La crisis de representatividad política en México parece haber alcanzado un punto de hartazgo en la población. ¿Serán las elecciones de 2018 la bisagra para un país sumido en la violencia, la corrupción y la impunidad? En ese contexto, una candidatura inédita surge desde el sur. La zapatista “Marichuy” de la etnia nahuatl, médica tradicional y defensora de los derechos humanos.

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha hundido a México en una crisis institucional tal que el informe anual del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) lo señala como el segundo país más violento del mundo luego de Siria.

El IISS reportó la muerte de 23 mil personas en 2016, en tanto son 50 mil los muertos por la guerra civil siria. La desaparición forzada de personas, como el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o el asesinato de periodistas, se han convertido en moneda corriente. La Fiscalía de Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, creada por el Estado en julio de 2010, registró hasta la fecha 798 denuncias, de las cuales 54 fueron asesinatos. Solo resolvió tres casos: el 99,71 por ciento sigue impune.

En ese México bañando en sangre se produce la designación por parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, mujer indígena y sanadora, vocera del CNI y candidata presidencial para las elecciones de 2018. Así fue anunciado desde San Cristóbal de las Casas: “Nos encontramos en un grave momento de violencia, de miedo, de luto y de rabia, por la agudización de la guerra capitalista en contra de todas y todos en el territorio nacional. Vemos el asesinato de mujeres, por el hecho de ser mujeres, de niños por el hecho de ser niños, de pueblos por el hecho de ser pueblos. La clase política se ha empecinado en hacer del Estado una corporación que vende la tierra que es de los pueblos originarios, campesinos, urbanos, que vende a las personas como si fueran una mercancía que se mata y se entierra como materia prima de los cárteles de la droga”.

Alicia de los Ríos Merino, historiadora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua e Integrante del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de ese departamento, explicó a Sangrre que este “es un esfuerzo que debemos entender como parte de un proceso histórico de largo aliento; además de una guerra de baja intensidad en las comunidades rebeldes, experimentamos una intestina guerra de agentes estatales con los cárteles narcos, cuyo botín son los territorios y los recursos naturales. Aunque nuestras ciudades y paisanos se cubrieron de luto y miedo, aún entonces los pueblos indígenas siguieron siendo el blanco de muerte, desaparición y destrucción”.

Para Ríos Merino, el CNI y Marichuy “ejemplifican la creatividad necesaria y urgente para frenar la hidra capitalista que empuja hacia el precipicio. La iniciativa confronta a una serie de prejuicios desde el abanico de izquierdas: colonialismo, racismo, machismo, vanguardismo, reformismo, reduccionismo. Ojalá que en esta ocasión estemos a la altura de la emergencia y podamos caminar con los promotores de esta propuesta” porque a los “hombres y mujeres que no pertenecemos a los pueblos indígenas en nuestro país, esta iniciativa nos confronta en nuestras propias urgencias, luchas, agendas y expectativas”.

Ríos Merino da cuenta del cambio de mirada de los citadinos respecto al surgimiento zapatista en 1994: “Nuestra mirada se transformó con el ejemplo zapatista, que desde 1994 nos invitó a organizarnos alrededor de soñar otro mundo y hermanar resistencias. No ha sido fácil el ejercicio horizontal de la acción colectiva opositora frente a los embates mortales capitalistas. Hoy, desde el norte golpeado por la criminalidad del estado y los ejércitos privados narcotraficantes, nos sumamos a este llamado por el futuro.”