La problemática de la estabilidad de los trabajadores argentinos durante la pandemia ocupó la agenda de esta semana, luego de que la empresa Techint y otras comenzaran a despedir y suspender trabajadores argumentando el impacto del Coronavirus en la realidad productiva del país. En un mundo laboral que ya carecía de condiciones para volver a recuperarse, el impacto de estas medidas de parte de algunas empresas alertó al presidente Alberto Fernández sobre las correlaciones de fuerza que deberá afrontar en su mandato dentro del Ministerio de Trabajo.

Alejandro Raúl Ferrari es abogado laboralista, asesor sindical y docente universitario. Sobre este escenario que se abre charlamos con él en SANGRRE para empezar a trazar algunas variables acerca de las relaciones laborales y los procesos conflictivos que traerá la pandemia para los que trabajan en relación de dependencia.

La situación de pandemia puso obviamente sobre la mesa, además de la salud, la seguridad y la subsistencia, el tema del trabajo y de las relaciones laborales. Teniendo en cuenta, en ese sentido, el panorama con el que el gobierno de Alberto Fernández se encontró en la cartera administrada por Moroni, y las situaciones concretas que se suscitaron en este contexto de emergencia,  ¿cuál es diagnóstico de hoy para el universo del trabajo a nivel nacional? ¿Cómo dialoga con el escenario económico y laboral a nivel internacional?

La situación es muy complicada. El mundo del trabajo y de las relaciones laborales venía de cuatro años tremendos en cuanto al descenso de las condiciones laborales. De un Ministerio de Trabajo que durante la gestión macrista, además de haber dejado de ser cartera ministerial, se dedicó a operar como la “jefatura de personal” del ejecutivo nacional, tomando medidas que favorecían al capital concentrado y perjudicaban a los trabajadores. Lo que encontró el gobierno actual cuando asumió en diciembre de 2019 fue, en este sentido, una cartera desmantelada de personal, de profesionales y, lo que es peor, de políticas laborales. En ese sentido, existe un universo de las relaciones laborales difícil de exagerar por su gravedad objetiva.

En tal escenario, las medidas que atañen a los trabajadores que se pudieron tomar en los primeros noventa días de gobierno estuvieron en línea con lo que planteó Alberto Fernández en su discurso de asunción: “empezar por los de abajo para llegar a todos”. Las medidas más urgentes fueron el aumento de las jubilaciones mínimas, el aumento de la AUH y los decretos que otorgaron sumas fijas a los trabajadores intentando poner un piso en las negociaciones colectivas de trabajo del año 2020 para los incrementos salariales por actividad. Algunos sectores del mundo laboral se quejaron porque vieron a esas medidas como una intromisión del Estado en la autonomía colectiva. Lo cierto es que esa suma fija en varios casos estableció un piso salarial –menor a esa cifra era imposible negociar– y disparó hacia arriba la discusión colectiva. Esa idea tenía de corolario el monitoreo de las negociaciones para que se evitaran las “cláusulas gatillo” y no se disparara la inflación en un escenario –también heredado– de deuda externa que tiene al país al borde del default. Ese es, a grandes rasgos, el escenario del mundo laboral argentino al momento en que irrumpió la pandemia del Coronavirus.

Si esa situación era delicada, ahora es mucho peor para los que trabajan. Imagínense que, al estar completamente parado el sistema productivo por la reclusión obligatoria, la capacidad de mantener el empleo o de lograr la reactivación que estábamos buscando es casi imposible. O sea, los incipientes pasos dados en términos de políticas laborales ahora se ven obstruidos y amenazados por la parálisis a la que nos obliga la pandemia.

El caso de Techint, concretamente, abre una puerta sobre seguramente una serie de situaciones de despidos, suspensiones o falta de pago de salarios. Sabiendo que la situación pandémica implica medidas políticas minuto a minuto, ¿cómo se está pensando contener esas situaciones?

El caso de los despidos de Techint pone sobre la mesa uno de los temas claves del derecho del trabajo: la pregunta sobre ¿quién paga los costos, quién paga los platos rotos? El esqueleto básico, conceptual, de la Ley de Contrato de Trabajo de nuestro sistema de relaciones laborales tiene que ver con que el trabajador es, dentro de la relación laboral, ajeno a tres cuestiones básicas: ajeno a los riesgos, ajeno a los frutos y ajeno a la organización. O sea, el empleador es quien organiza el trabajo, quien recoge el fruto –esto es la plusvalía, de algún modo todo el derecho del trabajo no es más que la discusión jurídica de la extracción de la plusvalía–. El trabajador es ajeno a los riesgos también porque el que recoge los frutos corre con los riesgos. En este punto de los riesgos hay algunas excepciones. Específicamente, en la ley de contrato de trabajo hay excepciones que llamamos “supuestos de disminución” o “falta de trabajo” o “fuerza mayor”, que no son riesgos imputables al empleador. “Supuestos de disminución” y “falta de trabajo” se refieren a amparar vicisitudes de mercado que no tienen que ver con que el empleador hizo mal las cosas; “fuerza mayor” tiene que ver con cuestiones naturales imprevisibles, como puede ser un rayo, un tsunami, o una pandemia. Desde ese punto de vista, la Ley de Contrato de Trabajo prevé que el empleador puede suspender sin pagar salarios durante un tiempo –30 días en el año en caso de falta de trabajo, y hasta 75 días en el año en caso de fuerza mayor–, y también puede despedir en estos casos pagando la mitad de la indemnización por despido.

Frente a esta situación, lo que el gobierno intentó evitar es que se apliquen estos mecanismos que la ley permite para descargar las consecuencias de la “fuerza mayor” sobre los trabajadores. En ese sentido, ha emitido un decreto que ha publicado en el día de ayer, DNU 329, mediante el que prohíbe durante 60 días los despidos. Alcanza a despidos sin causa, a despidos por falta de trabajo o por causa de fuerza mayor. Y, asimismo, prohíbe también que se realicen suspensiones por falta de trabajo o fuerza mayor; con la única excepción de los casos que puedan ser consensuados entre el empleador y los trabajadores mediante interlocución del sindicato. O sea, la única posibilidad a partir del decreto 329, que rige a partir del día de ayer, que tienen los empleadores de aliviar su situación y dejar de pagar una parte de las remuneraciones es a través del diálogo con las organizaciones sindicales.

Algo que se intenta propiciar desde el Ministerio de Trabajo en la gestión actual, como bien acotó el presidente, no es que los empleadores pierdan, sino que ganen un poco menos y tengan una actitud de solidaridad, y permitir así que la parte más débil de la relación laboral no sufra enteramente las consecuencias de la situación de emergencia. Para esto, también se emitieron un par de decretos que contemplan la situación de las PyMES. Se trata del DNU 326, que también salió ayer en el Boletín Oficial, y que crea un fondo especial para atender los casos de pequeñas empresas para evitar el cierre –estableciendo las condiciones para ahorrar impuestos, evitar cargas, pagar salarios–; y el decreto 332, que establece un programa de asistencia a pequeñas empresas.

En el día de ayer, el presidente inauguró una clínica sindical junto al gobernador de Buenos Aires y contrapuso la solidaridad sindical para con el momento que atraviesa el país y los trabajadores argentinos. Siendo abogado de sindicatos de base, ¿cómo evalúas esa correlación de fuerzas entre patronales y trabajadores? ¿Cómo crees que impactará el discurso de Alberto Fernández respecto a la demonización de los sindicalistas y políticos, en clara alusión a las operaciones mediáticas que la oposición fogonea?

Yo creo que el capital concentrado acaba de expresar una muestra de desesperación. Acudir a la demonización de los políticos, como recurso que apela al antipolítica más retrograda, luego del desastre económico, social, cultural en que terminó nuestro país tras del gobierno de Macri, no puede ser más que un gesto desesperado. Incluso es una exposición del resquebrajamiento al interior de Juntos por el Cambio.

Alberto Fernández cuenta con un apoyo muy amplio en la sociedad argentina desde sus primeros días de gobierno. Un apoyo que se vio acrecentado con su manejo personal durante esta crisis sanitaria. Evidentemente, la oposición no está encontrando un espacio donde hacer pie. Los argentinos estamos atravesando una pandemia global con un sentido de unidad y de superación de las diferencias alrededor de un objetivo común para salir de esto. En ese objetivo común está instalada la figura de Alberto como conductor del proceso; incluso muchos de los votantes de Macri en 2019 le están dando el aval al actual presidente –me sorprendió ver en una encuesta en la que el 51% de los votantes de Macri prefieren que maneje esta crisis el gobierno actual antes que el candidato que han votado–, porque comprenden que la coherencia política con que llegó al poder está intacta en sus decisiones.