La presión sobre el dólar para forzar una devaluación fue tema central de la agenda económica durante las últimas semanas. También la posición del gobierno para contener esta corrida, bajo la comprensión de que una devaluación agravaría aún más la deteriorada situación social y económica heredada del macrismo y a la que se sumó la caída de la economía producto de la pandemia. Pero se trata también de una discusión central en otro sentido. Define cómo será la reconstrucción económica pospandemia, sobre qué carriles se materializará y de qué modo esta recuperación impactará sobre las condiciones de desigualdad del país, hoy con datos de pobreza y desempleo sumamente graves. Sobre todas estas cuestiones, dialogamos con Claudio Lozano, economista, exdiputado nacional y actual director del Banco Nación.
Hace algunas semanas desde el IPYPP (Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas) presentaron un informe sobre el mapa argentino de la pobreza y el hambre, donde se puede ver el impacto social de la pandemia en las provincias argentinas. En términos generales, ¿cuál es la situación de la desigualdad en la configuración económica hoy, en base a estos datos que ustedes mapearon? ¿Cómo impactaron las medidas de ingreso directo e indirecto del gobierno nacional?
Los datos que nosotros sacamos corresponden al segundo trimestre del 2020, que es el más complicado porque es cuando se sostuvo la cuarentena más estricta. El mes más complejo es el mes de abril y, en menor medida, el mes de mayo. Lo que se observa en este trimestre es una pérdida de empleo: en total, 3 millones 700 mil empleos menos con respecto al trimestre anterior. Eso es el resultado de una caída del 16% de la actividad económica. Y, además, un deterioro en el marco de los ingresos casi de un 20% en términos interanuales, con una ampliación de la desigualdad, ya que los que más caen son los ingresos de los sectores más postergados, prácticamente un 28%, mientras que los sectores más acomodados sólo caen en un 11%. O sea, pérdida de empleo, caída de los ingresos y ampliación de la desigualdad. El impacto lógico de esto es una escalada de la pobreza y la indigencia. Llegamos a 47,2% de pobreza y 12,4% de indigencia, 21 millones de pobres y 5 millones 700 mil indigentes.
Es bueno tener en claro que esos promedios están superados en algunos lugares del país, entre ellos, en la provincia de Buenos Aires, donde llega al 54% la pobreza, se concentran 9 millones y medio de los pobres totales de la Argentina y casi el 50% de los que padecen hambre. Como es sabido, tanto las provincias del NOA como las provincias del NEA presentan cuadros preocupantes. Y en la Ciudad de Buenos Aires, aunque tiene niveles menores a los del resto del país, lo que hubo fue un cambio brutal en muy poco tiempo. Prácticamente ha habido una duplicación de los niveles de indigencia y de pobreza en el pasaje de un trimestre a otro. Para decirlo de manera clara, estamos con una situación similar al 2001, pero en un tiempo muchísimo más corto. La caída en el 2001 se dio entre 1998 y 2002. Ahí se pierden 20 puntos de actividad económica. Acá la caída de la actividad económica se produjo entre un trimestre y otro, y el salto brutal de pobreza e indigencia, la pérdida de empleo se da también en ese tiempo. No es solo un problema de magnitud, sino de virulencia por el corto tiempo que tomó la crisis.
El gobierno puso en marcha estrategias de refuerzo en materia de ingresos y de alimentación. Los bonos para la AUH, la Tarjeta Alimentar, el IFE, el ATP. Obviamente, si esto no hubiera existido la situación hubiese sido mucho peor. Lo que también hay que decir es que, comparado con otros países de la región –Brasil, Chile, Perú–, la inversión en recursos públicos realizada por el gobierno fue baja. Esto sucede sobre la base de mantener algunas muletillas que vienen de la mirada neoliberal de la economía, como el tema de no emitir: el gobierno asumió la necesidad de emitir, pero trató de hacerlo lo menos posible. Ahora, lo que sí me parece más importante tener en cuenta es que, en el marco de lo que estamos hablando, todavía existe una discusión sobre si pagar o no el IFE 4, con el impacto que esta política tuvo sobre la población más vulnerable.
Claro, de hecho, en el informe ustedes mencionan el caso de cuatro provincias donde retrocedieron los niveles de indigencia, entiendo, luego del pago del IFE.
Sí, hay cuatro provincias en donde efectivamente la situación amainó. Entonces, sería importante, primero, no postergar una decisión sobre el IFE 4. Y, después, ver qué pasó para que la formulación del Presupuesto, que ya se aprobó en Diputados, sea sumamente restrictiva en materia de ingresos y no contenga al IFE como política pública. Se perdió la discusión que existía hasta hace dos meses respecto a la necesidad de un salario universal para toda la población informal y desocupada, e incluso los programas alimentarios muestran en este presupuesto una reducción en los recursos que se les asignan. Todo esto ocurre en un contexto donde la política de ingresos debería mantenerse y perfeccionarse, por la necesidades que describíamos y, además, porque sería un ingrediente importante para la recuperación de la actividad económica.
Sobre estos niveles de pobreza e indigencia también impactan los aumentos de precios. Sin embargo, hay sectores que presionan sobre el dólar para una devaluación. ¿Cómo pensás que el gobierno puede encauzar una salida a la discusión sobre el dólar sin una devaluación del peso argentino?
Yo creo que el gobierno está tomando medidas tratando de mantener el control del tipo de cambio. Hay que resistir cualquier intento de una maxidevaluación. En realidad, esto es parte del proceso de desestabilización, primero de carácter político y luego económico, que se ha vivido en los últimos meses. El punto de arranque comenzó con las declaraciones de Duhalde planteando que no habría elecciones y la sugerencia de que la salida es el acuerdo con Juntos por el Cambio, siguió luego con los banderazos, con un sobredimensionamiento mediático de la toma de tierras, con un sobredimensionamiento mediático del discurso de la inseguridad, con el conflicto policial con ribetes golpistas como lo ocurrido frente a la casa del gobernador bonaerense o frente a la Quinta de Olivos. En ese contexto aparece luego esta suerte de golpe de mercado y crisis cambiaria, cuando realmente no había razones para esta crisis. Las razones que en general explican los problemas de crisis cambiarias que hay en la Argentina no existen hoy. Argentina cerró un acuerdo con sus acreedores, por lo tanto salió del default en un acuerdo por consenso. Al mismo tiempo, tiene hoy dólares. Todo lo que se dice de la restricción externa no se aplica este año, no por virtud sino por defecto: al no comprar y estar en recesión, la Argentina tiene un saldo comercial de entre 15 y 17 mil millones de dólares proyectados para este año. Y, por otro lado, además, el dólar oficial no está retrasado respecto a los precios, ha ido evolucionando con ellos. Por lo tanto, no se cumple ninguna razón para que haya presiones.
Se trata de sectores que se posicionan para demandar una devaluación que anticipe, en la mayor media posible, la apropiación de ingresos del futuro crecimiento de la Argentina. Es decir, lo que hay por detrás es una batalla por la distribución y las condiciones de desigualdad que deben definir el futuro económico del país. Ese es el intento, ese es el objetivo. También buscan colocarle un proyecto económico “llave en mano” al gobierno nacional. El actor más importante en este sentido y que ha aparecido en la escena en este tiempo es el Consejo Agroindustrial Argentino que, prometiendo dólares, pretende para todo lo que sería el complejo aceitero y granario un tratamiento similar al de la minería: estabilidad fiscal, eliminación de retenciones, etc. De alguna manera, lo que intenta es venderle al gobierno esa ilusión de que vamos a tener 100 mil millones de dólares pasado mañana, cuando la economía mundial muestra con claridad que eso no es posible.
Esto ha podido existir también porque el gobierno no ha puesto foco en el control, el ingreso y la salida de dólares. Entonces, pasaron dos cosas: primero no se controló a los exportados. Los exportadores en 8 meses, entre enero y agosto, exportaron 37 mil millones de dólares pero entraron 33 mil. O sea, hay 4 mil millones de lo que ya se vendió que todavía están afuera. En segundo lugar, la Argentina gastó 10 mil millones en pago de deudas, 3 mil en deuda pública en el marco de la estrategia de Guzmán de pagar mientras negociaba, pero casi 7 mil millones en deuda privada de grandes empresas transnacionales y grupos locales que, en todos los casos, tenían fondos propios para afrontar sus deudas o podían haber reprogramado sus vencimientos. Y, en algunos casos, son deudas dibujadas, porque son deudas de subsidiarias que operan en el país y que dibujan deuda con su casa matriz como modo de mandar guita al exterior en contexto de restricciones. Todo eso, el Banco Central no lo controló. Recién en el marco de la crisis se tomaron las medidas por las que, al que quiera cancelar deuda, solo le vamos a dar el 40% de los dólares, el resto lo pone el propio deudor. Pero eso debería haber existió desde el comienzo. No hay gobierno popular o control sobre el proceso económico si no se gobierna el dólar. Y gobernar el dólar implica fiscalizar a las 50 empresas que son las dueñas de los dólares de la Argentina. Ahí hace falta poner foco. Hoy se trata de controlar la situación, lo cual me parece muy razonable, pero se lo hace por vía de una política más ortodoxa: subir la tasa de interés, emitir bono de deuda pública ajustada por tipo de cambio. Todas estas cosas encarecen el crédito. Entonces, por un lado, controlás el dólar porque tiende a bajar, pero, por otro lado, encarecés el crédito, limitando uno de los factores que necesitás a la hora de la recuperación de la actividad. Me parece que lo que no se termina de asumir es que un gobierno que quiere encarar determinado tipo de rumbo debe regular con mayor eficacia el comercio exterior y el ingreso y la salida de divisas de la Argentina.
En una nota en la revista Crisis de estos días, el ministro Kulfas plantea como objetivo del gobierno lograr que el sector agroalimentario sea una pieza del desarrollo nacional y no un apéndice del mercado mundial de alimentos: que pueda agregar valor en origen, fomentar las economías regionales, etc. ¿Cómo puede convivir este objetivo cuando tenés estos actores económicos que estás describiendo? Actores que, como decís, necesitan una regulación, pero que en muchos casos se trata de sociedades muy complejas como Vicentín, que vos mismo denunciaste en el informe del Banco Nación.
Creo que es muy difícil diagramar un esquema de política que cambie comportamientos si no se asume que el cambiar comportamientos de determinados actores supone conflictos. Por lo tanto, implica consolidar estrategias políticas y precisar rumbos de regulaciones públicas para poder sostener esos conflictos. Hay una idea que me parece que es original del gobierno, que está desde que nació, y es que se podía establecer una suerte de acuerdo y armonía con los factores de poder y que, en ese marco, iba a haber oxígeno para recomponer la actividad económica. Eso esperaba determinado comportamiento de los acreedores, de los bonistas, que después no se registró. Los bonistas apretaron hasta más no poder para condicionar la negociación de deuda de la Argentina. Los formadores de precios tampoco aportaron demasiado, porque aún en el contexto de pandemia los alimentos no aflojaron. En el contexto donde se pedía que no hubiera despidos, despidieron. Los bancos, cuando tenían que prestar, prestaron menos de lo que podían haber prestado y no ampliaron en demasía aquellos actores a los que tendrían que haber llegado.
Hubo un dato en el medio: la cuarentena que se decidió por la pandemia y que implicó un conflicto con los actores de poder y con el capital concentrado que, de alguna forma, desestabilizó la estrategia original de que se podía mantener un cuadro armónico. A pesar de que eso pasó, el gobierno no ha replanteado esa visión, y creo que se puede pecar de ingenuidad. Porque los conflictos existen, están a la orden del día, y van desde que Techint despidió 1500 personas desafiando el planteo del propio presidente hasta el golpe cambiario. Por lo tanto, el Frente de Todos tiene que potenciar lo que es su base de legitimidad y de sustentación política. En el Frente de Todos nos hemos reconocido un conjunto muy importante de organizaciones populares, movimientos territoriales, sindicales, de pequeña y mediana empresa; ahora, más allá de la coalición electoral, el Frente como tal no se ha constituido como fuerza política que discuta y avance con un acuerdo político integral. Me parece que hay que profundizar eso para poder sostener el camino que viene, porque, de lo contrario, hay un cúmulo de concesiones que ciertamente le complican la perspectiva futura al Frente. Y que es una perspectiva política sumamente interesante, porque apareció en un contexto muy difícil como era frenar la enorme avanzada del capital concentrado con Macri a la cabeza, en un contexto regional también difícil. Se logró poner un límite y me parece que hay que tratar de aprovecharlo.
Vos sos Director del Banco Nación, ¿cuál es el rol del Banco en función de este otro modelo de desarrollo?
El Banco como agente financiero de la Nación tiene una función en términos de democratización de la actividad financiera y de acompañamiento del proceso de reconstrucción productiva del país. Encontramos un Banco Nación bastante cascoteado, lo venimos reconstruyendo bien. De hecho, el Banco hizo punta en la puesta en marcha de los créditos a las pymes en el contexto de la pandemia, incluso cuando los bancos no prestaban porque aún no había salido el Fondo de Garantía que puso el Estado. Entonces, mientras los privados no lo hacían, el Banco Nación empezó a prestar sin garantías. Hemos recompuesto las ganancias del Banco porque habíamos recibido un Banco con pérdidas, con mucha falta de liquidez, descapitalizado. Y hemos abierto la puerta a cosas muy concretas: por ejemplo, creamos un Consejo Consultivo de la Pequeña y Mediana Empresa que, a la vez, permitió poner en marcha 23 Centros de Atención Pyme en todo el país y en cada uno de esos centros se ha formado un Consejo Consultivo a nivel local. Eso trata de articular las necesidades de las pymes con los productos financieros, con las líneas que el Banco tiene. También hemos puesto en marcha las líneas de la economía social y popular para tratar de abrirle la puerta a todo ese mundo de actividad económica que ha nacido en el marco de la informalidad. Creo que, en ese sentido, estamos avanzando.
Por supuesto, el Banco tiene muchas otras funciones: desde manejar las coparticipaciones a las provincias, distribuir la Tarjeta Alimentaria, garantizar el pago del IFE que, por ejemplo, obligó a formalizar la incorporación financiera de más de 1 millón 200 mil personas que no estaban incluidas en el sistema. En ese sentido trabajamos. Obviamente, debería cumplir un papel central en el proceso de reactivación, garantizando el financiamiento del capital de trabajo de las empresas. Para eso, desde un comienzo, todas las señales apuntaron a bajar las tasas de interés de cerca del 80% en el que estaban. Y llegamos a tasas del 18%, del 24%. Realizamos acuerdos específicos con los ministerios para tasas del 12%, por ejemplo, para computadoras en el caso de los docentes o los universitarios. Es decir, armamos acuerdos que sirvan de base para el desarrollo de políticas públicas.
