Barricada TV es una televisora autogestionada que ganó un concurso público en 2015 para emitir por Televisión Digital Abierta. En 2017 obtuvo la habilitación definitiva de la planta transmisora. Esto le da el derecho de integrar la grilla del cable. Sin embargo, Telecom –el cableoperador del Grupo Clarín– se niega a sumarla. Con esta negativa, presentaron una denuncia ante la Justicia para que se cumpla con la Ley. Pero la causa, a cargo del juez Pablo Cayssials, hace cinco años que no avanza, bajo argumentos administrativos y procesales que la demoran y también con decisiones cuestionables del magistrado, como negar todas las medidas de prueba que se presentaron. Desde que se conoció que Cayssials fue parte del viaje a Lago Escondido –del que, además de jueces, participaron miembros del gobierno de la Ciudad e integrantes del Grupo Clarín–, pidieron su recusación por estar impedido, claramente, de ser objetivo en una causa que toca intereses del principal grupo mediático del país.
Conversamos con Lucia Maccagno –periodista, integrante de Barricada TV, directora del documental En la cancha, que muestra la situación de PAREStv de Luján, cuyas transmisiones de fútbol son bloqueadas y judicializadas por Trisa, del Grupo Clarín– y le preguntamos por la situación judicial, pero, sobre todo, por cómo esta situación nos impone preguntarnos qué tipo de medios y de comunicación son necesarios construir para desarrollar una sociedad en democracia.
CONTA –Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas– acaba de recusar a uno de los jueces que integró el grupo del viaje a Lago Escondido, junto con miembros del grupo Clarín y funcionarios del Gobierno de la Ciudad, y es también parte del chat donde se intenta encubrir este viaje. Se trata de Pablo Cayssials. ¿Sobre qué es el juicio y por qué la recusación al juez?
La causa en la que entiende Pablo Cayssials es un juicio que estamos llevando adelante contra el grupo Clarín ante la negativa de esta empresa mediática, a través de su cable operadora, Telecom, de incorporarnos a la grilla del cable, tal como lo establecen las normas vigentes, emitidas por el Ente Nacional de Telecomunicaciones. Nosotros tenemos licencia, hemos sido habitados en 2017 y somos un canal que emite en televisión abierta. La norma, justamente, lo que estipula es que tenemos el derecho, si así lo quisiéramos, de ser incorporados de manera gratuita en la grilla de los cableoperadores.
Como Telecom se niega a levantar nuestro canal, en 2018 nos presentamos para denunciar esta situación y desde ese momento la causa no ha avanzado demasiado. La causa la tiene este juez que, en los últimos días, nos hemos enterado que fue parte de este viaje junto a representantes de esta empresa concentrada y también funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de tomar conocimiento de esta situación es que presentamos la recusación del Juez Cayssials para que no siga entendiendo en la causa.
Este juicio en el que interviene Cayssials lleva ya cinco años. ¿Cuál es la explicación de esta dilación?
No hay muchas razones para esta demora, porque lo que nosotros estamos denunciando y exigiendo es, simplemente, que se cumpla con la normativa vigente. Obviamente, los argumentos formales son cuestiones administrativas y procesales. Ahora cuando uno ve que este es el juez que se fue de vacaciones junto a los representantes de la empresa mediática sobre la que tiene que fallar, empieza a entender que la demora está relacionada con esta connivencia entre poder judicial y los grupos empresarios mediáticos.
No se trata solo de la tardanza de cinco años. En las últimas semanas, el juez se encargó de negar cada una de las medidas de pruebas que presentamos. Esto no es usual: generalmente, los jueces niegan alguna medida, pero no la totalidad, como pasó con nuestro caso. Por eso entendemos que queda a las claras que no hay ningún tipo de imparcialidad por parte del juez.
No solo pedimos su apartamiento, sino que, con ello, también se pueda resolver la cuestión de fondo, que es que las televisoras comunitarias tenemos derecho a estar en el cable.
Una de las cuestiones que deja transparentar los audios y los chats que integran no solo los jueces y el ministro de Seguridad porteño, sino el CEO y el abogado del grupo Clarín, es el claro rol de los medios concentrados en la desinformación, el armado de causas, el lawfare. De hecho, por ejemplo, el mismo Cayssials reconoce en ese chat que la persecución que montó contra la exprocuradora de la Nación Alejandra Gils Carbó fue “a pedido” del dueño de La Nación, Julio Saguier. ¿Cómo se desmonta este enclave pensando en las políticas públicas de comunicación?
Lo principal es empezar por aplicar en su totalidad la Ley de Comunicación Audiovisual y, al mismo tiempo, derogar el Decreto 267 del macrismo, que justamente lo que hizo fue reponer o habilitar la concentración de las licencias y la expansión y el crecimiento de los grupos concentrados mediáticos, al derogar los artículos de la Ley de Comunicación Audiovisual que estaban pensados para poner un límite a esa concentración de licencias. Inmediatamente habría que empezar por ahí, porque precisamente esta habilitación es el contexto que le permite a estos grupos seguir concentrando medios y monopolizar la comunicación. Y eso va en sentido contrario de ayudar para que este tipo de operaciones se puedan desmontar.
Todo esto prueba, también, la necesidad de encontrar políticas activas hacia los medios alternativos para replantearse realmente un modelo de comunicación y no seguir fortaleciendo una serie de grupos concentrados que sostienen sus beneficios en torno a la apropiación de la renta económica, sin ninguna ligazón ya con la tarea comunicativa. Como medio comunitario, en este sentido, ¿qué cuestiones consideran que deberían ser prioritarias desde el Estado?
La contracara de un escenario de medios hiperconcentrados es un escenario de medios alternativos, populares, comunitarios que no se pueden desarrollar, que no pueden crecer. Para esto es importante, como dije, aplicar la Ley de Comunicación Audiovisual, y derogar el Decreto 267 del macrismo. Y, en este mismo camino, una de las deudas pendientes de la Ley de Comunicación es que el Estado siga abriendo concursos para que los canales comunitarios que todavía no tienen licencia se puedan presentar e ir concretando el famoso 33 por ciento del espectro cubierto con medios comunitarios.
Después, es necesario que se reglamente el artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que establece que año a año deben convocarse audiencias de carácter público, donde deben estar representantes de distintos sectores de la sociedad civil, de sindicatos, de la academia, para poder confeccionar una lista de eventos de interés relevante que deben ser dispuestos de manera abierta y gratuita para las audiencias. Nosotros tenemos la situación de PAREStv, que está siendo censurado también por el grupo Clarín, ya que no pueden transmitir los partidos del club Flandria. Ese también es un paso que hay que dar.
Nuevamente, insisto, también con que se resuelva la cuestión de fondo: que se incorporen los canales comunitarios a la grilla.
Otra cuestión central para avanzar en nuevas batallas que están relacionadas a la concentración de los medios y a que los medios alternativos podamos desarrollarnos es la necesidad de una Ley que reglamente la distribución de pauta oficial de manera democrática, federal y equitativa. Entendemos que los medios comunitarios debemos ser protagonistas del debate de esta ley, que vaya en el sentido de disputar recursos y evitar que estos medios monopólicos y concentrados se sigan enriqueciendo y expandiendo de esa manera.
Por otro lado, entendemos que es necesario avanzar con una ley que regule las plataformas, les exija pagar un gravamen que sea destinado a fomentar la cultura de nuestro país. Y que exista la exigencia para que cumplan con la cuota de pantalla de producción nacional en sus catálogos y plataformas.
Las principales exigencias vienen por estos lugares, y es necesario avanzar en cada una de ellas si queremos construir una comunicación democrática y soberana para nuestro pueblo.
