En 2014, el Programa Progresar de Respaldo a Estudiantes de Argentina –mejor conocido como Progresar– comenzó a implementarse con el objetivo de acompañar a jóvenes de entre dieciocho y veinticuatro años en situación de vulnerabilidad para que pudieran terminar sus estudios. A través de los años, esta política pública experimentó diferentes cambios, momentos de ampliación y de recorte, pero un reciente estudio demuestra que durante la gestión de Javier Milei se aceleró como nunca antes su desfinanciamiento.
Como consecuencia del recorte, el monto de la beca que efectivamente cobraron los estudiantes en abril de 2025 fue apenas de $35.000 y la cantidad de beneficiarios disminuyó a 1.370.392, lo que dificulta las trayectorias educativas de miles de jóvenes. Lo más alarmante no es el alcance, sino lo poco significativo que se ha convertido su aporte, según aseguran los especialistas.
En un estudio titulado El deterioro del Programa Progresar: licuación y caída en la cobertura, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) mostró que entre 2023 y 2025 hubo un deterioro en el presupuesto del programa, con una caída del 65% en términos reales en 2024 y una nueva disminución proyectada de 2024 a 2025 del 18%. Según los especialistas, este año “no se recuperará el poder adquisitivo perdido, sino que es probable que también se mantenga el descenso de la cantidad de beneficiarios”.
Tomás Castagnino –a cargo del estudio– aseguró que el programa no estaba pensado para personas en situación de indigencia, sino para “familias de bajos recursos que hoy ya no califican, y esto se ve en la baja de beneficiarios”.
“La baja de beneficiarios se debe a una cuestión burocrática. Es un gobierno que habla de desburocratización, pero termina por momentos haciendo lo contrario. Uno de los requisitos es la cantidad de ingresos que el estudiante y el grupo familiar tiene que tener como máximo, que son tres Salarios Mínimo, Vital y Móvil (actualmente de $317.800). Ese dinero hoy no te puede garantizar nada y está por debajo de la línea de pobreza, se quedó congelado en el tiempo, por lo que cada vez hay menos familias con tan poca plata, aunque no hayan mejorado sus condiciones de vida”, apuntó el economista.
Progresar busca garantizar ingresos a jóvenes que quieren terminar el secundario, comenzar una carrera terciaria o universitaria, o formarse profesionalmente, para hacerlo sin trabajar, trabajando menos horas o siendo asistidos de alguna forma.
Muchos de los jóvenes que recibieron esta asistencia fueron la primera generación de estudiantes en sus familias que lograron recibirse. Es el caso de Yanina Lobo, de veintisiete años, quien comenzó a ser parte del programa en 2014, mientras estaba en el último año de la escuela secundaria y durante sus primeros años estudiando la licenciatura de Trabajo Social en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según relata, el programa le permitió sostener el estudio hasta conseguir un trabajo formal.
“Sin el programa hubiera sido muy complicado estudiar. En mi casa somos tres hermanas, mi papá es albañil y mi mamá ama de casa. Con el ingreso podíamos pagar las fotocopias, que implican un presupuesto o comprar los materiales para estudiar”, subrayó Yanina a SANGRRE.
La joven contó que mientras lo cobraba “el monto era bastante alto para el contexto en que vivíamos”. Sin embargo, al hablar con compañeros, ellos le explican que la beca ahora está congelada y que, en términos generales, “cuesta cada vez más sostener la cursada”. Actualmente, Yanina es parte del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y recibe consultas de compañeros preocupados porque no perciben más la beca.
“La línea de los requisitos es muy fina y mucha gente que la necesita se está quedando afuera. Muchas veces, los estudiantes no son de Capital Federal, son del conurbano. Muchos prefieren cursar dos materias en vez de cuatro para no venir todos los días. Cada vez empiezan a trabajar desde más chicos, porque no están las condiciones para sostener la cursada. Las instituciones públicas, la facultad y la universidad no brindan mucha ayuda económica. El Centro de Estudiante brinda algunas becas, pero son ínfimas. Es un reclamo que tenemos hace mucho tiempo, que cada vez está más presente”, subrayó.
Al respecto, Castagnino asegura que, aunque el programa nunca permitió “salvar la vida o dar un salario para vivir”, en su momento ayudó a muchos estudiantes, ya que en “2015 estaba en $120.000” a precio de hoy.
“Hay una diferencia entre la capacidad de acceso a bienes y servicios que tenía el programa en su origen, que se fue perdiendo. Hoy con $120.000 no hacés una locura, pero te puede ayudar mucho: hubo gente que podía alquilar una pensión para estudiar, y eso genera un cambio en las posibilidades, porque en última instancia lo que se busca es tratar de que todos los sectores de la sociedad tengan las mismas posibilidades”, remarcó el investigador.
Brisa Gómez, estudiante de veintitrés años que es parte del programa Progresar desde 2021, vive en primera persona ese deterioro. Ella solía usar la beca para solventar los gastos de los apuntes, pero ahora, cuenta, el monto “solo me alcanza para el celular y quizá comprar algo que haga falta para mi hijo de dos años”.
“La beca me dio una enorme independencia económica. Ahora dejé de comprar apuntes, a menos que sea algo muy importante; si no, uso el celular o la computadora, y eso obviamente perjudica mis estudios”, añadió.
Por otra parte, el CEPA mostró cómo esta política pública fue modificándose a lo largo del tiempo a partir de su implementación y verifica cómo la cantidad de jóvenes creció desde su creación en 2014 hasta 2016. Sin embargo, a partir de 2018 “pasó de ser un sistema de beneficios universales para estudiantes de bajos recursos a un esquema de becas basado en el mérito académico”. Esto implicó una fuerte caída en la cantidad de beneficiarios y restricciones más duras para el acceso.
El punto más bajo de cobertura se registró en el cuarto trimestre de 2020, durante la pandemia de COVID-19, con 535.927 beneficiarios. Sin embargo, a partir de 2022 el gobierno amplió nuevamente el alcance del programa, al bajar la edad mínima para acceder a jóvenes desde dieciséis años y elevar el tope a treinta años para estudiantes avanzados. Además, se incluyó a trabajadores informales y monotributistas de bajos ingresos, el valor real de las becas comenzó a recuperarse y se llegó a beneficiar a 1.697.663 inscriptos en 2022 y 1.870.986 en 2023, lo cual implicó un crecimiento significativo en la cantidad de estudiantes alcanzados y los máximos históricos en términos de cobertura.
En 2024, en cambio, el gobierno de Javier Milei ajustó esta política pública endureciendo los requisitos y disminuyendo los montos de la beca: se excluyó a una gran cantidad de inscriptos y se implementaron trabas administrativas para los nuevos ingresos, al tiempo que se congeló el monto hasta septiembre de 2024.
Para el cuarto trimestre de 2024, la cantidad de beneficiarios “se redujo en un 27,3% y hasta el 3 de abril el programa llegaba a 1.370.392 inscriptos”.
El desfinanciamiento del Progresar como herramienta de inclusión educativa preocupa y se suma al reclamo de mayor presupuesto universitario. El impacto que este retroceso puede tener a largo plazo en las trayectorias educativas, las oportunidades laborales y la movilidad social de miles de jóvenes en Argentina es aún incierto.
“El programa busca alcanzar a los jóvenes, una población que muchas veces es olvidada por las políticas públicas. Con los cambios que ha habido en la sociedad, no es lo mismo pensar una persona de dieciocho años hace cincuenta años que hoy. Ante la ausencia del Estado, termina pasando que aparecen otros actores de la sociedad para dar respuesta en esta población, como puede ser el narcotráfico u otras promesas. Es un gran problema, porque son las generaciones que en un par de años estarán ocupando un rol de mayor movilidad en la sociedad y el Estado no les da espacio ni contención. Hoy el gobierno no ofrece alternativas”, concluyó Castagnino.
