Podría decirse que la desafección política en los sistemas representativos es un debilitamiento en el lazo que une a representantes y representados y, por ende, a los gobiernos con la ciudadanía. Puede tener distintas causas y manifestarse de diferentes maneras; puede incluir y combinar fenómenos como el ausentismo electoral, el voto en blanco, la impugnación e incluso protestas, movilizaciones y otras formas de expresar disconformidad con el funcionamiento de la democracia electoral en un momento dado. El patrón común, en todos los casos, es la impugnación o el hastío de la sociedad con los canales y ofertas de representación de un sistema político.
El tema volvió a la palestra con la caída de la participación en las elecciones subnacionales de este año. El caso de CABA, donde la participación en la reciente elección a legisladores fue del 53,4%, es un buen ejemplo. Más allá de las discusiones sobre el incremento en el padrón por la inclusión de todos los extranjeros con DNI domiciliados en CABA, la cantidad de votantes en este distrito disminuyo de 1,82 M en 2023 a 1,61 M en 2025; 210 mil electores menos (aproximadamente 15% menos). Fenómenos similares con participación menor al 60% ocurrieron en la mayoría de las elecciones provinciales recientes: Chaco, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y San Luis. Algo parece querer decir esta caída y queremos acercar elementos para pensarla.
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En Argentina, los antecedentes más importantes de desafección electoral fueron las presidenciales de 1963 y las legislativas de 2001 (previas al estallido social). En el 63, además del nacimiento de Fito Páez, fue electo presidente el radical Arturo Illia. La elección tuvo lugar luego de ocho años del golpe de Estado de 1955 y fue la segunda presidencial en celebrarse con la proscripción del peronismo y todo lo que se le pareciera. Previamente, en la presidencial de 1958, Arturo Frondizi había ganado con el apoyo de Perón, bajo la promesa de que, luego de elegido, llamaría a elecciones libres (es decir, con Perón habilitado a participar). Tras cuatro años de no cumplir con su palabra, además de implementar una política claramente represiva de la militancia por medio del plan CONINTES, Frondizi realiza en 1962 el primer intento de apertura electoral con la candidatura del dirigente textil peronista Andrés Framini por la Unión Popular (el Partido Peronista seguía proscripto) para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Framini triunfa con el 38% de los votos, pero es impedido de asumir por los militares, quienes de paso también deciden terminar con el ensayo presidencial de Frondizi. Un año después del interinato presidencial de José María Guido, se convoca a elecciones presidenciales y Perón decide esta vez mantenerse fuera del proceso electoral hasta tanto ocurran elecciones limpias y sin proscripciones. Por primera vez ocurre entonces que el 19,4% de los votos a presidente son sobres vacíos (voto en blanco) a lo que se suma un 1,8% de votos nulos (objetos o mensajes extraños a las boletas electorales oficializadas). Illia gana con poco más que el 30% de los votos, iniciando un débil gobierno que tres años después será desalojado de la Casa Rosada por la Guardia de Infantería de la Policía Federal.
En 2001, las proscripciones habían pasado de moda, lo que no impidió que el descontento popular acumulado lleve a que, por ejemplo, en las elecciones legislativas en CABA hubiera 24,5% de votos anulados y 4,7% de blancos (con solo un 51,7% de votos positivos, es decir, a algún partido político) y, en Provincia de Buenos Aires, 14% de anulados y 11,8% en blanco (con 57,1% de votos positivos). Luego de diez años de menemismo, el bipartidismo argentino “con pertenencia de clase” entre peronismo y radicalismo se vio alterado por los cambios en la base electoral del peronismo menemista y la aparición de terceros partidos, fenómeno que para 1997 (ocho años después de que Menem asumiera la presidencia) desembocó en la creación de la Alianza entre los restos de la UCR resucitados como Terminator y el FREPASO, un frente progresista de buena performance electoral en las grandes ciudades. Así las cosas, a la crisis del radicalismo tras el gobierno de Alfonsín en 1989 le siguió la crisis en la identidad peronista durante el menemismo y luego la del gobierno aliancista de De la Rúa, con una combinación de, primero, motivos políticos que derivaron en la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez y, luego, el agotamiento de la convertibilidad y el default por la crisis de deuda, proceso coronado con el “corralito” y el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001. El prolegómeno de esas jornadas de descontento, movilización y muertes fue la elección legislativa de octubre y la aparición del famoso voto nulo, que sumado a algo de voto en blanco llegó al orden del 25%. Allí comenzó a hablarse diariamente de “crisis de representación” (volveremos sobre esto).
Ahora bien, ¿qué pueden tener en común estos tres momentos políticos (1963, 2001 y las elecciones que están teniendo lugar en estos días)? Evidentemente, la sucesión de gobiernos, en los tres periodos, estaban alejados de los anhelos políticos y/o económicos de las mayorías. Pero ensayar una respuesta más de corte institucional nos lleva a analizar con algún detalle qué es y cómo funciona la representación política y, más precisamente, qué se entiende por gobierno representativo y si es lo mismo o no que gobierno democrático. Respecto de esto último, una breve digresión personal: de chico siempre me llamó la atención que la Constitución Argentina no hablara de gobierno “democrático”, sino “representativo y republicano”. Pensaba, como muchos, que eran palabras que se usaban como sinónimos y nadie hacía demasiado foco, ni en la escuela ni en la carrera de Ciencia Política, en las diferencias. Con el tiempo, algunos profesores y lecturas alumbraron diferencias que quizás sirvan para iluminar algo de este momento político.
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En 1998, Bernard Manin publicó su libro Los principios del gobierno representativo, en el que sistematizó una serie de artículos en torno a la representación política y a las discusiones sobre sus crisis y metamorfosis. Para mí y para varios es uno de los libros más interesantes sobre este tema (que desde ya recomiendo enfáticamente a cualquier interesad@ en profundizar). Allí se explica que lo que en el occidente actual llamamos habitualmente “democracia” difícilmente sería nombrado de esa manera en la Atenas del siglo V a. C. Lo que para nosotros es la base fundamental de lo que llamamos democracia – la elección como forma de selección de gobernantes–, para los griegos del período clásico era el método propio de la aristocracia (chupate esa mandarina). Se “elegía” cuando era necesario seleccionar a los “mejores” para llevar adelante una tarea dedicada a especialistas (en el caso de Atenas, esto aplicaba a dos instituciones específicas: la del estratega que dirigía a los ejércitos y la del administrador que controlaba las finanzas de la polis). En la democracia, el gobierno era ejercido por el mismo pueblo de manera directa y no por medio de especialistas; más bien se tendía a desconfiar de que la política, la resolución sobre los asuntos comunes, se delegue en pocas manos como si fuera un problema de tekné. Las decisiones principales se tomaban en la asamblea –algo similar a lo que para nosotros sería legislar–, de la cual participaban todos los considerados ciudadanos (varones mayores de edad nacidos en Atenas). Por otro lado, las decisiones cotidianas y ejecutivas quedaban en manos de las magistraturas, que eran ejercidas rotativamente, solo por algunos meses y, por cualquier ciudadano (seleccionado por sorteo). La clave aquí está en la palabra “cualquier”: excepto aquellos definidos como incapaces o autoexcluidos (y por ende autoconsiderados idiotas), todo varón adulto habría ejercido durante su vida una vez, y en muy pocos casos dos, una magistratura.
Cuando se habla de las diferencias entre la democracia clásica ateniense y las versiones actuales, se suele poner el acento en que las pequeñas polis, de menos de cinco mil varones con derechos ciudadanos y cinco o seis veces más habitantes (incluyendo jóvenes, mujeres y esclavos, todos sin derechos políticos), permitían el ejercicio directo del gobierno por parte de sus ciudadanos, algo que sería imposible en los populosos Estados modernos. Manin afirma, en cambio, que la principal diferencia no era el número de ciudadanos, sino que, mientras que para los atenienses la ciudadanía era el derecho de los ciudadanos a ejercer el gobierno, es decir, a autogobernarse, para los modernos en cambio la ciudadanía es el derecho a elegir gobernantes, es decir, a consentir quiénes nos van a gobernar, y ya no a ejercer el gobierno. Esta diferencia contiene, para Manin, casi todo el universo que separa democracia de aristocracia. Y nosotros tendemos a estar de acuerdo. Spoiller alert: los problemas de desafección política pueden vincularse con este malentendido acerca de que en nuestro sistema el que gobierna es el pueblo y, en consecuencia, se espera una cercanía, una conexión entre el pueblo y el gobierno, como si este último fuera una especie de espejo de nosotros y nuestros anhelos, cuando en realidad el gobierno representativo es otra cosa diseñada con otros fines. Cuando la desconexión entre el gobierno y las expectativas populares se suceden en loop, este desencanto desemboca en el río de las insatisfacciones y enojos con (estas versiones occidentales de) la democracia.
Intentaremos ir lo más rápido que se pueda al punto. Digamos, entonces, que este malentendido entre democracia y representación no es casual. Los padres del liberalismo del siglo XVIII, inventores de los sistemas actuales de gobierno (principalmente el inglés, el francés y, sobre todo, el norteamericano), desconfiaban bastante de la democracia y, particularmente, de la idea de gobierno popular, plebeyo, (de “que gobiernen los negros”, se diría acá); pero para derribar las monarquías hereditarias precisaban apoyar al nuevo sistema en un fundamento de gobierno legítimo y diferente de Dios. En esa creación de un gobierno secular con legitimidad fundada en los propios hombres que serán gobernados, desempolvar la idea vieja y en desuso de democracia calzó como un traje a medida.
Ahora bien, refundar el gobierno democrático como alternativa a las monarquías presentaba, para los liberales decimonónicos fanáticos de la ilustración y bastante fóbicos a las mayorías pobres y populares, el problema anexo de cómo lograr que el nuevo sistema garantizara gobiernos que se movieran dentro de un marco liberal, promotor de la propiedad privada, la industria, el comercio y lo que consideraban derivado de la razón en general. En ese contexto, surgen dos grandes inventos institucionales del liberalismo para limitar el peligro de los gobiernos populares (peligro confirmado, desde la perspectiva liberal, durante los años del “Terror” en la Revolución Francesa). En primer lugar, la creación de un poder contrario a los excesos del ejecutivo en tongo con las mayorías populares. Para ello, pensaron necesario frenar a un monstruo con otro monstruo y diseñaron un tercer poder del Estado como guardián de los valores liberales (derechos de propiedad y derechos civiles principalmente, además de límites a autoritarismos personalistas), con funcionarios vitalicios independientes del humor de las mayorías. Ese poder es lo que dio lugar en occidente a los poderes judiciales, institución principal dentro de los famosos checks & balances asociados generalmente al republicanismo norteamericano. Esta barrera de contención contra el gran peligro que, en la imaginación liberal, eran las mayorías incultas, fácilmente manipulables por demagogos autoritarios, genera una institución de base oligárquica y legitimidad técnica resultante en menos democracia y más garantías a los principios dogmáticos liberales. Todo pulgares para arriba, para los decimonónicos.
Pero, además del muro de contención que representaba ese poder judicial, era necesario algún modo de lograr que los propios representantes fueran mejores (siempre desde la visión liberal del mundo) al promedio del pueblo y que naturalmente se orientaran a la deliberación en torno al bien común antes que a la defensa de intereses sectoriales o particulares. Los europeos se inclinaron a resolver este tema pensando barreras restrictivas tanto a electores –que solo voten quienes contaran con un mínimo de autonomía económica que garantizara que su voluntad no fuera fácilmente comprable– y, especialmente, a los candidatos, que debían ser propietarios y/o personalidades eminentes e ilustradas. Los norteamericanos, por su parte, emprendieron un camino más interesante para obtener resultados similares, sin necesidad de odiosas restricciones patrimoniales a votantes y candidatos. En los argumentos de los principales representantes de los federalistas (Madison, Jay, Hamilton y otros) queda claramente expresada la búsqueda de mecanismos institucionales para lograr espontáneamente la selección de una “aristocracia natural” en desmedro de cualquier intento de favorecer la selección de un gobierno en espejo de su pueblo y las diversas identidades sociales y culturales. Ello fue explícitamente cuestionado por los antifederalistas (que no eran necesariamente más democráticos que los federalistas), que temían que el formato elitista se transformara en una debilidad para el gobierno, y así terminaron bogando por formas de representación “en espejo”, es decir, que reflejaran todas las opiniones principales de una sociedad. El debate giró concretamente en torno al tamaño de los distritos y los criterios para la selección de electores en cada estado; pero, una vez aceptado de ambos lados la potestad de cada Estado para definir los requisitos para sus representantes en el orden nacional, el contrapunto se centró en si era preferible una representación en espejo versus el criterio de los federalistas, que vieron una virtud antes que un defecto en los mecanismos para favorecer la selección de una “aristocracia natural” con los notables de cada ciudad. A este fenómeno representativo Manin lo denominó “principio de distinción”. Los federalistas tuvieron claro que este mecanismo de elección formalmente no restrictivo podía dar lugar a la aparición de gobiernos populares, pero lo prefirieron frente los requisitos de ingresos y riquezas para elegir y ser elegidos. Y allí se terminaron de organizar los pilares del gobierno representativo actual, que Manin define como una “aristocracia democrática”.
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Ahora bien, ¿qué nos interesa a nosotros de todo esto? Dos cosas en particular: primero, que no necesariamente el gobierno representativo refleja ajustadamente los deseos de las mayorías, y ello es porque no fue diseñado para que dicho gobierno de representantes se parezca a sus representados, sino más bien para imponer distancia entre unos y otros. La “casta” no es una anomalía del sistema representativo, la casta es el sistema representativo. Sobrevuela aquí la esperanza liberal de que los mecanismos elitistas darían lugar a un gobierno virtuoso, una efectiva aristocracia natural que, a fuerza de resultados, pueda imponer las bondades de la razón y los principios liberales para organizar la vida en común. Bien, cuando esto no ocurre en la realidad del gobierno representativo o demoliberalismo (así lo llamaba Perón en La hora de los pueblos), la democracia aristocrática comienza a oler a oligarquía y emergen las distintas formas de desafección electoral e insatisfacciones democráticas.
La proscripción de candidatos como restricción efectiva y formal a la elección de representantes (en el caso argentino actual, además, ejecutada por el Poder Judicial, el cual vimos que es, en estas constituciones, el pilar contra ciertos liderazgos democráticos), converge así con los mecanismos representativos que favorecen la búsqueda de aristocracias naturales antes que gobiernos populares. No es transparente ni indiscutible esta relación entre la desafección y nuestro tipo de gobierno, más representativo que democrático; pero cuando empezamos a observar que, elección tras elección, se suceden gobiernos que empeoran las condiciones de vida de las mayorías –a veces intencionalmente, en otros casos por no dar pie con bola, en otros porque se suceden innumerables mecanismos del Poder Judicial, sutiles o groseros, para entorpecer medidas políticas de los gobiernos–, empieza a ser hora de pensar si estamos ante anomalías democráticas o, en realidad, si todo esto no es más que el pleno funcionamiento del gobierno representativo que pensaron los liberales del siglo XVIII, que fue plasmado también en nuestra constitución de 1853 y su reforma de 1994. No hay que olvidarse que el fundamento de este sistema no es que los ciudadanos comunes ejerzamos el gobierno, sino que consintamos a quienes nos gobiernen, para así poder seguir con nuestros trabajos y actividades productivas personales. Esa es la feliz trieja entre liberalismo, capitalismo y representación.
Para que algunas de estas cosas cambien –ya sea las interferencias y proscripciones judiciales o las formas de representación, entre otras posibles– quizás sea necesario, más temprano que tarde, pensar en construir instituciones más democráticas y menos oligárquicas y representativas.
