Colombia se ha hastiado. La movilización popular ha puesto en jaque no solo el ajuste a las capas bajas y medias que promovía el gobierno de Iván Duque sino también al propio bloque de poder que encabeza, como macabro titiritero, el expresidente Álvaro Uribe. La respuesta oficial fue una cacería despiadada.

El 9 de mayo, dos de las más respetadas organizaciones de derechos humanos del país emitieron un extenso informe sobre la represión policial-militar-paraestatal. Indepaz y Temblores ONG relevaron que desde el 28 de abril –fecha de inicio del Paro Nacional– se produjeron 47 asesinatos y que “39 de ellos se dieron por violencia policial”. “34 han sido por disparos de arma de fuego, 2 arrollados por tanquetas del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), 2 por gases lacrimógenos, 3 con arma blanca (6 sin información)” y se registraron 1876 casos de abuso policial.

Otro de los puntos de extrema gravedad es la denuncia de que cientos de familias buscan a 548 personas desaparecidas. Dos de ellas fueron halladas muertas. Estas cifras demuestran “la gravedad de las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado”, sostuvieron desde Indepaz y Temblores ONG.

“La violencia homicida se ha cometido en medio de una decisión del gobierno nacional, y de los mandos de la Fuerza Pública de promover un uso desproporcionado de la fuerza y tolerar el uso de armas de fuego como método de terror contra la protesta social”, afirmaron ambas entidades.

“Se ha mostrado que son completamente falsas las afirmaciones del Ministerio de Defensa y de otros funcionarios sobre ataques armados contra la fuerza pública”. Y se cita como ejemplo a Cali, el epicentro de la represión estatal, en donde “han asesinado a 35 jóvenes, mientras que no se ha registrado un solo homicidio a miembros de la Policía Nacional o de las FF.MM. que hacen parte de lo que el gobierno llama ‘asistencia militar’”. En ese marco, trascendió el video de un ataque perpetrado por civiles hacia la Minga Indígena con complicidad de la Policía Nacional. Nueve integrantes de ese colectivo fueron heridos (uno se encuentra grave).

El paro y el estallido

Tuvieron que pasar 13 días de protesta para que el gobierno se dignara este lunes a recibir al Comité Nacional de Paro, que integran las tres centrales obreras de Colombia (CUT, CGT y CTC), organizaciones indígenas, estudiantiles, políticas, sociales, de jubilados y pensionados. La potencia de las marchas en toda Colombia obligó al gobierno a retirar del Congreso el proyecto regresivo y gatilló la renuncia del ministro de Economía, Alberto Carrasquilla.

En diálogo con SANGRRE, Francisco Maltés Tello, presidente de la central obrera mayoritaria del país, la CUT, dio detalles de un encuentro al que calificó como “duro”: “Como Comité Nacional del Paro tuvimos una reunión muy tensa, cerca de cuatro horas, en la cual le pedimos al Presidente, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que dé la orden de parar la violencia oficial y privada contra los manifestantes. Le demandamos que pare las masacres”.

Francisco Maltés Tello

También “le pedimos un compromiso del gobierno de garantizar el derecho a la protesta social, que se inicien investigaciones rápidas, penales y disciplinarias, sobre quienes han disparado y quienes se han extralimitado en el uso de la fuerza”.

El dirigente sindical hizo saber que se le demandó “al Presidente que viaje con el Comité Nacional de Paro a Cali, que es la ciudad más complicada y donde más se ha desatado la represión contra el pueblo”.

“Lo concreto fue que Duque fue muy evasivo, no mostró ningún compromiso y, por lo tanto, el paro continúa”, expresó vía telefónica Maltés Tello.

Este encuentro tuvo el acompañamiento de Naciones Unidas y la Iglesia Católica como garantes.

Neoliberalismo al palo

Duque asumió la presidencia de Colombia en agosto de 2018 y hoy el país presenta los peores indicadores sociales de su historia.

La pobreza castiga al 42%, de la población, y un 15% sobrevive en la extrema pobreza. Sin embargo, el delfín de Uribe pretendió cargar sobre las capas bajas y medias de la sociedad un impuesto para poder pagar la deuda externa, que hoy equivale al 52% del PBI. Ese proyecto pretendía gravar con el IVA productos básicos de la canasta familiar, aumentar servicios públicos, celulares, Internet y combustibles e imponer tributo a los salarios superiores a 672 dólares y a las jubilaciones de más de 1.270 dólares.

“Desde que asumió Duque viene aumentando la pobreza, el desempleo, la miseria y la desigualdad. Tenemos a 17 millones de personas que se acuestan con hambre, que es una tercera parte de la población; tenemos a 12 millones de personas en la informalidad laboral, en el rebusque; tenemos a cuatro millones de desempleados; el año pasado quebraron 500.000 pequeñas y medianas empresas”, enumera Maltés Tello.

El presidente de la CUT no confía en el gobierno ya que “pretende un nuevo pacto excluyente para que paguen impuestos los pobres sin tocar a los mega ricos, por eso el paro continuará”.