilio, de la discriminación y de la desigualdad terminó siendo la dictadura más larga de Sudamérica y una de las que más perduró en el mundo. Por supuesto, este régimen no podía sostenerse solo con el miedo: también lo hizo con la corrupción generalizada, con un Estado cooptado para los intereses de unos pocos que, entre otras cosas, dio pie al crecimiento, ya desde ese entonces, del crimen organizado (sobre este tema recomiendo el documental Paraguay, droga y banana, de Juan Manuel Salinas).
En 1989 se da la caída del dictador Stroessner, derrocado por su consuegro, el general Andrés Rodríguez, quien tras la asonada fue candidato y presidente del país por el Partido Colorado, el cual continuó en el poder con una democracia tutelada y una hegemonía interrumpida solo brevemente por una crisis interna que, en 2008, dio lugar al acceso a la presidencia del obispo progresista Fernando Lugo.
En 2010 ya estaba como embajadora de los Estados Unidos en el Paraguay Liliana Ayalde, quien fue una de las principales impulsoras, entre otros sectores del poder, del golpe contra el presidente Lugo, finalmente concretado en 2012 (dicha embajadora, al culminar su misión, fue a ocupar el mismo cargo en Brasil, en donde al poco tiempo se dio el golpe contra la presidenta progresista Dilma Rousseff: posteriormente, Liliana Ayalde fue adjunta civil del comandante del Comando Sur de Estados Unidos). Este golpe no solo permitió la vuelta del Partido Colorado al gobierno, sino el ascenso de un empresario llamado Horacio Cartes, vinculado al contrabando de cigarrillos, el narcotráfico y el crimen organizado. Lo que personajes de ficción o de la realidad como Al Capone, Vito Corleone o Pablo Escobar no habían logrado, el señor Cartes sí lo consigue y llega a ser presidente de la República, para consolidar una nueva triada del poder –conformada por el Partido Colorado, el crimen organizado y él a la cabeza– que continúa hasta hoy día.
A pesar de que el Departamento de Estado con la presidencia de Biden en 2023 había denunciado a Cartes por sus vínculos corruptos y mafiosos, esto fue modificado con la presidencia de Trump, que le retiró todas las sanciones impuestas. Las redes internacionales de mucho peso de Cartes son de público conocimiento: por ejemplo, parte de su equipo de seguridad está conformada por agentes del Mossad y, de hecho, tanto en su presidencia como posteriormente mantuvo varios encuentros con el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu (entre otro de sus “amigos” se encuentra el expresidente de la Argentina Mauricio Macri). De este modo, si bien desde la caída de la dictadura en el Paraguay no es posible constitucionalmente la reelección presidencial, sin embargo gobierna el mismo partido hace setenta años, y en la últimas dos décadas tiene como jefe político a Horacio Cartes.
El Paraguay del que se habla muchas veces en algunos medios como el país de la estabilidad macroeconómica, de la estabilidad monetaria, es también el país con uno de los Estados mas ausentes y con menor presión tributaria de la región: precisamente, uno de los países con mayores desigualdades de América, con la más injusta distribución de la tierra, en donde la salud y la educación no son derechos garantizados, con una mayoría de trabajadores informales y precarizados, donde el desarrollo industrial es muy bajo. Paraguay posee tan solo 6 millones de habitantes –el último censo estadístico oficial informó de un decrecimiento poblacional– y además se estima que alrededor de 2 millones de paraguayos se encuentran en el exterior: es decir, es uno de los países cuya población, proporcionalmente, más migra desde hace décadas. Estas asimetrías económicas y sociales, junto con una democracia tutelada, permiten desde luego el fortalecimiento de esquemas mafiosos, contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero.
En este contexto, en 2023 lo primero que impulsa el recién electo presidente Santiago Peña y aliado de Cartes es la modificación de la “ley de puerta giratoria”, que implicaba ciertas restricciones de conflicto de intereses en cuanto a la rotación de gerentes o accionistas de empresas que ocupen inmediatamente puestos de decisión gubernamental que tengan relación con el ámbito en cual estaban en el sector privado. Ese mismo año se consolida Ueno Bank, corporación financiera que logra un nivel de crecimiento más rápido de lo normal. Uno de los accionistas de Ueno Holding, empresa vinculada con Ueno Bank, es justamente Santiago Peña. Por otro lado, quien fuera uno de los CEOs de Ueno Bank, Carlos Carvallo, pasa a ser presidente del Banco Central del Paraguay. Con ese cuadro, el gobierno autorizó el depósito en dicho banco de más de 400 millones de dólares del Instituto de Previsión Social –es decir, aportes jubilatorios–, así como de otros organismos del Estado.
Unos meses antes de que estalle todo, sectores de la oposición en el Congreso presentaron denuncias sobre posibles irregularidades en las operaciones crediticias: aparentes préstamos excesivos a empresas vinculadas; algunos préstamos presuntamente sin los respaldos adecuados; créditos otorgados a empresas cuya capacidad económica no justificaría los montos recibidos, con parte del dinero que habría terminado en otras sociedades del mismo grupo; cancelaciones de obligaciones mediante fondos provenientes de otras empresas vinculadas, y, desde luego, conflicto de intereses con el organismo regulador. De hecho, uno de los técnicos del Banco Central, Fernando Rivarola, también informó sobre irregularidades en las operaciones de Ueno, en una advertencia que le costó su cargo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que, ante la gran cantidad de personas con trabajo informal y altos niveles de endeudamiento, Ueno Bank ofrecía “facilidades” que difícilmente harían otros bancos o financieras, lo cual llevó a que casi 3 millones de personas –la mitad de la población del país– fueran sus clientes.
En medio de esta situación, comenzó a producirse una descomposición en el interior del Partido Colorado y, por ende, cierto distanciamiento político entre el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, quien seguía siendo leal a Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado. El 3 de noviembre pasado, aniversario del natalicio del extinto dictador Alfredo Stroessner, y por otra parte un día después de la debacle electoral de Trump en las elecciones intermedias estadounidenses, el Banco Central emitió un comunicado oficial en el que informó el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, en virtud de poseer un serio problema de solvencia. El BCP afirmó que, tras realizar ajustes en los estados financieros de Ueno durante un proceso de regularización, su índice de solvencia había quedado por debajo del 50% del mínimo exigido; es decir, no se trataba simplemente de que tuviera problemas de liquidez o de que algunos clientes estuvieran retirando dinero: había un problema patrimonial mucho más profundo. Ese día, miles de clientes de Ueno no podían realizar operaciones, así como tampoco retirar sus ahorros ni cualquier otro tipo de ingresos, lo que desencadenó una crisis no solo bancaria sino también social y política, que desembocó en grandes movilizaciones en todo el país. La oposición impulsó el juicio político contra el presidente y el vicepresidente, y al trascurrir de las horas se dio la renuncia de los directivos del BCP, la detención de Miguel Vázquez –CEO de UENO Bank– y otros gerentes, y finalmente la renuncia del presidente Santiago Peña. Tanto el Partido Colorado como Horacio Cartes querían solo aceptar la renuncia de Peña, lo cual hubiese implicado que asumiera como senador vitalicio y, por ende, con fueros que lo protegerían de una posible imputación: fue la presión en la calle la que terminó logrando el juicio político, la destitución y la posterior prisión de Peña.
Desde luego, buena parte de lo sucedido fue una movida de ajedrez de Cartes para recomponer la interna del Partido Colorado (algo que efectivamente termina logrando); sin embargo, el malestar social y las movilizaciones continúan, teniendo en cuenta que gran parte de los afectados aún no tuvo la devolución íntegra de sus ingresos y mucho menos fueron recuperados los millonarios montos de los aportes jubilatorios y de otros organismos del Estado.
Por supuesto, estamos hablando de un país gobernado de manera hegemónica hace siete décadas por el Partido Colorado, con un modelo político y económico de exclusión y desigualdad social, de neto predominio del mercado por sobre la gente. Lo ocurrido con Ueno Bank es solo una muestra de lo que significa un Estado débil que, ante el vacío, es llenado por la codicia especulativa, la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. En síntesis, un paraíso libertario para don Vito Corleone.
