“Los trabajadores forman ahora un tipo de sociedad idéntica a todas las demás, pero donde en lugar de ser veinte que tienen muchos millones, son muchos millones que tienen veinte (…) Como los demás compañeros trabajadores, piensan y sienten que la grandeza de la República está en que cada uno de nosotros sea un poco propietario de su suelo y de su riqueza”. Con estas palabras, el 4 de febrero de 1955, el presidente constitucional Juan Domingo Perón le entregaba a una cooperativa de trabajadores en Quilmes la propiedad de la fábrica de cerveza, liquidada por las décadas de deudas históricas de los Bemberg con el Estado argentino, solo atenuadas por la condonación que habían recibido durante la Década Infame.
El conflicto de los Bemberg con el Estado se había iniciado en 1937, cuando los herederos de Otto Bemberg y Josefina Elortondo Armstrong fueron denunciados ante la Justicia por ocultamiento de bienes y evasión. En el libro Algunas maneras de vender la patria: Datos para la autopsia de una política de liquidación, publicado en 1940, José Luis Torres denunciaba que los Bemberg eran dueños de un poderoso holding que controlaba diecinueve empresas y que defraudaba sistemáticamente al fisco argentino. Incluía no solo la Cervecería, sino también yerbatales en Misiones, la gaseosa Bilz, la Algodonera Argentina y el banco Crédito Industrial y Comercial Argentino (CICA). Sumaba a esta defraudación al fisco una demanda por control monopólico de la economía. En febrero de 1947, el gobierno peronista sancionaba la ley 12.906 de Represión de Monopolios y Trusts. En 1952, tras la sanción de la ley nacional 14.122, Perón dio comienzo a la liquidación de las empresas que derivó en la entrega de la Cervecería al sindicato del sector. Tras el golpe de Estado de 1955, dieciocho fallos anularon la inclusión de varias empresas en la ley 14.122 o bien declararon inconstitucional esa norma y las empresas fueron devueltas a la familia Bemberg.
Hoy, los herederos de la familia Miguens-Bemberg son dueños –junto con Guillermo Reca y Eduardo Escasany– de Central Puerto, una de las primeras firmas de cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Un rasgo central de estas empresas es el grado de centralización del capital (las treintaiún primeras firmas pertenecen a veintiún grupos económicos) gracias a la diversificación en sectores estratégicos de la economía, como los servicios públicos (que tienen fuerte incidencia regulatoria estatal), energía (en todos los segmentos: generación, transporte, distribución) telecomunicaciones, medios y el sistema financiero.
En el caso específico de la propiedad de las empresas de servicios públicos, se observa la reiterada presencia de un reducido grupo económico. Central Puerto de los Bemberg, Reca y Escasany es una de las principales prestadoras del rubro de energía, junto con Eurnekian, Rocca/Techint, Vila-Manzano, Pampa Energía (los Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Torres) y los Neuss. El grupo Mindlin suma además actividades en el transporte de gas. Eurnekian combina su participación con la concesión de aeropuertos. La familia Rocca con Techint participa en la actividad hidrocarburífera y en el sector energético con distribución y transporte de gas natural. Vila-Manzano incorporó distribución eléctrica al petróleo, la minería y los medios de comunicación. La familia Brito le suma al sector financiero participación en la generación renovable, la distribución de gas y la transmisión eléctrica. El grupo Clarín amplió su presencia en el sector de las telecomunicaciones con la adquisición de Telefónica. La familia Neuss, ligada a la familia Caputo, que ya tenía participación en distribución eléctrica y generación solar, a partir de las privatizaciones de la Ley Bases, adquirió centrales hidroeléctricas, distribuidoras y transportistas de energía eléctrica: todos los eslabones de la cadena energética. Esta concentración nos confronta con un panorama en el que, para los quince principales accionistas del panel bursátil, la riqueza acumulada alcanzó los 32.200 millones de dólares, con un incremento del 48 % respecto a 2020.
Este proceso que lleva hoy a esta concentración parte fundamentalmente de la transformación que produjeron las privatizaciones y la “apertura” económico-jurídica de los años noventa. Como explica Claudio Lozano –economista, exdirector del Banco Nación, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y dirigente de Unidad Popular–, “es allí donde se conformaron asociaciones entre grupos locales, capital extranjero y acreedores externos alrededor de los servicios públicos, la energía, las telecomunicaciones, el transporte y la infraestructura. También en esa etapa se aceleró la internacionalización de algunos conglomerados nacionales”. Después de la crisis de 2001, se abrió el espacio para la reposición de capitales locales a partir de “la salida de capital extranjero, la reestatización de empresas estratégicas y la transferencia de determinados activos. Pero ese proceso no implicó una reversión integral de la extranjerización. Por lo tanto, no hubo una ‘nacionalización’ de la estructura empresarial, sino una rearticulación entre capital extranjero, grupos económicos locales, empresas estatales y firmas locales independientes”.
Un mojón central de esta transformación se produce con la llegada del macrismo al gobierno nacional, cuando esa gestión permite la estructuración del capital para hacer foco sobre sectores estratégicos. Detalla Lozano: “Entre 2015 y 2018, la industria redujo su participación en las ventas de los grupos económicos locales del 72 % al 60 %. En cambio, electricidad, gas y agua pasaron de 1,1 % a 6,8 %; petróleo, de 0,9 % a 4,4 %; y servicios, de 14,5 % a 18,7 %. Esto significa que el dinamismo relativo se desplazó hacia los negocios energéticos, los hidrocarburos, la infraestructura, los servicios regulados y determinadas actividades privadas de servicios. Allí aparecen algunos actores nuevos o, más exactamente, grupos que adquieren una centralidad mayor. Mercado Libre es el caso más visible”. En este sentido, el macrismo fue un punto de inflexión, “porque volvió a organizar la política económica alrededor de la valorización financiera, la recomposición de rentas reguladas y la expansión de sectores extractivos y exportadores. La etapa actual de Milei tiende a profundizar esa orientación mediante regímenes de excepción destinados a grandes inversiones”.
Medios y telecomunicaciones: entre la necesidad de producir sentidos y hacer negocios
Los servicios públicos (energía, pero también telecomunicaciones y medios) aparecen en el centro de la consolidación de este entramado empresarial resultado del proceso privatizador de la década de 1990 y afianzado luego a través de distintas decisiones económicas y políticas que favorecieron la concentración de activos estratégicos en un conjunto reducido de actores con capacidad de influir sobre marcos regulatorios. ¿Cómo se lee que, en esta diversificación, los sectores del capital aparezcan asociados al esquema de negocios de las telecomunicaciones, pero también a la propiedad de medios, por lo tanto, a la producción de contenidos, discursos y conversaciones públicas? Para Agustín Espada –doctor en Ciencias Sociales (UBA), magíster en Industrias Culturales (UNQUI) e investigador del CONICET–, ese movimiento debe entenderse “justamente como la conjunción de intereses entre las principales empresas del país y los medios de comunicación. Como pocas veces se vio en la historia argentina, hoy en día el empresariado de medios de comunicación tiene gran relevancia en la economía en general. Eso es un proceso de construcción y de consolidación de poder, en términos hasta frankfurtianos. Hay una élite económica que se preocupa cada vez más por gestionar el debate público y la opinión pública en general”.
La desregulación que implementó la gestión nacional actual sobre las telecomunicaciones modifica aspectos centrales de la ley Argentina Digital 27.078 y les permitió a las empresas fijar libremente los precios sobre los servicios de Internet, telefonía móvil y televisión por suscripción, sin la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Entonces, las tarifas aumentan e impactan sobre un mercado que con gran pérdida de poder adquisitivo. “La realidad demostró que tanto los servicios de internet, como los de televisión siguen siendo prioritarios aún en una sociedad empobrecida” describe Ceferino Namuncurá, ingeniero y exinterventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Pero, al contrario de la promoción de la competencia anunciada, “la desregulación tarifaria disparó algo inédito: la búsqueda de cualquier tipo de plataforma que asegure los servicios independientemente de la calidad. Cuando hace una década se creía en un acceso con cada vez mayor capacidad y menores precios, fue una quimera. Incluso en el sector medio, se manifiesta la recurrencia a una sola variable: el precio”, concluye.
En este escenario, se vuelve clave la reciente adquisición por parte del grupo Clarín de Telefónica. “Marca una conducta por un lado monopólica, encarnada por el grupo Clarín en su política comercial, pero además es una estrategia típica de subsunción”, continúa Ceferino. “Incluso en las grandes ciudades o ciudades intermedias, y con una oferta que es imposible que aparezca, la estrategia de despliegue de tecnología y redes prioriza el desarrollo de Telecom-Personal. Ciudades como La Plata se encuentran cautivas por la política de despliegue del grupo. Aun en las esferas más céntricas, el acceso a banda ancha o a redes de alta capacidad son prohibitivas, por la falta de nuevas redes”.
¿Qué consecuencias produce en el ecosistema mediático estas reconfiguraciones? Según Espada, los niveles de concentración actuales, consecuencia de los tres años de gestión de Milei, con comparables “solamente con lo que pasó durante el menemismo, donde se vio un proceso de concentración similar. Los cambios son estructurales y de fondo”. Además de lo que ocurre con las telecomunicaciones a partir de la adquisición de Telefónica, “en materia de medios de comunicación aparecen dos grandes empresas de producción de contenidos, sobre todo en cuanto a medios tradicionales. Una es el Grupo América, que tiene el canal América, Telefé y un montón de medios más. Y por otro lado, el Grupo Clarín. Por supuesto que Telecom, que es el Grupo Clarín, tiene competencia en cada uno de los sectores, pero no hay una empresa que tenga presencia en todos los sectores y que esa presencia sea dominante como la de Telecom”.
La digitalización en la producción comunicacional junto con el acceso a contenidos a través de redes y plataformas –con la consecuente transformación sobre los trabajadores de la comunicación pero también la apropiación de datos de las personas– generan la aparición de nuevos actores. ¿Qué impacto tienen sobre las lógicas económicas que rigen este nuevo ecosistema? Plantea Espada: “Por supuesto, como en cada etapa, van surgiendo nuevos actores, que además se ven favorecidos por la evolución tecnológica: canales de streaming, portales digitales que oxigenan en algunos casos la producción mediática y satisfacen demandas huérfanas de algunos segmentos de las audiencias. Pero en el fondo, en el corazón del negocio, vemos que hay cada vez menos manos retirando porciones de una torta que también es más pequeña. Es cierto que el negocio de los medios de comunicación se ha ido achicando en el último tiempo: eso tiene que ver por un lado con la constante crisis económica del país y también por una cuestión de evolución y transformación industrial. La industria publicitaria se va hacia el digital y define la actividad de la producción de contenidos de los medios de comunicación tradicionales. Eso hace que la torta esté cada vez en menos manos y, además, que sea cada vez más pequeña”. El sostenimiento del sistema en esta crisis tiene entonces sus razones por fuera de su propia dinámica: “Es un sistema que tiene cada vez menos actores y, por ende, eso les da algún nivel de estabilidad, aunque la realidad nos indica que el sostenimiento económico de la producción de los grandes medios de comunicación en Argentina se financia por las actividades económicas que sus empresarios tienen en otras áreas de la de la economía”, concluye.
A partir de la llegada del macrismo y durante esta última década, a la transformación digital se le sumó el desandar de políticas nacionales que intentaron, con distinto impacto, una intervención sobre el desarrollo del sector de los medios y las telecomunicaciones. Ley de Medios, ley Argentina Digital, tendido de fibra con la REFEFO, desarrollo de la TDA y ARSAT. “Discontinuar la política de despliegue de ARSAT deja cautivo a un sector que tenía un horizonte de crecimiento muy importante”, describe Ceferino. “Las empresas medianas o pequeñas y cooperativas significaban un aliado imprescindible para romper políticas hegemónicas del sector. Además, para estos operadores, la capilaridad de la Red Nacional y las redes provinciales era la única forma de un mayorista previsible. Desandar la inversión pública en telecomunicaciones tiene un sentido y muchos impactos. El sentido es la visión tecnológica como expresión geográfica; algunos impactos son la desaparición de la posibilidad de aportar valor agregado tecnológico desde distintas regiones de nuestro país, la prescindencia de profesionales e investigadores en cuestiones tecnológicas, la desaparición de un competidor genuino que rompa un mercado con solo una visión comercial, y el abortar el surgimiento de empresas que apuesten a la tecnología como servicio o como desarrollo en lugares con mercados más limitados. Al contrario, la liberalización regulatoria, única en el universo de países actuales, devendrá a futuro en una catástrofe para el sector privado. Con la misma impronta que en todas las políticas, solo sobrevivirán los jugadores con más espaldas económicas. Hoy, hasta Estados Unidos se plantea seriamente la regulación de IA, mientras en nuestro país, de seguir estas políticas estaremos descartando la inteligencia individual y colectiva frente a una IA instalada como un nuevo mesías de la era actual”.
“Más que un quiebre”, piensa Espada, si tomamos como fleje 2016, “es el final de una ventana temporal que surgía en Argentina en 2008, en donde tuvimos algo así como un intento de políticas de comunicación progresistas. No exitoso, pero intento al fin. La asunción de Macri es el final de ese intento. En estos diez años de transformación tecnológica, Argentina tuvo un sistema de medios absolutamente liberalizado a las fuerzas del mercado, donde el Estado se corrió por completo de su responsabilidad como protector del interés público en muchas materias, entre ellas la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Es una década muy disruptiva para nuestro sistema de medios, porque cambia la economía, porque cambia la estructura del sistema, y las plataformas ingresaron sin ningún tipo de condicionamiento, sin ningún tipo de regulación. Hoy, diez años después de la caída de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Ley de Televisión Digital, estamos ante un mercado hiperconcentrado, hipercomercializado, sin condiciones de sostenibilidad para medios sin fines de lucro, universitarios, y medios estatales en condiciones paupérrimas. Es un marco de extrema privatización internacional de las condiciones del debate público, básicamente porque se ha vehiculizado, se ha trasladado a las redes sociales, y en este último tiempo tenemos una presidencia absolutamente ligada ideológica, empresarial y políticamente a los dueños de esas plataformas, por lo que todo parece indicar que este proceso va a continuar su deriva privatista y antidemocrática”.
El entramado del potencial energético
Durante los últimos años, los servicios públicos del sector energético también sufrieron modificaciones importantes en la estructura de propiedad del capital privado licenciatario. Una de las cuestiones centrales para entender esta reconfiguración es el hecho de que no haya habido ingreso de inversión extranjera. Por ello, las nuevas concesiones en hidroeléctricas se otorgaron a grupos empresarios nacionales como Central Puerto y Grupo Edison, conformado por Neuss, Brito y Chernacovsky, entre otros. El desembarco de este último es el más llamativo del período y se ha consolidado con fuerza en toda la cadena eléctrica: Edison controla la distribución en el norte (EDET en Tucumán y EJESA en Jujuy), participa en el transporte de alta tensión mediante su ingreso en Transener (junto a Genneia) y en LITSA (Líneas de Transmisión del Litoral) e irrumpe en la generación (hidroeléctrica CEMPPSA y concesiones de represas como Alicurá y Cerros Colorados). Además, recientemente Neuss, Brito y Chernacovsky sumaron su habilitación para operar como comercializadores en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a través de Edison Trading, integrando verticalmente todo su negocio. Se consolidan, entonces, con mayor presencia en generación Geneia, Pampa Energía y Central Puerto, con fuertes inversiones en energías renovables.
Además de aparecer como un negocio altamente concentrado, el sector de energía tiene una fuerte incidencia en la lógica regulatoria del Estado nacional. Sobre este escenario, impactan la desregulación de las tarifas y las quitas de los subsidios producidas a partir de diciembre de 2023, cuando el gobierno de La Libertad Avanza implementó un drástico giro en la política tarifaria. Los incrementos agresivos de tarifas buscaron reducir o eliminar los subsidios estatales de raíz y recomponer la caja de las empresas de distribución y transporte; sin embargo, estas ganancias parecen no volcarse en forma proporcional en inversiones en infraestructura. La inversión productiva pasó de representar el 15 % de las ventas en 2023 al 11 % en 2024 y el 14 % en 2025. En lo que respecta a distribución, este aumento no se traduce de forma inmediata en una mejora del servicio, donde las inversiones son aún escasas y el sistema de distribución domiciliaria y las redes de baja y media tensión arrastran un rezago estructural de años. La infraestructura es sumamente deficitaria, obsoleta y está, casi sin cambios, expuesta a fallas y cortes masivos durante los picos de consumo de verano o invierno. ¿Hacia dónde van entonces los excedentes de estos tarifazos? Los excedentes de la tarifa actual en las áreas de distribución y transporte se utilizan mayormente para sanear deudas acumuladas (por ejemplo, con Cammesa), para la distribución de dividendos o para la cobertura en instrumentos financieros, antes que la inversión en capital físico. En lo que refiere a la generación a gran escala, solo se ven proyectos específicos en energía renovables, mayormente en generación solar, sin ningún atisbo de intervención en el problema mayor de transporte y redes integradas de subestaciones transformadoras para financiar, construir y operar nuevas líneas de alta tensión.
