En el tablero de ajedrez latinoamericano el jaque es a la democracia. En 1984, el intelectual Alipio Freire dijo que “en Brasil, los liberales son fascistas de vacaciones”. Unas décadas después y, en toda la región, abandonaron el descanso. Su última jugada: los intentos de proscripción en Bolivia y Ecuador a los partidos de los expresidentes Evo Morales y Rafael Correa, sobre quienes, además se ejerce una férrea persecución judicial.
La estrategia es sacar de la contienda electoral tanto a los líderes populares como a sus organizaciones políticas. El método liberal no les alcanzaba. Hicieron unos retoques: la práctica fascista es más efectiva.
Le dicen Lawfare, prefiero llamarla Escuela de las Américas Judicial. Inocularon el virus del odio a través de causas procesales fraguadas de alto impacto mediático contra las figuras que lideraron el cambio social en América Latina en los últimos veinte años. Un mecanismo de persecución que, por ejemplo en Brasil, allanó el camino a la presidencia de Brasil al excapitán Jair Messias Bolsonaro. La Operación Lava Jato asestó el primer tiro con el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff; el segundo fue aún más audaz: meter preso a Lula Da Silva, para que no sea candidato.
Todavía más que con Bolsonaro, el giro reaccionario tuvo su mayor golpe de efecto con la elección de otro personaje grotesco. Fue en 2016, cuando el multimillonario Donald Trump ganó la elección presidencial de Estados Unidos. Entonces, la primera potencia del mundo y el país latinoamericano más relevante pasaron a ser liderados por la ultraderecha. Que ambos encabecen el triste ranking de contagiados y muertos por coronavirus es una muestra del daño que implica ubicar a personajes siniestros en el pináculo del poder.
Un año después, la creación del Grupo de Lima, con la presencia de unos quince países reunidos con el único fin de acosar a la Venezuela bolivariana, marcaba el cese vacacional permanente en toda América, la desaparición del centro político y que el nuevo credo es una derecha extremadamente dura, capaz de todo.
Por eso, el golpe de Estado en Bolivia y la eliminación de la fuerza política que representa el expresidente Rafael Correa muestran el alcance de esta política neofascista que pretende acabar de raíz con cualquier proyecto de reinstauración popular.
Bolivia: golpe continuado
“Derrocaremos a quien querramos, lidia con eso”. Esta vez no hubo que recurrir a una fuente sofisticada o a un cable filtrado por Wikileaks. El exabrupto fue escrito por uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, en un intercambio picante en Twitter. El director ejecutivo de Tesla y Space X escribió el 24 de julio en la red social: “Otro paquete de estímulos no es lo mejor para los intereses del pueblo”. Un usuario le respondió: “¿Sabe qué no era lo mejor para la gente? Que el gobierno de EEUU organice un golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia para que ud. pueda obtener litio allí”. Ya sea por la altanería de saberse poderoso o porque es verdad, contestó: “¡Daremos un golpe a quien queramos! Lidia con ello”. Aunque luego borró el tuit, el fuego de la polémica estaba encendido.
No fue una contribución oportuna al estado de calamidad social, sanitaria y política que atraviesa Bolivia, con el sistema de salud, las morgues y los crematorios colapsados, gente muriendo en las calles sin ser socorrida, medio gabinete con Covid-19 y entrampada aún en un golpe continuado del cual sus ejecutores no quieren salir.
Ya parece un chiste de mal gusto: por tercera vez se pospusieron las elecciones en Bolivia. Pasaron casi 9 meses de aquella declaración de “principios” de la presidenta interina (e inconstitucional) Jeanine Añez, cuando afirmó que su único mandato era normalizar al país llamando a elecciones en 90 días. La nueva fecha fue fijada para el 18 de octubre.
Lo grotesco caracteriza al gobierno de facto y a sus exóticos habitantes. No se han privado de ninguno de los gestos autoritarios que caracterizaron a las dictaduras setentistas: asesinato, represión, cárcel, exilio. Desde el propio gobierno se amenaza al Tribunal Supremo Electoral (CNE) para que inhabilite al Movimiento Al Socialismo de los próximos comicios. El funcionario Rafael Quispe advirtió: “Tarde o temprano van a llegar y terminar en la cárcel, si no anulan la persona jurídica del MAS”.
Oh casualidad, la entente golpista ya había presentado al TSE denuncias para avanzar en la inhabilitación del MAS. Oh casualidad, tampoco logran despegar en las encuestas. Las figuras que azuzaron la caída de Morales ven sus aspiraciones de poder nadar en la intrascendencia. La alianza Juntos, que encabeza Añez, cosecha 13 puntos; Creemos, de los excívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, suma un 9%; y Libre 21, del expresidente Jorge Quiroga (Libre 21), apenas alcanza el 4%.
Complementariamente, la imagen del gobierno cae estrepitosamente. Según un estudio de opinión realizado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), la gestión de Añez fue calificada con un 2.75 sobre 10. El 81,4% cree que va por “mal camino”. El 47,7% cree que la situación política es “mala”, el 31,4% “muy mala”, el 18,5% “regular”, el 1,4% “buena”, y el 0,7% “muy buena”. El 71,4% dice que su mayor preocupación es “la crisis económica y el aumento de la pobreza”; un 38,7% cree no se realizarán elecciones este año.
Sobre la candidatura de Añez, el 53,6% considera que “nunca debió haberse postulado”, y el 27,9% cree que “debe renunciar” a la candidatura. Apenas el 8,8% cree que “puede ser presidenta y candidata”.
Por contraste, la persistente presencia del partido de Evo Morales en el primer lugar de todas las encuestas, con la fórmula Luis Arce-David Choquehuanca, tiene claras opciones de ganar en primera vuelta con el 42% de la intención de votos, ya que Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, marcha segundo con un 27%.
En este escenario, la derecha local apuesta a la proscripción del MAS para evitar su retorno al poder. El plan B: acercamientos del gobierno de facto con Mesa para desembocar en una candidatura única que garantice una segunda vuelta.
El cuadro se completa con un estado de movilización permanente y una huelga indefinida declarada por la Central Obrera Boliviana (COB) si las elecciones no se realizan el 6 de septiembre.
Un Ecuador sin Correa
La jugada más sorpresiva del tablero ideológico regional ocurrió en Ecuador. Rafael Correa colocó para la sucesión a dos exvicepresidentes. La batalla electoral para ganar fue durísima. Por eso, la traición de Lenin Moreno al correísmo causó estupor. Ese caballo de Troya fue el regalo más preciado para la derecha regional, que consiguió un peón inesperado en su tablero, que, además, gobierna como ellos, con represión, ajuste y FMI.
La obsesión de Moreno es destruir a Correa y a su gente. Primero, separó de su cargo al vicepresidente Jorge Glas con acusaciones de corrupción. Luego, convocó a un referéndum, con siete preguntas de naturaleza diversa, pero una de las cuales pretendía limitar a dos términos el mandato presidencial: esto impedía a Correa presentarse nuevamente al gobierno. Todo el arco derechista apoyó esta propuesta y logró el apartamiento del líder de la Revolución Ciudadana para la elección de 2021.
En el ya conocido terreno judicial, Correa fue sentenciado a ocho años de prisión. El libreto: “corrupción”. No abunda la imaginación en la Escuela de las Américas Judicial. Como en la Argentina, en Ecuador también fabricaron sus cuadernos de la corrupción. La imaginación literaria y la envidiable memoria también fue milagrosa acción de una secretaria del expresidente.
En el manual golpista no puede faltar la palabra “sedición”, que tanto éxito tuvo en Bolivia para encarcelar o condenar al exilio a los líderes de la oposición. En el caso ecuatoriano, las masivas protestas de octubre de 2019 contra un paquete de ajuste de Moreno derivaron en una insólita denuncia de intento de golpe de Estado contra cuatro dirigentes de alta exposición y máxima confianza de Rafael Correa. Dos de ellos, Paola Pabón y Virgilio Hernández fueron encarcelados. Gabriela Rivadeneira y Ricardo Patiño tuvieron que huir a México, en donde se les otorgó el asilo político.
Mirando de reojo a Bolivia, aparece la decisión del Consejo Nacional Electoral de inhabilitar para las elecciones de 2021 a Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, la fuerza política de Correa, que todas las encuestas mostraban, sin tener aún candidatos, peleando la presidencia. “Nos roban nuevamente la democracia”, denunció Rafael Correa en su cuenta de Twitter.
“Todos están contra nosotros, pero gracias a Dios nosotros estamos con el pueblo. Ellos tienen recursos infinitos, apoyo de los medios de comunicación, el apoyo de la embajada de Estados Unidos, tienen todo menos el pueblo. Rompieron los códigos de la democracia y de la Constitución”, denunció Correa en diálogo con el periodista Víctor Hugo Morales.
Gustavo Codas, uno de los intelectuales y analistas más agudos de la región, ante la restauración conservadora nos convocaba a repensar “las experiencias políticas de las fuerzas de izquierda y progresistas en función de gobierno que se han desarrollado en América Latina desde la victoria de la candidatura presidencial de Hugo Chávez a finales de 1998 son un laboratorio importante para volver a esos debates estratégicos”.
Vale la pena cerrar con estas palabras de Codas: “Las claves hay que buscarlas en las vías de construcción de hegemonías políticas y en las transformaciones de la forma estatal característica del liberalismo, para formar mayorías capaces de defender un proyecto transformador de las estructuras económico-sociales y desarrollar instrumentos de democracia directa capaces de representar una superación dialéctica de las instituciones pensadas con una matriz liberal. En ambas materias las experiencias han enfrentado impasses y frustraciones. Pero la materia prima fundamental está disponible, un pueblo que ha disfrutado de mejores condiciones de vida y trabajo desde que se tiene memoria. Dispuesto a defender conquista y resistir a las agresiones de la derecha”.
