A las 5 de la mañana del 28 de junio de 2009 decenas de militares armados hasta los dientes irrumpieron en una casa en Tegucigalpa, secuestraron en pijama y adormilado al hombre que allí residía, lo metieronen un avión, hicieron una escala técnica en la base militar estadounidense de Palmerola y lo dejaron en Costa Rica. No era un sujeto cualquiera, era el Presidente Constitucional de la República de Honduras, Manuel Zelaya. Se iniciaba así la larga noche golpista en ese país centroamericano, que ya lleva ocho años y medio.

Y el 26 de noviembre de 2017, cuando ese golpe continuado contra Manuel Zelaya parecía llegar a su fin con el triunfo electoral de la Alianza Opositora contra la Dictadura, en la cabeza de Salvador Nasralla, un escandaloso amaño del Tribunal Supremo Electoral (TSE) volcó el escrutinio hacia el candidato del conservador Partido Nacional del actual presidente Juan Orlando Hernández.

La técnica utilizada no es novedosa. El copyright pertenece a otra formación conservadora de la región, experta en dar vuelta elecciones que parecen perdidas:  el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México. Ocurrió en 1988. La ciudad de México sufrió un apagón eléctrico de proporciones cuando el candidato del opositor PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, encabezaba el recuento de votos. La luz regresó y con ella el priista Carlos Salinas de Gortari ganó las elecciones. Casi treinta años después, el oficialismo hondureño usó, sin ponerse colorado, la misma técnica. Nasralla llevaba cinco puntos de ventaja con el setenta por ciento de los votos escrutados cuando se cortó el suministro eléctrico. Al volver, los datos oficiales daban a Hernández 45 mil votos de ventaja (el uno y medio por ciento). Inmediatamente el pueblo salió masivamente a las calles en las principales ciudades del país. Se suspendieron las garantías individuales mediante un decreto de Estado de Sitio impuesto por el mandatario que busca la reelección, expresamente prohibida por la Carta Magna. La policía anunció que no reprimiría más al pueblo. El TSE debería realizar un conteo voto por voto de aquellas actas anómalas. Son más de mil, que representan cerca de 300 mil votos. La oposición pide que se hagan sobre las cinco mil que presentan incongruencias.

Nasralla denunció que el presidente del TSE “es una persona que ha trabajado con el Partido Nacional toda su vida, es un asalariado, dijo que el 85 por ciento de las actas serían transmitidas pero cuando llegó a 70 por ciento y se dio cuenta que nosotros íbamos ganando recibió la orden de su jefe, que es Juan Orlando Hernández, y le dijo: ‘no transmitas más’. Y entonces detuvieron la transmisión el domingo en la noche”.

Los golpes militares pasaron de moda. Son obsoletos. Por eso, el ciclo de los “golpes blandos” da cuenta de nuevas formas de quebrar a los procesos de transformación izquierdistas en América Latina. En Bolivia lo intentaron entre 2006 y 2008 con la atomización de país mediante movimientos separatistas violentos, con el inestimable apoyo del embajador de los Estados Unidos, Phillip Goldberg, un experto en la balcanización de la ex Yugoslavia, que fue expulsado por el presidente Evo Morales por estos actos subversivos (el presidente Donald Trump lo acaba de proponer para ocupar la Misión de los EE.UU. en Cuba). En Ecuador, en 2010, la intentona fue a través de un motín policial. En Venezuela, desde la llegada de Hugo Chávez, mediante la guerra económica y el sabotaje. Todos fracasaron. Tomaron nota. Aprendieron.

En 2009 ensayaron en Honduras con un golpe parlamentario, cuando Zelaya tuvo la osadía de promover una consulta al pueblo en las elecciones generales de noviembre de ese año para decidir sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar una de las constituciones más arcaicas de la región. Para evitar esta “consulta popular no vinculante”, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General, el Congreso Nacional y la Embajada de los Estados Unidos perpetraron un golpe de Estado. El titular del parlamento asumió la primera magistratura.

Desde entonces, el pueblo se organizó para revertir el golpe. Sufrió muerte, cárcel, exilio. Se ejerció un férreo control militar en las calles, censura de prensa, cierre de medios alternativos y el asesinato de periodistas. El caso emblemático fue el homicidio de unos de los símbolos de la resistencia y líder de la comunidad lenca Berta Cáceres. Ocurrió el 3 de marzo de 2016 con la complicidad del gobierno de Juan Orlando Hernández y sicarios financiados por la empresa DESA que preveía construir un complejo de hidroeléctricas en el Río Gualcarque. Su crimen aún sigue impune.

La fórmula golpista exitosa fue replicada en otras dos oportunidades. En 2012 el parlamento destituyó al presidente Fernando Lugo en Paraguay ; en 2016 también el parlamento lo hizo con Dilma Rousseff en Brasil. No es casual que haya sido embajadora de los Estados Unidos en ambos países Liliana Ayalde, una funcionaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una tapadera de la CIA en América Latina para realizar trabajos de inteligencia y desestabilización. De agosto de 2008 a agosto de 2011, Ayalde estuvo al frente de la legación estadounidense en Asunción. En 2012 recibió su premio: Subsecretaria Adjunta en la Oficina del Hemisferio Occidental, a cargo de las Oficinas de Asuntos del Caribe, Asuntos Centroamericanos y Asuntos Cubanos. Al año siguiente, fue nombrada  embajadora en la República Federativa del Brasil, cargo que ostentó hasta principios de este año. Las casualidades de la diplomacia de Washington.

El pueblo hondureño quiere cerrar el ciclo golpista; la derecha local y regional y los Estados Unidos parecen no querer dejarlo.