“Tumbar al gobierno”. “Deberíamos cerrar el parlamento”. “Luis Arce y David Choquehuanca personas no gratas y enemigos de la población potosina”. “Este momento es definitivo, no hay retroceso”.

Estas y otras amenazas fueron vertidas por diferentes actores de la derecha boliviana. Son grotescos. Se sacaron la careta. Ya no disimulan. A dos años del golpe de Estado, quieren repetir la receta. Por eso nuevamente los llamamientos a la policía y a las Fuerzas Armadas para que se plieguen al lockout patronal que comenzó el lunes 8 de noviembre. En esta ocasión la excusa es la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo que apunta a combatir el blanqueo de capitales.

En diálogo con SANGRRE, la politóloga boliviana Susana Bejarano subraya: “El contexto es distinto pero las voluntades son las mismas que dos años atrás. Hay una rearticulación pero de forma más transparente de estas fuerzas opositoras para tumbar a Arce y hacerse del poder de manera irregular. Es cada vez más evidente que las movilizaciones tienen una intencionalidad golpista con declaraciones sediciosas”.

Acerca de la razón esgrimida para paralizar al Estado Plurinacional argumenta Bejarano: “Si tú lees la ley que ellos llaman ‘paquetazo’, ‘maldita’, ‘expropiadora’, no vas a encontrar ningún artículo que pretenda esto. Esto demuestra que es una excusa. Se están generando narrativas para provocar miedo a la gente. Han hecho circular noticias falsas, como una Ley de Inquilinato que dice que los inquilinos se pueden quedar con la casa de los propietarios. Recuerdo esas narrativas que se instalaron en 2019, ese uso que se hizo de las redes sociales y de los medios de comunicación, que son una plataforma amplificadora de estas voluntades antidemocráticas. La corporación mediática es la que llamó abiertamente a no votar por Luis Arce. Los bloques perdedores son los que hoy alimentan estas movilizaciones que buscan desestabilizar”.

Tras el ciclo atroz de dictaduras latinoamericanas, Terrorismo de Estado y Plan Cóndor, se instaló como bandera la expresión Nunca Más. Un concepto que marcaba la necesidad de avanzar en acuerdos democráticos e impedir rupturas anticonstitucionales. Unas líneas rojas que no se debían volver a cruzar. Pero en la última década se perpetraron cuatro golpes de Estado exitosos: Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019). En este último, los mismos sectores que protagonizaron el putsch hace dos años vuelven a las calles con amenazas, lockout y cortes, que se sienten con fuerza en tres de los nueve departamentos del país (Santa Cruz, Potosí y Tarija).

El líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, aliado del gobernador Luis Fernando Camacho, cabeza del golpe contra Evo Morales, admitió que el objetivo es “tumbar al gobierno”. La arenga de este personaje acostumbrado a las declaraciones altisonantes y racistas fue realizada en las afueras del Comando de la Policía cruceña. Recordemos que el amotinamiento de esta fuerza contribuyó al éxito faccioso en 2019.

Calvo, quien hace un mes dijo que la wiphala “es un trapo, no nos representa”, saludó el pronunciamiento del Comité Cívico de Potosinista, diciendo que “ha sido categórico, ha dado un ultimátum: sectores fuertes, sectores humildes, sectores que estaban con el gobierno como los hermanos mineros van a estar en las calles y van a tumbar a este gobierno”. Justamente en Potosí, el ComCiPo mostró su violencia extrema con la muerte del campesino Basilio Titi Tipolo, de 22 años, que no apoyaba el lockout. La amenaza es continuar los bloqueos “hasta las últimas consecuencias”. Además, declararon al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca como “personas no gratas y enemigos de la población potosina”.

Hasta una senadora de la bancada de Creemos de Camacho, Centa Rek, dijo: “Deberíamos cerrar el Parlamento, esta es la lucha del pueblo boliviano. Este momento es definitivo, no hay retroceso”.

En estos días, los sectores sociales, sindicales y políticos afines al gobierno expresaron en las calles y en declaraciones la defensa de la democracia. La Central Obrera Boliviana (COB), el Pacto de Unidad y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) se declararon en “pie de lucha y en estado de emergencia”. “No vamos a permitir una vez más lo que pasó en 2019”. “Estaremos vigilantes ante cualquier acto de confrontación de la derecha fascista, hasta sus últimas consecuencias”.

El presidente Arce, que asistió a varios actos con bases sindicales y sociales, sostuvo: “Nosotros no vamos a permitir que pase otra vez como en 2019 y en todos los departamentos (provincias) vamos defender este proceso porque les hemos ganado en las urnas, en la cancha y ellos lo que no han ganado en las urnas quieren arrancarlos con sus movilizaciones. Lo único que quieren, lo único que están buscando es la impunidad de lo que pasó con el golpe de Estado”.

Marianela Prada, ministra de la Presidencia, dijo en rueda de prensa que Calvo “es un sedicioso, golpista, antidemocrático, racista”. El reflejo de ese racismo se demuestra en los intentos en Cochabamba de rearticular a la paramilitar Resistencia Juvenil Cochala.

El año de régimen autoritario de Añez estuvo marcado por los crímenes de lesa humanidad; la represión sistemática de toda expresión opositora; el exilio forzado de los principales líderes del MAS; la corrupción sistemática, cuyo emblema fue Arturo Murillo, hombre fuerte del gobierno de facto, hoy preso en Estados Unidos por cohecho y lavado de dinero; y la inoperancia y el desmanejo del Estado.

Bejarano advierte acerca del “crecimiento de la ultraderecha no solo en Bolivia, sino también en la región y en todo el mundo. Hay una crisis de la democracia, hay una crisis de representación muy profunda, hay declaraciones salidas desde las cavernas y el fascismo ha llegado a las instituciones y el progresismo no está pudiendo contrarrestarlo. Asusta el crecimiento del fascismo. Los movimientos sociales son los que al final han terminado devolviendo la democracia, poniendo el pecho a las balas, por eso debemos fortalecerlos como nuestro instrumento de representación, lucha y formación”.

El expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo Evo Morales anunció una marcha de Caracollo a La Paz (200 kilómetros) que comenzará el 23 de noviembre y arribará el 29, en rechazo a los intentos golpistas y en apoyo al gobierno: “Frente a las amenazas públicas del Comité Cívico de Santa Cruz de derrocar a nuestro gobierno democrático, estamos aquí como una sola persona para defender a nuestro gobierno, los intereses nacionales y populares y nuestras convicciones democráticas”.

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