La política boliviana sufre el mal del despecho. La crisis es de tal profundidad que un ciudadano logró inhabilitar a varias siglas políticas solo por rencor. Su nombre: Peter Erlwein Beckhauser, oriundo de Brasil pero nacionalizado boliviano. Sus recursos dejaron fuera, por ahora, a Evo Morales y Andrónico Rodríguez, los dos principales candidatos del campo popular.
Ante semejante pulsión destructiva, el candidato mejor posicionado de la derecha, Samuel Doria Medina, lo expulsó de su partido. “Presentó observaciones judiciales a muchos partidos, no solo a los que él señala, incluso de oposición democrática, rompiendo el principio de nuestra Unidad de no judicializar las elecciones”, expresó la formación política en un comunicado.
En Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es considerado el cuarto poder del Estado. Sin embargo, no logró contener la injerencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ha desvirtuado el calendario electoral, cuya primera vuelta está prevista para el 17 de agosto, con la elección de presidente, vicepresidente y la totalidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En esta tragicomedia de enredos también se percibe la intromisión del presidente Luis Arce. Aunque debió resignar su candidatura por su imagen deteriorada, mediante maniobras oscuras con jueces aún más oscuros, logró paralizar por el momento las candidaturas de Morales y Andrónico, con el objetivo de posicionar al MAS, ahora usurpado por su facción, como la única opción de “izquierda”.
La institucionalidad democrática está en jaque, con un TSE incapaz de preservar sus atribuciones electorales, permitiendo la injerencia de otros poderes del Estado y violando el principio de preclusión que lo rige. La magnitud del caos es tal que aún hay candidaturas en el limbo. Como lo advirtió hace unos días el vocal Francisco Vargas: “Alerto al país y a la comunidad internacional que se está poniendo en riesgo el sistema democrático mediante la aplicación de acciones legales que pretenden afectar el normal desarrollo de las elecciones, subordinando las competencias y decisiones del TSE”.
Eduardo Rodríguez Veltzé, una de las voces más respetadas en cuestiones jurídicas –como exmiembro de la Corte Suprema y expresidente–, sostuvo: “En lugar de ‘exhortar’ respeto a sus competencias, el TSE -debe ejercerlas- rechazando las decisiones de salas y tribunales incompetentes. No lo hizo durante las elecciones judiciales y reconoció al TCP auto prorrogado. Su sometimiento a la manipulación judicial, hoy sigue generando incertidumbre electoral”.
En el caso de Evo Morales, fue precisamente el TCP quien, interpretando arbitrariamente la Constitución, lo había inhabilitado previamente cuando el artículo 168 de la Carta Magna establece que el presidente y el vicepresidente pueden ser reelectos solo una vez de manera continua, lo que habilitaría a Evo para una reelección discontinua. Luego, el TSE rechazó la inscripción de la fórmula encabezada por el exmandatario, alegando que la sigla utilizada, correspondiente al Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), no era válida. Sin embargo, un tribunal de La Paz confirmó que esa personería jurídica está vigente, pero el tribunal ratificó la proscripción y el evismo presentó un recurso ante la Defensoría del Pueblo.
Otro tribunal, esta vez en el departamento del Beni, logró impedir la candidatura de Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado y segundo de Morales en las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, aunque hoy distanciado de él. El joven dirigente ahora busca el auxilio de una nueva sigla partidaria y hasta anunció el cambio de su acompañante en la fórmula.
Mientras hasta los tribunales locales se le plantan al vapuleado TSE, diez binomios, contando incluso a los excluidos, compiten por llegar al Palacio Quemado. Este escenario refleja el alto grado de fragmentación del sistema político y la profunda crisis de representación existente. Tanto la derecha como el bloque popular presentan tres fórmulas cada uno. El caso más emblemático es el del MAS-IPSP: el instrumento político fundado por Evo hace treinta años, único de alcance nacional y tan influyente en su momento como el extinto MNR, impulsor de la Revolución de 1952, sufre hoy una triple fractura que implosiona al campo popular, con la gravedad que implica la proscripción del bloque indígena-campesino-orginiario.
El gobierno de Arce –exministro de Economía y elegido por Morales tras el interinato autoritario que duró un año– logró, mediante maniobras judiciales, apropiarse de la sigla del MAS. La gestión arcista es ampliamente rechazada: el ciclo virtuoso de la nacionalización de los hidrocarburos está estancado; faltan dólares, gasolina y divisas provenientes del gas, mientras los precios de la canasta básica se desbocan. Con apenas un 2% de intención de voto, Arce tuvo que desistir de su candidatura. En su lugar, se presenta Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno y figura represiva de su gestión. Morales lo responsabiliza directamente por el intento de asesinato que sufrió el 27 de octubre de 2024 y por la persecución judicial en su contra. La ley electoral estipula que si una fuerza no alcanza el 3% de los votos, pierde su personería jurídica. Así, el partido que lideró el proceso de cambio en el siglo XXI podría desaparecer.
Una vez más, la embajada de Estados Unidos no logró unificar a la derecha, que acude dividida en tres fórmulas, todas lideradas por figuras veteranas. El empresario Doria Medina, exministro de Planificación en los años noventa y artífice de las privatizaciones de esa década, es quien tiene más opciones. Esta es su cuarta postulación; aunque es persistente, carece de magnetismo.
Jorge “Tuto” Quiroga representa a la derecha más recalcitrante, con lazos estrechos con Washington. Fue presidente durante un año, tras la renuncia del exdictador Hugo Banzer, y gobernó en el contexto de los atentados del 11 de septiembre de 2001. En su mandato, se alió con George W. Bush para reprimir con dureza a los sindicatos cocaleros liderados por Morales, marcando un pico de criminalización de ese sector.
El tercero en discordia es Manfred Reyes Villa, exmilitar y actual alcalde de Cochabamba, quien vivió exiliado en Estados Unidos durante una década para eludir cargos de corrupción. Pudo regresar al país en 2019, durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
El resto de las candidaturas son testimoniales. Llama la atención la ausencia de una figura relevante del eje Santa Cruz de la Sierra, bastión histórico de la llamada “Media Luna” separatista. Su principal referente, Fernando Camacho, está actualmente preso por su participación en la ruptura del orden constitucional durante el golpe de 2019, al igual que Áñez.
Pocas certezas y muchas incertidumbres, para una votación para la que falta dos meses y medio. Una carrera electoral sin los dos principales candidatos, ambos con capacidad de movilizar amplias bases, revela la frágil institucionalidad que vive Bolivia y amenaza con deslegitimar los comicios por la absurda judicialización de la política: sobran ejemplos en América Latina sobre las consecuencias de la injerencia del “partido judicial” en la política para proscribir y sacar del camino a figuras populares. Mientras, el 90% de la sociedad boliviana expresa que su mayor preocupación es la crisis económica.
