Bolivia ocupó gran parte de junio la marquesina de la prensa internacional. Este titular: “Colapsó el sistema de salud e infectados de Covid-19 mueren en las calles”, inundó las alertas de los noticieros y las secciones internacionales de los diarios. Así lo graficó, por ejemplo, la Sexta de España: “Las imágenes del horror en Bolivia: seis personas mueren por coronavirus en plena calle en las últimas horas”. La respuesta del gobierno de facto fue miserable: “Hay gente que muere en las calles porque tarda en ir a los hospitales”, dijo sin ruborizarse Iván Arias, ministro de Obras Públicas. ¿Qué tipo de “tardanza” dirá el funcionario que fue la del paciente con Covid-19 que se suicidó al lanzarse del tercer piso del hospital Solomon Klein, en Sacaba? La situación evidencia el desmoronamiento del régimen surgido del golpe de Estado de noviembre de 2019. No solo colapsa la salud. Su estructura de poder carece de bases sólidas.

El derrumbe se coronó con la última maniobra de perpetuación en el poder del gobierno que nadie eligió. Con la excusa de la pandemia de coronavirus, la presidenta-candidata Jeanine Añez intentó nuevamente posponer las elecciones del 6 de septiembre. La contraofensiva, a izquierda y derecha del arco político, la obligó finalmente a promulgar el llamado a elecciones. La presión del MAS y de las formaciones conservadoras, a las que se sumaron la Asamblea Legislativa Plurinacional dominada por el partido de Evo Morales y el Tribunal Supremo Electoral, configuraron el escenario que impidió una nueva postergación.

También tronó en el ambiente la advertencia de la Central Obrera Bolivia (COB): “Me voy a dirigir a la señora Añez. Te quedan dos caminos. Uno es aprobar de manera inmediata la fecha de elecciones el 6 de septiembre y el segundo camino es la sublevación del pueblo. Y acordate, o te vas con elecciones nacionales democráticas o te vas con una convulsión social”, señaló Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

Ni siquiera el candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, apoya a Añez. Él, quien fue un pilar fundamental, como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, para el triunfo del putsch Biblia en mano que derrocó al presidente Evo Morales y lo obligó a un exilio forzado en la Argentina. Solo la policía y las Fuerzas Armadas permanecen leales al gobierno usurpador. Justamente los ministros encargados de ambos cuerpos, Arturo Murillo, de Gobierno, y Luis Fernando López, de Defensa, utilizan sus cargos al servicio de la causa autoritaria: amedrentamiento cotidiano, violencia verbal y discursos de odio son la marca registrada de sus gestiones. Para muestra, en este caso, bastan dos botones.

Murillo amenazó al Poder Legislativo porque se negó a aprobar los ascensos inconstitucionales en las Fuerzas Armadas que pretendía el Ejecutivo: “Cuidado, diputados y senadores no tienen inmunidad diplomática, cuidado que mañana estén en la cárcel y que digan que es persecución política”, los coaccionó.

En tanto que López intimidó a un ciudadano con una frase típica de las dictaduras militares que asolaron América Latina en el pasado reciente: “Podría hacerlo desaparecer en diez segundos”, le espetó.

El colapso sanitario y político puede reflejarse también en el último estudio de opinión realizado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), publicado el 25 de junio, que muestra números lapidarios.

  • La gestión de Añez fue calificada con un 2.75 sobre 10.
  • El 81,4% cree que va por “mal camino”. El 9,2% considera que va por “buen camino”.
  • El 47,7% cree que la situación política es “mala”, el 31,4% “muy mala”, el 18,5% “regular”, el 1,4% “buena”, y el 0,7% “muy buena”.
  • El 71,4% dice que su mayor preocupación es “la crisis económica y el aumento de la pobreza”; el 42,8%, “el riesgo de contagio de coronavirus”; el 42,8%, “el autoritarismo y la persecución política”; el 42,1% “el colapso del sistema de salud”; y el 38,7% “la no realización de las elecciones este año”.
  • Sobre la candidatura de Añez, el 53,6% considera que “nunca debió haberse postulado”, y el 27,9% cree que “debe renunciar” a la candidatura. Apenas el 8,8% cree que “puede ser presidenta y candidata””.
  • El 69% cree que “el gobierno no quiere elecciones”. El mismo porcentaje de consultados considera que “el gobierno ejerce persecución política”.

“Escenario deprimente y preocupante”

Hace quince años, Bolivia vivía una crisis política y el vacío de poder presagiaba convulsiones. Carlos Mesa, actual candidato presidencial, renunciaba el 7 de junio a la primera magistratura. Ni Hormando Vaca Díez, titular del Senado, ni Mario Cossío, su par en Diputados, se animaron a ocupar esa silla caliente. Solo quedaba una opción para garantizar la sucesión constitucional: el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eduardo Rodríguez Veltzé puso el cuerpo encarrilando el riesgo extremo en el que se encontraba Bolivia.

Asumió el 10 de junio de 2005, ejerció la presidencia interina por seis meses y el 23 de enero de 2006, después de un proceso electoral, le entregó la banda presidencial a Evo Morales. Es inevitable hoy la comparación con Jeanine Añez, quien ha utilizado todos los artilugios a su alcance para evitar los comicios y perpetuarse.

Esta experiencia llevó a SANGRRE a pedirle a Rodríguez Veltzé algunas reflexiones sobre la situación actual.

“Expresé mi desacuerdo con la forma en la que la senadora Añez se proclamó presidenta y luego candidata, desmereciendo el objetivo principal de un gobierno de transición democrático. Esto afecta la neutralidad que debe ofrecer para garantizar elecciones libres y plurales, aspecto que también y con razón se criticó a los candidatos Morales y García Linera, quienes pese a los resultados del referéndum del 21-F persistieron en sostener su candidatura”, afirmó Rodríguez Veltzé.

También advirtió que “las Fuerzas Armadas y la Policía, al margen de lo que dispone la Constitución, pueden sentirse tentadas, como sucedió en varias ocasiones en la historia de Bolivia, a actuar so pretexto de un supuesto ´tutelaje´ de la sociedad y la democracia. Ambas instituciones deben mantenerse al margen de la deliberación política”.

Consideró también que el coronavirus puso a Bolivia en un “escenario deprimente y preocupante” ya que “los efectos de la pandemia del Covid-19 están superando la capacidad sanitaria para enfrentar y contener la pandemia y sus efectos. Los niveles de contagios, muertes y deterioro social, laboral y económico se incrementan exponencialmente”.

“Para colmo de males –sostiene Rodríguez Veltzé– la confrontación entre quienes detentan el gobierno y quienes reclaman prontas elecciones para recuperarlo, muestra el lado más oscuro e improductivo de la política. Es una lucha insensible del poder por el poder, sin reparar que las crisis por las que atravesó Bolivia desde el 2019 son de tal magnitud que la sola y pronta celebración de elecciones resulta insuficiente. Bolivia necesita restituir la institucionalidad democrática, el protagonismo ciudadano y los espacios de diálogo y concertación para conocer cuál es el estado del país, de las condiciones que enfrenta la población en diversos ámbitos, y proyectarse para los desafíos más urgentes en materia de salud, educación y trabajo”.

Como exintegrante de la Corte Suprema recordó que “la Constitución prevé la separación e independencia de poderes, pero también los obliga a coordinar y cooperar para la realización de las funciones del Estado y en favor de la sociedad. Ninguno de los titulares de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Electoral parece estar dispuesto a sentarse con el resto para esos propósitos. Al contrario, la coordinación y cooperación para conducir temas críticos como aquellos inherentes a la crisis de la pandemia, la economía, la política exterior, la seguridad o las condiciones para celebrar las elecciones, es impensable. Las consecuencias de estos desencuentros son el descrédito de las instituciones democráticas y de quienes irresponsablemente las conducen”.

El golpe de Estado de noviembre de 2019, con su dramática estela de muerte, represión, encarcelamiento, exilio y censura, pretende demonizar una experiencia política de gobierno y territorio que cambió radicalmente Bolivia. El quiebre constitucional pretendió extirpar de raíz catorce años de un proceso de cambio que convirtió a personas sin derechos en ciudadanos de un Estado Plurinacional activo e inclusivo. Por eso, el MAS encabeza todas las encuestas y es el principal aspirante a ganar las elecciones. Por eso, los responsables del golpe intentan perpetuarse en el poder a cualquier precio.

Este es el interrogante clave que dominará la coyuntura política: en qué marco se llevará adelante la campaña y los comicios en un país que necesita normalizarse y democratizarse nuevamente tras una ruptura institucional que lleva ocho meses demasiado largos.