No son elegidos por el voto popular; no deben dar explicaciones sobre sus dictámenes; no se avienen a ningún requisito o límite temporal; no son sujetos imponibles; son casi inamovibles; para ellos no corre ni el peculado, ni el nepotismo, ni la rendición de cuentas. Son un cuerpo colectivo degradado a su mínima expresión: la de un opaco triunvirato, asistido por aún más opacos “colaboradores”. Y, a partir de la decisión ayer tomada, se adjudican la suma del poder público.

Flagrantemente viciada, injusta en sus fundamentos, con el correr del tiempo la causa “Vialidad” será ponderada como una de las más escandalosas de la historia argentina. Solo queda, en el camino de la justicia, la apelación a tribunales internacionales, los cuales, en los tiempos que corren, presentan más dudas que certezas.

La condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es la condena no a una persona, sino a un pensamiento colectivo y político que encuentra savia en los pliegues de nuestra historia, está arraigado en nuestro subsuelo social y es expresado y actualizado en el quehacer cotidiano y los anhelos de millones de compatriotas a lo largo y ancho de nuestra Argentina. No es el punto de llegada de una persecución individual, sino continuidad e intensificación de una historia de impugnación y violencia ejercida sobre las mayorías populares por parte de una minoría tan privilegiada y poderosa como oprobiosa y criminal.

Si la incursión de nuevas expresiones antidemocráticas –en la política mundial en general y en nuestro país en particular– es un vórtice desconocido y refrendado por una parte de la sociedad, también es un índice de desintegración de la representación y de la división de poderes. Como hecho contundente, el dictamen del triunvirato judicial instituye a la debilidad como cualidad intrínseca del Poder Ejecutivo, ya que trata a la voluntad popular como un hecho condenable.

¿Qué sucederá con la república? ¿Qué sucederá con esta democracia? No lo sé. Sí es claro que, si este camino es tolerado y naturalizado por el pueblo, cada uno de nosotros individualmente y como multiplicidad estaremos presos de la arrogancia de un tribunal que ha asumido el poder público y absoluto para acosar y condenar a quien moleste a los poderosos, piense distinto o exprese una disonancia. Se ha hecho presente la Corte de la Suprema Infamia Nacional.