El PIT-CNT, la central obrera de la República Oriental del Uruguay, posee la tasa más alta de sindicalización de toda América. En 2005 contaba con 110.000 afiliados, hoy esa cifra asciende a 400.000 sobre una población económicamente activa de 1.100.000 personas; hecho que merece ser destacado porque la tendencia mundial es la caída de la agremiación. Tras quince años ininterrumpidos de gobiernos del Frente Amplio, la Coalición Multicolor –que integran partidos de derecha y ultraderecha– comenzó a gobernar este año al país con el objetivo de desmontar los avances sociales, limitar los derechos sindicales y beneficiar al capital especulativo.
Para analizar este escenario, SANGRRE realizó una entrevista exclusiva a Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, en la que advierte sobre el peligro de los gobiernos del gran capital que se consolidaron en América Latina; analiza el empate catastrófico entre las fuerzas progresistas y los sectores conservadores en el Uruguay; realiza una autocrítica sobre los límites del progresismo; afirma que el buen manejo de la pandemia del Covid-19 en su país es gracias a quince años de gobierno popular; subraya que la regresión de derechos en la región necesita una respuesta sincronizada del movimiento popular y, al respecto, destaca el “despertar de un gran movimiento social que aquí se llama la Intersocial”.
Tras tres períodos del Frente Amplio, la derecha volvió al gobierno en Uruguay. ¿De qué tipo de derecha hablamos en un contexto de gobiernos conservadores de todo tipo, desde Bolsonaro y Trump pasando por Duque, Piñera, Abdo Benítez, Lenin Moreno y Bukele?
En Uruguay caracterizamos al gobierno como del gran capital, dominado por la fracción vinculada a los agronegocios, cada vez más financiera y transnacionalizada. Una coalición de derecha, de ultraderecha en algunos casos, con componentes fascistizantes que les dan el tono a las políticas públicas de ajuste contra los trabajadores y el pueblo. Una derecha que sintetiza la larga continuidad histórica de los bloques de poder oligárquicos en Uruguay, a semejanza de las oligarquías continentales, pero del siglo XXI, aggiornadas comunicacionalmente, que actúan como dictaduras mediáticas para destruir consensos en el marco de la disputa de dos grandes proyectos de país. En ese contexto, la sociedad uruguaya está separada en dos mitades.
¿Qué balance hace de estos primeros meses de mandato de Luis Lacalle Pou?
Han sido meses de inicio de ajustes contra las grandes mayorías del pueblo, es parte de la contraofensiva continental del imperialismo y de las clases dominantes. Esto también nos sirve para hacer un análisis autocrítico de los límites del progresismo en la medida en que no se industrializaron nuestros países, no se diversificó la matriz productiva y quedamos absolutamente dependientes de la exportación de materias primas y de los flujos de inversión extranjera directa que los agronegocios suponen. Con el deterioro general de los precios de las materias primas se abrió un campo de disputa en el cual, de un lado, hay una posibilidad histórica de profundizar las transformaciones en un sentido popular y, del otro lado, está ir a un ajuste contra los intereses del pueblo. Lamentablemente este fue el proyecto que triunfó en la elección. El nuevo gobierno produjo una suba inmediata de las tarifas públicas por encima de la inflación a pesar de las promesas preelectorales; realizó un recorte de dos puntos de las devoluciones del IVA vinculadas a la forma de pago electrónico con la tarjeta de cobro del salario; aplicó criterios de negociación colectiva vinculados a la rebaja salarial y que, ante la pandemia, no hace otra cosa que exacerbar el desarrollo desigual del capitalismo, las brechas y las diferencias; expresó el rechazo contundente a analizar un ingreso básico de emergencia, al punto que la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) viene sosteniendo que Uruguay es el peor país de América Latina en inversión para sostener socialmente a los que más castigados por la crisis. Hay, además, una Ley de Urgente Consideración (LUC) que avanza con un sentido de privatización, de eliminación de los espacios democráticos de participación de los trabajadores y que va en contra del derecho de huelga. Por eso, a meses de ajuste, meses de lucha. Nos movilizamos el 1º de mayo, el 20 de ese mismo mes contra la impunidad, por Verdad y Justicia, también el 4 y el 30 de junio, el 10 de septiembre marcharemos contra el proyecto de presupuesto nacional de ajuste y el 17 haremos un paro nacional de 24 horas que será enorme. Esta es la respuesta popular organizada.
¿Podría ampliar los alcances estructurales de este proyecto de Ley de Urgente Consideración?
La Ley de Urgente Consideración es el entramado jurídico del proyecto de país, es la utopía reaccionaria de las clases dominantes en un sentido de seguridad muy vinculado al punitivismo, a revertir la carga de la prueba frente a la cuestión de la legítima defensa, garantizando así el abuso policial. Además, retira la participación de los docentes y trabajadores en los ámbitos democráticos de gestión de la educación. Recorta en seguridad social, sin dialogo con los jubilados, trabajadores, empresarios, sino a través de una comisión técnica que elaborará una propuesta de transformación en el sistema de seguridad social. Retrocede y atenta contra el derecho de huelga, en particular los piquetes. En definitiva, es una ley conservadora que hace al proyecto de país de ellos, y que tendrá como respuesta del campo popular la lucha y la movilización. En el PIT-CNT estamos abriendo una discusión para considerar la posibilidad de ir a referéndum contra la LUC para que podamos dar por tierra esta ley.
En Argentina, la derecha elogia el manejo de Uruguay del Covid-19, pero ¿cómo se ve desde dentro ese manejo?
El buen manejo frente a la pandemia deriva de conquistas desarrolladas bajo los gobiernos progresistas. Por ejemplo, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Por ejemplo, una densidad de fibra óptica y conectividad de Internet a través de Antel, nuestra empresa pública de comunicaciones, que permitió el seguimiento y el monitoreo de los contagiados on-line. Por ejemplo, una cultura del pueblo que se ha manejado con gran responsabilidad, ya que, sin haber una cuarentena obligatoria, entre todos nos cuidamos. El manejo de la pandemia ha sido adecuado, pero no es mérito del Poder Ejecutivo sino de conquistas que se arrastran de los gobiernos frenteamplistas. ¡Cuánto además han contribuido las ollas populares y la solidaridad desplegada por el movimiento obrero a que el desastre no sea mayor!
El gobierno de Lacalle Pou es una coalición de derecha que en su interior tiene al sector ultraderechista Cabildo Abierto del exgeneral Manini Ríos. ¿Guido Manini Ríos es el Jair Bolsonaro del Uruguay?
No creo que el señor Manini pueda ser equiparable al Bolsonaro de Brasil, entre otras cosas por las enormes diferencias que hay en las formas de hacer política en Uruguay. Este señor busca protagonismo político, mantenerse en agenda; obviamente estas cosas se prestan a salidas bonapartistas (cuando entra en crisis la autoridad estatal), al decir de Antonio Gramsci. Es decir, se sintetiza de dos maneras: o un camino de retoma de la iniciativa popular hacia cambios más profundos, o aún más regresión de derecha en un sentido más represivo, en una cultura estrecha, de odio. Ahora está en discusión el terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad, hay un debate sobre el desafuero de Manini por ocultar violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Hay distintas maniobras distractoras para cambiar los ejes de lo que está en debate. Esta semana hubo una gran manifestación por Verdad y Justicia, y si estos sectores quieren avanzar en un sentido de impunidad obviamente que la respuesta será movilización y lucha.
Se observa una escalada de violencia contra militantes de sectores populares por grupos de ultraderecha. En Uruguay, como en otras partes del mundo, el fascismo salió del closet y se siente legitimado por gobiernos de ultraderecha para desatar sus iras racistas, misóginas, homofóbicas, nostálgicas del terrorismo de Estado. Bolivia y Brasil son hoy los casos más alarmantes. ¿Le preocupa que Uruguay entre en esta escalada?
Hay un cerco mediático para las luchas populares y hay toda una cultura de la discriminación y el odio, que en su forma más violenta es la escalada abierta y descarada de la dictadura del capital financiero. Se han producido manifestaciones de violencia sumamente preocupantes, pero tengo plena confianza en la cultura democrática del pueblo uruguayo y en la influencia que, de menos a más, está capturando el campo popular para defender la democracia y retomar la iniciativa programática e histórica progresista. En América Latina necesitamos una interacción superior de coordinación de las luchas de los distintos pueblos, porque no hay país que pueda salir solo. Así que el pueblo uruguayo, su clase trabajadora, está en pie de movilización, de propuesta y atentos a las conquistas que puedan obtener los pueblos de América Latina.
