El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dio un salto al vacío. Ante su inminente destitución en el juicio político que le llevaba adelante la Asamblea Nacional por peculado y tráfico de influencias, decretó la disolución del Congreso. Acto seguido, efectivos del Ejército rodearon el Parlamento e impidieron el acceso de los asambleístas al edificio. Organizaciones sindicales como la FUT y CEDOCUT, políticas como Revolución Ciudadana (RC) y sociales como la CONAIE coincidieron en declararse en estado de alerta y movilización para que no se establezca una dictadura camuflada bajo la fachada de un acto constitucional.
Lasso anunció en cadena nacional la activación de la llamada “muerte cruzada” (disolución el Congreso, de carácter unicameral, y convocatoria a elecciones anticipadas), que le permitirá gobernar por decreto por espacio de seis meses. El artículo 148 de la Constitución establece que “la Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, esta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato. En un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos”.
El expresidente Rafael Correa se expresó al respecto en su cuenta de Twitter: “Ecuatorianos: Esto es ilegal. Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su Gobierno y sus legisladores de alquiler. Hoy más unidos que nunca ¡Hasta la victoria siempre!”. En ese sentido, muchos actores políticos y sociales exigieron a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la legalidad de la medida, ya que consideran que las razones esgrimidas no se ajustan a derecho. Cabe destacar que es la primera vez que se utiliza la “muerte cruzada” desde que se estableció en la Constitución de 2008.
En diálogo con SANGRRE, el abogado y diputado del Parlamento Andino Virgilio Hernández explicó que la “muerte cruzada” requiere de tres causales para ser aplicada: “Una: ‘arrogación de funciones’, que requiere de dictamen previo de la Corte Constitucional; dos: ‘grave crisis interna y conmoción social’; tres: ‘interferencia del plan de gobierno’. El decreto 741 elige la ‘grave conmoción interna’, por lo que la Corte Constitucional, por lo tanto, puede acudir con una acción de inconstitucionalidad y medida cautelar para que decida la inconstitucionalidad del decreto. El riesgo es que pueda quedar la dirimencia en las Fuerzas Armadas”. El máximo tribunal emitió dos dictámenes (19 de junio de 2019 y 10 de diciembre de 2021) en los que ha puntualizado que “dos elementos esenciales configuran la causal de grave conmoción interna, estos son: i) la real ocurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atenten gravemente en contra del ejercicio de los derechos constitucionales, la estabilidad institucional, la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía; y como consecuencia de estos acontecimientos, ii) se genere una considerable alarma social”.
“La posición de Revolución Ciudadana es que la aplicación del artículo 148 es ilegal, pero, al mismo tiempo, no podemos dejar de señalar que siempre es mejor que el pueblo decida”, sostuvo Hernández. RC considera que, a pesar de que el Tribunal Constitucional convalide la acción de Lasso, esto configura su fin político y ve con amplias perspectivas volver a gobernar el Ecuador.
La Constitución establece que el Consejo Nacional Electoral debe convocar en los próximos siete días a elecciones presidenciales y legislativas para completar así el mandato de cuatro años de Lasso y de los asambleístas. La titular del CNE, Diana Atamaint, se comprometió “a cumplir con el calendario y convocar a elecciones anticipadas y realizarlas en noventa días”.
En las elecciones regionales y municipales de febrero de este año, el correísmo había conquistado la mayoría de las prefecturas, entre ellas las estratégicas alcaldías de Quito y Guayaquil. Lasso perdía además en una de sus apuestas para ganar legitimidad política: las ocho preguntas del referendo que había convocado para avanzar en sus políticas neoliberales y autoritarias. Su gobierno quedó profundamente debilitado, cuando aún le restaban más de tres años de mandato. Hoy, su única aspiración es el aire que le puede dar gobernar seis meses a decretazos y sin el contrapeso del parlamento.
Bajo el mandato de Lasso –que asumió hace apenas un año– se acrecentó el costo de vida, la represión a los movimientos sociales y la expansión del narcotráfico internacional, algo que generó situaciones de violencia cotidiana inéditas en el país.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) realizó este miércoles un ampliado e informó a través de su referente Leonidas Iza que “los pueblos y nacionalidades, ciudadanos que estamos en contra de las políticas que han acabado con la vida, debemos estar atentos de cualquier acto dictatorial destinado a imponer medidas neoliberales. Debemos convocarnos a asambleas permanentes. La consecuencia de la muerte cruzada no solo es disolver la Asamblea, el gobierno pretende reformar varias leyes lesivas para el pueblo”. También rechazó “la injerencia de la Embajada norteamericana en contra de la soberanía ecuatoriana. Los pueblos y la clase trabajadora tenemos autodeterminación frente a los gobiernos autoritarios”.
Para Edwin Bedoya, vicepresidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT), “esto es un fracaso de la política, tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo, y la muerte cruzada permite un chantaje de parte del presidente y no es correcta su utilización en este caso”. En declaraciones a ConectaTV-Radio, el dirigente indicó que, ante esta situación, “la clase trabajadora y los movimientos sociales estamos haciendo un amplio llamado de unidad para formar un frente social y salir de la crisis que vive Ecuador, porque no podemos permitir que el Presidente vía decreto avance en sus proyectos de privatización, reforma y precarización laboral, entrega de los recursos naturales. Velaremos para que esto no se convierta en una dictadura”.
¿Cuánto aire le dará a Lasso este manotazo de ahogado?
