La pandemia mundial nos ha mutado a escala planetaria. ¿Cuánto afectará al ciclo político esta emergencia inédita? Cambio climático y ola ultraderechista eran dos de los tópicos más relevantes del debate internacional hasta hace un año atrás. Ahora se sumó el peligro sanitario global, cuyos alcances y perspectivas aún desconocemos. Una pista de la magnitud la dio Alicia Barcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien afirmó que “la crisis provocada por la pandemia es la más profunda en los últimos 100 años para la región”. Fue durante la presentación del “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020: principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia de Covid-19” que estima que el PBI de la región caerá este año un 9,1%, que 44 millones de trabajadores han perdido sus empleos y que las personas en situación de pobreza sumarán al cierre del año 231 millones, cifra similar a la existente en 2005, y las que se encontrarán en extrema pobreza serán 96 millones, lo que significa un retroceso al nivel de 1990.
La tendencia es a la retracción territorial en un marco de desigualdad acelerada por el Covid-19. Esto derivará en ciclos políticos más acotados, ya que los gobiernos deberán afrontar los mayores picos de estrés económico, laboral, educativo y sanitario de la historia reciente, más el crecimiento global de la extrema derecha y el descreimiento de la democracia como sistema político. Según la última encuesta regional de Latinobarómetro (2018), el respaldo a la democracia se ubica en 53%, el quinto descenso consecutivo desde 2010 (61%). En América, por tanto, se acentuará la inestabilidad política y la polarización. Un empate catastrófico entre una derecha recalcitrante y una izquierda a la defensiva.
Bolivia
Bolivia transita un pedregoso sendero para elegir presidente, vice y la totalidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La del 18 de octubre será una elección crucial para normalizar el ciclo democrático tras el golpe de Estado que en noviembre de 2019 derrocó al expresidente Evo Morales e inició un ciclo de restauración oligárquica que creyó que con la represión interna acabaría con el MAS, obviando que este espacio no es un partido tradicional, sino un instrumento político de los sectores populares, campesinos e indígenas. A pesar de la escalada de violencia estatal y paraestatal y de la renuncia de dos candidatos –la mandataria de facto, Jeanine Añez y Jorge Quiroga, ambos actores centrales en el quiebre institucional–, el Movimiento Al Socialismo supera en todas las encuestas serias el 40% de los votos y está a un paso de ganar en primera vuelta porque está muy cerca de obtener los 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Un factor que acerca más a esta victoria es el voto en el exterior, el cual representa al 4,1% del padrón e históricamente ha favorecido al MAS. Argentina representa al 47% con más de 142.000 integrantes de la comunidad boliviana habilitados para votar.
En la recta final se ha acrecentado la violencia, la campaña sucia y las amenazas para evitar la victoria de Luis Arce. Esta semana crecerá la presión sobre el ultraderechista Luis Fernando Camacho para que decline y sus votos (17%) migren al segundo, Carlos Mesa y así garantizar una segunda vuelta electoral, que en caso de ser necesaria se realizaría el 29 de noviembre. El editorial del 10 de octubre del diario cruceño El Deber atragantó a la derecha con el título “El MAS a un paso de volver al poder”. “Lo que el MAS habrá demostrado una vez más el 18 de octubre (es) que representa una fortaleza política sólida y unitaria en el país, a diferencia de los otros partidos y agrupaciones, que pese a sus pobres arrastres hacen gala de una soberbia y un egocentrismo que colocan las posibilidades de la alternancia en el poder a unos cuantos años luz de Bolivia”, subraya.
El MAS denunció este lunes que “está en curso un segundo golpe a la democracia por la ausencia total de transparencia en el conteo rápido de votos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el retorno de los mismos veedores de la Organización de Estados Americanos (OEA), la declaratoria de toque de queda por seis días y la custodia de las actas por parte de militares y policías que participaron en golpe del año pasado”.
Chile
El 25 de octubre Chile acudirá a las urnas en un plebiscito histórico, una herramienta que no se utilizaba dese el 5 de octubre de 1988 cuando el pueblo le dijo al dictador Augusto Pinochet que no podía seguir en el poder. El ciclo de protestas, que se inició el 18 de octubre de 2019, cuando los estudiantes secundarios salieron a las calles en protesta por el aumento del boleto de metro (subte) con la consigna “No son 30 pesos, son 30 años” de políticas neoliberales, se masificó. La cruenta represión gatilló la solidaridad popular y derivó en masivas protestas que sorprendieron a la clase política. Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), más de 30 personas fueron asesinadas durante las protestas. Además, en estos doce meses se han presentado 2.499 querellas. Son 460 las víctimas de trauma ocular.
En 1980, Pinochet mediante un decreto deja amañada una Constitución Política para que el neoliberalismo sea religión oficial y la derecha pueda vetar cualquier intento de cambio social. Cuatro décadas después, la burbuja chilena explota para mostrar sin filtros la cruda realidad de una sociedad endeudada para subsistir. El domingo un plebiscito decidirá si Chile cambia su Constitución. Las encuestas descuentan la victoria del “Apruebo”. El último sondeo, realizado por Pulso Ciudadano, determinó que esa cifra ascendería al 84,8%. Se elegirá dentro de esta opción por dos mecanismos: Convención Mixta (mitad miembros del actual Congreso, mitad electos por la ciudadanía) o Convención Constitucional (100% elegidos por el pueblo), que se erige en la opción mayoritaria.
Estados Unidos
“Si las elecciones estadounidenses estuvieran ocurriendo en otro país, el Departamento de Estado las condenaría”, afirmó Brian Klaas, profesor de política global en el University College London, en una columna publicada en el Washington Post. Es que Donald Trump ha convertido la campaña electoral rumbo a las elecciones del 3 de noviembre en un campo de batalla: amenaza con no reconocer el resultado si pierde y le pide a los supremacistas blancos que estén alertas. Estos grupos han salido del closet alentados por la retórica explosiva del presidente, a tal punto que el FBI detuvo a una milicia que pretendía secuestrar a la gobernadora de Michigan y promover una “guerra civil”.
Al multimillonario tampoco le importó hacer actos proselitistas en la propia sede gobierno a pesar de haberse contagiado de coronavirus y de que un brote ya contagió a 30 personas en el Ala Oeste. La última tapa del Times exhibe a la Casa Blanca como emisora de Covid-19. Estados Unidos sufre la peor crisis económica desde la depresión de 1929 y supera los 215.000 fallecidos por Covid-19 con una tasa de 1.000 decesos diarios.
Las encuestas le dan la ventaja al candidato demócrata Joe Biden por un margen promedio de 12%. Sin embargo, para el sistema estadounidense el voto popular no determina al ganador, sino el Colegio Electoral, integrado por 538 miembros. Es decir, es una elección indirecta. Cabe recordar que en las presidenciales de 2016, Hillary Clinton obtuvo 3 millones de votos más que Trump.
¿Por qué la retórica incendiaria no perjudica a Trump electoralmente? En Estados Unidos el voto no es obligatorio. El Partido Republicano sabe que su base concurre a las urnas más que la Demócrata. Por eso Trump refuerza la retórica conservadora, ha fomentado la restricción del sufragio mediante impedimentos para el registro, recorte de lugares de votación, proliferación de mentiras sobre el voto postal y desfinanciación del Servicio Postal. “Si estuvieran sucediendo en otros lugares, los observadores electorales internacionales estarían emitiendo informes alarmantes sobre la amenaza autoritaria que se avecinaba. Intimidación de votantes, supresión de votantes, fomento de la violencia política, difusión de información falsa sobre los procedimientos electorales e instruir a los simpatizantes para que cometan fraude electoral” son los actos sucios cometidos por Trump según Klass.
Brasil
A partir del 15 de noviembre, Brasil elegirá alcaldes y concejales en 5.500 municipios. Paradójicamente, los partidos de las dos figuras más influyentes, Jair Messias Bolsonaro y Lula Da Silva, el PT y el PSL, hoy están relegados en la preferencia popular. El Partido de los Trabajadores solo disputa en su bastión tradicional del Nordeste, en tanto que el Partido Social Liberal que en 2018 fungió de instrumento electoral hoy es una sigla vacía. Proliferan, eso sí, candidatos de origen militar y religioso. Los ultraderechistas hacen campaña pegando su imagen a la del presidente. Mientras, tras la persecución judicial, el líder obrero juega fuerte en la campaña para apuntalar a sus aspirantes.
Como para muestra basta un botón: San Pablo, la ciudad más populosa de Brasil y motor económico de la nación, muestra a los candidatos del PT y del PSL con intención de voto de un dígito.
La sorpresa la constituyen dos exponentes de la izquierda tradicional. Guilherme Boulos, candidato a alcalde de San Pablo por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), marcha primero en las encuestas, y Manuela D’Avila, que se presenta en Porto Alegre por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), está en tercer lugar.
2021
Chile, Ecuador, Perú, Honduras y Nicaragua elegirán presidente el próximo año. También habrá votaciones de medio término en México, Argentina y El Salvador. Un interrogante lo constituye Venezuela, asediada por el bloqueo estadounidense, que debía realizar elecciones parlamentarias el 6 de diciembre próximo, pero la oposición se niega a participar con el objetivo de deslegitimar el proceso.
Este nuevo ciclo electoral que arranca el 18 de octubre en Bolivia vaticina el comienzo de un ciclo más efímero de ejercicio de poder, a diferencia de lo ocurrido en la primera quincena de este siglo. Los congresos estarán más atomizados, por lo tanto la construcción de consensos será más ardua y los presidentes estarán obligados a gobernar con recursos acotados por la pandemia.
“Es la economía, estúpido” fue el leitmotiv de la campaña que llevó a Bill Clinton a la presidencia de los Estados Unidos en 1992. George Bush parecía dirigirse sin oposición hacia la reelección. Sin embargo, la campaña demócrata en torno a la recesión que afectaba al país terminó inclinando la balanza. Desde entonces, esa frase es el botón de muestra sobre el valor de la economía para decidir el voto. Entonces podemos inferir que la recesión que afecta a la región a causa del coronavirus marcará fuertemente la tendencia de las votaciones. 2020 terminará con una caída del PIB del 9,1% en el continente, el 2021 proyecta un crecimiento de apenas el 3,7%. Los gobiernos deberán administrar la crisis y los desafíos derivados del coronavirus por años.
