Exactamente treinta días después de las elecciones generales en Perú, ya se conocen los candidatos que disputarán la segunda vuelta del 7 de junio. Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), heredero político del expresidente encarcelado Pedro Castillo, se enfrentará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija del exdictador Alberto Fujimori.
Con el 99,9% de las actas escrutadas y por apenas 19.377 votos, Sánchez superó al ultraderechista Rafael Aliaga, quien pasó el último mes denunciando fraude sin presentar una sola prueba ni formalizar denuncia alguna. La reacción de Aliaga, de las élites económicas y de sus aliados en los poderes fácticos reflejó la irritación de quienes veían esfumarse su lugar en el balotaje.
Aliaga, en la senda de Trump y Bolsonaro –incapaces de aceptar las reglas democráticas cuando les son adversas– inició un proceso de deslegitimación electoral para instalar el relato del fraude. Incluso llegó a amenazar, con el respaldo del diario El Comercio –el mayor oligopolio mediático del país–, con promover una “insurgencia” si el Jurado Nacional de Elecciones no anulaba el proceso. Se trata de una vieja estrategia de las derechas autoritarias: denunciar fraude sin pruebas y utilizar las redes sociales como plataforma de agitación y desestabilización.
Roberto Sánchez, con 2.013.054 votos (12%), logró ingresar a la segunda vuelta por un margen mínimo. Exministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Castillo, psicólogo de profesión y actual diputado, ya fue amenazado por el Poder Judicial: esto no lo amilanó y radicalizó sus críticas al pacto mafioso de la ultraderecha (el que tiene tras las rejas a Castillo). Consciente de la profunda crisis del sistema político peruano, de la histórica disputa entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y de la caída sucesiva de presidentes, propone una reforma constitucional y un giro drástico del modelo económico.
Keiko Fujimori, con 2.876.187 votos (17,2%), aguardaba desde hace semanas a su contendiente, lo que le permitió hacer campaña sin contrincantes. Intentará, por cuarta vez, llegar a la presidencia tras tres derrotas consecutivas. Ser hija de Alberto Fujimori continúa siendo un lastre político difícil de superar. Su padre protagonizó un autogolpe de Estado para perpetuarse en el poder, encabezó un régimen generalizado de corrupción y perpetró violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Sin embargo, nunca había estado tan cerca de alcanzar la presidencia como ahora.
Las primeras encuestas de segunda vuelta muestran un escenario de extrema paridad. Un sondeo de Ipsos registró un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ambos con 38% de intención de voto, mientras el voto blanco, nulo e indeciso continúa siendo excepcionalmente alto. La elección vuelve a exponer un país dividido entre el rechazo persistente al fujimorismo y el desgaste del ciclo político abierto con Pedro Castillo.
Como ocurre en gran parte de América Latina, la seguridad ocupa uno de los principales lugares entre las preocupaciones sociales. En Perú, además, se ha extendido el fenómeno Nayib Bukele: el 51% de la población afirma identificarse con el modelo de gobernabilidad del presidente salvadoreño, sin demasiada preocupación por los métodos utilizados, caracterizado por la falta de garantías constitucionales y el apego al debido proceso.
El enfrentamiento entre Fujimori y Sánchez reproduce las fracturas históricas de esta nación andinoamazónica. La elección volverá a expresar la disputa ideológica, geográfica y de clase que ya marcó los comicios de 2021 entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo: las ciudades y los sectores acomodados inclinándose por Fujimori; las regiones rurales y los sectores más golpeados por la pobreza respaldando a Sánchez.
Perú es uno de los países sudamericanos considerados por el capital extranjero como más estables y seguros para hacer negocios. Las razones son evidentes: se obtienen ganancias extraordinarias sin necesidad de grandes concesiones. La contracara de ese modelo es brutal: el 70% de la población vive en situación de vulnerabilidad social y casi diez millones de personas son pobres en un país de 35 millones de habitantes.
En ese escenario desigual, 35 candidatos se presentaron para disputar la presidencia, una evidencia más de la profunda crisis de representatividad que atraviesa el país. Quien resulte vencedor en la segunda vuelta será el noveno presidente en apenas diez años. Además, asumirá con la fragilidad habitual de un sistema político incapaz de construir mayorías estables en el Congreso –donde también se eligieron 130 diputados y 60 senadores– y atravesado por la apatía social.
El Parlamento se ha convertido en el escenario permanente de destituciones indiscriminadas de mandatarios, consolidando un rasgo autoritario que ya parece naturalizado. Funciona como un clan mafioso y corrupto, pese a los altísimos niveles de desaprobación que pesan sobre el Poder Legislativo.
Quien asuma la presidencia lo hará bajo una debilidad estructural y con la amenaza constante de la destitución. La inestabilidad ha sido la regla de la última década: seis de los últimos diez presidentes terminaron en prisión; uno de ellos, Alan García, se suicidó cuando iba a ser detenido por la policía. El último mandatario –hoy también encarcelado– que logró completar su mandato fue Ollanta Humala (2011-2016).
Esta década perdida no deja demasiado margen para las ilusiones. La represión, el ajuste y la corrupción han sido las marcas centrales de gobiernos efímeros que buscaron contener la cólera popular. Perú: un país entre caníbales.
