Hoy, a veinte años del 2001, los datos sobre pobreza y desocupación en las poblaciones más jóvenes de argentinos son intolerables. Otra vez, nuestra preocupación se enfoca en los destrozos que esta crisis sanitaria y económica que los trabajadores y trabajadoras –formales, precarizados, desocupados– están soportando de manera estoica. No solamente es la impotencia por los precios, la caída del poder adquisitivo, sino la comprensión de que los datos de pobreza estructural en las poblaciones jóvenes de argentinos implica, a veinte años de nuestro mayor desafío social reciente que fue la crisis de 2001, que esos chicos y chicas nacidos entre los años 2000 y 2003 atraviesan una situación paradigmática al tener que afrontar semejante carga crítica con tan poca experiencia, con tanta vitalidad y expectativa por su desarrollo social y laboral, quizás con la mayor impotencia y desazón de todo el colectivo.
Los contextos de crisis dejan sus huellas no solo en el presente inmediato, sino en el futuro que ese presente crítico en buena medida condiciona y estructura: esta regla general tiene su expresión particular en términos de la dinámica laboral. Así, la crisis del 2001, signada por la desocupación estructural, dejó como dato insoslayable de estas dos décadas, y más allá de todos los esfuerzos realizados y verificables, un mercado laboral en el que la informalidad y la precariedad se establecieron como modalidades estructurales y estructurantes de la experiencia del trabajo de amplias franjas de la población argentina.
En tal sentido, y en el escenario de crisis actual –global y pandémica, pero también localmente signada por la delicadísima situación de desastre en la que el experimento destructor, fugador y endeudador macrista dejó al país–, ¿qué les depara el futuro de los próximos años a los y las jóvenes que, con hoy 18, 19 o 20, 21 años, es decir, la edad en que deben comenzar sus primeras situaciones de trabajo, se encuentran encerrados, empobrecidos y casi olvidados en el trajín de sacar adelante las urgencias?
Una situación como la actual, de semejante envergadura crítica –tanto como en 2001–, ¿no exige la construcción de propuestas y políticas que, articulando lo mejor de nuestras tradiciones –el trabajo, la acción sindical, la comunidad organizada–, aborden con escala y vocación estratégica la situación de los argentinos y argentinas jóvenes que, por edad, integran el conjunto de ingresantes al mundo del trabajo?
¿Acaso no está entre nosotros instalado hace años el desafío de dar un salto virtuoso de políticas de asistencia coyuntural a políticas de empleo diseñadas en términos más estratégicos?
¿Quién sino el movimiento obrero organizado se podría hacer cargo de esta realidad, junto con los otros sectores de base que poseen no solo la sensibilidad afectiva para este tipo de batallas como la inteligencia popular para entramarla?
¿Quiénes sino esta franja de argentinas y argentinos nacidos justamente entre 2000 y 2003, para dar el puntapié inicial de una política de pleno empleo que no solo signifique abrazarlos como los hijos e hijas de nuestras propias crisis nacionales y políticas, sino ofrecerles el cuidado filial y sindical, una oportunidad obrera gregaria a los más jóvenes de nuestros adultos en capacidad de trabajar?
¿No sería también una respuesta a las políticas vergonzantes que durante el gobierno macrista se dieron en llamar “políticas de primer empleo” y promovían en realidad experiencias laborales precarias y en muchos casos degradantes para los y las jóvenes, sin garantías ni dignidad? ¿No podría el movimiento sindical peronista, sus abogados laboralistas, establecer pautas normativas sobre lo que debería implicar un verdadero primer empleo digno y de calidad en las diferentes ramas del trabajo nacional, para convertir el primer trabajo en una experiencia integral y nacional, capaz de discutirse y plasmarse en cada rincón del país?
¿Acaso los sindicatos de trabajadores estatales y del sector privado no podrían marcar el camino sobre los espacios donde genuinamente se necesita emplear hombres y mujeres con sueldos dignos y garantías sindicales? ¿No sería virtuoso también que las empresas que han usufructuado subsidios por la crisis abran sus puertas a estos hijos e hijas del 2001? ¿Cuántos son los sectores productivos y de servicios que podrían pensarse para incorporar a esta generación del 2001?
Contrastamos esta serie de cuestiones con el pronunciamiento de nuestro presidente Alberto Fernández en la inauguración de las sesiones legislativas de 2020, que nos llamaba a entender la gravedad del deterioro en que el gobierno macrista había dejado el país: “comencemos por los últimos para llegar a todos”. En aquella ocasión, se convocó a reconstruir Argentina, a poner a nuestro país de pie. Se nos habló de equilibrio económico, social, federal. En ese sentido, hacemos pública nuestra preocupación por el futuro de nuestros jóvenes, y lo apuntamos con el anhelo de reestablecer como prioridad la experiencia del trabajo en su vida y la de los futuros jóvenes argentinos. También apuntamos que es en la organización obrera y social donde nuestro movimiento político ha podido depositar sus metas más preciadas sin temor a que se nos de la espalda en pos de beneficios particulares. No existe causa más honrosa y prioritaria que el futuro argentino, no existe rumbo alguno que deba distraernos de “recuperar la movilidad social ascendente que nunca debió perder nuestro pueblo”.
Tener a los jóvenes como punto de partida también implica saber quiénes y dónde están, sus inquietudes y qué lugar ocupan en sus tramas sociales. De acuerdo a los datos del INDEC, la franja de 18 a 24 años está compuesta por 2 millones 336 mil jóvenes que trabajan o están buscando trabajo activamente (PEA). Un número que no contempla aquellos jóvenes que estudian o han dejado de buscar trabajo por considerar que, por ejemplo, en este contexto, no lo conseguirán; pero que, en términos de organización popular consideramos que también resulta relevante comprender y contener dentro de su horizonte como valoraciones políticas: las expectativas, las deseantes y las incumplidas…. Si solo consideramos los 2 millones 336 mil jóvenes de la PEA, la tasa de desocupación alcanza al 30 por ciento –mucho más del doble de todas las franjas etarias del total nacional–. Cifra en la que no se contempla, además, aquellos jóvenes que, aunque están ocupados, por sus condiciones laborales, salariales, la precariedad, la inestabilidad, están buscando otro trabajo. Estos demandantes de empleo suman un 20 por ciento más; es decir, entre los desocupados y los demandantes de empleo, la mitad de los jóvenes entre 18 y 24 años tiene problemas con su vida laboral. Si focalizamos, además, en distintas zonas del país, los números son mucho más graves en los conglomerados urbanos que en otras provincias, ciudades, localidades. La desocupación en jóvenes es muy importante en el Gran Rosario (40 por ciento), Gran Córdoba (36 por ciento), partidos del Gran Buenos Aires (más de 39 por ciento). Pero si a los desocupados le agregamos los jóvenes demandantes de empleo (ocupados pero que buscan otro trabajo), las cifras que no eran tan importantes en muchos conglomerados urbanos aumentan enormemente. Por ejemplo: el Gran Santa Fe tiene 14,5 por ciento de desocupación, pero más de 20 por ciento de los jóvenes demandantes de otro empleo; es decir, que casi el 35 por ciento de los jóvenes en dicho conglomerado tiene problemas de empleo. Gran La Plata tiene 20 por ciento de desocupación, pero más de un 30 por ciento demandante de empleo, lo que redunda en 50 por ciento de los jóvenes con problemas laborales. Lo mismo Bahía Blanca: 18 por ciento de desocupados, 25 por ciento de demandantes de empleo: casi 45 por ciento de los jóvenes con problemas en el mercado laboral. Lo que vemos en estos casos es que, si bien los jóvenes pueden “ocuparse”, las condiciones del mercado laboral donde se insertan –malos salarios, precariedad, inestabilidad, intensidad de la jornada laboral, etc.– hacen que estén permanentemente buscando la rotación. Esta cantidad de variables de primer abordaje nos lleva a pensar en la importancia y necesidad de impulsar o trabajar un “censo”, autoencuesta o empadronamiento voluntario de los y las argentinas nacidos del año 2000 en adelante.
Más allá de los números –si bien son importantes para visualizar la dimensión del problema–, poder plantearnos este censo, autoencuesta o empadronamiento desde nuestras propias fuerzas organizadas implicaría empezar a preguntarnos por las condiciones de vida de esta población en términos efectivos y sindicalmente afectivos. Incorporar esas voces muchas veces inaudibles en el decir político, como sujetos, significa ampliar las miradas sobre las consecuencias negativas producidas por el orden sanitario y económico mundial como contexto para ellos en términos de experiencia cotidiana y profundizar una nueva mirada sobre qué significa hoy la explotación, la dignidad y todos los entramados sobre los que los trabajadores y trabajadoras hemos construido nuestra fuerza. Centrales obreras, empresarios pymes, organizaciones sociales, colectivos religiosos (pastorales, villeros, opción por pobres), organizaciones de base preocupadas por salir de la coyuntura con medidas virtuosas, pero también con la sensibilidad suficiente sobre lo que implica la vida del trabajo para un joven luego de terminar la escuela media, el compromiso cotidiano con los otros que se entrelaza en el primer empleo, la situación organizativa y solidaria junto a sus compañeros, sindical, y ni hablar de ese ingreso y su significancia a nivel personal, familiar y social distributivo.
Tener a los y las jóvenes como punto de partida complementaría, por otra parte, la batería de medidas que el gobierno tomó y sigue tomando durante la pandemia. Esos jóvenes que votan desde los 16 años, considerados sujetos de derecho político, también deben ser considerados en lo que se refiere a condiciones y experiencias de trabajo, de formación, y de organización gregaria dentro de la clase trabajadora, ya que son el determinante del mercado laboral del 2041. Abrir este debate también implica, a nuestro entender, establecer un proceso instituyente de nuevos cuerpos en la estructuración política de nuestro movimiento.
Hace veinte años formábamos parte de un Frente Nacional contra la Pobreza que, en perspectiva histórica, terminó siendo el germen de la AUH, una de las políticas más cercanas y coherentes con lo que en aquel entonces movía nuestro pensamiento y acción política. Humildemente, desde la organización que nos agrupa desde aquel momento –y de la cual Sangrre viene siendo un medio de comunicación hace algunos años–, proponemos comenzar a conversar la posibilidad concreta de una política pública nacional de Pleno Empleo con foco en las y los argentinos nacidos a partir del año 2000. Concretamente, impulsar el debate sobre una política que trabaje en foco nacional sobre un censo de quienes nacieron en 2000, 2001, 2002 y 2003, hoy con entre 18 y 21 años, que estén desocupados o con trabajos precarios o en negro, estudiando o no, que establezca para ese universo la garantía de puestos de trabajo (con control sindical y afiliación para las defensas de sus derechos laborales) en los ámbitos públicos y privados nacionales, provinciales y municipales, teniendo en cuenta además a quienes no hayan terminado la secundaria para convocarlos a su puesto de trabajo a condición de terminar en paralelo sus estudios.
Somos militantes políticos y sociales; lo único que no nos podemos permitir es que la generación más joven de argentinos fracase. Se trata de asumir una responsabilidad y cumplir con nuestro deber. Se trata de vitalizar un registro de protecciones fraternales que ya está en el ADN de nuestro movimiento peronista. Se trata no solo de que nuestros compañeros más jóvenes ingresen a la experiencia y orgánica del trabajo, sino también de actualizar y fortalecer un camino que se inscribe en el contrato orgánico con la historia de este país. En ese sentido, ocuparnos de los argentinos y argentinas más jóvenes será tanto nuestra victoria como la derrota de quienes se nos oponen.
