Con las movilizaciones del “Súper Lunes” de ayer, Chile entró en su tercera semana de manifestaciones masivas desde que Sebastián Piñera decretara el estado de emergencia el pasado 19 de octubre, para intentar sofocar las protestas populares iniciadas contra el aumento de la tarifa del sistema público de transporte de Santiago. Ricardo Balladares Castilla –sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, analista político y miembro del Partido Comunista– comparte con SANGRRE esta nota a propósito de la situación actual en Chile, las reivindicaciones gradualmente delineadas y explicitadas por parte de la sociedad movilizada y los roles que el gobierno y los diversos actores políticos van ocupando a partir del cuadro abierto por la inédita situación.
Por todo el país se han extendido masivas, constantes e intensas movilizaciones que demandan la socialización de la riqueza, derechos sociales y una nueva constitución que los consagre. Chile no solo despertó de un largo letargo inducido por una transición pactada sino que, además, se levantó con una propuesta clara y concreta para evolucionar a un modelo económico y social que beneficie a todos los habitantes del país sin discriminación alguna. A saber, una Asamblea Constituyente para un nuevo Chile.
Si bien en un principio las demandas resultaban imprecisas, de a poco fueron decantando hacia el centro de gravedad principal sobre el cual estas rondaban. Tanto las manifestaciones pacíficas y las violentas coincidieron en objetivos antagonistas principales: la gran propiedad privada como dispositivo abusivo y la propiedad pública como soporte cómplice de los abusos. A medida que pasaban los días, se fue señalando a la desigualdad social y a la concentración de la riqueza como los dos grandes obstáculos para el cumplimiento de expectativas y consecución de una mejor calidad de vida individual y colectiva.
Si bien el levantamiento ha carecido de liderazgos y vocerías monolíticas, ha servido para que la Mesa de Unidad Social –espacio que integran la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Coordinadora No Más AFP, Asociación Nacional Empleados Fiscales (ANEF), CONFUSAM, FENPRUSS, Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros, FEDASAP, Confederación Bancaria, CONFEDEPRUS, Sindicato Interempresa Líder SIL, Colegio de Profesores, FENATS Nacional, Movimiento de Pobladores Ukamau, Federación de Pobladores, entre otras– se despliegue con demandas históricas y sectoriales, convirtiéndose en el sostén de unidad y perseverancia de las movilizaciones que empujan hacia un nuevo orden económico y social. Son sus organizaciones y miembros los principales refuerzos y protagonistas del movimiento en calles, barrios y comunas.
En la claridad de que ningún cambio beneficioso para toda la población será posible en los marcos de la Constitución de 1980 y con representantes del actual sistema político, la movilización se fue politizando apartidistamente, pero de la mano de las organizaciones antes mencionadas, hacia la consigna “Asamblea Constituyente para una nueva Constitución”.
Bajo el impulso de la Mesa de Unidad Social se fueron multiplicando cabildos abiertos, asambleas barriales, copamientos del espacio público, llamados a huelgas y paros nacionales. Durante este proceso la ciudadanía se ha expresado con arrojo, creatividad, participación y compromiso.
En tanto, en la Cámara de Diputados, parlamentarios decentes de oposición buscan conseguir acusar constitucionalmente al exministro del Interior Andrés Chadwick y al presidente de la República Sebastián Piñera por la violencia de Estado ejercida por las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública durante estos catorce días de movilizaciones. A la fecha, el Instituto Nacional de Derechos Humanos declara oficialmente que el actuar de la policía y los militares arrojan un saldo de 4271 detenciones, 1305 heridos, 22 muertos, 18 violaciones sexuales y 120 querellas por torturas.
En este contexto el gobierno, acorralado por la acusación constitucional, la presión social y por un relato preciso, efectuó un cambio de gabinete y, posteriormente, convocó a los partidos de oposición a un diálogo para encontrar una salida pactada al conflicto social. A dicho encuentro asistieron la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS), el Partido Radical (PRSD), el Partido por la Democracia (PPD) y Revolución Democrática (RD).
Es la ciudadanía descontenta la precursora del movimiento de octubre y son los movimientos sociales los articuladores de las manifestaciones en las calles, barrios y comunas. ¿Por qué el Gobierno no los convoca a ellos a un diálogo sobre el pliego de demandas? ¿Por qué cita a los partidos políticos? ¿En qué momento el movimiento social de octubre designó en ellos alguna representación? ¡Peor aún! ¿Qué hace que estos partidos se crean con la legitimidad de representar el malestar de las movilizaciones?
Nuevamente se cierne sobre Chile la maniobra política de la componenda y el complot contra la ciudanía movilizada. A finales de los años ochenta los mismos partidos –a excepción de Revolución Democrática, que no existía, pero que proviene de la matriz PS– se sentaron a negociar con el dictador Augusto Pinochet la transición a la democracia. Ese pacto de transición se articuló en base a acuerdos para maquillar la Constitución de 1980, conservar los enclaves autoritarios y perpetuar el modelo neoliberal como orden económico y social. Con los resultados que conocemos y que nos tienen hoy donde estamos, en la calle otra vez. Esos partidos, su actitud y aquel pacto, retrasaron por treinta años el sueño de Allende de abrir las grandes alamedas. Alamedas que hoy se vuelven abrir mediante los empujes de sueños frustrados y que se transfiguran cada día, a la hora del ocaso, en una nueva conversación entre chilenos y chilenas, de donde brotará el nuevo Chile. Los partidos que dicen amar a su pueblo no pueden, como ladrón en la noche, volver a hurtar ese sueño.
