El Frente Sindical de Universidades Nacionales comenzó a implementar esta semana medidas de fuerza para exigir una recomposición salarial y alertar sobre la emergencia que enfrentan los docentes y no docentes de la universidad en todo el país. Advierten que reconstruir el nivel de excelencia que alcanzó la educación superior pública va a requerir décadas ante el desfinanciamiento, vaciamiento y pérdida de profesionales que vienen atravesando las instituciones que permitieron que más de dos millones de estudiantes pudieran acceder a estudios universitarios.
El Congreso Nacional dio el pasado miércoles media sanción a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, que propone actualizar las partidas presupuestarias de los docentes y no docentes por la inflación acumulada de 2023 y 2024, además de recomponer los salarios desde diciembre de 2023, entre otros puntos.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados por 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, ya que contó con el apoyo de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la UCR. La norma ahora deberá ser tratada en el Senado; sin embargo, una ley de características similares fue vetada por el presidente Javier Milei en octubre de 2024, decisión que luego fue ratificada por Diputados.
Tras la media sanción, el Presidente reiteró que podría vetarla nuevamente en caso de ser aprobada: “El superávit no se negocia”, insistió. El viernes a la noche, el mandatario también realizó una cadena nacional donde, lejos de brindar soluciones a la grave situación en la que se encuentra el sector, propuso dos medidas para “amurallar el déficit cero y la política monetaria de este gobierno”. Con tal objetivo, buscará prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria y que se apruebe un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Para ello, propone exigirle al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit; todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción. También plantea establecer una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas reglas nuevas fiscales, un punto que parece más que improbable que sea aprobado por los mismos legisladores que pretende sancionar.
El miércoles, los legisladores que se manifestaron en contra de la aprobación del proyecto de ley de financiación universitaria –principalmente pertenecientes al bloque de La Libertad Avanza– argumentaron durante el debate que mantienen un compromiso con el equilibrio fiscal y aseguraron que no está determinado cómo se solventarán los costos ni su impacto.
“Es inviable una ley que fije una indexación trimestral. Se generaría un efecto cascada de demandas provenientes del resto de la administración nacional que rompería con el equilibrio fiscal alcanzado. Se explotan causas nobles con fines estrictamente demagógicos y electorales”, apuntó Mercedes Llano, legisladora de Mendoza, resumiendo la mirada oficialista que se repitió en las distintas alocuciones de la jornada.
Sin embargo, muchos de estos diputados son egresados de universidades públicas, mientras que la respuesta de “no hay plata” es simplemente insuficiente para una juventud que quiere acceder a ese mismo derecho y que ya se encuentra en el hartazgo absoluto: de no poder pagar su independencia, resignar calidad en sus estudios y demorar sus proyectos de vida.
En tanto, el proyecto de ley no plantea un nuevo gasto ni es estrictamente un aumento del presupuesto asignado, sino que se propone reasignar partidas del Estado. A pesar de que el gobierno plantea esclarecer el origen de los fondos, hace dos años que no aprueba una Ley de Presupuesto, algo que nunca había pasado en la historia argentina. El Ejecutivo asigna recursos por medio de decretos, obligando al parlamento a discutir tema por tema.
Claudia Baigorria, secretaria de Formación de CONADU Histórica, afirmó a SANGRRE que celebran la media sanción, pero que el plan de lucha en las 57 universidades nacionales que inició esta semana –y que se extenderá hasta el 16 de agosto– sigue en pie, ya que la situación “hoy es extrema” y aún no hay paritarias convocadas.
“Hay desgranamiento de profesionales y estudiantes que no pueden sostenerse por los tarifazos de luz, de gas y de transporte. Es un contexto muy explosivo donde, si no se auxilia al sector con más presupuesto, poder adquisitivo y becas, no vamos a tener más universidad como la que tuvimos”, afirmó Baigorria.
Añadió que la pelea es estructural, porque un docente necesita cerca de diez años para formarse como cuadro intelectual y dirigir grupos de investigación, por lo que “no es una exageración decir que nos va a llevar décadas recomponer el sistema universitario cuando se vaya Milei”.
A partir del 18 de agosto, habrá paros rotativos hasta comienzos de septiembre, cuando se espera que haya una nueva marcha nacional universitaria. Mientras los docentes denuncian que su salario se ha convertido en el peor de Latinoamérica, el presupuesto educativo es el más bajo en dos décadas. Según datos del CEPA, entre diciembre de 2023 y junio de 2025, el salario del personal docente y no docente de universidades nacionales tuvo una pérdida del 29 % de su poder adquisitivo, por lo que el incremento necesario para que la recuperación sea igual a la de fines de noviembre de 2023 es de un 41 %. Es así que actualmente algunos de los docentes universitarios cobran cerca de 500 mil pesos.
“No los escuché preocupados cuando se bajaron las retenciones para el campo, pero ahora sí les preocupa de donde saldrá la plata: saldrá de las viviendas que no están pudiendo construirse en Mendoza o de la obra pública”, apuntó en la sesión el diputado Rolando Bermejo, de Unión por la Patria, al expresarse en favor de la ley.
A su turno, Martín Tetaz, de la Unión Cívica Radical, aseguró que el presupuesto para la universidad “es una de las mejores inversiones que el Estado puede hacer”, ya que lo invertido en la formación universitaria se termina pagando entre ocho y diez veces por medio de impuestos: “Las consecuencias de no invertir es que se acumula menos capital humano, por lo que el país es más pobre hacia adelante. Desfinanciar a la educación hoy se mide en miles de millones de dólares, porque nos están privando de que el Estado tenga una tasa de retorno entre el 10 y el 15%”, añadió.
Además, detalló que se gastan 120 dólares por alumno mensualmente, lo que equivale al “presupuesto más bajo de Latinoamérica”. “Prácticamente ningún país del mundo invierte menos en educación superior que lo que invertimos nosotros; así y todo, la universidad argentina es pública y de calidad”.
Por su parte, Diego Arellano, de la Federación Universitaria Argentina (FUA), valoró positivamente la media sanción, pero sostuvo que “no quedan dudas” de que el gobierno de Milei vaya a vetar la ley, ya que “no cree en el modelo actual de la universidad pública y considera que hay gastos que son innecesarios”.
“Se nos comunica a través de la Secretaría de Política Universitaria del Ministerio de Capital Humano que estos recortes y ajustes van a seguir existiendo. Se va insistir en desgastar al sistema universitario; por eso, en cada una de las universidades nacionales donde haya centros de estudiantes vamos a acompañar las medidas de fuerza. Hay un descreimiento muy importante en la juventud de la política, que no expresa un horizonte mejor posible, y por eso nos empezamos a organizar de manera más descentralizada. Hoy, las universidades nos dan a las juventudes una bandera de resistencia mucho más clara que la dirigencia política: defender a tus compañeras y compañeros, a tu aula, a tu escuela es lo que nos motoriza. La juventud encontró esta trinchera para resistir al gobierno de Milei; pero no somos una isla y estamos a disposición de las otras luchas”, aseguró Arellano a SANGRRE.
