El domingo 27 de octubre, el expresidente boliviano Evo Morales fue víctima de un atentado mientras se dirigía a su programa dominical en la Radio Kawsachun Coca (RKC) en el Trópico de Cochabamba. Durante el trayecto, vehículos sin identificación persiguieron y dispararon contra la camioneta que lo trasladaba recibiendo al menos 18 impactos y salvando su vida de milagro. A pesar de la gravedad del hecho, no hay avances en la investigación. Este lunes, el dirigente presentó un documental de 24 minutos, titulado Intento de asesinato a Evo Morales, donde expone imágenes de cámaras de seguridad, una cronología de los hechos y evidencia que apunta a la participación de individuos que salieron de un cuartel militar ubicado en esa zona. Tras fallar en el ataque, los responsables regresaron al cuartel y se marcharon en helicópteros.

Morales responsabilizó al gobierno boliviano y estadounidense por este intento de magnicidio. Además, afirmó su decisión de permanecer en Bolivia y postularse a la presidencia en 2025, a pesar de los intentos de proscripción en su contra.

Tras movilizaciones sociales como la “Marcha para salvar Bolivia” y bloqueos de carretera para exigir al gobierno nacional una solución a la crisis económica, la maquinaria judicial comenzó a detener a decenas de dirigentes del MAS cercanos a Morales. La semana pasada se produjo la aprehensión de Humberto Claros, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), y de Ramiro Cucho, del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), acusados de “terrorismo”.

Uno de los perseguidos más prominentes es el exministro de la Presidencia durante el gobierno de Morales, Juan Ramón Quintana, quién anunció este domingo: “No voy a ser objetivo fácil para que intenten matarme, como han intentado hacerlo con el compañero Evo Morales, no me voy a poner en la mira telescópica de quienes están intentando acallar las voces críticas, no lo voy a hacer por responsabilidad con mi familia, por responsabilidad con nuestra lucha, y por eso invoco a nuestros compañeros a que sigamos luchando por nuestros derechos”.

En ese marco, SANGRRE logró contactar al exfuncionario y mantuvo con él una extensa charla telefónica. En ella, Quintana subrayó que se ha desatado una persecución “política, policial, judicial y criminal” contra la dirigencia que está cerca de Evo Morales y, sobre su situación en particular, explicó: “Hoy estoy perseguido por un régimen que ha quebrantado todas las garantías constitucionales. No tuvimos la posibilidad de ser citados para presentar una declaración o refutar las acusaciones en nuestra contra. Aquí no existe la presunción de inocencia. Mi caso no es el único: a Evo Morales intentaron asesinarlo, y sé que hay una disposición para intentar hacer lo mismo conmigo. Por eso, esta es mi denuncia ante la comunidad internacional. Estamos llevando el caso a la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] para proteger mi vida, y agradezco las expresiones de solidaridad que buscan proteger también a mi familia, mi esposa y mis hijos, quienes están siendo asediados”.

En referencia al intento de asesinato de Evo Morales, lo calificó como “un punto de quiebre en la política boliviana”, al que consideró “el escalón más alto del plan de construcción de un nuevo orden político por parte del gobierno de Luis Arce”.

“No se trata de una disputa personal entre Evo y Arce; es una estrategia deliberada para eliminar una amenaza política para este nuevo orden y consolidar un proyecto. ¿Cuáles son las señales por las que afirmo esto? El operativo combinado de policías y militares, unidades especializadas, helicópteros, armas de guerra, uso de plataformas aéreas, operación de infiltración en una región, despliegue de vehículos. Este nivel de coordinación no pudo ser ajeno al conocimiento del presidente Arce, quien detenta el mando político. Además, se desplegó un cerco mediático para adelgazar el impacto de este intento de asesinato, que no afecta a un dirigente nacional: estamos hablando de un expresidente con una estatura internacional y fuerte arraigo en la cultura indígena-popular”, analizó. Cabe destacar que Quintana es sociólogo y también tuvo una destacada carrera militar.

En tono tranquilo, a pesar de las circunstancias, pero firme, sostuvo que “desaparecer a Evo implica transitar hacia un escenario de abierta complicidad entre el gobierno de Arce y las fuerzas conservadoras de derecha. Evo ha sido construido como un ‘enemigo interno’ para legitimar y destruir su reputación y liderazgo. Estamos en la antesala de un potencial escenario de crímenes políticos, de crímenes de Estado, combinados con delitos de odio y racismo”.

“El plan del gobierno de Arce es ambicioso: busca capturar el Estado a mediano y largo plazo, desmantelando el legado de Evo Morales. Su eliminación es clave para encubrir las prácticas aberrantes del régimen actual, que socavan el Estado Plurinacional. Hoy Arce es el Lenin Moreno de Bolivia, un traidor”, dice Quintana, en referencia al sucesor de Rafael Correa en Ecuador que terminó aliándose con la derecha y desbaratando los logros de la administración correísta.

Consultado sobre cómo se sucedieron los hechos de su intento de detención, relató: “El día 14 de este mes, mi casa fue allanada. Hay un pedido de aprehensión por parte de la fiscalía: estoy siendo acusado por cargos de terrorismo junto a otros dirigentes que presidieron la organización de la Marcha para salvar Bolivia. Estoy viviendo un segundo momento de persecución política y judicial que no es distinto a lo que viví en 2019 durante el golpe de Estado, cuando intentaron asesinarme por orden de intereses extranjeros, en particular desde la Embajada de Estados Unidos, que no tolera la desobediencia de sus ‘súbditos’ en su ‘patio trasero’. Incluso, la policía intentó varias veces ingresar a la Embajada de México para secuestrarme. Hoy vuelvo a enfrentar la misma persecución. Arce está replicando esas prácticas de las hordas golpistas de Jeanine Áñez [que presidió el gobierno de facto de 2019-2020]. Pero esta vez no solo allanaron mi casa, sino también el Observatorio de Democracia y Seguridad, un centro académico que dirijo con mi esposa Loreta Tellería. Rompieron puertas, allanaron una biblioteca con más de 10.000 libros y confiscaron documentos. Esto no ocurrió ni siquiera durante el régimen de Áñez. Es un retorno a las prácticas inquisitoriales de las dictaduras militares”.

El exministro advirtió sobre la mutación del modelo político hacia un esquema neoliberal, alineado con intereses empresariales y trasnacionales para desmantelar el Estado Plurinacional y marginar al movimiento indígena popular: “El nuevo orden arcista, en su alianza con las nuevas derechas, es un proyecto de recolonización socavando la raíz política y económica del Estado Plurinacional. Con una dirigencia corrupta funcional a este proyecto mestizo-criollo, y precedido por un componente autoritario represivo para acallar voces disidentes, busca privatizar recursos estratégicos como el litio, ocultar el manejo de las reservas de oro y debilitar las instituciones democráticas. Estamos viendo la desvertebración de la Asamblea Legislativa, la captura del Poder Judicial, el deterioro del poder electoral y la subordinación de los medios a través de la pauta oficial. Todo esto se sostiene mediante un componente represivo que acalla las voces disidentes”.

Para Quintana, la única forma de enfrentar esta crisis es a través de la movilización: “Esta disputa solo se resuelve en las calles, en los bloqueos. La sociedad boliviana ya ha demostrado, entre 2000 y 2005, que puede derrotar al neoliberalismo. Estamos en un momento de restauración conservadora. Para superarlo, es necesario recuperar el espíritu del proceso de cambio de 2006 a 2019, que hoy está siendo socavado. Esta lucha no solo es política, sino también narrativa e identitaria. Recuperar el proyecto emancipador exige desenmascarar cómo Arce ha usurpado los principios de la emancipación en Bolivia. Es una batalla por la memoria y por los derechos de los sectores populares e indígenas”.