En 2016, y luego de tres años de trabajo, organizaciones de inquilinos de todo el país consiguieron presentar en el Senado de la Nación un proyecto de Ley Nacional de Alquileres que, a través de distintas reuniones de comisión del Senado, tuvo modificaciones y se aprobó por unanimidad en noviembre de ese año. Desde entonces, el proyecto quedó a la espera de su tratamiento en la Cámara de Diputados, cuestión que ocurrió recién este año, cuando la Comisión de Legislación General le otorgó un dictamen favorable, introduciendo algunas modificaciones, y dejándolo a consideración del recinto para ser discutido y votado este mes.
En este contexto, conversamos con Gervasio Muñoz, referente de la organización porteña Inquilinos Agrupados y Presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, acerca de la problemática de la vivienda en el contexto actual, el camino que las organizaciones de inquilinos están transitando, el proceso que los llevó a la actual propuesta de Ley Nacional de Alquileres y la situación específica de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué significa tener la vivienda como eje de organización, en la medida que, si bien es una problemática social y política, pareciera históricamente difícil de ser asumida como tal?
Es cierto eso, la vivienda es una cuestión social que, sin embargo, se la suele pensar centralmente desde el mercado. ¿Por qué se habla del valor del metro cuadrado de la vivienda y no se habla del metro cuadrado de, por ejemplo, un consultorio médico o una escuela? Porque tenemos más o menos claro que la salud tiene que ser gratuita, que la educación tiene que ser gratuita. Ahora, con la vivienda nos han metido en una discusión terrible: que el metro cuadrado, que los índices de la construcción, etc. Bueno, desde ese momento es que se ha perdido la batalla, que creo que empieza en 1955. Porque la reforma de la Constitución había incorporado la función social de la vivienda y otras cosas más, y en el ‘55 eso cae. Después, a pesar de las dictaduras, del ‘55 en adelante se seguía manteniendo la regulación del precio de los alquileres, la última dictadura termina de romper con eso, se dolarizan los valores de las propiedades, y ahí empieza un proceso de financierización de la vivienda. El crédito inmobiliario antes era del Banco Hipotecario, cuando era estatal: ahora es de [Eduardo] Elsztain. El riesgo ahora –por ejemplo, con los créditos UVA– lo asumimos nosotros, no los bancos. Pero, por sobre todas las cosas, nos han convencido de que la vivienda no es algo que tenga que ver con el Estado, sino algo que tiene que ver con aspiraciones personales y con posibilidades personales. Por eso es un sector difícil de organizar: las situaciones en torno a la vivienda terminan en dramas colectivos pero son vividas en términos individuales.
En ese marco, ¿cómo llegan ustedes a organizarse?
Creo que la experiencia de la organización del sector es, un poco, saldo del kirchnerismo. Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque es un sector que pudo irse de vacaciones, tener un trabajo en blanco o tener un buen trabajo, tener garantizadas ciertas cuestiones; pero que, a medida que se le iban garantizando derechos, y se le iba dando bolsillo, el mercado inmobiliario se lo absorbía. Porque, al mismo tiempo, en esa expansión, al mercado inmobiliario se lo había dejado libre para que hiciera lo que quisiera. Entonces, me parece que nosotros somos un poco la expresión de lo que faltó, pero también de lo que se hizo bien. Somos sectores medios, jóvenes, que se pudieron ir a vivir a los veinticinco años, cosa que en momentos anteriores era imposible. Y sucedió esto: que hay organizaciones en casi todo el país, muy dinámicas, todas surgidas en los últimos cuatro años.
La punta de lanza de nuestra organización la encontramos cuando planteamos que no queremos ser propietarios, que nos reconocemos como inquilinos. Nosotros tenemos, en la Federación de Inquilinos Nacional, una sola condición: ninguna organización va a pelear para ser propietarios. Todos vamos a pelear para alquilar de forma justa: no vamos a salir a disputar la propiedad, quién es el dueño; vamos a disputar la rentabilidad y las condiciones en las que alquilamos.
No parece un planteo que haya sido fácil de elaborar…
Más al principio, cuando empezamos hace cuatro años, tuvimos ciertas dificultades, porque el sentido común de los sectores, digamos, políticamente progresistas –de la progresía propietaria– y de los propios inquilinos era “queremos ser propietarios”, ”¿ustedes quieren ser inquilinos toda la vida?”. Nosotros confiábamos en que eso era una especie de “resabio kirchnerista”: como que había quedado en la piel la primavera kirchnerista y entonces decían “bueno, sí, la verdad es que se puede ser propietario en algún momento, ¿no?”. Y nosotros, durante el kirchnerismo, sobre todo durante su última etapa, sabíamos que la vivienda se estaba concentrando; veíamos el fenómeno mundial de que las ciudades se están inquilinizando, que la propiedad de las viviendas se está concentrando, que los grupos financieros se están quedando con las ciudades. Larreta estaba preparando el terreno para que los grupos financieros vinieran acá a quedarse con Buenos Aires. Entonces veíamos un doble escenario: el campo, en el que el sector concentrado y financiero ya ganó, y las ciudades, donde estaban viniendo los grupos financieros a quedarse con ellas. En ese sentido, decir “queremos ser propietarios” era ser carne de cañón para los grupos bancarios, que salieron precisamente con el crédito UVA. Estas 130.000 familias que pidieron créditos UVA cayeron en las garras de, por un lado, no ser conscientes de a qué clase pertenecen, y, por otro lado, de una aspiración de ser propietarios que, en este contexto, le convino principalmente a los grupos financieros, que ganan a sus costas, y a los gobiernos, que con ese tipo de medidas plantean que están dando respuesta a la problemática de la vivienda y pretenden desentenderse de otro tipo de rol del Estado al respecto.
Nuestra posición tiene una potencia enorme, que la seguimos verificando: por ejemplo, en este último tiempo, trabajando el proyecto de Ley Nacional de Alquileres en las reuniones del Senado, en las discusiones pasaba que dueños de mil viviendas me dijeran “no entendemos por qué vos no querés ser propietario”. Y lo les contestaba: “¿sabés por qué? Porque hay gente que tiene mil viviendas. Por eso, entendí que mientras haya gente con mil viviendas seguramente va a haber mil familias que no van a poder nunca tener vivienda”. En esa discusión en el Senado logramos hacerles entender que veníamos en otro plan, a discutir otras cosas: que hay cada vez más inquilinos, que hay propietarios con cada vez más propiedades, que la rentabilidad del mercado de alquileres es altísima –a pesar de que los empresarios argumentan lo contrario, que es la más baja de la historia, etc.– y que, por todo esto, el alquiler cada vez representa una porción mayor de los ingresos de los inquilinos. Y, por lo tanto, poder avanzar en el proyecto, que plantea la posibilidad de regular el mercado en varios puntos: que las actualizaciones sean anuales y estén fijadas por un índice promedio entre inflación (IPC) y variación salarial (CVS); que se extiendan los contratos de dos a tres años, para garantizar mayor estabilidad en la vida de las familias; que el depósito en garantía no pueda ser mayores a un mes de alquiler y su devolución sea actualizada; que sea obligatoria la negociación previa para renovar un contrato, sesenta días antes de su finalización, para que los inquilinos no queden expuestos a cambios de condiciones de último momento; que sea obligatorio el registro de los contratos de alquiler ante la AFIP, para blanquear el mercado inmobiliario; que el propietario pague las expensas extraordinarias y los impuestos que gravan la propiedad.
¿Cómo esperan, en este sentido, que sea el tratamiento del proyecto en Diputados?
Lo que nosotros necesitamos es que tanto el oficialismo como la oposición entiendan que, por encima de todo, necesitamos una Ley de Alquileres. Que cambie, que discuta, pero que tiene que haber sesión, tienen que tratar la ley y tienen que votarla. Con tres puntos innegociables: que los contratos sean por tres años, que la actualización se haga mediante un índice que tome en cuenta salario e inflación –nosotros proponemos que sea anual, obviamente– y que la ley empiece a regir en todo alquiler menor a 2000 unidades UVA, y no 1200 como plantea el oficialismo (2000 unidades UVA son hoy alrededor de $60.000; 1200 son $36.000). Porque poner un tope muy bajo implicaría el riesgo de tener un golpe de mercado.
Volviendo al proceso organizativo, decías que llegan entonces a esta actualidad de la ley a través de posicionarse como inquilino… de hecho, el trabajo que se dieron ustedes acá en Ciudad de Buenos Aires estuvo enfocado en un principio en las inmobiliarias, ¿no?
Sí. Nosotros acá sabíamos que había un problema grande con las inmobiliarias, pero por sobre todas las cosas evaluamos que lo principal era organizar el sector. Para organizarlo, necesitábamos un enemigo concreto; no podíamos, por ejemplo, salir a hablar del impuesto a la vivienda ociosa. En ese momento, hace cuatro años atrás, de hecho hicimos la apuesta de hablar de eso, y los inquilinos nos mataban: porque creían que en algún momento ellos iban a tener dos, tres propiedades; porque además tampoco es muy claro en un primer momento qué incidencia hay en que yo viva mejor que otra persona pague un impuesto por una vivienda vacía… Entonces vimos: ¿quién está más desprestigiado? Las inmobiliarias. ¿A quién le dejás los ahorros? A la inmobiliaria. El problema es obviamente más de fondo, pero nos permitió organizar el sector. Y fuimos contra las inmobiliarias: que tenían que cobrar un mes de comisión y cobraban dos, entonces en lugar de pagar siete mil pesos pagabas catorce mil, sin ningún sentido.
En paralelo, el primero que habla de alquileres en la ciudad es Macri, con Alquilar Se Puede y toda la cuestión esa de la garantía del Banco Ciudad, cuando todavía era Jefe de Gobierno de la Ciudad, y empieza la campaña nacional. Mientras, el FPV decía “ah, quieren que todos sean inquilinos”: la crítica no era “che, esto es un fracaso, en realidad lo que hay que hacer es controlar los precios de los alquileres, que la comisión la pague el dueño”, etc. En aquel momento, nosotros aprovechamos y dijimos que en realidad la cosa no pasaba por lo que el macrismo decía sino por facilitar algunas condiciones: aprovechamos para poner una agenda más real, más cotidiana, y ahí todo el sector dice “sí, che, yo no sé qué es Alquilar Se Puede; yo no quiero pagar la comisión, ni el ABL”, etc.
Todo eso pasaba en 2015, el último año del kirchnerismo, la guita estaba, lo que preocupaba no era tanto la guita sino el derecho. Cuando empezamos a decir “¿Sabías que te tienen que cobrar solo un mes?”, la gente se volvía más loca por el robo que por la cuestión económica. Hoy la discusión es fundamentalmente económica, y por eso estamos empujando la Ley Nacional de Alquileres. Pero llegamos a la discusión de la Ley Nacional con el sector organizado, con muchas organizaciones en diferentes provincias, y dando una pelea contra te diría casi todos: contra la clase política, que quiere seguir construyendo viviendas populares en la periferia para dejarle los centros más caros al mercado y que no quiere intervenir sobre la renta urbana; nos peleamos con el mercado, obviamente; y nos peleamos también con organizaciones de vivienda más clásicas, que –algunas– siguen planteando únicamente medidas para que seamos propietarios, no para intervenir.
¿Qué horizonte piensan que abre la posibilidad de sanción de la Ley Nacional?
Si se convierte en ley el proyecto, sea antes de diciembre o sea en marzo, abril del año que viene, las organizaciones de inquilinos vamos a estar en un momento bisagra. Vamos a tener que encargarnos de que se cumpla la ley; vamos a tener que reforzar la legitimidad con el sector, porque los inquilinos nos van a putear mucho –que fue lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires con la comisión– y también vamos a tener que empezar a enfocarnos en los próximos objetivos. Con respecto más a lo coyuntural, vamos a tener nuevos desafíos, consecuencias de esta ley, de la falta de control y de un mercado que no va a querer cumplirla ni tener ningún tipo de control: que son el contrato en negro, el alquiler temporario, el alquiler turístico, etc. Además, al ser 2018 un año electoral, va a haber muy poco margen para poder plantear cuestiones de derechos, de información. Seguramente hagamos un contrato modelo para difundir en todo el país para informar y que sea claro que los contratos deben ser de determinado modo.
Pero, más allá de eso, se viene una etapa en vamos a tener que dar una discusión muy fuerte hacia adentro de cómo queremos seguir y empezar a plantearnos objetivos más a largo plazo sobre cómo mantener la organización. En este sentido, pienso que tenemos que ir hacia una estructura de características sindicales que permita que, una vez que nosotros no estemos, dejarle la organización al sector, que sea una herramienta para discutir el mercado inmobiliario y el acceso a la vivienda.
En cuanto a Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo evaluás la situación política, en lo que respecta a la temática de la vivienda y en términos más amplios, de cara a 2018?
Creo que, políticamente, en la Ciudad suceden dos cosas por lo menos a destacar. Por un lado, la existencia de un gobierno profundamente ligado al negocio inmobiliario, del que se podría decir que su lógica de gobierno solo pasa por la lógica inmobiliaria, del negocio privado, del negocio de amigos, de la corrupción. Es un gobierno profundamente corrupto, con una impunidad muy grande por el blindaje mediático, por la Justicia.
Pero, a la vez, esto se da en paralelo y en buena medida como consecuencia de la falta de oposición política, la falta de interés de la oposición de militar la Ciudad de Buenos Aires. Es como automático: los legisladores asumen en la Legislatura porteña y empiezan a hablar de temas nacionales, no hablan más de la Ciudad de Buenos Aires. Los únicos que hablan de la ciudad son Larreta y todo su gabinete. Esto me parece que es una subestimación muy grande hacia el porteño, porque los porteños se interesan por los temas de la Ciudad, y que una parte del voto tiene que ver con la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de que otra parte tenga que ver con la cuestión nacional.
Y quizás otra cuestión es que no parece haber creatividad para disputarle el discurso al oficialismo: la creatividad está del lado de ellos. Lo de los perros a mí me fascina como imagen –digo esto como podría ser el Metrobús también–, porque tiene características especiales: Buenos Aires es una ciudad de gente sola, en la que se construyen monoambientes, donde un porcentaje muy alto de la población vive sola, y por lo tanto un porcentaje muy alto de los habitantes de la ciudad tiene mascotas. Es una ciudad de gente mayor, de población diría “vieja”, por lo tanto cada vez más conservadora, más a la derecha, y me parece que lo de que los perros puedan viajar en subte es, en realidad, la perfección de un gobierno que mide absolutamente todo lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires y a todo le dedica una política. Entonces te mide: ¿quiénes son los que usan los hospitales públicos? Y la realidad es que en su mayoría los usan los sectores populares. Y como si en la Ciudad si cagás a piñas a los sectores populares tenés aún más votos, entonces la calidad de la salud pública es un desastre –esto, sumado a las alianzas que el gobierno tiene con estructuras como SUTECBA o el sindicato de médicos.
Por eso, lo de los perros me parece un símbolo importante del macrismo y del larretismo en la Ciudad: que hace negocios multimillonarios, que vende terrenos públicos, que le regala todo a Elsztain, que sube el valor del suelo, que reforma el código urbano a favor de los emprendimientos privados. Buenos Aires es una ciudad en la que se viaja cada vez peor, en la que cada vez quedan menos cosas en manos de lo público; pero, a su vez, pareciera que los únicos interesados en conocer, en entender qué es lo que sucede realmente en la Ciudad es el macrismo.
